La dependencia deberá continuar con la investigación del caso Ayotzinapa y su transformación en la nueva Fiscalía General de la República
lasillarota.com
CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- La próxima titular de la Procuraduría General de la República (PGR) recibe la dependencia con casos pendientes como el de los 43 normalistas de Ayotzinapa;
con varias de sus áreas acéfalas –entre ellas la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO)– y en
medio de un proceso para su transformación en la Fiscalía General de la República.
Estos son los retos de Arely Gómez como nueva procuradora.
Los pendientes
Ayotzinapa. El pasado 28 de enero, el aún procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, aseguró que la investigación por la desaparición y homicidio de 43 normalistas de Ayotzinapa no estaba cerrada.
Entre los pendientes del caso está el cumplimiento de órdenes de aprehensión y la integración de averiguaciones que se van a acumular a las que ya se plantearon, incluida la de desaparición forzada.
Además, en un informe, el Equipo Argentino de Antropología Forense que participa en las investigaciones a petición de los padres de los normalistas, señaló que hay diferencias en los perfiles genéticos de familiares procesados por la PGR y que fueron enviados al laboratorio de Innsbruck, en Austria para su análisis.
Los familiares de los normalistas han advertido en reiteradas ocasiones que no confían en los resultados de la investigación de la PGR. La investigación no ha terminado.
Tlatlaya. El pasado 26 de febrero, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (Ifai) instruyó a la Procuraduría General de la República (PGR) para que entregue una versión pública de las consignaciones por el caso Tlatlaya, en el estado de México, en el que las investigaciones han comprobado el asesinato extrajudicial de 15 personas por parte de miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Lo anterior después de graves cuestionamientos a las respuestas incompletas e incluso “falseadas” a las diversas solicitudes de información, copias de las averiguaciones previas iniciadas, documentos y dictámenes periciales relacionados con esos hechos, así como los turnos de consignaciones.
Los señalamientos de que la PGR intenta encubrir al Ejército son fuertes ante la falta de transparencia y de evidencias a cerca de que la dependencia atrajo el caso hasta el 23 de septiembre de 2014, pese a que la ejecución había ocurrido el 30 de junio de ese mismo año.
Por el hecho, el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal dictó auto de formal prisión en contra de siete militares; sin embargo hasta el momento no se ha actuado contra funcionarios de la Procuraduría del Estado de México ni de la propia PGR.
Oceanografía. En octubre de 2014, el accionista mayoritario de OceanografÍa, Amado Yáñez, quedó formalmente preso, por un fraude a Banamex, banco al que solicitó un préstamo por unos 300 millones de dólares con documentos falsos de contratos con Pemex.
Aunque el caso fue calificado como “un éxito” por las propias autoridades, aún está pendiente el arresto de otros socios de Oceanografía como Martín Díaz Álvarez, a quien le fue negado un amparo.
Las áreas sin dirección
Durante su comparecencia ante Senadores, Arely Gómez escuchó las imputaciones que sus ex compañeros en el recinto legislativo le hicieron respecto a las áreas de la PGR que están “acéfalas”.
Por ejemplo, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), que tiene como encargado de despacho a Abraham Eslava Arvizu; la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, con Eliana García Laguna, en el mismo puesto.
Además, se enumeró también a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales que tiene como encargado a Francisco Camberos Hernández; en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), también tiene nuevo titular, Santiago Nieto Castillo.
Por si fuera poco,, los cambios también fueron acompañados por la salida de la subprocuradora de Asuntos Jurídicos e Internacionales, Mariana Benítez Tiburcio, puesto que ocupó Arely Gómez pero que quedará vacante una vez que la priísta sea ratificada como procuradora.
Sistema de Justicia Penal
En septiembre de 2014, hace cinco meses, el entonces titular de la PGR Jesús Murillo Karam reconoció que la implementación del nuevo sistema de justicia penal va lento y que incluso la federación está aún más atrasada que los estados.
