Impune hasta la muerte

Por Julio Pimentel Ramírez
Mientras en algunos países centro y sudamericanos, aunque con dificultad la justicia se abre paso y se somete a procesos jurídicos a responsables de delitos de lesa humanidad, en México campea la impunidad y los personajes que en décadas pasadas torturaron, asesinaron y desaparecieron a miles de mexicanos cierran su ciclo de vida de manera natural en el seno familiar, algo humano que ellos negaron a sus victimas, jóvenes la mayoría.

Tal es el caso de Miguel Nazar Haro, ex director de la nefasta y tristemente célebre Dirección Federal de Seguridad (DFS), quien murió ayer a la edad de 87 años sin haber rendido cuentas ante la justicia y llevándose a la tumba información sobre la estrategia de terrorismo de Estado que instrumentaron los gobiernos priístas a lo largo de gran parte de la segunda mitad del siglo XX y de cuyas consecuencias criminales son corresponsables, por complicidad u omisión, las administraciones federales posteriores, del PRI y del PAN.

La verdad histórica se ha recuperado en gran medida y el nombre de Miguel Nazar Haro está vinculado con una etapa negra de la historia del país, de autoritarismo y represión extrema, que desafortunadamente no ha sido superada. Este personaje está presente, de una u otra manera, en las masacres del 2 de octubre de 1968 y 10 de junio de 1971, así como en la llamada “guerra sucia” de los años 70s y 80s del siglo pasado y toda su secuela de represión, muerte y sufrimiento.

Así como ahora en Davos, Suiza, llaman al espurio Felipe Calderón “estadista global” -por los servicios prestados a los grandes capitales en detrimento de los intereses de la mayoría de los mexicanos-, en su tiempo Miguel Nazar Haro fue calificado como “el mejor policía” de México por los servicios prestados al régimen antidemocrático y autoritario.

En el periodo de las décadas de los 60s a 80s Nazar Haro se desempeñó con “decisión y valentía” dicen sus panegiristas, con particular saña habría que añadir, al enfrentar a los considerados enemigos de la patria, es decir del señor presidente en turno, así fueran luchadores sociales que exigían sus derechos de manera pacífica y constitucional, que guerrilleros y su base social.

Y es que en términos concretos, no eufemísticos, decir que Nazar Haro era un buen policía significa que no se tentaba el corazón al detener sospechosos, interrogar y torturar -que en esa época eran sinónimos (en gran medida lo siguen siendo)-, hasta la muerte en ocasiones; ejecutar extrajudicialmente cuando lo decidiera y someter a otros a la desaparición forzada.

Hay muchos testigos de la manera en que Nazar Haro actuaba en la DFS, tanto cuando su director era el capitán Luis de la Barreda como al sucederlo en la dirección general del odiado órgano de seguridad, y posteriormente en forma paralela en la Brigada Blanca, que era un grupo especial integrado por policías y militares que se comportaba como un grupo paramilitar, es decir que no respetaba reglas y leyes en su afán de eliminar a la insurgencia.

Por los centros de detención clandestinos de la DFS, el Campo Militar No. 1 entre ellos, pasaron cientos de personas que fueron sometidas a tratos degradantes y a tortura, lo mismo militantes de grupos armados que sus familiares, mujeres y hombres, menores de edad y ancianos. En esas sesiones solía participar directamente Nazar Haro, que fortalecía su voluntad con el dolor ajeno de seres humanos en total indefensión.

Es claro que la responsabilidad de los delitos de lesa humanidad de esa etapa histórica recae en el Estado mexicano, así como en todos aquellos que desde posiciones de poder ordenaron, diseñaron y ejecutaron la estrategia represora que llevó el dolor, el sufrimiento, el luto, la incertidumbre a miles de hogares mexicanos.

Ante delitos de lesa humanidad, no hay venganza pero tampoco olvido, debe de haber justicia para poder avanzar en la superación de esa etapa histórica. Poner fin a la impunidad, castigar a los delincuentes intelectuales y materiales, es un paso necesario que debe de complementarse con la reparación integral del daño a las víctimas, sus familiares y la sociedad.

También es indispensable avanzar en las modificaciones legales que permitan a los ciudadanos defenderse mejor de los excesos gubernamentales. Sin olvidar por supuesto que es imprescindible elevar la cultura social y de los funcionarios públicos sobre los derechos humanos.

No se trata de venganza y rencor sino de un simple acto de justicia y de reivindicación de la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado del “pasado”, subrayar que la muerte de Miguel Nazar Haro no lo exime de su responsabilidad histórica en múltiples crímenes de lesa humanidad, por los que debe de responder el Estado al que sirvió incondicionalmente, hasta la ignominia.