PORTADAS EL UNIVERSAL: HALLAN EN SINALOA 4 AUTOS-BOMBA EXCÉLSIOR: DEFINEN CONSULTA PETROLERA MILENIO: LEGISLADORES DEL PRD FRENAN PACTO PETROLERO LA JORNADA: GRUPOS PARLAMENTARIOS DE PRI, PAN Y PRD DIALOGAN SOBRE LA REFORMA A PEMEX LA CRÓNICA: CONSULTA AMAÑADA: EXPERTOS; ESTÁ DESINFORMADA: PEMEX EL DIARIO DE CIUDAD JUÁREZ: SON TRES MIL 100 FAMILIAS AFECTADAS LA VOZ DE MICHOACÁN: CRECE VIOLENCIA EN CHERÁN, DOS POLICÍAS HERIDOS
EL UNIVERSAL: HALLAN EN SINALOA 4 AUTOS-BOMBALa violencia entre cárteles rivales del narcotráfico, en Sinaloa, escaló hasta llegar al uso de autos-bomba, método al que recurren varias organizaciones terroristas en el mundo, informaron autoridades de Estados Unidos y México. En las últimas horas fueron ubicados cuatro vehículos con esas características. Tres de las unidades se encontraban en casas de seguridad; dos contaban con celulares como detonadores; otra, un control remoto de una puerta de garaje; la cuarta fue rociada con gasolina, sin que estallara, durante un enfrentamiento entre sicarios, la madrugada del lunes, en Culiacán. Consultado por EL UNIVERSAL, el Departamento de Justicia de EU comentó que el hallazgo de los autos-bomba confirma el paso de las organizaciones del crimen organizado al narcoterrorismo. VER NOTA COMPLETA
EXCÉLSIOR: DEFINEN CONSULTA PETROLERAEl jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, avaló las dos preguntas que ayer puso a su consideración el grupo de académicos de la UNAM, la UAM y el IPN convocados por el Instituto Electoral del DF para ser empleadas durante la consulta energética del próximo 27 de julio. A través de un comunicado, se informa que el mandatario consideró que los reactivos “cumplen con los elementos necesarios de imparcialidad y objetividad para consultar a la ciudadanía sobre la reforma energética”, por lo que el gobierno de la Ciudad de México las acepta en los términos planteados. VER NOTA COMPLETA
MILENIO: LEGISLADORES DEL PRD FRENAN PACTO PETROLEROEl presidente nacional del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, acude a las reuniones con los dirigentes del PAN y PRI “con la voluntad sincera de buscar soluciones en el tema petrolero, pero no podrá negociar ni llegar a acuerdos, porque esa decisión le corresponde al Congreso Nacional perredista y al Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo”, afirmó el coordinador perredista en la Cámara de Diputados, Javier González Garza. Negó que los presidentes de los tres principales partidos vayan a acordar la reforma energética. El propósito de esos encuentros, dijo, es discutir y dialogar sobre el tema, pero, acotó, en ningún momento negociar. VER NOTA COMPLETA
LA JORNADA: GRUPOS PARLAMENTARIOS DE PRI, PAN Y PRD DIALOGAN SOBRE LA REFORMA A PEMEXLos grupos parlamentarios de PAN, PRD y PRI en la Cámara de Diputados han empezado a dialogar sobre la reforma energética, informó ayer el coordinador de los legisladores perredistas, Javier González Garza, quien consideró que esto puede abrir la posibilidad de trabajar en una propuesta conjunta. Mientras tanto, la dirigencia del partido del sol azteca informó que su presidente interino, Guadalupe Acosta, se reunió ayer por separado con el dirigente del PAN, Germán Martínez, y con el secretario general del PRI, Jesús Murillo Karam, con el propósito de alcanzar un acuerdo político que derive en una iniciativa “consensuada” para la industria petrolera.VER NOTA COMPLETA
CRÓNICA: CONSULTA AMAÑADA: EXPERTOS; ESTÁ DESINFORMADA: PEMEXDirectivos de empresas encuestadoras señalaron que las preguntas para la consulta energética son manipuladoras, están sesgadas y amañadas para inducir a los encuestados a dar una respuesta favorable a los intereses políticos de quienes las elaboraron. “La primera pregunta parte de una premisa falsa y claramente muestra el interés del GDF de sesgar las respuestas hacia un dilema que es falso; no es cierto que la explotación de Pemex sea materia exclusiva del Estado”, afirmó Ulises Beltrán, director de la encuestadora Beltrán y Asociados. “Ambas preguntas son mentirosas y manipuladoras”, señalo Beltrán. VER NOTA COMPLETA
EL DIARIO DE CIUDAD JUÁREZ: SON TRES MIL 100 FAMILIAS AFECTADAS>Las inundaciones que se registraron en el sur de la ciudad, durante el fin de semana pasado, afectaron a 3 mil 100 familias que viven en siete fraccionamientos del área, de las cuales mil tuvieron daños severos en sus muebles y 210 todavía ayer a mediodía continuaban con el agua en el interior de sus viviendas, reportó el Municipio. Ante el escenario, el Comité Municipal de Protección Civil acordó este martes solicitar a la Secretaría de Gobernación federal que la franja en donde se registraron las inundaciones sea declarada zona de emergencia y de desastre, a fin de obtener recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para atender la situación, afirmó el alcalde, José Reyes Ferriz. VER NOTA COMPLETA
LA VOZ DE MICHOACÁN: CRECE VIOLENCIA EN CHERÁN, DOS POLICÍAS HERIDOSEn un nuevo episodio de violencia en esta comunidad, opositores al gobierno municipal intentaron linchar al grupo de policías estatales comisionados en esta localidad al agredirlos con machetes, garrotes y armas de fuego con saldo de dos uniformados baleados en tanto que uno de sus atacantes resultó golpeado al ser impactado con una granada de gas lacrimógeno mientras que tres compañeros fueron arrestados. Hasta el cierre de esta edición no existía presencia de ninguna corporación estatal en esta cabecera municipal en tanto los opositores al presidente municipal, Roberto Bautista Chapina se mantenían a resguardo en la alcaldía la cual mantienen tomada desde el pasado 4 de abril en medio de un clima de tensión al grado de que ayer lograron la suspensión total de todo acto oficial. VER NOTA COMPLETA
Sí se usaron emblemas de CICR en Operación Jaque: CNN
Según el medio estadounidense CNN, una fuente militar confirmó que sí se utilizaron los emblemas de la Comisión Internacional de la Cruz Roja (CICR), en la Operación Jaque, que derivó en la liberación de Íngrid Betancourt, los tres estadounidenses y 11 militares. Esta situación, según el canal, podría interpetarse como un “crimen de guerra”, publica EL ESPECTADOR. “Tal uso del símbolo de Cruz Roja podría constituir un “crimen de la guerra” bajo las Convenciones de Ginebra y la ley humanitaria internacional y podría ponerse en peligro a trabajadores humanitarios en el futuro, según Mark Ellis experto, legal e internacional, el director ejecutivo de la Asociación Internacional de la Barra”, sostiene el informe de CNN, en el que recuerda que Colombia está incluida en las Convenciones que impide usar estos emblemas, destaca el diario colombiano EL ESPECTADOR.
De acuerdo con la información que publicó el lunes pasado El Espectador, dos helicópteros blancos con franjas rojas, un ‘periodista’ con acento venezolano y un supuesto emblema de una organización internacional, fueron aparentemente los principales elementos que utilizó el Ministerio de Defensa para hacer creer a las Farc que una misión humanitaria trasladaría a 15 secuestrados que, en realidad, estaban siendo liberados por el Ejército, el pasado 2 de julio en una operativo militar que muchos calificaron como “magistral”. Notas relacionadas:-Niega Cruz Roja participación en “Operación Jaque”-Llegan a Colombia helicópteros para operación de rescate de los rehenes de las FARC-Revela Colombia que aceleraron operación Jaque
Corte internacional ordena a EU detener ejecución de mexicanos
La Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas, ordenó a Estados Unidos que haga todo lo posible por detener la ejecución de cinco mexicanos presos en Texas hasta que se revisen sus casos, advierte EL UNIVERSAL. El tribunal dio a conocer su fallo sobre las “medidas provisionales” solicitadas por México para evitar la ejecución de los connacionales condenados, entre ellos de José Ernesto Medellín, programada para el próximo 5 de agosto en el estado de Texas. Durante las audiencias realizadas en junio, México alegó que Estados Unidos está desafiando una orden de la CIJ que data de 2004 para que revise los casos de 51 mexicanos sentenciados a muerte por tribunales estatales, refiere EL UNIVERSAL.
