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2/14/2026

Violencia sexual y reproductiva en Palestina

Las mujeres como blanco estratégico del genocidio

Fuentes: Latfem

Lejos de ser un “daño colateral”, la violencia sexual y reproductiva contra las mujeres palestinas forma parte de una estrategia colonial de larga duración. El genocidio en Gaza se inscribe en una lógica demográfica que busca impedir la reproducción de la vida palestina y aniquilar no solo el presente, sino también la posibilidad de futuro.

El genocidio en Gaza debe ser comprendido como la fase más reciente de un proyecto colonial de asentamiento que, desde sus orígenes, tuvo como objetivo la eliminación de la población originaria palestina con el fin de garantizar la supremacía judía sobre el territorio. Lejos de constituir un episodio excepcional, la violencia actual se inscribe en una Nakba continua, iniciada en 1948 y jamás interrumpida.

Ese año, bajo el amparo del Mandato Británico, las milicias sionistas llevaron adelante una limpieza étnica sistemática que forzó a más de 750.000 personas a abandonar sus hogares. Más del 80% de la población nativa fue expulsada del territorio que poco después sería declarado Estado de Israel. Esta violencia fundacional -acompañada de más de 13.000 asesinatos- produjo en pocos meses una transformación radical de la composición demográfica: la población judía pasó de representar aproximadamente el 30% al 81% del total. El objetivo era reemplazar a la población existente, sentando las bases de un orden colonial cuya lógica eliminatoria continúa operando hasta el presente.

Pero a diferencia de otros procesos de asentamiento, el proyecto colonial no terminó: se naturalizó. Israel fue reconocido por la comunidad internacional sin exigirle justicia, reparación ni retorno para la población desplazada. 

A pesar de las expulsiones masivas de 1948 y 1967 -que afectaron a 250.000 personas-, de la inmigración de más de un millón de judíos de la ex Unión Soviética entre 1990 y 2000, y de las múltiples matanzas, la proporción de población palestina en el conjunto del territorio entre el río Jordán y el mar Mediterráneo nunca dejó de aumentar.

En el año 2000, los colonos judíos y sus descendientes representaban el 52% del total. Para 2010, eran apenas el 49%. Diez años después, solo el 47%. Estos son datos aportados por el académico palestino Joseph Masad, quien ve en el genocidio actual una estrategia política clara; la única que permitiría preservar la supremacía de los colonos sobre el territorio histórico palestino.

La preocupación sobre el desbalance demográfico ha estado siempre en la retórica y la política israelí; ya desde los años 70, la entonces primer ministra Golda Meir -la misma que decía que los palestinos “no existían”- declaraba que se iba a dormir preocupada pensando cuántos niños árabes nacerían durante la noche. Cuatro décadas más tarde, la ministra de justicia Ayelen Shaked  declaró abiertamente que había que dispararles a las mujeres palestinas embarazadas porque “dan a luz a pequeñas serpientes”. 

En tanto reproductoras de la vida y de la continuidad nacional, las mujeres palestinas han sido históricamente construidas por el régimen colonial como amenazas demográficas. En este marco, la violencia sexual, obstétrica, física y simbólica ejercida contra ellas ha sido una práctica persistente y estructural. Su finalidad es intervenir sobre la reproducción de la vida palestina y quebrar su continuidad en el tiempo.

El genocidio debe entenderse precisamente en estos términos: como la destrucción sistemática de un pueblo, que no se limita a la eliminación física directa, sino que opera también a través del bloqueo, el asedio prolongado, la hambruna inducida, la producción de trauma colectivo y la aniquilación de los horizontes de presente y de futuro. En este proceso, los cuerpos de las mujeres se convierten en un campo central de disputa, donde la violencia reproductiva funciona como una tecnología orientada a impedir la persistencia misma del pueblo palestino.

“Reprocidio”: aniquilar el presente y el futuro

Lo que está en el centro del genocidio es la eliminación de la vida. Y por eso, la resistencia a ese intento de borramiento no solo pasa por la supervivencia inmediata, sino también por la capacidad de reproducir la vida: de gestar, de parir, de criar. Hoy, en Gaza, eso es prácticamente imposible. La violencia reproductiva se manifiesta en todos los niveles: no hay hogares, no hay intimidad posible, no hay médicos especialistas, no hay tratamientos de fertilidad. Las violaciones dejan huellas traumáticas en los cuerpos que afectan directamente la posibilidad de gestar. Entre 2022 y 2025, los abortos espontáneos aumentaron un 300% y la natalidad cayó un 41%. Y aún si una mujer logra concebir, ¿en qué condiciones va a parir? Sin hospitales, sin cuidados neonatales, sin anestesia para las cesáreas. Y si da a luz y el bebé sobrevive, lo espera el frío y la hambruna: madres desnutridas, sin acceso a leche materna, sin leche de fórmula, sin agua potable, sin inmunidad básica.

