John M. Ackerman
Hoy se cumplen seis meses del
brutal y cobarde asalto al pueblo mixteco por la policía estatal, la
policía federal y la Gendarmería, el 19 de junio de 2016, en el cual
murieron ocho y fueron heridos de bala más de 100 indígenas en el pueblo
de Nochixtlán, Oaxaca. Hasta la fecha, ni un solo agente o mando ha
sido castigado por su responsabilidad en este evidente crimen de Estado.
Con esta enorme huella de impunidad se busca mandar el mensaje de que
el gobierno puede matar y reprimir a su antojo en México.
Pero las víctimas se niegan a rendirse. Están decididos a luchar
hasta el final para lograr un castigo ejemplar para los responsables,
así como justicia para los caídos. Saben que su lucha no es solamente en
defensa de su dignidad, sino también por el derecho de todos los
mexicanos a defender su territorio, su cultura y su historia en el
futuro.
Si permitimos que una nube de silencio cómplice recubra este caso
como ha ocurrido en otros casos recientes: Ayotzinapa, Tlatlaya,
Apatzingán, Ostula y Tanhuato, podemos estar seguros de que cada día
habrá más desaparecidos y masacrados en México. Cada vez que las
autoridades logran imponer su
verdad histórica, el pueblo pierde su control sobre su propio devenir histórico y por lo tanto su capacidad de resistencia, de organización y de poder transformador.
La responsabilidad directa de las fuerzas del Estado es aún más
transparente en el caso de Nochixtlán que en el de Ayotzinapa. Con toda
alevosía y premeditación, el entonces gobernador Gabino Cué, junto con
Miguel Ángel Osorio Chong, buscó acabar de una vez por todas con el
levantamiento magisterial e infundir miedo en la población. Aquel
domingo de plaza y Día del Padre, las fuerzas del Estado demostraron que
no tienen vergüenza ni moral de ningún tipo.
Desde muy temprano, los cientos de policías fuertemente armados
lograron desalojar rápidamente el bloqueo carretero organizado por
maestros de la sección 22 de la CNTE y organizaciones sociales afines en
protesta por la
reforma educativaprivatizadora y neoliberal. En menos de media hora y sin mayor resistencia de parte de los manifestantes, quienes habían acordado un repliegue estratégico, ya se había restablecido el flujo normal de tránsito.
Pero ello no bastaba. La misión no fue simplemente desalojar, sino
también escarmentar. Así que las fuerzas del Estado emprendieron un
ataque brutal directamente en contra del pueblo.
De acuerdo con los testimonios de las víctimas, los policías actuaron
como si pertenecieran a un ejército extranjero invadiendo territorio
enemigo. Empezaron a volar balas por doquier, destrozando cuerpos,
caras, piernas y vidas sin ninguna lógica más allá de sembrar terror.
Los policías también lanzaron gases lacrimógenos, desde aire y tierra,
generando un caos generalizado, así como graves riesgos a la salud tanto
para quienes recibían atención médica en la clínica de Nochixtlán, como
para los niños resguardados en el campamento 20 de noviembre que se
ubica al lado de la carretera federal.
Los gritos indignados, la sangre inocente y la confusión
generalizada se parecían mucho a lo que ocurrió aquel fatídico 2 de
octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. Desde las más altas
esferas del Estado y probablemente con conocimiento y participación
directa de la embajada de Estados Unidos, alguien había dado la orden de
acabar con la resistencia social utilizando toda la fuerza de las armas
y la violencia de Estado.
Tal como ocurrió en 1968, y también más recientemente en el caso de
Ayotzinapa, las autoridades ahora buscan cubrir las huellas de este
crimen de lesa humanidad manipulando evidencias, amenazando testigos y
encubriendo a los responsables. Por ejemplo, la Comisión Especial del
Congreso, dirigida por Mariana Gómez del Campo, prima de Margarita
Zavala, concluyó a finales de agosto que lo que había ocurrido el 19 de
junio fue un
enfrentamientoentre maestros y policías. Ambos lados del conflicto tendrían entonces la misma responsabilidad.
Esta teoría no tiene ni pies ni cabeza. No hubo un solo disparo con
arma de fuego de la población en contra de los policías. La media docena
de policías que sufrieron heridas leves como resultado de la justa
autodefensa del pueblo con palas y cohetones simplemente no se compara
con el letal arsenal desahogado por los policías en contra del pueblo
inerme de Nochixtlán.
Hace unos días, quien escribe estas líneas y doña Elena Poniatowska
tuvimos el honor de haber sido convocados por el comité de víctimas de
Nochixtlán para escuchar sus testimonios y explorar juntos estrategias
para lograr justicia. Dialogamos con jóvenes con balas todavía
enterradas en el cuerpo, con padres que no podían dejar de llorar la
pérdida de sus hijos y con pobladores que nos relataron con lujo de
detalles los acontecimientos. Nos comentaron que existen decenas de
horas de material audiovisual y cientos de fotografías que todavía no se
han divulgado públicamente por miedo a represalias de las autoridades.
El caso Nochixtlán, sin duda, llegará tanto a la Corte Interamericana
de Derechos Humanos como a la Corte Penal Internacional. Si el actual
procurador, Raúl Cervantes, quiere evitar futuros juicios, tanto legales
como históricos, en su contra, tendría que romper de manera tajante con
las prácticas de simulación y complicidad de sus antecesores en el
cargo.
Twitter: @JohnMAckerman
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