Pide Derechos Humanos sanción contra chedraui en Oaxaca
A petición de la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca (CEDDHO), el Instituto Estatal de Ecología (IEEO) emitirá una recomendación al Cabildo del municipio de Oaxaca de Juárez para sancionar a la empresa Chedraui, que destruyó casi 200 árboles en la colonia Reforma, informa el titular de la institución, José Luis Bustamante del Valle, según el diario del estado TIEMPO. El funcionario dijo que este caso debe sentar un precedente para que, en próximas ocasiones no se facilite a empresarios e inversionistas violentar la normatividad ambiental con el argumento de que invierten y generan empleos, destaca TIEMPO.
El virtual candidato del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó ayer que, en caso de ganar las elecciones de noviembre próximo, pondrá fin a la guerra en Irak “de forma responsable” y procurará “llevar a buen término” el combate con la organización terrorista Al Qaeda y el talibán. Al mismo tiempo, el senador por Illinois reconoció que la cruzada bélica iniciada a principios de esta década por el presidente George W. Bush ha sido particularmente desastrosa para la seguridad, la economía y la imagen mundial de Estados Unidos, y que “el frente central de la guerra contra el terrorismo no está en Irak, y jamás lo estuvo”.
Estas declaraciones apuntalan la percepción generalizada de que la aventura bélica emprendida hace un lustro por la administración Bush, que desde un principio enfrentó la desaprobación de la comunidad internacional y masivas muestras de repudio de la opinión pública, no fue un intento por combatir el terrorismo mundial ni por eliminar imaginarias armas de destrucción masiva, sino una maniobra para proyectar los intereses geoestratégicos y económicos de la mafia político-empresarial que aún controla la Casa Blanca.
Lo dicho por Obama es positivo y esperanzador porque reconoce la imperiosa necesidad de poner fin a una guerra que ha empeorado sustancialmente la inseguridad mundial, que ha conllevado destrucción, violencia, muerte, sufrimiento y zozobra en Irak y en el mundo, y que ha costado la vida de más de 4 mil soldados estadunidenses y de centenas de miles de civiles iraquíes inocentes. Adicionalmente, el mero hecho de que tales declaraciones provengan de uno de los candidatos presidenciales –el que encabeza, por cierto, las preferencias electorales– da viabilidad a una perspectiva que, por elementales consideraciones humanitarias, ha sido deseable desde hace mucho tiempo.
Es de suponer, sin embargo, que el eventual retiro de las tropas estadunidenses de territorio iraquí, incluso en caso de que Obama arribe a la Casa Blanca, enfrentará la oposición de los sectores herederos de la tradición militarista y colonialista de Estados Unidos –de los cuales forma parte el aspirante republicano John McCain–, empecinados en mantener la ocupación militar ilegal y devastadora de esa nación asiática. Significativamente, el propio McCain dijo ayer, en respuesta a la alocución de su contrincante, que la llamada “guerra contra el terrorismo” ha sido “exitosa” y que, “con el número apropiado de soldados”, Estados Unidos puede “ganar a la vez en Irak y en Afganistán”.
Una dificultad principal para resolver la catástrofe creada por Bush en el Golfo Pérsico estriba en remontar los patrioterismos y los triunfalismos en falso de tales sectores. Y es que la conclusión de la guerra en Irak no puede limitarse al retiro de las tropas ocupantes; se requiere, incluso antes de regresar las fuerzas invasoras a su país de origen, que la opinión pública, la sociedad y sobre todo la clase política estadunidense reconozcan con realismo que la superpotencia ha perdido la guerra y que asuman la enorme derrota militar, política, diplomática y hasta moral que esto implica. En efecto, en la guerra de Irak la sociedad estadunidense se encuentra entre los muchos perdedores del conflicto, el cual tiene, por lo demás, un solo beneficiario: el grupo empresarial de consultores y contratistas encabezado por Halliburton, cuyos integrantes han lucrado con el desastre y la tragedia y han obtenido ganancias astronómicas.
Tal reconocimiento es necesario para que la parte agresora empiece a contrarrestar los saldos de destrucción humana y material causados por esa guerra y para que, de conformidad con ese reconocimiento, el gobierno que habrá de tomar posesión en enero próximo actúe como lo hacen los estados perdedores: con el retiro de sus tropas, el traspaso de los puntos del territorio iraquí que controla a la Organización de las Naciones Unidas –a fin de que el organismo se encargue de emprender un proceso de pacificación y de vigilar que se completen sus procesos de transición democrática y normalización de su vida institucional–. Además, ante la devastación injustificada de Irak y de su población, Estados Unidos tiene la responsabilidad internacional de contribuir económicamente en la reconstrucción de Irak y de aceptar los juicios correspondientes por los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante los cinco años que ha durado la ocupación. En lo interno, George W. Bush tendría que rendir cuentas por haber involucrado a su país, mediante mentiras deliberadas, en una guerra catastrófica.
Si no se procede de esa manera, no habrá forma de detener la degradación moral provocada en la vida institucional estadunidense por el todavía presidente ni de despejar los masivos y justificados rencores sembrados en el mundo árabe en el último lustro, los cuales, de permanecer irresueltos, tarde o temprano terminarían por generar expresiones de odio equivalentes a las del 11 de septiembre de 2001.
Preguntas para la consulta popular
El Instituto Electoral del Distrito Federal entregó ayer a Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno capitalino, las preguntas elaboradas por un grupo de expertos de UNAM, UAM e IPN para la consulta del 27 de julio sobre la reforma energética. También se anunció que un comité ciudadano, integrado por Carlos Monsiváis, Rolando Cordera, Enrique González Pedrero, Guadalupe Loaeza, Laura Esquivel, Elena Poniatowska, Lorenzo Meyer, David Ibarra, Carlos Payán, Héctor Vasconcelos, Dolores Heredia y Miguel Eraña, así como por organizaciones no gubernamentales, fungirá como máxima autoridad en la consulta Foto José Carlo González
A. Bolaños y F. Martínez
Estas declaraciones apuntalan la percepción generalizada de que la aventura bélica emprendida hace un lustro por la administración Bush, que desde un principio enfrentó la desaprobación de la comunidad internacional y masivas muestras de repudio de la opinión pública, no fue un intento por combatir el terrorismo mundial ni por eliminar imaginarias armas de destrucción masiva, sino una maniobra para proyectar los intereses geoestratégicos y económicos de la mafia político-empresarial que aún controla la Casa Blanca.
Lo dicho por Obama es positivo y esperanzador porque reconoce la imperiosa necesidad de poner fin a una guerra que ha empeorado sustancialmente la inseguridad mundial, que ha conllevado destrucción, violencia, muerte, sufrimiento y zozobra en Irak y en el mundo, y que ha costado la vida de más de 4 mil soldados estadunidenses y de centenas de miles de civiles iraquíes inocentes. Adicionalmente, el mero hecho de que tales declaraciones provengan de uno de los candidatos presidenciales –el que encabeza, por cierto, las preferencias electorales– da viabilidad a una perspectiva que, por elementales consideraciones humanitarias, ha sido deseable desde hace mucho tiempo.
Es de suponer, sin embargo, que el eventual retiro de las tropas estadunidenses de territorio iraquí, incluso en caso de que Obama arribe a la Casa Blanca, enfrentará la oposición de los sectores herederos de la tradición militarista y colonialista de Estados Unidos –de los cuales forma parte el aspirante republicano John McCain–, empecinados en mantener la ocupación militar ilegal y devastadora de esa nación asiática. Significativamente, el propio McCain dijo ayer, en respuesta a la alocución de su contrincante, que la llamada “guerra contra el terrorismo” ha sido “exitosa” y que, “con el número apropiado de soldados”, Estados Unidos puede “ganar a la vez en Irak y en Afganistán”.
Una dificultad principal para resolver la catástrofe creada por Bush en el Golfo Pérsico estriba en remontar los patrioterismos y los triunfalismos en falso de tales sectores. Y es que la conclusión de la guerra en Irak no puede limitarse al retiro de las tropas ocupantes; se requiere, incluso antes de regresar las fuerzas invasoras a su país de origen, que la opinión pública, la sociedad y sobre todo la clase política estadunidense reconozcan con realismo que la superpotencia ha perdido la guerra y que asuman la enorme derrota militar, política, diplomática y hasta moral que esto implica. En efecto, en la guerra de Irak la sociedad estadunidense se encuentra entre los muchos perdedores del conflicto, el cual tiene, por lo demás, un solo beneficiario: el grupo empresarial de consultores y contratistas encabezado por Halliburton, cuyos integrantes han lucrado con el desastre y la tragedia y han obtenido ganancias astronómicas.