Este conjunto de prácticas es definido por la académica gazatí Hala Shoman define como reprocidio: una forma específica de violencia colonial que apunta a desmantelar las estructuras reproductivas de una población para eliminarla no solo en el presente, sino también en su potencial de futuro.

El caso paradigmático fue el bombardeo del centro de fertilidad Al Basma, el más grande de Gaza, en diciembre de 2023. Un misil destruyó más de 4.000 embriones y más de 1.000 muestras de esperma y óvulos no fecundados. El doctor Bahaeldeen Ghalayini, fundador del centro, describió la magnitud del ataque con una frase desgarradora: “5.000 vidas en un solo proyectil”. Este ataque deliberado forma parte de una política sistemática y sostenida de aniquilación reproductiva, que abarca desde la destrucción de hospitales materno-infantiles hasta el impedimento de partos seguros, el uso de violencia sexual en cárceles, el envenenamiento ambiental, la destrucción de viviendas y la imposibilidad estructural de criar o amamantar en condiciones mínimas de dignidad.

A ello se suma el colapso total del sistema sanitario, la falta de electricidad en incubadoras, la multiplicación de partos sin anestesia ni insumos, el incremento exponencial de cesáreas de urgencia y de histerectomías realizadas para evitar hemorragias fatales. En algunos casos, médicos han tenido que realizar cesáreas post mortem para salvar a bebés de los vientres de sus madres asesinadas. 

Las condiciones de parto y crianza en refugios improvisados -muchos de ellos rodeados por tanques israelíes o sin acceso a agua, alimento ni privacidad- han generado un entorno de trauma estructural y desesperanza. Muchas mujeres expresan el deseo de volver a tener a sus hijos dentro del cuerpo, como única forma de protegerlos.

En paralelo, los ataques contra la reproducción no se limitan a Gaza. En las cárceles israelíes, se multiplican los relatos de violencia sexual y tortura con impactos directos sobre la salud reproductiva. Estas agresiones no solo buscan dañar cuerpos individuales: buscan humillar, quebrar, implantar el terror, desmantelar el entramado íntimo de la vida palestina, borrando las posibilidades de maternidad, paternidad o intimidad compartida.

Violencia sexual como tecnología colonial

La violencia sexual no es un fenómeno reciente ni marginal, sino que ha estado en el centro de las prácticas colonizadoras desde el inicio. Ha sido política sistemática de los gobiernos laboristas y de derecha por igual. En la masacre de Deir Yassin, el 9 de abril de 1948, se reportaron violaciones masivas a mujeres y niñas palestinas. Según el historiador Ilan Pappé, los líderes sionistas anunciaron con orgullo el número elevado de víctimas para sembrar el pánico. Huir era, en esas condiciones, la única opción racional. Desde entonces miles de niñas y mujeres, pero también hombres y niños, han sido víctimas de violaciones, tortura genital, feminización forzada, castración como parte de una tecnología colonial sistemática de dominación.

El centro de detención Sde Teiman, donde hay más de 4.000 gazatíes detenidos desde el 7 de octubre, se ha convertido en un centro de tortura aún más cruel que Guantánamo o Abu Ghraib. Las denuncias de violación y abuso sexual son múltiples. En lugar de procesar a los agresores, se ha visto a sectores de la sociedad israelí manifestarse en defensa de los soldados acusados.

Las dinámicas de género y sexualidad son fundamentales para comprender la estructura del colonialismo israelí. La dominación opera a través de la feminización del enemigo: violar a una mujer palestina es humillar a su comunidad; feminizar al varón colonizado es castrarlo simbólicamente; desmembrar un cuerpo es convertirlo en desecho.

La masculinidad blanca, colonial y sionista se impone no solo por la fuerza, sino también por el discurso. En los medios hegemónicos y en los sectores liberales de Occidente, los palestinos son presentados como bárbaros, violentos, misóginos, fanáticos, o simplemente como números sin rostro.