Al comparecer ante integrantes de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Justicia de la Cámara de Diputados, como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de Ejecutivo Federal, Murillo Karam dijo que “falta mucho tramo por hacer”.
De acuerdo con la reforma de 2008, el sistema de justicia penal deberá entrar en vigor todo el país a partir de mediados de 2016. Sin embargo, estados como Querétaro, Michoacán y Tamaulipas registran rezagos en la implementación de los juicios orales.
En noviembre de 2014, en su análisis Reporte de hallazgos 2014 sobre los avances en la implementación y operación de la reforma penal en México, el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC), advirtió que “se corre el riesgo de que el resultado sea una implementación deficiente” pues en su evaluación “ninguna entidad federativa logró el estándar establecido para 2014”.
Otro aspecto que pone en riesgo la implementación del Sistema de Justicia penal es la situación económica por la que atraviesa el país y que llevó al Poder Judicial de la Federación a realizar un ajuste presupuestal por poco más de 400 millones de pesos, lo que equivale al 7.7% de su presupuesto.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral y el Consejo de la Judicatura Federal anunciaron que el ajuste “no afectará el cumplimiento de sus metas sustantivas y prioritarias”, entre ellas la implementación del nuevo sistema penal, sin embargo algunos estados, como Querétaro, reportan retrasos por falta de recursos económicos.
En plena transformación
Arely Gómez González también tendrá en sus manos el proceso de transformación de la Procuraduría a Fiscalía General de la República que le dará a dicho órgano autonomía administrativa, operativa y presupuestal.
El Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC) ha enumerado dos grandes dos grandes funciones de la FGR: que no dependerá funcionalmente de un poder público con lo que posibilita la investigación independiente, imparcial y objetiva de los delitos; y que su autonomía financiera y patrimonio propio, buscan facilitar la asignación de todo tipo de recursos para perseguir los delitos de forma eficiente.
La FGR estará integrada por dos fiscalías especializadas: en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General.
El reto para Arely será llevar a buen puerto la transformación de la PGR, pues de esto podría depender que sea nombrada como la primera Fiscal General o que sea sustituida como Jesús Murillo Karam.
bvn
Los pendientes
Ayotzinapa. El pasado 28 de enero, el aún procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, aseguró que la investigación por la desaparición y homicidio de 43 normalistas de Ayotzinapa no estaba cerrada.
Entre los pendientes del caso está el cumplimiento de órdenes de aprehensión y la integración de averiguaciones que se van a acumular a las que ya se plantearon, incluida la de desaparición forzada.
Además, en un informe, el Equipo Argentino de Antropología Forense que participa en las investigaciones a petición de los padres de los normalistas, señaló que hay diferencias en los perfiles genéticos de familiares procesados por la PGR y que fueron enviados al laboratorio de Innsbruck, en Austria para su análisis.
Los familiares de los normalistas han advertido en reiteradas ocasiones que no confían en los resultados de la investigación de la PGR. La investigación no ha terminado.
Tlatlaya. El pasado 26 de febrero, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (Ifai) instruyó a la Procuraduría General de la República (PGR) para que entregue una versión pública de las consignaciones por el caso Tlatlaya, en el estado de México, en el que las investigaciones han comprobado el asesinato extrajudicial de 15 personas por parte de miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Lo anterior después de graves cuestionamientos a las respuestas incompletas e incluso “falseadas” a las diversas solicitudes de información, copias de las averiguaciones previas iniciadas, documentos y dictámenes periciales relacionados con esos hechos, así como los turnos de consignaciones.
Los señalamientos de que la PGR intenta encubrir al Ejército son fuertes ante la falta de transparencia y de evidencias a cerca de que la dependencia atrajo el caso hasta el 23 de septiembre de 2014, pese a que la ejecución había ocurrido el 30 de junio de ese mismo año.