Tal reconocimiento es necesario para que la parte agresora empiece a contrarrestar los saldos de destrucción humana y material causados por esa guerra y para que, de conformidad con ese reconocimiento, el gobierno que habrá de tomar posesión en enero próximo actúe como lo hacen los estados perdedores: con el retiro de sus tropas, el traspaso de los puntos del territorio iraquí que controla a la Organización de las Naciones Unidas –a fin de que el organismo se encargue de emprender un proceso de pacificación y de vigilar que se completen sus procesos de transición democrática y normalización de su vida institucional–. Además, ante la devastación injustificada de Irak y de su población, Estados Unidos tiene la responsabilidad internacional de contribuir económicamente en la reconstrucción de Irak y de aceptar los juicios correspondientes por los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante los cinco años que ha durado la ocupación. En lo interno, George W. Bush tendría que rendir cuentas por haber involucrado a su país, mediante mentiras deliberadas, en una guerra catastrófica.
Si no se procede de esa manera, no habrá forma de detener la degradación moral provocada en la vida institucional estadunidense por el todavía presidente ni de despejar los masivos y justificados rencores sembrados en el mundo árabe en el último lustro, los cuales, de permanecer irresueltos, tarde o temprano terminarían por generar expresiones de odio equivalentes a las del 11 de septiembre de 2001.
Preguntas para la consulta popular
El Instituto Electoral del Distrito Federal entregó ayer a Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno capitalino, las preguntas elaboradas por un grupo de expertos de UNAM, UAM e IPN para la consulta del 27 de julio sobre la reforma energética. También se anunció que un comité ciudadano, integrado por Carlos Monsiváis, Rolando Cordera, Enrique González Pedrero, Guadalupe Loaeza, Laura Esquivel, Elena Poniatowska, Lorenzo Meyer, David Ibarra, Carlos Payán, Héctor Vasconcelos, Dolores Heredia y Miguel Eraña, así como por organizaciones no gubernamentales, fungirá como máxima autoridad en la consulta Foto José Carlo González
A. Bolaños y F. Martínez
Un comité ciudadano, integrado por once personas y organizaciones no gubernamentales, fungirá como máxima autoridad en la consulta popular sobre la reforma energética, a realizarse el 27 de julio y el 10 y 24 de agosto.
En el Distrito Federal –donde este ejercicio será organizado por el instituto electoral local– los resultados serán dados a conocer al término de la consulta (27 de julio) y en el resto de las entidades el día posterior; asimismo, las conclusiones serán entregadas de inmediato a los poderes Legislativo y Ejecutivo.
Manuel Camacho Solís, coordinador general de la consulta, advirtió que sería “un gran error” que los partidos políticos (PRI, PAN y PRD) lleguen a una conclusión legislativa antes de conocer los resultados de este ejercicio ciudadano.
En conferencia de prensa, el también integrante de la dirección política del Frente Amplio Progresista (FAP), integrado por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, dijo que son actores centrales en este proceso el Movimiento en Defensa del Petróleo y Andrés Manuel López Obrador, “cuya posición va ganando”, y que además fue quien pugnó por abrir el debate en el Senado.
“Entonces, pensar que lo que (López Obrador) está haciendo él no debe ser considerado, me parece que es estar totalmente fuera de la realidad”, opinó.
Respecto de la convocatoria del presidente sustituto del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, para dialogar con los dirigentes del PAN y del PRI precisamente acerca de la pretendida reforma a Pemex, Camacho Solís alertó que deberá tomarse en cuenta la opinión de dirigentes y legisladores de los tres partidos que integran el FAP, así como del Movimiento en Defensa del Petróleo, porque de lo contrario sólo se polarizarían las posiciones en torno a este tema.
No hay criterios únicos en el PAN ni en el PRI
“Quien piense que alguien representa como cabeza única al PRI se va a equivocar; en el caso del PAN tampoco hay una posición única y me parece que está a la expectativa. Todavía hasta ayer estaban con la idea de sacar la reforma en los términos definidos por Felipe Calderón, pero se están dando cuenta que eso no es posible”, expresó.
El comité ciudadano está integrado por Carlos Monsiváis, Rolando Cordera, Enrique González Pedrero, Guadalupe Loaeza, Laura Esquivel, Elena Poniatowska, Lorenzo Meyer, David Ibarra, Carlos Payán, Héctor Vasconcelos, Dolores Heredia y Miguel Eraña.
Para cumplir con la función de auditores ciudadanos se invitó también a las organizaciones no gubernamentales Alianza Cívica, representada por Rogelio Gómez Hermosillo, y Propuesta, de Sergio Aguayo.
El FAP decidió entregar el mando del proceso al comité, integrado por personalidades de reconocido prestigio y los grupos civiles comprometidos con la democracia.
Dijo que no hay una meta respecto de la participación en la consulta, aun cuando el sábado pasado, en el Consejo Nacional del PRD, se habló de 2 millones de votos y la instalación de 15 mil mesas receptoras.
En la primera etapa la consulta será aplicada en el Distrito Federal, estado de México, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Baja California Sur, San Luis Potosí, Morelos, Hidalgo y Tlaxcala.
Junto al comité ciudadano habrá una auditoría ciudadana que recibirá las quejas de los participantes, revisará el desarrollo del proceso y podrá anular cualquier participación irregular.
Las preguntas fueron definidas por el Instituto Electoral del Distrito Federal y serán las mismas para todo el país.
Aunque no hay un presupuesto específico, Camacho Solís aseguró que cada partido está aportando recursos, así como los integrantes de cabildos de municipios en los que gobierna algún partido miembro del FAP donarán parte de su salario del mes entrante e incluso gastos en específico salen del bolsillo personal, con el propósito de “descentralizar” la organización e ir eliminando conflictos regionales.
El objetivo, dijo, es que a pesar de las enormes limitantes de recursos materiales, se impulse, en forma libre, pacífica y limpia, la expresión de los ciudadanos.
“El petróleo es hoy el asunto político más importante del país; las decisiones que se tomen fortalecerán o debilitarán a México; contribuirán a su unión o a una mayor polarización”, advirtió.
Héctor Vasconcelos, integrante del comité, subrayó que la consulta es fundamental para los intereses nacionales:
“Qué bueno que los ciudadanos puedan expresar directamente su punto de vista para que no sean sólo los tecnócratas o políticos profesionales quienes tomen las decisiones. Sabemos que ésta no es una consulta vinculante, pero creo que los legisladores no dejarán de tomar en cuenta la voluntad expresada en este ejercicio.”
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Enumeran intelectuales 13 líneas rojas contra la iniciativa oficial En nombre del comité de intelectuales en defensa del petróleo, Luis Linares Zapata presentó ayer en la Cámara de Senadores Las trece líneas rojas de la reforma petrolera, documento en el cual se plantea que el proyecto debe ser rechazado “por su evidente intención privatizadora y su carácter contrario a la Constitución”.
El texto leído por Linares Zapata señala que el paquete de iniciativas del presidente Felipe Calderón es inaceptable, porque se pretende transferir parte de la renta petrolera a inversionistas extranjeros, se reviven contratos de riesgo y se acepta la jurisdicción de tribunales internacionales, además de que manifiesta el propósito de entregar a empresarios e inversionistas privados las actividades centrales de la industria.
A continuación, el documento íntegro de los intelectuales:
Los debates sobre las iniciativas de reforma energética ya han puesto en claro que deben ser rechazadas. Son inaceptables porque van en contra de la letra y el espíritu de la Constitución, a la que se pretende violentar a través de cambios en leyes secundarias. Es evidente su intención privatizadora porque pretenden transferir a empresarios e inversionistas privados, foráneos y nacionales, las actividades estratégicas de la industria. Se les permitiría construir, operar y ser propietarios de instalaciones, equipos y ductos para explorar y desarrollar campos de petróleo y gas; para refinar petróleo y procesar gas, y para transportar, almacenar y distribuir productos petrolíferos y petroquímicos básicos. En una palabra: se pondría en manos privadas el núcleo de la industria petrolera y las funciones básicas de Pemex.
Destacan en las iniciativas propuestas por Felipe Calderón trece disposiciones especialmente lesivas al desarrollo nacional y en las que se materializa el despojo que se pretende. Se trata de las siguientes trece líneas rojas:
Primera: la asignación por invitación restringida o adjudicación directa de contratos de obras y de prestación de servicios para realizar actividades estratégicas, incluyendo exploración y desarrollo, refinación y petroquímica básica. Los alcances de esos contratos y las remuneraciones correspondientes podrán ser fijos o variables, determinadas o determinables, e incluir incentivos vinculados con el éxito de la obra o servicio. Esta indefinición excesiva abre espacios a la corrupción.