Esta operación discursiva configura lo que Orlando Patterson definió como “muerte social”: el despojo simbólico de la agencia, la historia y la pertenencia al género humano. En este marco, la violación de los cuerpos palestinos es una herramienta. Y su impunidad, un síntoma de deshumanización estructural.

En la práctica, esto se traduce en una política genocida integral donde la destrucción deliberada de escuelas, hospitales, universidades, bibliotecas, iglesias, mezquitas, redes de agua y energía, es una estrategia sistemática para impedir la reproducción social palestina. Lo que se busca destruir no es solo el presente, sino la posibilidad de un futuro colectivo. Es una violencia que afecta a los cuerpos, pero también a los saberes, a los afectos, a la memoria, a las formas de vida.

Sostener la vida bajo condiciones de muerte

En este contexto de violencia absoluta, afirmar la vida se convierte en un acto insurreccional. Sin embargo, no todas las familias pueden o desean reproducirse. Muchas mujeres han expresado públicamente su decisión de evitar embarazos durante el genocidio, ante el colapso sanitario y el riesgo extremo de muerte materna o infantil. Como escribió Hala Shoman en redes sociales en agosto de 2024: “Piensen bien antes de traer niños al mundo. Las tasas de aborto espontáneo se han triplicado. Las madres mueren desangradas. No hay leche, ni comida, ni medicamentos. Esto es un ruego envuelto en amor y en miedo”. Estas palabras condensan el dilema ético y político que enfrentan quienes desean continuar una vida afectiva y familiar en medio de un régimen de exterminio.

Al mismo tiempo, esta negativa temporal a la reproducción no contradice el impulso afirmativo de vida, sino que forma parte de una ética del cuidado y de una política de la protección frente al exterminio. Como señala Shoman, resistir no significa solo tener hijos; significa hacer posible las condiciones de vida. Y eso, en Gaza, hoy es una forma radical de lucha.

Sostener la vida bajo condiciones de muerte implica desafiar el marco jurídico que define el genocidio solo en términos de cifras de muertos. Destruir la capacidad de reproducción, imponer el duelo permanente, clausurar el horizonte, impedir la crianza, criminalizar la infancia y aislar el deseo son formas de aniquilación que el derecho internacional sigue sin reconocer plenamente.

La historia de las mujeres palestinas es la historia de Palestina. Es una historia de resiliencia y de resistencia, de ocupación y exilio, pero también de continuidad y lucha por la posibilidad misma de existir, de continuar, de vivir con dignidad. Se trata de una lucha que no es sólo por la liberación, sino también contra la eliminación.

Las mujeres palestinas, en este contexto, no son solo víctimas. Son sujetas activas de resistencia. En sus cuerpos se inscribe el proyecto de exterminio, pero también la obstinada voluntad de vivir. Y mientras siga habiendo vida que se defienda, que se reproduzca, que se narre, habrá futuro para Palestina. 

Fuente: https://latfem.org/violencia-sexual-y-reproductiva-en-palestina-las-mujeres-como-blanco-estrategico-del-genocidio/

9/20/2025

Veto de mujeres, frena ayuda humanitaria tras sismo en Afganistán: ONU

 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señaló que el país continúa recuperándose del terremoto el cual tuvo una magnitud de 6.1 en la escala de Richter que afectó principalmente las provincias de Kunar y Nangarhar. Hasta ahora, se estima que el desastre provocó la muerte de 2 mil 164 personas (mil 172 fueron niñas y niños), 3 mil 428 mujeres y hombres heridos, así como 6 mil 700 viviendas, según precisó Tajudeen Oyewale, representante de este organismo en Afganistán.

El funcionario explicó que, debido a que las provincias afectadas por el terremoto son zonas montañosas empinadas y remotas el ingreso es difícil. Aproximadamente les toma tres horas y media llegar hasta Kunar y Nangarhar, ya que deben atravesar caminos de tierra en mal estado con curvas, áreas congestionadas por vehículos y el enfrentarse al desprendimiento de rocas en la carretera.

Si bien el terremoto fue un fenómeno natural, lo cierto es que socialmente afgana se sigue viendo envuelta en situaciones complejas debido al endurecimiento de las restricciones impuestas por los talibanes a las mujeres.

Lo que derivo en que organizaciones internacionales como la ONU tuvieran que limitar su capacidad de respuesta ante el sismo y otros servicios, porque no pueden contratar mujeres para hacer trabajo en campo.