Por el hecho, el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal dictó auto de formal prisión en contra de siete militares; sin embargo hasta el momento no se ha actuado contra funcionarios de la Procuraduría del Estado de México ni de la propia PGR.
Oceanografía. En octubre de 2014, el accionista mayoritario de OceanografÍa, Amado Yáñez, quedó formalmente preso, por un fraude a Banamex, banco al que solicitó un préstamo por unos 300 millones de dólares con documentos falsos de contratos con Pemex.
Aunque el caso fue calificado como “un éxito” por las propias autoridades, aún está pendiente el arresto de otros socios de Oceanografía como Martín Díaz Álvarez, a quien le fue negado un amparo.
Las áreas sin dirección
Durante su comparecencia ante Senadores, Arely Gómez escuchó las imputaciones que sus ex compañeros en el recinto legislativo le hicieron respecto a las áreas de la PGR que están “acéfalas”.
Por ejemplo, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), que tiene como encargado de despacho a Abraham Eslava Arvizu; la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, con Eliana García Laguna, en el mismo puesto.
Además, se enumeró también a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales que tiene como encargado a Francisco Camberos Hernández; en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), también tiene nuevo titular, Santiago Nieto Castillo.
Por si fuera poco,, los cambios también fueron acompañados por la salida de la subprocuradora de Asuntos Jurídicos e Internacionales, Mariana Benítez Tiburcio, puesto que ocupó Arely Gómez pero que quedará vacante una vez que la priísta sea ratificada como procuradora.
Sistema de Justicia Penal
En septiembre de 2014, hace cinco meses, el entonces titular de la PGR Jesús Murillo Karam reconoció que la implementación del nuevo sistema de justicia penal va lento y que incluso la federación está aún más atrasada que los estados.
Al comparecer ante integrantes de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Justicia de la Cámara de Diputados, como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de Ejecutivo Federal, Murillo Karam dijo que “falta mucho tramo por hacer”.
De acuerdo con la reforma de 2008, el sistema de justicia penal deberá entrar en vigor todo el país a partir de mediados de 2016. Sin embargo, estados como Querétaro, Michoacán y Tamaulipas registran rezagos en la implementación de los juicios orales.
En noviembre de 2014, en su análisis Reporte de hallazgos 2014 sobre los avances en la implementación y operación de la reforma penal en México, el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC), advirtió que “se corre el riesgo de que el resultado sea una implementación deficiente” pues en su evaluación “ninguna entidad federativa logró el estándar establecido para 2014”.
Otro aspecto que pone en riesgo la implementación del Sistema de Justicia penal es la situación económica por la que atraviesa el país y que llevó al Poder Judicial de la Federación a realizar un ajuste presupuestal por poco más de 400 millones de pesos, lo que equivale al 7.7% de su presupuesto.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral y el Consejo de la Judicatura Federal anunciaron que el ajuste “no afectará el cumplimiento de sus metas sustantivas y prioritarias”, entre ellas la implementación del nuevo sistema penal, sin embargo algunos estados, como Querétaro, reportan retrasos por falta de recursos económicos.
En plena transformación
Arely Gómez González también tendrá en sus manos el proceso de transformación de la Procuraduría a Fiscalía General de la República que le dará a dicho órgano autonomía administrativa, operativa y presupuestal.
El Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC) ha enumerado dos grandes dos grandes funciones de la FGR: que no dependerá funcionalmente de un poder público con lo que posibilita la investigación independiente, imparcial y objetiva de los delitos; y que su autonomía financiera y patrimonio propio, buscan facilitar la asignación de todo tipo de recursos para perseguir los delitos de forma eficiente.
La FGR estará integrada por dos fiscalías especializadas: en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General.
El reto para Arely será llevar a buen puerto la transformación de la PGR, pues de esto podría depender que sea nombrada como la primera Fiscal General o que sea sustituida como Jesús Murillo Karam.
bvn
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