Segunda: transferir a particulares porciones no determinadas de la renta petrolera por operaciones de extracción de petróleo y gas. El pago en efectivo por la exploración y extracción, al precio de mercado del crudo, disminuirá el monto de la renta petrolera que Pemex-PEP realice en el momento de comercializarlo.
Tercera: acentuar la artificial especialización de Pemex en la extracción de petróleo y gas, entregando al sector privado la elaboración de productos industriales de alto valor agregado, mediante la maquila de refinación y la petroquímica.
Cuarta: autorizar a trasmano y sin reconocer su verdadero carácter, la celebración de contratos equivalentes a los de riesgo, violatorios de la Constitución y las leyes.
Quinta: posibilitar el desplazamiento de Pemex y su sustitución por empresas privadas en actividades estratégicas de la industria petrolera. Aceptar los “mecanismos de explotación conjunta” y privada para yacimientos transfronterizos.
Sexta: prever sanciones más rigurosas para Pemex y sus subsidiarias que para los permisionarios privados.
Séptima: abandonar el carácter de empresa petrolera integrada y flexibilizar la estructura institucional de Pemex, en cuanto al número, objeto y permanencia de sus organismos subsidiarios.
Octava: establecer la “creación de valor económico” como objetivo central, en lugar de reafirmar la garantía de la seguridad energética de la nación.
Novena: proponer un consejo de administración (CA) de Pemex cuya integración (a discreción sólo del Ejecutivo), facultades excesivas (que incluyen la contratación de deuda pública), carácter discriminatorio, grado excesivo de discrecionalidad, falta de transparencia, insuficiencia de responsabilidad e indefinición de atribuciones violan la Constitución y resultan funcionales sólo para los propósitos privatizadores, pero no para una gestión eficiente del organismo.
Décima: conceder protección extralegal a favor de los miembros del CA y del director general, mediante el establecimiento de seguros, fianzas o cauciones a favor de esos funcionarios para cubrir el monto de las posibles indemnizaciones por los daños o perjuicios que puedan causar.
Undécima: emitir “bonos ciudadanos” como un primer paso hacia la bursatilización de una parte del capital de Pemex.
Duodécima: aceptar “la aplicación de derecho extranjero (y) la jurisdicción de tribunales extranjeros en asuntos mercantiles”, lo que es absolutamente improcedente e implica el abandono de la cláusula Calvo que ha sido central en nuestra política exterior.
Decimatercera: orientar la modificación de la Ley Federal de Derechos aplicables a Pemex a estimular, con un trato fiscal benigno, la explotación de campos difíciles (Chicontepec y aguas profundas), cuya exploración y desarrollo muy probablemente sea contratada con empresas privadas, extranjeras o nacionales.
Comité de Intelectuales en Defensa del Petróleo
Marco Antonio Campos, Rolando Cordera, Arnaldo Córdova, Laura Esquivel, Bolívar Echeverría, Víctor Flores Olea, Luis Javier Garrido, Héctor Díaz Polanco, Antonio Gershenson, Margo Glantz, Enrique González Pedrero, Hugo Gutiérrez Vega, David Ibarra, Luis Linares Zapata, Guadalupe Loaeza, Lorenzo Meyer, Roberto Morales, Carlos Monsiváis, Jorge Eduardo Navarrete, Carlos Payán, Carlos Pellicer López, José María Pérez Gay, Sergio Pitol, Elena Poniatowska, Ida Rodríguez Prampolini, Enrique Semo, Víctor Manuel Toledo, Héctor Vasconcelos y Javier Wimer.
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A punto de cumplir 90 años el próximo jueves, Nelson Mandela ha estado inusualmente activo desde que anunció su retiro de la vida pública, en 2004.
Columnas
Julio Hernández López : Astillero En el colmo de la soberbia, Televisa ha sido pillada “anulando” la imagen de un personaje político que detesta en especial. Pero el caso de Santiago Creel y sus pleitos de pandilla con sus antiguos socios bien pagados en materia de azares (sorteos y juegos) no es más que una escandalosa pero no tan profunda muestra de lo que el duopolio televisivo puede hacer para modificar a su conveniencia los hechos políticos y desatar contra determinados personajes los amores y odios fáciles que provienen de las manipulaciones periodísticas electrónicas.
Esos mismos mecanismos de defraudación periodística y comunicacional han sido largamente puestos en práctica. Primero, contra la campaña de quien consideraban un peligro para Televisa (Emilio Azcárraga Jean llegó a enseñar a López Obrador un presunto proyecto de expropiación de la empresa que, según eso, le había llegado al joven ejecutivo de fuentes altamente confiables); luego, contra el movimiento cívico que se enfrentó al fraude electoral consumado y, finalmente, al proceso de conversión de esa protesta comicial en una resistente estructura social que entre otras cosas defiende la riqueza pública de los apetitos privados, en específico en el caso del petróleo.
Televisa (y, desde luego, Televisión Azteca, pero este caso resulta más grotescamente evidente) ha anulado de su ejercicio diario de comunicación y periodismo a un segmento muy importante de mexicanos cuyas opiniones y acciones políticas son desdeñadas, manipuladas o tramposamente analizadas por ese poder fáctico. En el caso de pasiones confrontadas que involucra al antiguo cómplice Creel, la Secretaría de Gobernación –a cargo de otro damnificado político que ha encontrado cobijo y montajes escénicos en el canal de las estrellas– ha hecho que un funcionario de tercer nivel haga cuidadas reconvenciones al monstruo con antenas. Y en ese foro de hipocresías convenidas el gigante abusivo acepta los errores cometidos al mover la larga cola con descuido (un error de edición, ha dicho Leopoldo Gómez, vicepresidente de Televisa) y ofrece disculpas en especie (una entrevistota en Primero Noticias) al tibio “disidente” que a fin de cuentas siempre acaba sujetándose a las órdenes superiores en los episodios que inaugura con luego olvidadas posturas “independientes”.
Pero ni Televisa ni Televisión Azteca habrán de reconocer que diariamente censuran a una parte de México y que con sus comentarios y formas de presentar la información agreden a quienes resisten y se oponen a esos poderes fácticos embriagados de hacer “negocios” de cuello ya no tan blanco. Ya otra entrevistota de compensación le fue ofrecida antes a López Obrador, aunque el presunto regalo generoso fue convertido en el foro en una agresión ajena a cualquier parámetro de verdadero periodismo. Sin embargo, Televisa tendrá con Creel una buena oportunidad de mostrarse dispuesta a reconocer determinados errores (cometidos contra suavizados “opositores” otra vez deseosos de pelear candidaturas presidenciales arregladas con los poderes electrónicos), pero seguirá anulando, editando y distorsionando a la parte del México que permanentemente combate (ya está en puerta otra temporada de canalladas, si Calderón y sus socios se empeñan en hacer aprobar la reforma petrolera y la oposición civil pasa a nuevas etapas de resistencia).
Otra anulación en curso ha sido la de los derechos humanos que, al menos hasta la llegada de Felipe Calderón a la comandancia general del Ejército, no había sido tan extendida y descarada. Los gobiernos del priísmo clásico y el del panismo foxista, éste más bien dedicado al enriquecimiento grupal y familiar, habían enderezado las baterías represoras a selectos adversarios políticos del régimen. Pero, con el general michoacano de cinco estrellas, y con la tal “guerra contra el narcotráfico” como justificación, el poder militar ha sido peligrosamente sacado de los cuarteles para que en las calles y frente a civiles supliera las carencias de un gobierno sin legitimidad ni fuerza propia y estableciera nuevas formas mercantiles de reacomodo del negocio de las drogas. En ese camino históricamente sabido de abusos y violaciones graves a la población cuando se le somete al paso castrense por razones políticas, la fuerza verde olivo ha cometido tantas barbaridades que el prudente, y muchas veces alineado, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el doctor en gastritis José Luis Soberanes, ha hecho un estremecedor recuento de las andanzas criminales de miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional. Organismos defensores de los derechos humanos, no oficialistas, han delineado escenarios peores. Pero Calderón insiste en sostenerse mediante soldados y con el temor social como mecanismo de control, anulando a los pobladores y sus derechos, en aras de una gobernabilidad armada.