Dicha información fue dada a conocer por el Ministerio de Economía del país al recibir varias quejas sobre la supuesta negación de estas instancias para dejar a las afganas usar el velo islámico, por lo que se tomó la decisión de no permitirles trabajar con ellas.

Desde entonces, el Ministerio de Economía del país amenazó a las ONGs locales e internacionales con revocarles la autorización de trabajo si desobedecían la orden. En ese mismo año, las organizaciones Save the Children, el Consejo Noruego para los Refugiados y CARE Internacional decidieron frenar su trabajo como una forma de protesta, ya que las mujeres son parte esencial de sus líneas de trabajo y en la ayuda humanitaria.

Talibanes prohíben a mujeres trabajar en ONGs en Afganistán

“En la ONU, todos estamos sufriendo el endurecimiento de la prohibición para que las mujeres colaboren con nosotros (…) Simplemente no podemos operar sin ellas.” – Arafat Jamal, representante en Afganistán de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Como consecuencia de esta restricción, que se mantiene activa desde hace tres años, el 7 de septiembre de 2025 las fuerzas de seguridad de facto en el país impidieron la entrada al personal femenino nacional y contratistas de la ONU a las instalaciones del organismo internacional de Kabul, según informó la Misión de la ONU en Afganistán (UNAMA).

Asimismo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) tuvo que cerrar temporalmente centros de apoyo y entrega de efectivo para refugiadas y refugiados afganos vulnerables en la frontera como en zonas donde muchas personas ingresan a Irán, Pakistán y otros países desde principios de 2025, el cual proceso implicaba el registro de datos biométricos, evaluaciones y entrevistas.

Arafat Jamal, representante en Afganistán de ACNUR, expresó que se trata de una labor imposible sin las trabajadoras afganas, ya que más de la mitad de las personas retornadas son mujeres. “Fue una decisión operativa. No se tomó para castigar a nadie ni para hacer establecer una posición, simplemente demuestra que no podemos funcionar sin trabajadoras en determinadas circunstancias” mencionó el funcionario.

Datos de la ONU estiman que existen más de 2.6 millones de personas retornadas en tan solo el transcurso de este año, la mayoría no por decisión propia. La cantidad continúa aumentando con 100 mil personas que cruzaron de regreso desde Pakistán en la primera semana de septiembre.

Afectaciones del terremoto en Afganistán

Debido a las condiciones de vida en los refugios temporales, existe un alto riesgo de brotes epidémicos, por ejemplo, en la región oriental ya se registraron casos de diarrea acuosa aguda, dengue, sarampión y malaria. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió sobre el hacinamiento, la falta de acceso al agua potable y la gestión inadecuada de residuos que posibilita un contagio.

Además, solo existen cuatro hospitales en funcionamiento ubicados en Chawkay, Asadabad, Kama y Jalalabad, tambien se instaló un hospital temporal de 50 camas en Khas Kunar destinado por igual a mujeres y hombres. Sin embargo, las mujeres enfrentan barreras adicionales, ya que son la presencia de un mahram, es decir, tutor masculino, no pueden desplazarse a un hospital, limitando así su movilidad y salud.

Talibanes impiden que mujeres reciban atención médica tras terremoto en Afganistán – cimacnoticias.com.mx

Cabe mencionar que, han pasado cuatro años desde que los talibanes tomaron el control de Kabul, la capital de Afganistán, el 15 de agosto de 2021. Cuando este grupo se apoderó de Kabul, proclamaron la creación de “Emirato Islámico del Afganistán” y colocaron a el mulá Haibatullah Akhundzada, también conocido como Amir-ul-Momineen, para liderar a las autoridades de facto y tener la autoridad absoluta.

En consecuencia, las mujeres enfrentan una crisis de derechos humanos que es comparada con un apartheid de género gracias a una serie de restricciones que las borró de la vida pública. Entre la serie de cambios políticos y culturales que hizo el régimen, también abogaron por defender los derechos de las mujeres; sin embargo, esto se haría conforme a su interpretación del islam y la cultura afgana, pero poco a poco fueron borrándolas del espacio público.

8/30/2025

Apartheid de género contra mujeres afganas. 4 años del régimen talibán

 

Ciudad de México.- Han pasado cuatro años desde que los talibanes tomaron el control de Kabul, la capital de Afganistán, el 15 de agosto de 2021, desde entonces, las mujeres enfrentan una crisis de derechos humanos que es comparada con un apartheid de género gracias a una serie de restricciones que las borró de la vida pública.

