Caso Inés y Valentina cuestiona tareas policiacas del Ejército
Por Anayeli García Martínez
México, DF, 22 sep 11 (CIMAC).- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) destacó que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano por violar las garantías humanitarias, abren la posibilidad para que se replantee la estrategia de Felipe Calderón de incorporar a las fuerzas armadas a labores de seguridad pública.
La directora para Centroamérica y México de Cejil, Alejandra Nuño, puso como ejemplo que en el caso de las sentencias por las violaciones sexuales perpetradas por militares contra las indígenas Valentina Rosendo e Inés Fernández, la CoIDH se refirió a la violencia institucional castrense lo que llama a replantear el uso de las fuerzas armadas en tareas de policía civil.
Al participar en el foro “Retos y posibilidades en el cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos contra México”, la defensora humanitaria abordó el tema del fuero militar y la seguridad nacional, y explicó que los casos de violaciones a los Derechos Humanos (DH) en Guerrero plantean la necesidad de elaborar un nuevo modelo de seguridad ciudadana.
Nuño recordó que las comunidades indígenas de ese estado, donde fueron agredidas Inés y Valentina, han exigido la salida del Ejército de la región por considerar que la presencia militar agrava las transgresiones a los DH de la población.
La dirigente de Cejil resaltó que las sentencias de la CoIDH por el caso Inés y Valentina son de las pocas en las que se condena a un Estado por violar tres tratados internacionales: la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Belem Do Pará, y la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura.
Además indicó que en estos casos también se consideró a la familia de ambas indígenas como víctimas.
“SE CUMPLEN LOS FALLOS”, DICE SEGOB
En el foro organizado por Cejil y otras organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los DH se analizaron los “avances” por parte del Estado mexicano en el cumplimiento de las cinco sentencias de la CoIDH sobre desaparición forzada, feminicidio, violación sexual, tortura y detención arbitraria. Las y los defensores de DH criticaron la falta de respuesta de las autoridades para acatar los fallos de la CoIDH.
En contraste, el director de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Felipe de Jesús Zamora –quien acudió al evento–, afirmó que las sentencias se están cumpliendo. Cabe señalar que la dependencia federal es la que coordina a las instituciones y autoridades encargadas de cumplir con los fallos internacionales.
Al ser cuestionado sobre la demora en la implementación de las cinco sentencias, cuatro de las cuales exhortan a reformar la jurisdicción militar, el funcionario dijo que México tiene el compromiso de abrirse a las instancias internacionales.
Justificó que en el país hay un incremento de violaciones a DH porque la participación de México en los tribunales regionales es reciente. “Naturalmente no va de la mano el número de denuncias con el número de violaciones”, aclaró.
En respuesta, los representantes de organizaciones civiles afirmaron que los avances han sido escasos y en algunas ocasiones lentos, por lo que invitaron a la sociedad civil y a los funcionarios públicos a sumarse a la exigencia de las víctimas de que haya justicia.
David Peña, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), quien litigó uno de los casos de feminicidio ante la CoIDH, aseguró que aún están pendientes las sanciones a 31 funcionarios que incurrieron en errores u omisiones a la hora de investigar la desaparición y asesinato de tres mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Juan Carlos Gutiérrez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, explicó que las diligencias para encontrar los restos del activista Rosendo Radilla, quien presuntamente fue desaparecido por el Ejército en 1974, no han dado resultado. “No hay intención de buscarlo”, acusó.
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