Se disiparon las dudas sobre la manera como los organizadores de la consulta petrolera plantearían el tema a los concurrentes a las urnas cívicas. Contra la prejuiciada insistencia de quienes suponían que las preguntas de esa consulta serían inductoras de respuestas que por tanto tendrían poco valor, los términos en que se ha anunciado el cuestionario parecen aceptables. En cambio, cada día queda más clara la postura divisoria y entreguista del presidente sustituto del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo (Ganar), quien negocia con Germán Martínez y Jesús Murillo Karam una presunta propuesta conjunta de salvamento del naufragio reformista calderónico. Carece el chuchista AN de la autoridad política y social (aunque la tenga en términos formales acotados) para participar en tianguis energéticos, pero a fin de cuentas esa fue y es la esencia de lo que Nueva Izquierda pelea: arreglos con el poder práctico que de palabra es desconocido; que la regadera del petróleo sea abierta a lo privado, pero también que salpique. Y, mientras Chiguil sigue peleando por su restitución, ¡hasta mañana, en esta columna cuyas bilis serán llamadas errores de edición!
Enrique Galván Ochoa : Dinero Hizo olas un comentario del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado –depende del Consejo Coordinador Empresarial– en el sentido de que “la economía sigue empantanada sin poder lograr un entorno de crecimiento elevado y mayor bienestar para la población”. Apareció en su más reciente reporte semanal y lo reproduje el lunes. Volvía apenas el jefe de la Pagaduría (de adeudos electorales) de Los Pinos de su viaje por Asia y en algún momento había sido iluminado con la visión de lo que México será en 2040: una de las cuatro potencias mundiales, junto con China, India y Estados Unidos. No existía ni la más remota coincidencia entre el “aquí y ahora” de la IP y su arrebatada ensoñación, algo extraño, ya que el CCE es aliado y también acreedor de la Pagaduría, y hay una pila de facturas a revisión. Con la pena, pero el presidente del consejo, Armando Paredes, tuvo que darle ayer un coscorrón al siempre aguantador Héctor Rangel Domene, director del centro de estudios. “El CCE considera inaceptables las voces que intentan pintar un panorama extremadamente pesimista y devastador para México…” (Es decir, la voz de su propio centro.) En unas cuantas horas dejó de ver empantanada a la economía, ahí va como campeona de surf deslizándose sobre un lago azul.
Las gaviotas
Eran los primeros días de 1969 cuando unas fotos que ocuparon las primeras páginas de los diarios encendieron los ánimos de los grupos ecologistas de Estados Unidos: mostraban gaviotas con el pico caído, ennegrecidas por el chapopote, y más allá, sobre el mar, una inmensa mancha oscura. Se había derramado el petróleo que bombeaba un equipo de la empresa Uncoal, ni más ni menos que frente a la costa californiana de Santa Bárbara, una comunidad de millonarios, viñedos y yates, donde tiene su rancho la familia Reagan. Aquello fue un escándalo y dio como resultado que se prohibiera la exploración en aguas del Pacífico y el Atlántico. En realidad son dos las vedas: una la impuso el presidente –era Bush padre– y otra el Congreso. Además, aunque es una esfera federal, los gobernadores de los estados costeños también opinan. El presidente Bush hijo acaba de levantar la prohibición, pero sólo por lo que toca al Poder Ejecutivo. El Congreso mantiene la suya, está dividido. La mayoría de los gobernadores no están convencidos, inclusive el hermano de Bush, gobernador de Florida, una entidad turística, no quiere plataformas cerca de los hoteles y los condominios de lujo. Sin embargo, la noticia de que muchos años después del episodio de las gaviotas bañadas de chapopote el actual ocupante de la Casa Blanca se decidió a dar luz verde a la exploración marítima, desató en México una minicampaña de inquietud: “urge aprobar –dicen– la reforma de Calderón, porque los gringos ya van a comenzar a perforar pozos en el mar y nos van a robar el petróleo”. No dudo que lo hicieran, si tienen oportunidad. Pero es año electoral, el Congreso está escindido, los gobernadores en contra, la opinión pública sólo quiere que baje la gasolina, y hay otras opciones… Entonces, pasará algún tiempo antes de que permitan el regreso de las compañías petroleras al mar. No hay que distraernos: el tema del momento es si en el futuro la nuestra adoptará el nombre Repsol-Pemex, Shell-Pemex u otro parecido.
Alfredo Jalife-Rahme : Bajo la Lupa
Carlos Fernández-Vega : México SA
Miguel Ángel Velázquez : Ciudad Perdida
Ricardo Yáñez : Isocronías
Opinión
Carlos Martínez García : La invisibilización de los “sectarios”
Arnoldo Kraus : La Clínica San Carlos en Norogachi
Luis Linares Zapata : Debate petrolero
José Steinsleger : Osorio Isaza: paradiplomacia y terrorismo Pensemos con el corazón: si una mujer de coraje político probado declara que el gobierno de Colombia es “ilegítimo, corrupto y no creíble” y el embajador de su país la califica de “mentirosa”… ¿a quién le cree usted? (entrevista de David Brooks con la senadora colombiana Piedad Córdoba, La Jornada, 3/7/08).
La Negra (así la llama su pueblo) no es un producto maquilado por la dictadura mediática. Sin embargo, en 2007 los periódicos El Espectador y El Siglo de Bogotá la eligieron Personaje y Mujer del Año, y en una encuesta reciente de Radio Caracol ocupó el segundo lugar entre los senadores más respetados de Colombia. Ni la CNN ni Televisa ni la BBC se enteraron.
Líder del ala izquierda del Partido Liberal (agrupación Poder Ciudadano), Piedad Córdoba es mundialmente respetada por su lucha en favor de los derechos humanos y de la mujer, las comunidades indígenas y afrocolombiana, las minorías étnicas y sexuales, en contra de la violencia intrafamiliar y en pos de políticas públicas de salud sexual y reproductiva.
En 1999 cayó en manos del feroz líder paramilitar Carlos Castaño. Liberada tras varias semanas de cautiverio, se exilió junto con su familia en Canadá. Al cabo de varios meses retornó al país y fue víctima de dos atentados. Su pecado: liderar el abstencionismo frente a la candidatura de Álvaro Uribe Vélez. Su asesor político, Jaime Gómez, fue asesinado en abril de 2006 luego de sufrir tortura.
El polo opuesto de La Negra es Luis Camilo Osorio Isaza, embajador de Colombia en México. Ex fiscal general (2001-05), fue uno de los arquitectos jurídicos de la “seguridad democrática”, eufemismo del terrorismo de Estado que impulsa el régimen narcoparamilitar que celosamente representa en nuestro país.
Osorio Isaza llegó a la fiscalía general de Colombia a finales del gobierno conservador de Andrés Pastrana. Durante su gestión (2001-05), el caballero jamás encontró méritos para procesar a los culpables, señalados por testigos que luego aparecían muertos o golpeando con desesperación las puertas de las embajadas.
Dominados por los paramilitares, los fiscales de Osorio ignoraron pistas y engavetaron la copiosa documentación probatoria de las relaciones entre los paras y los políticos en los departamentos de la Costa Caribe, Antioquia y Cauca, donde tuvieron lugar espeluznantes masacres.
Osorio Isaza desmanteló (perdón, “restructuró…”) la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía. Los mejores fiscales del país terminaron en la calle o en el exilio. Lucía Luna Prada vive en Canadá. Mónica Gaitán, investigadora de la espantosa masacre de Chengue (Sucre), informó a su jefe que se iba de vacaciones, y al regresar descubrió que le habían allanado la oficina. Hoy vive en Estados Unidos. Pedro Díaz Romero, Augusto Sepúlveda y César Rincón también salieron del país.
En diciembre de 2003, la jefa de fiscalías de Cúcuta, Ana María Flórez Silva (nombrada por Osorio), fue acusada de cómplice de los paramilitares. El senador Gustavo Petro tomó la denuncia y antes de ser detenida por las autoridades huyó del país. En junio de 2005, la señora fue llamada a juicio por su aparente participación en el asesinato de su esposo.
Richard Riaño Botina, investigador de la fiscalía, experto en informática, encontró que los teléfonos de al menos 54 funcionarios de la institución se cruzaban con los de los paras del oriente colombiano. Petro acogió a Riaño y lo ayudó a salir del país. Osorio mandó a investigar al parlamentario. La Corte Suprema dictaminó que el senador no había transgredido la ley.
Osorio Isaza desatendió al testigo Jairo Castillo Peralta, quien desde 2001 entregó todas las pruebas que demostraban el maridaje de la clase política del departamento de Sucre con el paramilitarismo. Paradójicamente, Castillo es en la actualidad la base para que la Corte Suprema de Justicia tenga en prisión a más de 30 congresistas.
