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Indígenas tzotziles desplazados de ocho comunidades
de Chalchihuitán. Foto: Frayba
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El clima de violencia que impera en el país
provocó 25 eventos de desplazamiento interno forzado masivos en nueve
estados el año pasado; en ellos, 20 mil 390 personas abandonaron sus
hogares de emergencia y se sumaron a la amplia lista de víctimas
mexicanas de desplazamiento forzado, que se elevaba a por lo menos 329
mil 917 hasta el pasado mes de diciembre.
Esta cifra resulta “sumamente conservadora” porque solo registra los
casos en los que comunidades enteras huyeron de sus pueblos, pero no
incluye las situaciones de las personas y familias que se desplazaron
solas, subrayó José Guevara, el director ejecutivo de la Comisión
Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), que
publicó hoy un informe sobre esta problemática.
Según Guevara, aunque no exista un registro oficial de personas
desplazadas internamente de manera forzada, “el gobierno conoce la
cifra” –planteó que podría rebasar el millón de personas–, pero no las
quiere difundir porque implicaría “reconocer el tamaño del problema y la
existencia de un conflicto armado”.
El informe plantea que los estados de Guerrero, Sinaloa, Chihuahua,
Chiapas y Oaxaca concentraron prácticamente todos los episodios de
desplazamiento masivos registrados en 2017, y Chiapas resultó la entidad
donde el fenómeno afectó a la mayor cantidad de personas: seis mil 90;
la mayor parte de ellos provenían de los municipios de Chalchihuitán y
Chenalhó.
Siete de cada diez desplazados reportados en el informe huyeron ante
la incursión en sus comunidades de grupos armados organizados –que los
atacaron, saquearon los negocios, los amenazaron o practicaron
reclutamiento forzado–; la tercera parte tuvo que abandonar sus casas
por conflictos territoriales y en un caso, en Zacatecas, el pueblo fue
desplazado por un proyecto minero.
Indígenas, la mayoría de desplazados
Además, el 60% de la población desplazada en México el año pasado era
indígena, específicamente de las comunidades tzotzil (Chiapas), nahua
(Guerrero), rarámuri y tepehuanes (Chihuahua), purépecha (Michoacán) y
mixe (Oaxaca).
“No hay un seguimiento claro de lo que les pasa después”, deploró
Brenda Pérez, coordinadora del tema de desplazamiento interno forzado en
la organización. “En general se quedan en el mismo municipio o en el
mismo estado y regresan a sus hogares, pero la experiencia nos permite
dar cuenta de unos estados receptores como Querétaro, Aguascalientes y
Baja California”.
El caso de Maricela Orozco, defensora de derechos humanos
veracruzana, es uno de los miles que el informe no contempló. El 15 de
marzo de 2014, un grupo criminal secuestró a su hijo Gersón Quevedo en
el municipio de Medellín, Veracruz. La mujer pagó el “rescate” y esperó,
en vano. En la misma noche, un hombre, que se decía amigo de la
familia, llegó a su casa y aseguró que Gersón se encontraba en una casa
de la misma colonia.
Alan y Miguel –el otro hijo y el yerno de Orozco, respectivamente–,
acompañaron al hombre hacia esta casa; salieron hombres armados que los
acribillaron. Prácticamente en el mismo momento, la hija y la nuera de
Orozco fueron perseguidas por hombres armados; lograron refugiarse en la
casa de una vecina.
La policía recomendó a Orozco, su esposo y su hija que abandonaran su
casa, porque los iban a asesinar. Del día a la mañana, abandonaron su
casa, muebles y patrimonio, y al desplazarse se enfrentaron a la
ineficiencia y las trabas burocráticas de la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas (CEAV).
“Llegué en 2014, rogando a la CEAV que me ayudara. Fueron meses de
papeles y no logré nada, interpuse un amparo pero no logré nada tampoco:
el juez dijo que el DIF era el indicado para el alojamiento, pero el
DIF dijo que no tenía espacio. No teníamos casa, ni nada, y la CEAV no
nos dio nada de apoyo”, lamentó.
“Urge que el gobierno mexicano reconozca esta problemática. Urge que
las instituciones como el Mecanismo de Protección a Defensores de
Derechos Humanos y Periodistas y la CEAV incorporen medidas de atención
integral y diferenciadas para las víctimas de desplazamiento interno
forzado”, exhortó.
El pasado 18 de diciembre, Orozco identificó el cuerpo de su hijo: se
encontraba, junto con otros 300 cráneos y 17 mil restos óseos, en la
gigantesca “narcofosa” que familiares de desaparecidos hallaron en
Colinas de Santa Fe, en el Puerto de Veracruz.
La mujer asegura que no dejará de ayudar a las decenas de miles de madres de desaparecidos en buscar a sus hijos.
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