“A fuerzas hay que dejarse escarbar ‘allá
abajo’, sino no hay dinero”, dijo Julieta Sántiz, vocal del programa
Oportunidades, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en San
Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Este año el Grupo de Mujeres de San Cristóbal (COLEM) realizó un taller
con mujeres rurales e indígenas para conocer el impacto que tenía en
sus vidas los programas sociales de los distintos órdenes de gobierno.
Uno de los más comentados fue el del gobierno federal llamado
Oportunidades.
“El programa, según denuncias de mujeres provenientes de la región de
los Altos, induce y presiona a las beneficiarias para que se realicen
un método definitivo de control natal”, explicó Martha Figueroa,
integrante del COLEM.
Mujeres jóvenes, en edad laboral, de entre 16
y 30 años, migran desde sus localidades a Estados Unidos por la
influencia de las redes sociales, afirmó Ana Melisa Pardo, estudiante
del doctorado en Geografía de la UNAM.
Durante su ponencia “Las otras rutas migratorias”, la académica dijo
que además de las redes sociales (Facebook o Twitter), en la migración
femenina influye la situación en sus hogares, donde prevalece la
violencia familiar o conyugal.
Esas redes cibernéticas influyen como un “gancho” para las jóvenes al
presentarles un panorama que alienta el ingreso económico, y por eso
ellas parten para buscar superar las condiciones de desempleo de sus
lugares de origen.
Al igual que en una localidad marginada del
país, en comunidades indígenas asentadas en esta capital se da también
la venta de niñas y adolescentes para matrimonios forzosos, sin que el
Gobierno del Distrito Federal (GDF) intervenga para evitar la violación
de los derechos sexuales y reproductivos de estas menores de edad.
La activista Albania González, quien lleva cinco años trabajando con
población indígena que vive en esta ciudad, puso como ejemplo que en
las comunidades triquis establecidas en la delegación Cuauhtémoc “sigue
la venta de niñas con fines matrimoniales”.
González, integrante de Consultoría de Estrategias para la Igualdad
Social (Conesis), añadió que la situación es preocupante, pues cuando
las menores de edad son vendidas “quedan expuestas a violencia,
infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no planeados en la
adolescencia”.
El gobierno de Chihuahua se comprometió a
emitir una disculpa pública por las declaraciones de funcionarios
estatales contra el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm)
y su directora, Luz Estela Castro, las cuales colocan en grave riesgo a
las activistas y pone en entredicho su labor humanitaria.
En entrevista telefónica, Francisca Jiménez Barrientos, coordinadora de
la Red por la Participación Ciudadana, informó que ayer el secretario
de Gobierno de Chihuahua, Raymundo Romero, se comprometió a publicar
tal disculpa –aunque no dijo cuándo– durante una reunión con
organizaciones civiles.
El pasado 7 de octubre el gobierno estatal presentó a José Enrique
Jiménez Zavala, “El Wicked”, como el presunto autor material del
asesinato de Marisela Escobedo, cometido el 16 de diciembre de 2010
mientras la activista realizaba un plantón frente al Palacio de
Gobierno de Chihuahua.
Con el fin de informar sobre las condiciones
que dejan a la población indígena en vulnerabilidad ante el virus de
inmunodeficiencia humana (VIH), en las comunidades expulsoras de
migrantes, el próximo domingo se realizará el Segundo Festival de
Radios y Comunicadores “Voces sin fronteras. Conociendo más sobre VIH”.
El festival tendrá como sede la Plaza Lázaro Cárdenas, en Pátzcuaro,
estado de Michoacán, y consistirá en la emisión de mensajes en lengua
purépecha que podrán escucharse de las 10 de la mañana a las 8 de la
noche, en radios comunitarias que transmiten por FM e internet.
En un comunicado, las organizaciones participantes como el Club Espejo
de Chicago en Morelia y Salud Integral para la Mujer, señalaron que con
la transmisión buscan brindar servicios gratuitos de información para
la prevención del VIH en comunidades indígenas.
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