El caso de negligencia más tenebroso ocurrió cuando Osorio desautorizó a los fiscales que le dictaron medida de aseguramiento al general Rito Alejo del Río, jefe del grupo de soldados de la 17 Brigada del Ejército que el 27 de diciembre de 1997 jugaron al futbol con la cabeza del campesino Marino López. Osorio archivó el proceso y el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, ofreció un banquete “de desagravio” al “pacificador del Urabá”.
En su artículo “¿Dónde estaba el fiscal Osorio?”, la periodista de El Espectador, María Teresa Ronderos, escribe: “No sé qué tan tranquilo duerma don Luis Camilo”. Pues, mire usted: parece que en México muy bien. Dicta clases de “seguridad democrática”, alterna con la extrema derecha y los periodistas serviles del país, y escribe cartas muy bonitas como las enviadas a La Jornada el 11 y 13 de julio pasados.
En la primera, don Lucho desmiente que el general Mario Montoya (jefe del Ejército colombiano) sea un matarife de cuarta. Y en la segunda denigra a Piedad Córdoba. En ambas, el paraembajador expresa el dolor de los colombianos que miran “el maltrato a nuestras instituciones”, y el maltrato a los “servidores que bien le sirven a la República”.
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En el Distrito Federal –donde este ejercicio será organizado por el instituto electoral local– los resultados serán dados a conocer al término de la consulta (27 de julio) y en el resto de las entidades el día posterior; asimismo, las conclusiones serán entregadas de inmediato a los poderes Legislativo y Ejecutivo.
Manuel Camacho Solís, coordinador general de la consulta, advirtió que sería “un gran error” que los partidos políticos (PRI, PAN y PRD) lleguen a una conclusión legislativa antes de conocer los resultados de este ejercicio ciudadano.
En conferencia de prensa, el también integrante de la dirección política del Frente Amplio Progresista (FAP), integrado por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, dijo que son actores centrales en este proceso el Movimiento en Defensa del Petróleo y Andrés Manuel López Obrador, “cuya posición va ganando”, y que además fue quien pugnó por abrir el debate en el Senado.
“Entonces, pensar que lo que (López Obrador) está haciendo él no debe ser considerado, me parece que es estar totalmente fuera de la realidad”, opinó.
Respecto de la convocatoria del presidente sustituto del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, para dialogar con los dirigentes del PAN y del PRI precisamente acerca de la pretendida reforma a Pemex, Camacho Solís alertó que deberá tomarse en cuenta la opinión de dirigentes y legisladores de los tres partidos que integran el FAP, así como del Movimiento en Defensa del Petróleo, porque de lo contrario sólo se polarizarían las posiciones en torno a este tema.
No hay criterios únicos en el PAN ni en el PRI
“Quien piense que alguien representa como cabeza única al PRI se va a equivocar; en el caso del PAN tampoco hay una posición única y me parece que está a la expectativa. Todavía hasta ayer estaban con la idea de sacar la reforma en los términos definidos por Felipe Calderón, pero se están dando cuenta que eso no es posible”, expresó.
El comité ciudadano está integrado por Carlos Monsiváis, Rolando Cordera, Enrique González Pedrero, Guadalupe Loaeza, Laura Esquivel, Elena Poniatowska, Lorenzo Meyer, David Ibarra, Carlos Payán, Héctor Vasconcelos, Dolores Heredia y Miguel Eraña.
Para cumplir con la función de auditores ciudadanos se invitó también a las organizaciones no gubernamentales Alianza Cívica, representada por Rogelio Gómez Hermosillo, y Propuesta, de Sergio Aguayo.
El FAP decidió entregar el mando del proceso al comité, integrado por personalidades de reconocido prestigio y los grupos civiles comprometidos con la democracia.
Dijo que no hay una meta respecto de la participación en la consulta, aun cuando el sábado pasado, en el Consejo Nacional del PRD, se habló de 2 millones de votos y la instalación de 15 mil mesas receptoras.
En la primera etapa la consulta será aplicada en el Distrito Federal, estado de México, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Baja California Sur, San Luis Potosí, Morelos, Hidalgo y Tlaxcala.
Junto al comité ciudadano habrá una auditoría ciudadana que recibirá las quejas de los participantes, revisará el desarrollo del proceso y podrá anular cualquier participación irregular.
Las preguntas fueron definidas por el Instituto Electoral del Distrito Federal y serán las mismas para todo el país.
Aunque no hay un presupuesto específico, Camacho Solís aseguró que cada partido está aportando recursos, así como los integrantes de cabildos de municipios en los que gobierna algún partido miembro del FAP donarán parte de su salario del mes entrante e incluso gastos en específico salen del bolsillo personal, con el propósito de “descentralizar” la organización e ir eliminando conflictos regionales.
El objetivo, dijo, es que a pesar de las enormes limitantes de recursos materiales, se impulse, en forma libre, pacífica y limpia, la expresión de los ciudadanos.
“El petróleo es hoy el asunto político más importante del país; las decisiones que se tomen fortalecerán o debilitarán a México; contribuirán a su unión o a una mayor polarización”, advirtió.
Héctor Vasconcelos, integrante del comité, subrayó que la consulta es fundamental para los intereses nacionales:
“Qué bueno que los ciudadanos puedan expresar directamente su punto de vista para que no sean sólo los tecnócratas o políticos profesionales quienes tomen las decisiones. Sabemos que ésta no es una consulta vinculante, pero creo que los legisladores no dejarán de tomar en cuenta la voluntad expresada en este ejercicio.”
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Enumeran intelectuales 13 líneas rojas contra la iniciativa oficial En nombre del comité de intelectuales en defensa del petróleo, Luis Linares Zapata presentó ayer en la Cámara de Senadores Las trece líneas rojas de la reforma petrolera, documento en el cual se plantea que el proyecto debe ser rechazado “por su evidente intención privatizadora y su carácter contrario a la Constitución”.
El texto leído por Linares Zapata señala que el paquete de iniciativas del presidente Felipe Calderón es inaceptable, porque se pretende transferir parte de la renta petrolera a inversionistas extranjeros, se reviven contratos de riesgo y se acepta la jurisdicción de tribunales internacionales, además de que manifiesta el propósito de entregar a empresarios e inversionistas privados las actividades centrales de la industria.
A continuación, el documento íntegro de los intelectuales:
Los debates sobre las iniciativas de reforma energética ya han puesto en claro que deben ser rechazadas. Son inaceptables porque van en contra de la letra y el espíritu de la Constitución, a la que se pretende violentar a través de cambios en leyes secundarias. Es evidente su intención privatizadora porque pretenden transferir a empresarios e inversionistas privados, foráneos y nacionales, las actividades estratégicas de la industria. Se les permitiría construir, operar y ser propietarios de instalaciones, equipos y ductos para explorar y desarrollar campos de petróleo y gas; para refinar petróleo y procesar gas, y para transportar, almacenar y distribuir productos petrolíferos y petroquímicos básicos. En una palabra: se pondría en manos privadas el núcleo de la industria petrolera y las funciones básicas de Pemex.
Destacan en las iniciativas propuestas por Felipe Calderón trece disposiciones especialmente lesivas al desarrollo nacional y en las que se materializa el despojo que se pretende. Se trata de las siguientes trece líneas rojas:
Primera: la asignación por invitación restringida o adjudicación directa de contratos de obras y de prestación de servicios para realizar actividades estratégicas, incluyendo exploración y desarrollo, refinación y petroquímica básica. Los alcances de esos contratos y las remuneraciones correspondientes podrán ser fijos o variables, determinadas o determinables, e incluir incentivos vinculados con el éxito de la obra o servicio. Esta indefinición excesiva abre espacios a la corrupción.
Segunda: transferir a particulares porciones no determinadas de la renta petrolera por operaciones de extracción de petróleo y gas. El pago en efectivo por la exploración y extracción, al precio de mercado del crudo, disminuirá el monto de la renta petrolera que Pemex-PEP realice en el momento de comercializarlo.
Tercera: acentuar la artificial especialización de Pemex en la extracción de petróleo y gas, entregando al sector privado la elaboración de productos industriales de alto valor agregado, mediante la maquila de refinación y la petroquímica.
Cuarta: autorizar a trasmano y sin reconocer su verdadero carácter, la celebración de contratos equivalentes a los de riesgo, violatorios de la Constitución y las leyes.
Quinta: posibilitar el desplazamiento de Pemex y su sustitución por empresas privadas en actividades estratégicas de la industria petrolera. Aceptar los “mecanismos de explotación conjunta” y privada para yacimientos transfronterizos.
Sexta: prever sanciones más rigurosas para Pemex y sus subsidiarias que para los permisionarios privados.
Séptima: abandonar el carácter de empresa petrolera integrada y flexibilizar la estructura institucional de Pemex, en cuanto al número, objeto y permanencia de sus organismos subsidiarios.
