Enfrentar la protesta magisterial con militarismo, fuerzas policiacas y justicia penal a modo, es un error muy grave.
lasillarota.com
Muchas horas se concentran en el cuarto de guerra del presidente
Peña Nieto y su secretario Aurelio Nuño para enfrentar la rebeldía de
miles de maestros por la contrareforma educativa. Han optado por el uso
de la fuerza no sólo en contra de los manifestantes sino encarcelando a
los dirigentes de la CNTE en Oaxaca quienes han mostrado la mayor
resistencia.
Ya mandaron a la PGR para que dé la cara y se apresure a decir a los
medios de comunicación, que existen ordenes de aprehensión contra otros
24 integrantes de la CNTE por diversos “hechos irregulares”. Que ya son
7 líderes magisteriales detenidos y que van por más. Los ministerios
públicos se han convertido en mandaderos del poder, propalando lo que
pretenden hacer, violentando la ley para persuadir a la opinión pública
que los maestros opositores son “presuntos” delincuentes. Difamarlos
sin derecho a defensa.
Los acusan de delitos graves para que pasen muchos meses o incluso
años, al menos hasta que termine este régimen, para quedar como rehenes
políticos para imponer a su antojo, según ellos, la mal reforma
educativa. Una reforma de cascarón, vacía, sin propuestas, ni
participativa con los maestros ni con padres de familia.
También han impuesto cientos de despidos para detener la
inconformidad magisterial, pero esta no cesa. Los acusan de no acudir a
exámenes de evaluación a pesar de haber sido notificados irregularmente
con apenas dos días de anticipación y en horas y días inhábiles.
Maestras y maestros los despedidos sin tacha ni falta en todos sus años
de trabajo. Expedientes limpios y con un arraigo en las escuelas donde
impartían sus clases por su trabajo. Pero aun así están fuera.
Los equipos jurídicos de los gobiernos estatales dirigidos desde la
Secretaría de Educación Pública federal ya preparan más despidos, pero
la revuelta sigue.
Los estrategas gubernamentales piensan que, con la fuerza pública,
encarcelamientos y despidos así apagaran el movimiento opositor a esa
reforma estructural. Son cientos de millones de pesos en publicidad los
que gasta el gobierno federal para que en los medios de comunicación
convenzan de las supuestas bondades de esa mal llamada reforma educativa
y justificar así las acciones represivas.
Lo más grave ha sido el enfrentamiento con pobladores que se han
unido a los maestros porque se han dado cuenta que sólo es demagogia eso
de la mejora de sus escuelas y porque la manutención de éstas sigue
recayendo en la gente más pobre. El gobierno se ha hecho a un lado de
sus responsabilidades constitucionales para sostener ante todo la
educación pública gratuita.
Hay gobiernos como el de Quintana Roo, ahora en relevo político, que
han acusado a sus maestros de “usurpación de funciones” por atreverse a
seguir dando clases a petición de los padres de familia. Mandan
citatorios de los ministerios públicos para intimidar, pero no lo han
logrado. La protesta sigue.
La revuelta magisterial se empata con una cuestionable reforma
judicial recién aprobada la cual permite la intervención del ejército en
las calles y en auxilio de la policía. Ésta reforma le permite
corroborar denuncias, localizar, descubrir o recibir aportaciones de
indicios o elementos probatorios e incluso realizar detenciones.
En las últimas horas en la que habitantes de Nochixtlán, Oaxaca han
realizado bloqueos carreteros por las acciones en contra del magisterio
de ese estado se ha aparecido el ejército en apoyo a la policía federal y
estatal. Lo mismo ha sucedido en Tabasco, Guerrero y Chiapas en los
últimos días. En numerosas protestas el ejército ha relucido sus armas
frente a un pueblo que levanta pancartas contra la reforma educativa.
En contubernio con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) el gobierno federal ya prepara imponer una comisión
ejecutiva ilegítima de la sección 22 para descabezar legalmente la
dirigencia. Lo que no entiende el gobierno es que el movimiento
magisterial de todo el país no es de líderes es de bases. En muchos
lugares no sólo participan padres de familia sino la población en
general que no se deja engañar con las burdas acciones gubernamentales.
Es muy peligroso el experimento que realiza el gobierno federal para
enfrentar la revuelta magisterial sin ningún tipo de dialogo ni búsqueda
de alternativas ante derechos laborales que ha sido desconocidos sin
ninguna justificación.
No usa argumentos sino la violencia irracional. Enfrentar la
protesta magisterial con militarismo, fuerzas policiacas y justicia
penal a modo, es un error muy grave; pero el gobierno no lo entiende
porque es pequeño.
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