9/21/2011

En la “esclavitud”, 2.5 millones de trabajadoras del hogar en EU



Por su condición migratoria sufren abusos y la ley no las protege


Por Guadalupe Cruz Jaimes

México, DF, 20 sep 11 (CIMAC).- Cerca de 2 millones 500 mil trabajadoras del hogar, 95 por ciento de ellas migrantes originarias de México, otros países de América Latina y Asia, laboran en Estados Unidos desprotegidas por la ley y en condiciones semejantes a la esclavitud.

Mariana Viturro, subdirectora de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar (NDWA, por sus siglas en inglés), dijo a Cimacnoticias que si la condición migratoria de esas trabajadoras es irregular ellas son más propensas a padecer abusos por parte de los empleadores.

La activista señaló que por su condición migratoria irregular la mayoría de las trabajadoras están desprotegidas por la ley, ya que la legislación laboral estadounidense sólo aplica para las y los trabajadores del servicio doméstico en situación regular.

Para que la ley laboral del país vecino aplique a las trabajadoras del hogar, además de contar con documentos de su estancia legal, ellas deben ganar con un solo empleador al menos mil 500 dólares (alrededor de 19 mil 500 pesos) al año, y laborar más de ocho horas a la semana con uno o más patrones.

Actualmente, los 2.5 millones de trabajadoras del hogar, de las cuales el 95 por ciento son migrantes originarias de México, Centroamérica, algunos países de Sudamérica, el Caribe y Asia, laboran en “pésimas condiciones de trabajo, semejantes a la esclavitud”, recalcó Mariana Viturro.

Explicó que mientras el salario mínimo en ese país es de 6.75 dólares por hora, las trabajadoras del hogar perciben en promedio sólo tres dólares. Además muchas de ellas laboran sin el pago de horas extra durante jornadas “muy prolongadas”.

Las migrantes que acaban de llegar a Estados Unidos y se ocupan en el trabajo del hogar suelen habitar en casa de sus empleadores. Ellas son a las que menos les pagan y quienes son más propensas a sufrir abusos por parte de sus patrones.

“Están muy aisladas, les prohíben salir a la calle, les quitan sus pasaportes, no les dan llaves de la casa”, y por si fuera poco, dijo la subdirectora de la NDWA, “las obligan a trabajar sin descansos entre sus jornadas”.

Al estar excluidas de las leyes y demás instrumentos que resguardan los derechos laborales, las trabajadoras del hogar migrantes son “muy vulnerables al abuso”, añadió.

Esa vulnerabilidad aumenta si su condición migratoria es irregular, ya que desde hace una década quienes migran en esa circunstancia carecen de cualquier servicio público, como los de salud.

Frente a esta situación, las integrantes de la NDWA se sumaron al movimiento de migrantes en Estados Unidos que reclama los derechos de esta población y se opone a leyes discriminatorias como la ley SB1070, aprobada en abril de 2010 en el estado de Arizona.

“Es nuestra responsabilidad aportar al movimiento Pro-derechos del migrante y traer la perspectiva de las mujeres en las discusiones de migración a través de las historias de mujeres que han sido afectadas por estas leyes”, refirió Viturro.

La Alianza Nacional formó una delegación de mujeres que documenta la violación a los Derechos Humanos de las migrantes en Arizona, con el propósito de que esas historias se difundan y el gobierno estadounidense “ponga un alto a este tipo de legislaciones”.

Recientemente, la organización de trabajadoras conformó una delegación similar en Atlanta, Georgia, ya que ese estado pretende aprobar una ley semejante a la SB1070.

Al mismo tiempo, la NDWA está acumulando cartas dirigidas a “Papá Noel” escritas por hijas e hijos de migrantes deportados de Estados Unidos a sus países de origen, para solicitar al gobierno de ese país la reunificación familiar mediante la regulación migratoria de sus madres y padres.

La intención del movimiento, agregó la activista, es “cambiar el discurso nacional hacia el migrante a largo plazo” y avanzar hacia una reforma migratoria que tenga como eje el respeto a los derechos de todas las personas para tener una vida digna: trabajo, educación, salud y servicios sociales.

Lo anterior sólo será posible si se reconoce la contribución de las personas migrantes en ese país, concluyó.

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