2/02/2012

Se resisten partidos a cubrir cuota de género


Con alegatos jurídicos rechazan más participación femenina



Por Anayeli García Martínez

México, DF, 1 feb 12 (CIMAC).- Aunque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estableció que los partidos están obligados a postular al menos 40 por ciento de mujeres candidatas a diputaciones y senadurías, los institutos políticos se resisten a cumplir con esa cuota de género.

Así lo advirtieron Martha Tagle y Refugio Morales, dos de las 10 mujeres que promovieron el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que dio origen a la histórica sentencia a favor de las mexicanas.

El pasado 30 de noviembre, el TEPJF emitió un fallo para modificar las reglas que estipuló el Instituto Federal Electoral (IFE) sobre el registro de candidaturas para las elecciones de este año, y reiterar que los partidos deben de cumplir con la cuota del 40-60.

La autoridad electoral también precisó que conforme lo establece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de cinco candidaturas, y que los titulares y suplentes sean del mismo sexo.

Luego de que se dio a conocer la sentencia del tribunal electoral, el Consejo General del IFE modificó los criterios para el registro de candidaturas, pero los partidos comenzaron a solicitarle al instituto que les “aclarara” el sentido de la resolución del TEPJF.

Tagle sostuvo que los institutos políticos tratan de cuestionar el fallo del tribunal electoral, con el fin de evadir el cumplimiento de las cuotas; sin embargo aseguró que las militantes estarán al pendiente de que se cumpla a cabalidad una disposición que es irrevocable.

¿Y SI NO HAY SUFICIENTES MUJERES?

El primer actor en presentar que se aclarara la sentencia fue el propio Consejo General IFE que –a través del secretario, Edmundo Jacobo Molina– solicitó que el tribunal explicara cuáles eran los alcances de la sentencia para las candidaturas establecidas a través de un “proceso democrático interno”.

En la solicitud presentada ante el TEPJF, Molina preguntó qué pasaría si en el Partido Acción Nacional (PAN) o, inclusive, en cualquier instituto político, no se contará con la suficiente participación y triunfo de mujeres que garantice el cumplimiento de las cuotas de género.

“Al celebrarse un procedimiento democrático no se asegura ni existe la certeza de la participación de las mujeres, ni mucho menos de su eventual triunfo en el proceso de selección interno”, argumentó el secretario del IFE.

También señaló que las nuevas reglas podrían generar perjuicio a los varones y que los candidatos registrados antes de la sentencia podrían ver transgredidos sus derechos adquiridos. No obstante el tribunal declaró improcedente la consulta.

De acuerdo con el magistrado presidente, Alejandro Luna Ramos, la Sala Superior se limitó a precisar que el artículo 219 del Cofipe no prevé mayores elementos para definir qué es un “proceso democrático”, por lo que remitió su definición a lo previsto en los estatutos de cada partido político.

En opinión de Martha Tagle, precandidata al Senado por el partido Movimiento Ciudadano (MC), el Partido Verde Ecologista de México es otro de los institutos que ha expresado dudas sobre las cuotas, pero confió que en estas elecciones no haya excusas para acatar la ley electoral.

Recordó que de acuerdo con el artículo 221 del Cofipe si un partido no cumple con las cuotas de género, el IFE le requerirá que en el plazo de 48 horas rectifique la solicitud de registro, y en caso de no hacerlo le hará una amonestación pública e incluso una sanción económica.

“TEPJF AFECTA DERECHOS POLÍTICOS”

Por su parte, un grupo de militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), conformado por Édgar Mereles Ortiz, Sergio Fermín Trejo Durán, Jorge Aguirre Marín y René Muñoz Vázquez, impugnaron las modificaciones que el IFE hizo en cumplimiento de la sentencia, el pasado 14 de diciembre.

A decir de los priistas, modificar las reglas para la postulación de candidatos para los comicios del 1 de julio, afectaba su derecho para ser registrados como candidatos a diputados o senadores federales por el principio de mayoría, toda vez que su partido ya había lanzado las convocatorias respectivas.

Con este argumento, el pasado 23 de diciembre los militantes presentaron una impugnación ante el IFE, el cual a su vez la remitió al tribunal electoral.

En el documento presentado por los inconformes se precisaba: “Nada me garantiza que van a ir cuando menos esa composición (120 candidatas a diputadas y 26 a senadoras) y que el partido va a poder estar en posibilidad de cumplir, e insisto, quién garantiza mi derecho de que el partido va a poder promoverme”.

Se agregaba: “Es decir, podemos tener más aspirantes mujeres y menos hombres, o menos hombres y más mujeres, y cómo obligar si ello aconteciera o cómo restringirles los derechos de que no se registren porque ya se tiene el mínimo, y cómo obligar al género a que se registre porque no se tiene el mínimo”.

Los priistas también alegaron que “las mujeres no tienen participación” en las comunidades indígenas, donde los usos y costumbres son el método de elección de sus representantes, por ello indicaron que no se alcanzaría la cuota mínima marcada por la ley.

Pese a estos alegatos jurídicos, el TEPJF indicó que se trataba de “estipulaciones” que carecían de elementos objetivos y concretos que sustentaran el riesgo de transgredir su derecho a ser votados, en caso de que el partido político en el que militan (PRI) no cumpliera con la cuota de género.

Al respecto, Refugio Morales agregó que la decisión del tribunal electoral es inapelable por lo que los institutos políticos están obligados a respetarla. Agregó que el pasado 11 de enero la Red Mujeres en Plural publicó una lista de más de mil mujeres políticas para demostrar que sí hay posibles candidatas en los partidos.

Indicó que con esta acción el mensaje es que se vigilará el cumplimiento de la ley, y confió en que cualquier revés será detectado por la sociedad civil y así denunciarlo ante las autoridades correspondientes.

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