6/17/2016

“Anticorrupción. ¿De qué estamos hablando? ¿Vamos en serio?”, artículo de Miguel Pulido


Alegatos por Miguel Pulido
Foto: Moisés Pablo/ Cuartoscuro

El último zafarrancho legislativo es el de la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción. Dado que la discusión en el Congreso ha venido acompañada de una intensa ráfaga de acusaciones y descalificaciones, conviene poner en orden algunas ideas sobre el asunto.
1.- Lo que está en juego
Hay algo que a pesar de ser obvio, se dice poco. La corrupción no es un delito sin víctimas. No lo maticemos. La corrupción es violencia. Por eso un amplio y creciente sector de la sociedad mexicana parece por fin estar decidido a enfrentarla, a desterrarla. Por más que se nos diga que es cultural o que es algo de la condición humana.
El estudio La corrupción en México: percepción, prácticas y sentido ético presenta reveladoras cifras. 92% de los encuestados consideró que hay corrupción en México. Para el 70% es el segundo problema más importante, sólo después de la inseguridad con el 81% e incluso antes que el narcotráfico con 57%.
Para un considerable sector de mexicanos está firme la idea de que el Estado funciona sólo al servicio de unos cuantos: 36% cree que, al elaborar las leyes, el Congreso toma en cuenta los intereses de sus partidos; 31% cree que toman en cuenta sus propios intereses; sólo el 14% cree que toman en cuenta a la población (Secretaría de Gobernación, 2012).
La lista de ejemplos es variopinta y abundante. En uno de ellos, la seguridad pública, la situación es crítica. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública encontró que el 70% de la población considera a las policías estatales corruptas, mientras que 60% cree que la policía federal también lo es y el 43% opina lo propio del Ejército.
Cierto, hay muchos tipos de corrupción y en diversos sectores de la sociedad. Sin embargo, hay una que tiene a la sociedad a punto de ebullición: la corrupción política.
Sin rollos: es un problema grave, real e hiperpresente.
2.- El núcleo de la polémica
En ese contexto, a tropezones se aprobó anoche en la Cámara de Diputados la Ley General de Responsabilidades de Administrativas.
La discusión ha estado salpicada de polémica y de acusaciones. Lo mismo entre las distintas bancadas en el Congreso que entre legisladores y representantes de organizaciones civiles.
El punto más álgido gira respecto al artículo 29 de dicha Ley que contenía la que se ha conocido como la 3 de 3. Algo tan sencillo como la obligación de hacer públicas (de manera abierta y detallada) las declaraciones patrimoniales, la declaración de intereses y la declaración de impuestos de los servidores públicos.
El resultado ha dejado a más de uno insatisfecho. La prensa ha recuperado que lo que hoy tenemos es la aprobación de una iniciativa 3de3 light, pues no incluye la obligación inmediata de hacer públicas estas 3 declaraciones e incluye posibles restricciones apelando a conceptos como vida privada y datos personales.
Aunque el paquete de reformas y nuevas leyes es muy amplio, dado el hartazgo de la sociedad, las condiciones para la polémica están servidas. El mensaje es sencillo: contra la corrupción política, queremos todo, empezando por lo “simbólico”.
3.- Hay “Derechos” y derechos
Creo que este proceso legislativo ha puesto en evidencia otros problemas menos discutidos.
Uno de ellos, la confirmación de que muchos de nuestros políticos siguen pensando que hay ciudadanos de primera y de segunda. Unos que deben soportar afectaciones (nosotros) y otros que deben recibir privilegios (ellos).
En su negativa a hacer públicas las declaraciones o parte de ellas, las y los senadores han intentado escudarse en la Constitución, en la vida privada, en los datos personales. Un estándar que no siempre tienen en mente al momento de legislar.
En materia de seguridad, por ejemplo, el Congreso ha autorizado en la última década una amplia gama de medidas contra nuestros derechos y libertades: arraigo, retenes, acopio desmedido de datos personales y acceso a información sensible con simples órdenes administrativas.
En las mismas horas que la vida privada de las y los senadores era una razón para matizar la publicidad de las declaraciones patrimoniales y fiscales, la Cámara de Diputados aprobó un paquete que permite a la PGR usar tecnología para la intervención de comunicaciones de los particulares.
Se trata de medidas simplemente prohibidas en otros países, declaradas inconstitucionales por los tribunales o denunciadas por organismos internacionales de derechos humanos. Pero aquí se nos ha dicho que la ciudadanía debe soportarlas, en nombre de la seguridad.
La propia discusión de las leyes anticorrupción dan cuenta de esta absurda conducta de los legisladores. En una suerte de venganza por ser exhibidos en su resistencia a la publicidad de las declaraciones de los servidores públicos, el bloque PRI-PVEM modificó de última hora la ley para incluir una obligación similar para cualquier particular que contrate con el sector público.
¿Usted le quiere vender al Municipio de Ixtaczoquitlan? Pues entonces tendrá que entregar su declaración de impuestos, patrimonial y de intereses.
¿En qué quedamos? ¿No que había preocupación por los datos personales y la confidencialidad?
Así como está y sin mayor desarrollo, esta medida visita la frontera del disparate. El simple acopio de toda esta información tiene un tufo a desproporcional, carece de referentes en el derecho comparado, requerirá de fuertes medidas de control y –salvo millonarias inversiones- anticipa un fracaso en su puesta en práctica.
Es el mundo del revés. En donde la clase política debe autocontenerse, ser seria y esforzada para no afectar a la ciudadanía: ahí deciden que nuestros derechos no son tan importantes.
Pero cuando es la clase política la que debe soportar afectaciones o molestias razonables, como la publicidad de las declaraciones –medida con sólidos fundamentos jurídicos y políticos- muestran una seria capacidad de resistencia.
4.- La corrupción no se acaba por decreto
En México, para resolver problemas la clase política de lengua se come un taco y de paso aprueban un par de leyes. Sería demasiado inocente pensar que con la simple aprobación de un paquete legislativo un problema tan denso como la corrupción se solucionará.
Sin embargo, legislar en la materia puede tener una lectura política importante. Los clásicos de los estudios críticos del derecho dicen que las leyes son la condensación de la correlación de fuerzas en conflicto en un momento histórico particular.
Erradicar la corrupción requerirá de fuertes asignaciones presupuestarias, el involucramiento de personas con talento y compromiso, la capacidad social para resistir futuras contrarreformas explícitas o implícitas y largo etcétera.
Si esta lucha es seria y determinada como parece, desatará potentes conflictos. Los intereses afectados no esperarán sentados y con una sonrisa a que recuperemos miles de millones de pesos que hoy se embolsan con toda impunidad.
Con la aprobación de este paquete legislativo no hemos ganado nada aún. Si acaso, el derecho a iniciar un largo camino que requerirá de mucha firmeza y de repetir esfuerzos como éste muchas veces más.

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