Octava: establecer la “creación de valor económico” como objetivo central, en lugar de reafirmar la garantía de la seguridad energética de la nación.
Novena: proponer un consejo de administración (CA) de Pemex cuya integración (a discreción sólo del Ejecutivo), facultades excesivas (que incluyen la contratación de deuda pública), carácter discriminatorio, grado excesivo de discrecionalidad, falta de transparencia, insuficiencia de responsabilidad e indefinición de atribuciones violan la Constitución y resultan funcionales sólo para los propósitos privatizadores, pero no para una gestión eficiente del organismo.
Décima: conceder protección extralegal a favor de los miembros del CA y del director general, mediante el establecimiento de seguros, fianzas o cauciones a favor de esos funcionarios para cubrir el monto de las posibles indemnizaciones por los daños o perjuicios que puedan causar.
Undécima: emitir “bonos ciudadanos” como un primer paso hacia la bursatilización de una parte del capital de Pemex.
Duodécima: aceptar “la aplicación de derecho extranjero (y) la jurisdicción de tribunales extranjeros en asuntos mercantiles”, lo que es absolutamente improcedente e implica el abandono de la cláusula Calvo que ha sido central en nuestra política exterior.
Decimatercera: orientar la modificación de la Ley Federal de Derechos aplicables a Pemex a estimular, con un trato fiscal benigno, la explotación de campos difíciles (Chicontepec y aguas profundas), cuya exploración y desarrollo muy probablemente sea contratada con empresas privadas, extranjeras o nacionales.
Comité de Intelectuales en Defensa del Petróleo
Marco Antonio Campos, Rolando Cordera, Arnaldo Córdova, Laura Esquivel, Bolívar Echeverría, Víctor Flores Olea, Luis Javier Garrido, Héctor Díaz Polanco, Antonio Gershenson, Margo Glantz, Enrique González Pedrero, Hugo Gutiérrez Vega, David Ibarra, Luis Linares Zapata, Guadalupe Loaeza, Lorenzo Meyer, Roberto Morales, Carlos Monsiváis, Jorge Eduardo Navarrete, Carlos Payán, Carlos Pellicer López, José María Pérez Gay, Sergio Pitol, Elena Poniatowska, Ida Rodríguez Prampolini, Enrique Semo, Víctor Manuel Toledo, Héctor Vasconcelos y Javier Wimer.
Calderón: mi proyecto es de "sentido común", no para engañar
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Qué buena noticia.Ahora todos los que han sido editados por las televisoras podrán acudir a Gobernación, que de seguro los atenderá con la misma diligencia que al senador Creel.
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A punto de cumplir 90 años el próximo jueves, Nelson Mandela ha estado inusualmente activo desde que anunció su retiro de la vida pública, en 2004.
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Julio Hernández López : Astillero En el colmo de la soberbia, Televisa ha sido pillada “anulando” la imagen de un personaje político que detesta en especial. Pero el caso de Santiago Creel y sus pleitos de pandilla con sus antiguos socios bien pagados en materia de azares (sorteos y juegos) no es más que una escandalosa pero no tan profunda muestra de lo que el duopolio televisivo puede hacer para modificar a su conveniencia los hechos políticos y desatar contra determinados personajes los amores y odios fáciles que provienen de las manipulaciones periodísticas electrónicas.
Esos mismos mecanismos de defraudación periodística y comunicacional han sido largamente puestos en práctica. Primero, contra la campaña de quien consideraban un peligro para Televisa (Emilio Azcárraga Jean llegó a enseñar a López Obrador un presunto proyecto de expropiación de la empresa que, según eso, le había llegado al joven ejecutivo de fuentes altamente confiables); luego, contra el movimiento cívico que se enfrentó al fraude electoral consumado y, finalmente, al proceso de conversión de esa protesta comicial en una resistente estructura social que entre otras cosas defiende la riqueza pública de los apetitos privados, en específico en el caso del petróleo.
Televisa (y, desde luego, Televisión Azteca, pero este caso resulta más grotescamente evidente) ha anulado de su ejercicio diario de comunicación y periodismo a un segmento muy importante de mexicanos cuyas opiniones y acciones políticas son desdeñadas, manipuladas o tramposamente analizadas por ese poder fáctico. En el caso de pasiones confrontadas que involucra al antiguo cómplice Creel, la Secretaría de Gobernación –a cargo de otro damnificado político que ha encontrado cobijo y montajes escénicos en el canal de las estrellas– ha hecho que un funcionario de tercer nivel haga cuidadas reconvenciones al monstruo con antenas. Y en ese foro de hipocresías convenidas el gigante abusivo acepta los errores cometidos al mover la larga cola con descuido (un error de edición, ha dicho Leopoldo Gómez, vicepresidente de Televisa) y ofrece disculpas en especie (una entrevistota en Primero Noticias) al tibio “disidente” que a fin de cuentas siempre acaba sujetándose a las órdenes superiores en los episodios que inaugura con luego olvidadas posturas “independientes”.
Pero ni Televisa ni Televisión Azteca habrán de reconocer que diariamente censuran a una parte de México y que con sus comentarios y formas de presentar la información agreden a quienes resisten y se oponen a esos poderes fácticos embriagados de hacer “negocios” de cuello ya no tan blanco. Ya otra entrevistota de compensación le fue ofrecida antes a López Obrador, aunque el presunto regalo generoso fue convertido en el foro en una agresión ajena a cualquier parámetro de verdadero periodismo. Sin embargo, Televisa tendrá con Creel una buena oportunidad de mostrarse dispuesta a reconocer determinados errores (cometidos contra suavizados “opositores” otra vez deseosos de pelear candidaturas presidenciales arregladas con los poderes electrónicos), pero seguirá anulando, editando y distorsionando a la parte del México que permanentemente combate (ya está en puerta otra temporada de canalladas, si Calderón y sus socios se empeñan en hacer aprobar la reforma petrolera y la oposición civil pasa a nuevas etapas de resistencia).
Otra anulación en curso ha sido la de los derechos humanos que, al menos hasta la llegada de Felipe Calderón a la comandancia general del Ejército, no había sido tan extendida y descarada. Los gobiernos del priísmo clásico y el del panismo foxista, éste más bien dedicado al enriquecimiento grupal y familiar, habían enderezado las baterías represoras a selectos adversarios políticos del régimen. Pero, con el general michoacano de cinco estrellas, y con la tal “guerra contra el narcotráfico” como justificación, el poder militar ha sido peligrosamente sacado de los cuarteles para que en las calles y frente a civiles supliera las carencias de un gobierno sin legitimidad ni fuerza propia y estableciera nuevas formas mercantiles de reacomodo del negocio de las drogas. En ese camino históricamente sabido de abusos y violaciones graves a la población cuando se le somete al paso castrense por razones políticas, la fuerza verde olivo ha cometido tantas barbaridades que el prudente, y muchas veces alineado, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el doctor en gastritis José Luis Soberanes, ha hecho un estremecedor recuento de las andanzas criminales de miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional. Organismos defensores de los derechos humanos, no oficialistas, han delineado escenarios peores. Pero Calderón insiste en sostenerse mediante soldados y con el temor social como mecanismo de control, anulando a los pobladores y sus derechos, en aras de una gobernabilidad armada.
Se disiparon las dudas sobre la manera como los organizadores de la consulta petrolera plantearían el tema a los concurrentes a las urnas cívicas. Contra la prejuiciada insistencia de quienes suponían que las preguntas de esa consulta serían inductoras de respuestas que por tanto tendrían poco valor, los términos en que se ha anunciado el cuestionario parecen aceptables. En cambio, cada día queda más clara la postura divisoria y entreguista del presidente sustituto del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo (Ganar), quien negocia con Germán Martínez y Jesús Murillo Karam una presunta propuesta conjunta de salvamento del naufragio reformista calderónico. Carece el chuchista AN de la autoridad política y social (aunque la tenga en términos formales acotados) para participar en tianguis energéticos, pero a fin de cuentas esa fue y es la esencia de lo que Nueva Izquierda pelea: arreglos con el poder práctico que de palabra es desconocido; que la regadera del petróleo sea abierta a lo privado, pero también que salpique. Y, mientras Chiguil sigue peleando por su restitución, ¡hasta mañana, en esta columna cuyas bilis serán llamadas errores de edición!
