Rosy tenía dos exámenes en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) en San Cristóbal de las Casas, así que salió de su casa con un traje y su largo cabello afro (“colocho” se dice en Chiapas) suelto. Pero, al finalizar el día, ella estaba en la comandancia municipal a donde fue llevada de manera arbitraria, y con mechones de su pelo cortado por una policía.
“Tenía varios meses sin salir, pero ese día tuve dos exámenes y un amigo que también es foráneo se iba a quedar, así que decidimos irnos a tomarnos unas cerveza al terminar las clases” cuenta la joven estudiante, quien prefiere cambiar su nombre por motivos de seguridad.
Al primer lugar que fueron no había espacio disponible, así que decidieron caminar sobre la calle 01 de marzo, donde se encuentran diferentes restaurantes y bares. Una joven se cayó a la mitad de la calle, y Rosy y su acompañante se acercaron a ayudarla. Se dieron cuenta que estaba en estado de ebriedad y que se había golpeado la cabeza. También se acercaron unos policías, cuando los estudiantes vieron que los elementos municipales se estaban haciendo cargo de la situación decidieron seguir su camino y entrar a un bar de la zona.
“Pedimos una cubeta de cervezas y apenas nos estábamos tomando la primera, cuando mi amigo regresa del baño, y me dice que un chavo tomado le reclamó una cartera, que le decía que se la devolviera a su novia. No entendíamos qué pasaba”.
Minutos después entró la policía a sacar a Rosy del establecimiento diciendo que la joven que habían auxiliado minutos antes la estaba acusando de haberle robado una cartera que traía como mil pesos. Afuera del bar se encontraban como ocho elementos policíacos junto con la joven (que se había caído) y su acompañante (el hombre que había amenazado al estudiante). Ambos estaban gritando, diciendo que les habían robado.
“Trataba de mantener la calma porque ellos estaban muy tomados y habían muchos policías. En ese momento me sentía la líder de los “motonetos” porque me parecía exagerado todo. Acepté que la policía me revisara y obviamente no encontró nada, le dije que podía revisar mi bolso que quedó adentro del bar, pero quien entró a sacarlo fue el chavo este que andaba con la chica, y yo todavía le dije que él no podía tomar mis cosas” relata Rosy.
Los policías le dicen que terminarán la revisión a la comandancia de la policía. La esposaron y la subieron a la patrulla. Su amigo trató de intervenir, y pidió ir con ella, pero uno de los policías le dijo que no se metiera y le dobló la mano.
“A la única que llevan es a mí, a los dos que me acusaban y estaban haciendo un gran escándalo los dejan ahí, y a mi amigo le doblan la mano cuando trata de defenderme. En el camino les iba diciendo que era ilegal lo que estaban haciendo conmigo, que no podían llevarme esposada y uno de los policías me dijo que me callara o me metía un balazo entre ojo y ojo, y me dio mucho miedo porque traía una arma larga”.
Rosy confiaba que llegando a la comandancia todo mejoraría, pero fue peor. La bajaron de la patrulla a empujones. Jamás le quitaron las esposas. Le revisaron su bolsa, donde solo traía libretas, lapiceros, su cartera con alrededor de 100 pesos, una tarjeta de banco, y su inhalador porque sufre de asma severa. Pensó que la dejarían ir, pero no fue así. Le quitaron todas sus pertenencias, los policías dijeron que la habían detenido por escándalo en la vía pública cuando ella fue sacada de un establecimiento y en un contexto diferente al que contaban los uniformados.
En todo momento la joven siguió alegando con los policías, se negó a ser fotografiada y a dar sus datos personales porque tenía la certeza que todo era una arbitrariedad. No le permitieron comunicarse con nadie. Una policía la llevo a su celda y al quitarle las esposas se dio cuenta que Rosy tenía una pulsera de ámbar en una mano, le dijo que se la entregara, la estudiante le dijo que no podía quitársela porque tenía un nudo muy fuerte y le quedaba apretada.
“La policía me dijo que claro que se podía quitar y pidió que le llevaran unas tijeras y con ellas cortó la pulsera. Le reclamé que la haya cortado porque tiene un valor sentimental para mí, y en ese momento metió las tijeras en mi pelo y empezó a darme tijeretazos, vi cómo iban cayendo mis colochos, y no entendía qué pasaba. Me quedé en la celda sola, y ya ahí me puse a llorar, no había llorado, pero después que me cortó mi pelo y me quedé ahí empecé a llorar y llorar. Nunca había sentido tanto frío, solo llevaba un saco y por más que pedí que me dejaran mi inhalador no lo hicieron, de milagro no tuve un ataque de asma porque nunca había pasado tanto frío” relata Rosy.
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en Chiapas el 1 por ciento de la población se identifica como afrodescendiente, es decir, 28 mil 182. Rosy es una de ellas. Es originaria de la costa chiapaneca y se reconoce como afromexicana.
“Para mí es muy obvio que fue un ataque racista desde el principio porque a la mujer blanca que estaba gritando la dejaron ahí, y la policía siempre me vio a mí, mujer negra, como ratera y así me trataron. Me quitaron el pelo para callarme, eso quería la policía que me callara y me demuestran que pueden hacer lo que quieran conmigo quitándome el pelo”.
Rosy es activista afrofeminista. Es parte de la Red de Colectivas Feministas Universitarias de Chiapas (Recofuch). Logró hasta la mañana del domingo comunicarse con una de sus compañeras y avisarle que estaba detenida. Otro policía le dijo que la única forma de salir era que pagara 3 mil 755 pesos de multa o de lo contrario saldría hasta el domingo 26 de febrero a medianoche.
Su amigo que estaba con ella llegó a la estación policiaca desde la noche del viernes, pero no le permitieron ingresar a ver a Rosy. Le llevó un suéter y una chamarra, y le aseguraron que se las entregarían, pero jamás se las dieron.
La red de apoyo de Rosy se movilizó al saber que su amiga estaba detenida. La abogada feminista, Martha Figueroa Mier y el director de la Facultad de Derecho de la Unach, Miguel Ángel de los Santos llegaron a la estación policiaca, y lograron liberarla porque no había ninguna denuncia contra ella, ni razón para que siguiera privada de su libertad.
“Su detención fue totalmente arbitraria. Ella pudo haber muerto en todo ese proceso porque es asmática y le negaron usar su inhalador. Lo que hicieron fue torturarla, el quitarle su pelo no es cualquier cosa, eso fue tortura. La amenazaron hasta con dispararle” dice la defensora Martha Figueroa.
El académico Juan Pablo Zebadúa Carbonell señala que en Chiapas la población afromexicana está invisibilizada, que es una minoría a la que se le violentan sus derechos humanos, pero por lo mismo que no se reconoce sus condiciones de vida en esta entidad pasan desapercibidas.
Rosy interpondrá una denuncia penal y una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por todas las violaciones que sufrió por parte de los policías municipales de San Cristóbal de Las Casas. Demanda a las autoridades que su identidad se mantenga a resguardo. “Por ahora mis fuerzas me dan para poner la denuncia, no quiero estar repitiendo todo lo que sufrí, pero también que no crean que voy a permitir que lo que me pasó, le vuelva a pasar a alguien”.
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