Monedero
Por Carmen R. Ponce Meléndez*
México, DF, 1 feb 12 (CIMAC).- Si en México el gasto público se asignara con base en las carencias de desarrollo humano entre mujeres y hombres, las mujeres deberían recibir más de la mitad (60.3 por ciento), mientras que los hombres 39.7 por ciento, pero lo que sucede es a la inversa, agravando las brechas de género. Las prioridades del gasto deben estar en educación, salud e ingresos.
Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), un indicador que permite conocer y medir los avances de las mujeres es el índice de potenciación de género (IPG).
Este índice está construido con base en tres componentes: 1) Participación política y poder de decisión. 2) Participación económica y poder de decisión. 3) Poder sobre los recursos económicos.
(CONSULTA GRÁFICA AQUÍ)
En 2006 el IPG más alto correspondió al Distrito Federal; los inferiores a Chiapas, Hidalgo y Estado de México, concluye el documento “Las mujeres y el presupuesto público en México”, elaborado por el PNUD.
Hablar de un presupuesto sensible al género implica en primer término conocer los recursos públicos destinados a grupos específicos de mujeres, hombres, niñas y niños; identificar el gasto que promueve la igualdad de oportunidades laborales entre ambos sexos, y por último, evaluar las asignaciones que no tienen etiqueta de gasto por género, pero que tienen un efecto diferenciado en mujeres y hombres.
Se requiere contemplar al presupuesto en sus cuatro fases: formulación, aprobación, control y evaluación; determinar quién gasta en qué y para qué.
Por tanto es imprescindible generar un sistema de información con indicadores oportunos –desagregados por sexo y por programa–, que posibiliten evaluar antes y después los efectos de las acciones que en esta materia realice el Estado a través de sus políticas públicas.
En este sentido un logro significativo fue la inclusión del artículo 25 en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2008). Visibiliza el tema de género y esto obliga a todas las dependencias del gobierno federal a seguir criterios tales como incorporar en los programas la perspectiva de género, y reflejarla en su matriz de indicadores.
Al identificar el gasto directo en 11 proyectos para la igualdad durante 2002-2007, se aprecia que el gasto promedio anual es muy bajo, de sólo 49.4 millones de pesos del 2007.
En su distribución por proyecto se observa que 8 de cada 10 pesos se destinaron a salud (atención a la salud pública y a la salud reproductiva; proporcionar atención a la salud reproductiva; seguro de enfermedades y maternidad, así como seguro de enfermedades y maternidad). La proporción mayor está en seguro de enfermedades y maternidad (77.86 por ciento).
Por el contrario, en guarderías únicamente se gastó uno de cada 10 pesos. Las asignaciones más pequeñas correspondieron al Programa de la Mujer en el Sector Agrario y el Programa de abasto social de leche (Liconsa) con 0.49 por ciento, ambos vinculados con la problemática de la alimentación e indirectamente de salud.
El renglón de gasto relativo a la promoción de la igualdad de oportunidades laborales entre ambos sexos, simplemente NO existe.
No obstante los recursos que se destinan a salud, la asignatura pendiente sigue siendo reducir la razón de muerte materna (RMM), ya que es un indicador del grado de desarrollo económico, social, educacional y sanitario de un país, de las condiciones de equidad de género y de la desigualdad social relacionada con la pobreza, el acceso a servicios de salud de calidad, y al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Es un problema multifactorial que involucra las condiciones de vida de las mujeres, el acceso a infraestructura, el acceso a servicios de salud, la calidad de esos servicios, y el gasto público en salud.
P.D. Durante 2011 los precios de los productos agropecuarios crecieron en promedio 30 por ciento; para este año se mantendrá la tendencia.
ramona_melendez@yahoo.com.mx
twitter @ramonaponce
*Economista especializada en temas de género.
Por Carmen R. Ponce Meléndez*
México, DF, 1 feb 12 (CIMAC).- Si en México el gasto público se asignara con base en las carencias de desarrollo humano entre mujeres y hombres, las mujeres deberían recibir más de la mitad (60.3 por ciento), mientras que los hombres 39.7 por ciento, pero lo que sucede es a la inversa, agravando las brechas de género. Las prioridades del gasto deben estar en educación, salud e ingresos.
Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), un indicador que permite conocer y medir los avances de las mujeres es el índice de potenciación de género (IPG).
Este índice está construido con base en tres componentes: 1) Participación política y poder de decisión. 2) Participación económica y poder de decisión. 3) Poder sobre los recursos económicos.
(CONSULTA GRÁFICA AQUÍ)
En 2006 el IPG más alto correspondió al Distrito Federal; los inferiores a Chiapas, Hidalgo y Estado de México, concluye el documento “Las mujeres y el presupuesto público en México”, elaborado por el PNUD.
Hablar de un presupuesto sensible al género implica en primer término conocer los recursos públicos destinados a grupos específicos de mujeres, hombres, niñas y niños; identificar el gasto que promueve la igualdad de oportunidades laborales entre ambos sexos, y por último, evaluar las asignaciones que no tienen etiqueta de gasto por género, pero que tienen un efecto diferenciado en mujeres y hombres.
Se requiere contemplar al presupuesto en sus cuatro fases: formulación, aprobación, control y evaluación; determinar quién gasta en qué y para qué.
Por tanto es imprescindible generar un sistema de información con indicadores oportunos –desagregados por sexo y por programa–, que posibiliten evaluar antes y después los efectos de las acciones que en esta materia realice el Estado a través de sus políticas públicas.
En este sentido un logro significativo fue la inclusión del artículo 25 en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2008). Visibiliza el tema de género y esto obliga a todas las dependencias del gobierno federal a seguir criterios tales como incorporar en los programas la perspectiva de género, y reflejarla en su matriz de indicadores.
Al identificar el gasto directo en 11 proyectos para la igualdad durante 2002-2007, se aprecia que el gasto promedio anual es muy bajo, de sólo 49.4 millones de pesos del 2007.
En su distribución por proyecto se observa que 8 de cada 10 pesos se destinaron a salud (atención a la salud pública y a la salud reproductiva; proporcionar atención a la salud reproductiva; seguro de enfermedades y maternidad, así como seguro de enfermedades y maternidad). La proporción mayor está en seguro de enfermedades y maternidad (77.86 por ciento).
Por el contrario, en guarderías únicamente se gastó uno de cada 10 pesos. Las asignaciones más pequeñas correspondieron al Programa de la Mujer en el Sector Agrario y el Programa de abasto social de leche (Liconsa) con 0.49 por ciento, ambos vinculados con la problemática de la alimentación e indirectamente de salud.
El renglón de gasto relativo a la promoción de la igualdad de oportunidades laborales entre ambos sexos, simplemente NO existe.
No obstante los recursos que se destinan a salud, la asignatura pendiente sigue siendo reducir la razón de muerte materna (RMM), ya que es un indicador del grado de desarrollo económico, social, educacional y sanitario de un país, de las condiciones de equidad de género y de la desigualdad social relacionada con la pobreza, el acceso a servicios de salud de calidad, y al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Es un problema multifactorial que involucra las condiciones de vida de las mujeres, el acceso a infraestructura, el acceso a servicios de salud, la calidad de esos servicios, y el gasto público en salud.
P.D. Durante 2011 los precios de los productos agropecuarios crecieron en promedio 30 por ciento; para este año se mantendrá la tendencia.
ramona_melendez@yahoo.com.mx
twitter @ramonaponce
*Economista especializada en temas de género.
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