Enrique Galván Ochoa : Dinero Hizo olas un comentario del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado –depende del Consejo Coordinador Empresarial– en el sentido de que “la economía sigue empantanada sin poder lograr un entorno de crecimiento elevado y mayor bienestar para la población”. Apareció en su más reciente reporte semanal y lo reproduje el lunes. Volvía apenas el jefe de la Pagaduría (de adeudos electorales) de Los Pinos de su viaje por Asia y en algún momento había sido iluminado con la visión de lo que México será en 2040: una de las cuatro potencias mundiales, junto con China, India y Estados Unidos. No existía ni la más remota coincidencia entre el “aquí y ahora” de la IP y su arrebatada ensoñación, algo extraño, ya que el CCE es aliado y también acreedor de la Pagaduría, y hay una pila de facturas a revisión. Con la pena, pero el presidente del consejo, Armando Paredes, tuvo que darle ayer un coscorrón al siempre aguantador Héctor Rangel Domene, director del centro de estudios. “El CCE considera inaceptables las voces que intentan pintar un panorama extremadamente pesimista y devastador para México…” (Es decir, la voz de su propio centro.) En unas cuantas horas dejó de ver empantanada a la economía, ahí va como campeona de surf deslizándose sobre un lago azul.
Las gaviotas
Eran los primeros días de 1969 cuando unas fotos que ocuparon las primeras páginas de los diarios encendieron los ánimos de los grupos ecologistas de Estados Unidos: mostraban gaviotas con el pico caído, ennegrecidas por el chapopote, y más allá, sobre el mar, una inmensa mancha oscura. Se había derramado el petróleo que bombeaba un equipo de la empresa Uncoal, ni más ni menos que frente a la costa californiana de Santa Bárbara, una comunidad de millonarios, viñedos y yates, donde tiene su rancho la familia Reagan. Aquello fue un escándalo y dio como resultado que se prohibiera la exploración en aguas del Pacífico y el Atlántico. En realidad son dos las vedas: una la impuso el presidente –era Bush padre– y otra el Congreso. Además, aunque es una esfera federal, los gobernadores de los estados costeños también opinan. El presidente Bush hijo acaba de levantar la prohibición, pero sólo por lo que toca al Poder Ejecutivo. El Congreso mantiene la suya, está dividido. La mayoría de los gobernadores no están convencidos, inclusive el hermano de Bush, gobernador de Florida, una entidad turística, no quiere plataformas cerca de los hoteles y los condominios de lujo. Sin embargo, la noticia de que muchos años después del episodio de las gaviotas bañadas de chapopote el actual ocupante de la Casa Blanca se decidió a dar luz verde a la exploración marítima, desató en México una minicampaña de inquietud: “urge aprobar –dicen– la reforma de Calderón, porque los gringos ya van a comenzar a perforar pozos en el mar y nos van a robar el petróleo”. No dudo que lo hicieran, si tienen oportunidad. Pero es año electoral, el Congreso está escindido, los gobernadores en contra, la opinión pública sólo quiere que baje la gasolina, y hay otras opciones… Entonces, pasará algún tiempo antes de que permitan el regreso de las compañías petroleras al mar. No hay que distraernos: el tema del momento es si en el futuro la nuestra adoptará el nombre Repsol-Pemex, Shell-Pemex u otro parecido.
Alfredo Jalife-Rahme : Bajo la Lupa
Carlos Fernández-Vega : México SA
Miguel Ángel Velázquez : Ciudad Perdida
Ricardo Yáñez : Isocronías
Opinión
Carlos Martínez García : La invisibilización de los “sectarios”
Arnoldo Kraus : La Clínica San Carlos en Norogachi
Luis Linares Zapata : Debate petrolero
José Steinsleger : Osorio Isaza: paradiplomacia y terrorismo Pensemos con el corazón: si una mujer de coraje político probado declara que el gobierno de Colombia es “ilegítimo, corrupto y no creíble” y el embajador de su país la califica de “mentirosa”… ¿a quién le cree usted? (entrevista de David Brooks con la senadora colombiana Piedad Córdoba, La Jornada, 3/7/08).
La Negra (así la llama su pueblo) no es un producto maquilado por la dictadura mediática. Sin embargo, en 2007 los periódicos El Espectador y El Siglo de Bogotá la eligieron Personaje y Mujer del Año, y en una encuesta reciente de Radio Caracol ocupó el segundo lugar entre los senadores más respetados de Colombia. Ni la CNN ni Televisa ni la BBC se enteraron.
Líder del ala izquierda del Partido Liberal (agrupación Poder Ciudadano), Piedad Córdoba es mundialmente respetada por su lucha en favor de los derechos humanos y de la mujer, las comunidades indígenas y afrocolombiana, las minorías étnicas y sexuales, en contra de la violencia intrafamiliar y en pos de políticas públicas de salud sexual y reproductiva.
En 1999 cayó en manos del feroz líder paramilitar Carlos Castaño. Liberada tras varias semanas de cautiverio, se exilió junto con su familia en Canadá. Al cabo de varios meses retornó al país y fue víctima de dos atentados. Su pecado: liderar el abstencionismo frente a la candidatura de Álvaro Uribe Vélez. Su asesor político, Jaime Gómez, fue asesinado en abril de 2006 luego de sufrir tortura.
El polo opuesto de La Negra es Luis Camilo Osorio Isaza, embajador de Colombia en México. Ex fiscal general (2001-05), fue uno de los arquitectos jurídicos de la “seguridad democrática”, eufemismo del terrorismo de Estado que impulsa el régimen narcoparamilitar que celosamente representa en nuestro país.
Osorio Isaza llegó a la fiscalía general de Colombia a finales del gobierno conservador de Andrés Pastrana. Durante su gestión (2001-05), el caballero jamás encontró méritos para procesar a los culpables, señalados por testigos que luego aparecían muertos o golpeando con desesperación las puertas de las embajadas.
Dominados por los paramilitares, los fiscales de Osorio ignoraron pistas y engavetaron la copiosa documentación probatoria de las relaciones entre los paras y los políticos en los departamentos de la Costa Caribe, Antioquia y Cauca, donde tuvieron lugar espeluznantes masacres.
Osorio Isaza desmanteló (perdón, “restructuró…”) la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía. Los mejores fiscales del país terminaron en la calle o en el exilio. Lucía Luna Prada vive en Canadá. Mónica Gaitán, investigadora de la espantosa masacre de Chengue (Sucre), informó a su jefe que se iba de vacaciones, y al regresar descubrió que le habían allanado la oficina. Hoy vive en Estados Unidos. Pedro Díaz Romero, Augusto Sepúlveda y César Rincón también salieron del país.
En diciembre de 2003, la jefa de fiscalías de Cúcuta, Ana María Flórez Silva (nombrada por Osorio), fue acusada de cómplice de los paramilitares. El senador Gustavo Petro tomó la denuncia y antes de ser detenida por las autoridades huyó del país. En junio de 2005, la señora fue llamada a juicio por su aparente participación en el asesinato de su esposo.
Richard Riaño Botina, investigador de la fiscalía, experto en informática, encontró que los teléfonos de al menos 54 funcionarios de la institución se cruzaban con los de los paras del oriente colombiano. Petro acogió a Riaño y lo ayudó a salir del país. Osorio mandó a investigar al parlamentario. La Corte Suprema dictaminó que el senador no había transgredido la ley.
Osorio Isaza desatendió al testigo Jairo Castillo Peralta, quien desde 2001 entregó todas las pruebas que demostraban el maridaje de la clase política del departamento de Sucre con el paramilitarismo. Paradójicamente, Castillo es en la actualidad la base para que la Corte Suprema de Justicia tenga en prisión a más de 30 congresistas.
El caso de negligencia más tenebroso ocurrió cuando Osorio desautorizó a los fiscales que le dictaron medida de aseguramiento al general Rito Alejo del Río, jefe del grupo de soldados de la 17 Brigada del Ejército que el 27 de diciembre de 1997 jugaron al futbol con la cabeza del campesino Marino López. Osorio archivó el proceso y el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, ofreció un banquete “de desagravio” al “pacificador del Urabá”.
En su artículo “¿Dónde estaba el fiscal Osorio?”, la periodista de El Espectador, María Teresa Ronderos, escribe: “No sé qué tan tranquilo duerma don Luis Camilo”. Pues, mire usted: parece que en México muy bien. Dicta clases de “seguridad democrática”, alterna con la extrema derecha y los periodistas serviles del país, y escribe cartas muy bonitas como las enviadas a La Jornada el 11 y 13 de julio pasados.
En la primera, don Lucho desmiente que el general Mario Montoya (jefe del Ejército colombiano) sea un matarife de cuarta. Y en la segunda denigra a Piedad Córdoba. En ambas, el paraembajador expresa el dolor de los colombianos que miran “el maltrato a nuestras instituciones”, y el maltrato a los “servidores que bien le sirven a la República”.
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