Cambio de Michoacán
No a muchos les habrá
pasado inadvertido el protagonismo que en los últimos meses —en algunos
casos, de varios años atrás— han venido asumiendo los empresarios
mexicanos en diversos temas de la vida pública del país. No es ya que se
manifiesten en torno a los temas que les eran propios tradicionalmente,
como la política económica y monetaria, inversión pública y privada,
liberalización, tasas impositivas, etcétera. Mucho más allá de ello,
ahora diversos líderes de ese sector se manifiestan políticamente de
manera pública sobre temas que atañen a toda la sociedad de diversas
maneras.
No es ilegítimo que lo hagan; el problema está en que los
gobiernos, solícitos, escuchan prioritariamente esas opiniones mientras
ignoran o menosprecian las de otros grupos de la sociedad, incluso más
calificados e interesados en determinadas políticas públicas.
El caso más conocido, y quizás el más grave, es el del grupúsculo
pernicioso autodenominado Mexicanos Primero, conformado por varios de
los oligarcas más importantes del país y más allá: Azcárraga, Servitje,
González Guajardo, Ramírez Villalón y Ramírez Magaña, etc. Ninguno de
ellos es o ha sido educador; mucho menos pedagogo. Sería increíble que
alguno de ellos haya pasado por la escuela pública para su formación;
menos aún que envíen a sus hijos a instituciones educativas estatales.
Sin embargo, pretenden dictar en todo el país la política educativa, y
en gran medida lo han logrado a través de la reforma de 2013 contra el
magisterio nacional. Como se sabe, esa supuesta reforma —sin contenido
educativo o filosofía pedagógica alguna— ha llevado al ya muy prolongado
conflicto entre el gobierno peñista y grandes sectores de profesores de
casi todos las entidades del país. Lograron también imponer a una de
los suyos, Sylvia Schmelkes Del Valle (quien antes fue miembro del
Consejo Académico de esa agrupación empresarial) como presidenta del
Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, y desarrollan a través
de los medios una campaña de odio contra la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación, criminalizando constantemente la protesta
social.
Recientemente los grandes empresarios de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) lograron
también echar abajo en el poder Legislativo la iniciativa de ley para
que se les aplicara también la norma 3 de 3 , que hubiera
obligado a los contratistas del gobierno a hacer públicas sus
declaraciones de bienes, fiscal y de conflictos de interés. Bastó con
que se “manifestaran” brevemente (todos trajeaditos y muy monos) en la
Columna de la Independencia para que esa misma noche los recibiera el
presidente de la República en la residencia oficial y la iniciativa
surgida del Senado para enriquecer el Sistema Nacional Anticorrupción
quedara sepultada y en el olvido.
En realidad, más allá de
defender sus propios intereses económicos, el sector empresarial
presenta demandas incluso inconstitucionales y anticonstitucionales,
como limitar el derecho de manifestación de todos los ciudadanos
mediante reglamentaciones de dudosa legalidad. Así ocurre en la
Ciudad de México, Jalisco, Michoacán y otras entidades donde los órganos
legislativos intentan imponer restricciones, algunas de ellas absurdas,
a ese derecho. Desde luego, el propósito no es otro que hacer
intervenir a la fuerza pública en cada movilización social para vigilar
el desarrollo de la misma y, en su caso, reprimir a los manifestantes.
En Michoacán, el vocero de tales demandas ha sido nada menos que el
líder de los hoteleros del Estado, Agustín Arriaga Díez, heredero de un
célebre —por represivo— gobernador, y cuyos negocios no sólo están en el
sector turístico sino en una cadena de distribución de automóviles en
el mismo Michoacán y otras entidades. Alega, sin embargo, que las
manifestaciones (marchas y en ocasiones plantones o cierres de
avenidas) les producen a los comerciantes y hoteleros del Centro
Histórico de Morelia millonarias pérdidas, lo cual sólo podría
confirmarse si, en efecto, transparentaran éstos sus declaraciones
fiscales. Pero, con su sola palabra, ha sido uno de los instigadores
para que diputados del Partido Verde y del PAN presenten sendas
iniciativas contra el libre derecho de manifestación pública.