El año pasado, se aprobó la Ley para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio en donde se prohibió usar su voz en espacios públicos, es decir, que no podían cantar, hablar o reír fuera de sus casas. En consecuencia, cada restricción ha borrado a las mujeres afganas de lo público lo que se engloba dentro de un apartheid de género que constituye un crimen de lesa humanidad según el informe de la ONU.

Talibanes prohiben a mujeres afganas por ley: cantar, hablar en voz alta o reír – cimacnoticias.com.mx

No obstante, las mujeres se reunieron para resistir ante tal y medida y cantaron en voz alta: «¡mujer, vida y libertad!», lema del que ha sido la bandera del movimiento de afganas quienes se han salido públicamente a exigir la expulsión del régimen talibán, mientras destruyen fotografías del líder, el mulá Hibatullah Akhundzada, esto como respuesta ante las prohibiciones que les pide silenciarse a toda costa.

En voz alta, mujeres afganas cantan y resisten contra prohibiciones del régimen talibán

El apartheid de género consta de «actos inhumanos cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo de género sobre cualquier otro grupo o grupos de género y cometidos con la intención de mantener dicho régimen», advierte el informe. Además, en diversas ocasiones la Corte Internacional de Justicia dejó claro que cualquier motivo o justificación sobre un apartheid de género (religión o cultura) son inaceptables y contrarios al derecho internacional.

De acuerdo con informe sobre la «Situación de las mujeres y las niñas en el Afganistán» de la ONU, cuando los talibanes tomaron el control de Kabul y proclamaron la creación de “Emirato Islámico del Afganistán” colocaron a el mulá Haibatullah Akhundzada, también conocido como Amir-ul-Momineen, para liderar a las autoridades de facto y tener la autoridad absoluta.

Entre la serie de cambios políticos y culturales que hizo el régimen, también abogaron por defender los derechos de las mujeres conforme a su interpretación del islam y la cultura afgana, por lo que, en una conferencia de prensa anunciaron que las mujeres podrían estudiar y trabajar conforme al marco de su religión.

Sin embargo, tiempo después se suspendió la Constitución de 2004 y toda legislación nacional como la Ley sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. De esta manera, suprimieron instituciones y mecanismos que promovían la igualdad de género y proporcionaban protección contra la violencia en razón de género, por ejemplo, la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Afganistán y el Ministerio de Asuntos de la Mujer.

Posteriormente, comenzaron a emitir más de 50 edictos, decretos, declaraciones y directivas que restringieron sus derechos a la libertad de circulación, atuendo, comportamiento, acceso a la educación, trabajo, salud y justicia en relación a la ley islámica. De acuerdo con el informe, los edictos se dirigen principalmente a los hombres quienes son sancionador por las infracciones de las mujeres de sus familias.

En adherencia, estos carecen de detalles concretos como definiciones o castigos sobre la aplicación de las restricciones, lo que genera un clima de inseguridad jurídica y temor para incurrir a la autocensura para evitar ser castigadas por los talibanes quienes tienen su propia interpretación de las restricciones y castigos.

En 2021, se restringió la educación de las niñas más allá del sexto grado, los conductores varones no pueden subir a mujeres sin el hiyab adecuado o sin el maharam. Para 2022, se limitó su acceso a los parques; se impuso la obligación de usar chadari (prenda negra que cubre de cabeza a pies) o no salir de su casa sin ningún motivo; cubrieron los rostros de las presentadoras de televisión, así como el de las niñas en la escuela; se ordenó a las funcionarias públicas no salir de sus casas; se prohibió su entrada en baños públicos, gimnasio, clubes deportivos y parques de atracciones y suspendió su derecho a asistir a la universidad y trabajar en organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales.

Las afganas

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres, el país ocupa el segundo lugar en el mundo con la brecha de género más amplia derivado de una crisis humanitaria y pobreza generalizada que afecta desproporcionadamente a mujeres y niñas.

Asimismo, el «Índice de Género de Afganistán» 2025, el cual mide el estado actual del empoderamiento de las mujeres y la paridad de género en Afganistán en relación con ocho indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), muestra un panorama desfavorecedor para ellas.

