6/15/2016

Faltan reformas legales para castigar acoso de manera efectiva



   Inmujeres-DF reconoce “escollos” en las normas locales

Además de repartir silbatos, se deben reformar el Código Penal capitalino y otras normas locales para garantizar que los acosadores sexuales sean sancionados, y las mujeres que denuncien no sean revictimizadas en el proceso, dijo la directora del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres-DF), Teresa Incháustegui Romero.

La funcionaria explicó que la recientemente anunciada “Estrategia 30-100 contra la violencia hacia las mujeres en el transporte y espacio público”, se basa en un diagnóstico que el Inmujeres-DF elaboró junto con ONU-Mujeres y El Colegio de México, y según el cual ocho de cada 10 capitalinas no denuncian la violencia sexual por considerar que es algo de lo que no se pueden eximir, pero también porque no se han sentido apoyadas en la defensa de su derechos.

Destacó que desde que arrancó la estrategia el pasado 25 de abril, se han registrado 320 denuncias por violencia sexual, cuando en el pasado había 280 en todo un año.

Al participar en un evento de apoyo a la “Estrategia 30-100”, organizado por la Asamblea Legislativa del DF en un hotel de esta ciudad, Incháustegui Romero admitió que las denunciantes de acoso sexual se enfrentan a “fallas” y “escollos” de las mismas leyes, y que impiden a las autoridades atender tales denuncias y castigar a los agresores por más sensibilizadas que estén.

Precisó que las limitantes están en el Código Penal local, el cual tipifica el acoso sexual pero lo define como un acto “que causa sufrimiento”, y exige diversos requisitos para comprobarlo.

“Es un trabajo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal eliminar ese escollo”, apuntó la titular del Inmujeres-DF.

En breve entrevista, Teresa Incháustegui detalló que se debe sensibilizar a las y los servidores públicos. Como parte del programa “Viajemos Seguras”, iniciado en 2007, precisó que el Inmujeres-DF ha dado más de 80 mil capacitaciones en este tema.

La funcionaria informó que actualmente coordina mesas de discusión en las que participan grupos civiles, especialistas e instituciones (aunque no dio nombres), que están deliberando sobre posibles reformas legales en la materia.

Incháustegui Romero observó que la Procuraduría General de Justicia del DF no puede eliminar los peritajes psicológicos a las víctimas de acoso, ya que están estipulados en el Código Penal.

Consideró que el acoso sexual (tipificado como un delito penal) debería sancionarse por la vía de la justicia cívica, y considerar penas progresivas en caso de que los agresores reincidan.

“Si fuera mi decisión, (las denuncias) las pasaría por ahí (la Ley de Cultura Cívica), e incluso plantearía (como sanción) la detención, porque si te detienen 36 horas por dos copas, por qué no a un acosador. O (los sancionaría) con trabajo comunitario, penas alternativas, pero es una cosa que no soy yo quien lo tiene que decidir”, advirtió.

La funcionaria confirmó que pese a ser delitos penales, algunas denuncias ya están siendo resueltas por vía administrativa, como “infracciones contra la dignidad de las personas”. “Depende del tipo de gravedad de la agresión si se pueden conducir por esta vía”, acotó.

Sobre las víctimas que en los juzgados cívicos son llevadas a conciliar la violencia sexual con su agresor, Incháustegui recordó que el nuevo Sistema Penal Acusatorio obligará a los ministerios públicos a establecer vías alternas a la detención, pero que se debe revisar cómo se está conciliando.

“Tenemos que saber si las víctimas que estuvieron en ese proceso de conciliación están conformes o no, y de acuerdo a eso crear un lineamiento y una vigilancia porque no se trata de que toda la gente vaya a la cárcel. Si alguien que cometió una agresión de acoso, pero que no implica necesariamente una pena de privación de la libertad, pues que pague una multa que le dé una satisfacción a la víctima, y con la cual quede reparado su daño”, añadió.

Teresas Incháustegui señaló que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del DF, vigente desde 2008, también requiere modificaciones sobre el tipo de servicios que se deben brindar a las víctimas. Observó que en la ALDF no se están planteando todas las reformas necesarias.

“PROGRAMA VIEJO”

Incháustegui confirmó que la “Estrategia 30-100” se basa en las metas que desde marzo de 2015 el gobierno local se comprometió a cumplir con ONU-Mujeres, como parte del programa “Ciudad Segura y Amigable para las Mujeres y las Niñas”, para el cual se firmó un convenio.

Aclaró que las medidas de la estrategia son acciones que se estaban trabajando y que el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, “no las sacó como una varita mágica”.

Agregó: “Los que dicen que es un programa viejo, sí es un programa viejo en el sentido de que se viene trabajando, no es una improvisación, y esto es algo muy importante a destacar porque se tiene la idea de que las cosas que sacamos en los gobiernos se hace sobre la base de ocurrencias, preferencias y elecciones políticas. En este caso se trata de un compromiso que desde 2013 se viene construyendo”.

Respecto a los criticados silbatos antiacoso, la funcionaria dijo que falta hacer trabajo en la comunidad para implementar la medida, y que está pensada como un programa piloto que se realizará en el Sistema de Transporte Colectivo Metro y en seis delegaciones.

Imagen retomada del sitio inmujeres.cdmx.gob.mx
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

No hay comentarios.:

Publicar un comentario