Otro ejemplo: La mencionada Coparmex y el Consejo Coordinador
Empresarial han promovido amparos “por omisión” contra las autoridades
del gobierno mexicano por no actuar más decididamente y con la fuerza,
contra los maestros movilizados en oposición a la Reforma Educativa en
Oaxaca (donde ha habido muertos, presos y lesionados del lado
magisterial), Chiapas y otras entidades. Y han llegado a sugerir una
huelga en el pago de impuestos si sus belicosas demandas no son
atendidas por los gobernantes. Se oponen radicalmente, incluso, al
establecimiento de mesas de negociación entre la Secretaría de
Gobernación y el magisterio disidente y a cualquier posibilidad de que
el Ejecutivo o el Legislativo cedan terreno a los disidentes. En esas
posiciones, por supuesto, son generalmente secundados por Acción
Nacional.
Y para coronar con una extravagante cereza el pastel,
hace unos días también el señor Vicente Tapia Verduzco, dirigente de la
Fundación para la Calidad y la Competitividad en Michoacán , lanzó
públicamente y sin prueba alguna la acusación de que la CNTE no busca
simplemente la abrogación de la Reforma Educativa “sino que tienen un
trasfondo político de cara a los comicios de 2018” y que hay “puntos de
encuentro entre el crimen organizado, la guerrilla y la CNTE [ya que]
hay miembros que pertenecen a las tres”. Lo asombroso no es una
declaración de ese calibre en labios del empresario, sino que el mismo
gobernador Silvano Aureoles se haya hecho eco de la misma e, igualmente
sin presentar prueba alguna, haya prácticamente ratificado lo señalado
por el empresario.
Los empresarios mexicanos paga salarios de
miseria, reconocidos por la OCDE entre los más bajos del mundo, a la
altura de Honduras, Haití y el África Subsahariana; contratan a sus
empleados por honorarios y tiempo determinado para eludir el pago de las
prestaciones más básicas como la seguridad social y el fondo para la
vivienda; pactan contratos de protección con sindicatos inexistentes o
totalmente blanqueados, que no representan a los trabajadores; eluden
también el pago de impuestos —sobre todo los más grandes capitalistas— a
través del régimen de créditos fiscales totalmente deducibles, creado
en su momento por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Negocian con
el Sistema de Administración Tributaria —o lo ganan en juicios
conducidos por sus equipos de abogados— jugosas devoluciones de
impuestos, como los tres mil millones de pesos reembolsados a Emilio
Azcárraga Jean, de Televisa, durante el gobierno de Felipe Calderón (que
dista de ser un caso aislado, aunque no conozcamos otros múltiples
nombres, amparados por el secreto fiscal). Han sacado del país sumas
estimadas en alrededor de 50 mil millones de dólares para depositarlas
en bancos de los Estados Unidos, Europa o paraísos fiscales.
En
suma, la burguesía mexicana es una de las más rapaces y depredadoras del
mundo contra la clase trabajadora y el Estado mismo; pero además,
rezongona y quejumbrosa cuando siente amenazados sus intereses más
inmediatos. Aun así, no cumplen con el argumento con el que siempre
justifican sus correrías mediáticas y políticas: la creación de empleos.
Casi el 60 por ciento —y creciendo— de la población económicamente
activa se encuentra en la informalidad, sin seguridad social,
sindicalización ni acceso a un mínimo de bienestar, por no hablar de las
vergonzosas pensiones jubilatorias que obligan a nuestros ancianos a
llenar bolsas en los autoservicios o, de plano, pedir caridad en los
cruceros. Son los que han propiciado que siete millones de jóvenes sean
clasificados como ninis , sin acceso al mercado laboral ni al sistema educativo.
Ésa es la clase de capitalistas que pretenden dar clases de moralidad y
representar los intereses más amplios de la sociedad, a nombre de la
cual hablan, siendo ellos una minoría. Son el uno por ciento, si acaso,
cuyas fortunas equivalen casi al 50 por ciento del producto interno
bruto del país, es decir, de todos los bienes y servicios que producen
los mexicanos. Por ello tienen en sus manos al sistema político, al cual
manejan a su voluntad, sin importar el partido que se encuentre en el
gobierno.
Pero muchas veces juegan con fuego, atizan el odio
social y muestran su desesperación frente a cualquier expresión social
que no se amolde a sus deseos. ¿Cuánta responsabilidad les cabe a estos
señores cuando, en efecto, la lumbre incendia la pradera?
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH
No hay comentarios.:
Publicar un comentario