ERNESTO VILLANUEVA
El pasado 26 de mayo se realizó la detención de 10 alcaldes y diversos funcionarios del gobierno de Michoacán. Las reacciones se han quedado en cuestiones superficiales, como aquella que pondera si se le debió avisar al gobernador Leonel Godoy o no. Eso es lo de menos. Esta acción pone de relieve una política del gobierno de Felipe Calderón que puede conducir al fortalecimiento de un gobierno autoritario. Veamos por qué.Primero.
El calderonismo ha conducido golpes efectistas en la lucha contra el crimen organizado, con los cuales ha desplazado el tema del fracaso económico de su gobierno –que nos debía importar a todos y que es el talón de Aquiles del PAN– para poner la lucha contra la delincuencia organizada como eje central del debate. Así, el gobierno ha convertido en su fortaleza otro de sus fracasos. Con la intención de exorcizar formalmente a las mentes “mal pensadas”, entre los alcaldes detenidos hay dos del PAN, aunque la inmensa mayoría son priistas y, por supuesto, hay también otros perredistas, para que la sociedad perciba a un gobierno eficaz que no actúa sectariamente.
Obviamente, el involucramiento de los alcaldes del PAN constituye un costo menor comparado con los beneficios políticos que dicha acción está reportando a sus promotores.Segundo. Los líderes del PRI y del PRD no han atinado a dimensionar el impacto de esta acción en Michoacán. Se han quedado en quejas de sentido común. Olvidaron las cuestiones de fondo. Es menester recordar que el artículo 21 constitucional dispone que “la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato”. En ninguna parte del 21 constitucional se faculta al Ejército para participar en la investigación y persecución de delitos.
Esta acción en Michoacán constituye una violación flagrante a la Constitución. De una lectura atenta a las interpretaciones del Poder Judicial de la Federación sobre el artículo 21 no se deduce en ningún caso la intervención de las Fuerzas Armadas; por el contrario, se reitera la intervención del Ministerio Público y de la policía en la investigación y persecución de los delitos. Sería deseable que los grupos parlamentarios del PRD y del PRI convocaran inmediatamente a un período extraordinario al Congreso de la Unión con el fin de citar al secretario de la Defensa Nacional para que funde y motive la constitucionalidad de su intervención en el operativo de referencia.
Hasta ahora nadie ha dicho esta boca es mía. La sociedad, en su gran mayoría, desconoce el sistema constitucional, pero eso no podría explicarse en los legisladores y su gran caudal de asesores. Quizá esa podría haber sido una respuesta ante la iniciativa del gobierno federal y sus obvios tintes electorales. Por supuesto, nadie puede estar en contra de la lucha contra el crimen organizado, pero es exigible que se haga conforme a los procedimientos constitucionales.
Tercero. El lugar común de que se trata de una acción con fines electorales no resuelve nada, y en ese discurso se han mantenido el PRD y el PRI, dándose apoyos y lamentándose infructuosamente de los embates recibidos. La incapacidad de reflejos jurídico-políticos de estos partidos está generando paradójicamente un repunte en el posicionamiento electoral del PAN, el cual puede remontar sus posiciones iniciales, que estaban muy por debajo del PRI. Si nadie repara en que la Constitución y la ley deben ser observadas en las elecciones del 5 de julio de este año, una votación abultada a favor del PAN dará legitimidad a las violaciones a la ley para los fines del gobierno. Hoy es Michoacán, mañana quién sabe.
¿Cómo es posible que, paradójicamente, se viole la Constitución en nombre de los derechos establecidos en la propia Constitución? Tal es el mejor camino para dar vida a un gobierno autoritario que, en perjuicio de todos, no tenga más límites que su imaginación.
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