Por ejemplo, las afganas alcanzaron el 17.3% de su potencial pleno para ejercer el poder, tomar decisiones y buscar oportunidades frente al 60.7% de las mujeres en todo el mundo. Además, solo el 23% de ellas alcanzaron logros en desarrollo humano (salud, educación, inclusión financiera y toma de decisiones) como los hombres, en comparación al 72.1% de las mujeres de todo el mundo.

Respecto a su salud, su esperanza de vida alcanza el 84.1% y de 86.4% en los hombres. La brecha de género puede derivarse de barreras sistemáticas y sociales que degradan la salud de las mujeres como infraestructura inadecuada, prohibiciones de nuevas trabajadoras de la salud y discriminación basada en el género en los servicios.

También se encontró una alta tasa de natalidad adolescente, la cual proyecta que 62 de cada mil mujeres de 15 a 19 años están embarazadas, superando el promedio mundial de 41.3%, la cual es impulsada por el matrimonio infantil y la maternidad a temprana edad que empuja a las niñas a desarrollar roles adultos y limitar su empoderamiento.

En 2024, solo el 48.7% de las mujeres afganas logró satisfacer su demanda de planificación familiar con métodos anticonceptivos modernos. Esta situación pronostica una ampliación en la brecha de género en términos de salud según señala el informe.

Asimismo, las prohibiciones impuestas por el Ministerio de Asuntos Exteriores a la educación de mujeres y niñas, en donde se les prohibió la educación más allá de la primaria provocó que actualmente ellas no puedan estudiar, trabajar o recibir formación generando una exclusión del 77.6% de las mujeres, de esta manera solo el 24% de las mujeres participan en la fuerza laboral frente al 89% de los hombres.

Sin embargo, las mujeres que trabajan suelen ocupar puestos poco remunerados y menos seguros de sectores informales, gracias a su prohibición en sectores formales u oportunidades empresariales. La marginación económica obstruye su independencia, ya que no tienen acceso a recursos financieros, cuentas bancarias y servicio de dinero móvil, los cuales son necesarios para la autonomía económica y resiliencia.

De esta manera, las restricciones impuestas a las mujeres para asistir a institutos muestran restricciones en la educación y no mejoras excluyéndolas de oportunidades para desarrollar habilidades y adquirir conocimientos esenciales para participar en la economía.

Actualmente, Afganistán tiene el cero por ciento en dos indicadores: la proporción de escaños ocupados por mujeres en el gobierno local y en el parlamento nacional. La brecha que ya existía en el país respecto a la toma de decisiones se profundizó con los decretos y prácticas para desempoderar a las mujeres en la esfera pública.

Anteriormente, en 2020 ellas ocupaban en 5.9% de los puestos directivos y para 2024 se estima que la proporción disminuyó, aunque no se conoce cuánto. El informe menciona que, la falta de representación formal de las mujeres les niega la oportunidad de influir en las políticas y aprovechar las oportunidades para mejorar sus vidas y comunidades.

Otro de los factores mencionados es la violencia física y sexual por parte de sus parejas, las cifras muestran que es tres veces superiores al promedio mundial. En 2018, el 34.7% de ellas informó haber sido agredida de esta manera frente al 13% en el resto del mundo. En consecuencia, se han ejercido prácticas como matrimonios forzados e infantiles, intercambio de mujeres y niñas, así como crímenes de honor (asesinato de una mujer por un hombre integrante de la familia por deshonra) los cuales exacerban la violencia.

9/14/2024

Apartheid de género, lo llaman …

 tribunafeminista.org

Pilar Aguilar

Leo que “la ONU cree que las afganas podrían ser víctimas de un “apartheid de género”.

Me sorprende ese “podrían”. ¿Acaso la ONU duda de la atrocidad que viven las mujeres en Afganistán? Quiero pensar que ese pretérito imperfecto del subjuntivo -que, como sabemos, no indica certeza sino sospecha, hipótesis más o menos probable o imaginaria- es un error de traducción.

Pero también me sorprende que la ONU hable de apartheid. Como sabemos, el apartheid fue un sistema de segregación racial. Este sistema, ​que estuvo en vigor en Sudáfrica entre 1948 y 1992, no solo segregaba a las personas negras sino que las catalogaba como inferiores, mermaba sus derechos civiles y políticos condenándolas a una situación cruel, humillante e injusta.

Pero, desgraciadamente, la palabra apartheid se queda corta para describir la realidad que sufren las mujeres afganas en todos los órdenes, ya se trate de trabajo, sanidad, educación, vivienda, movilidad, vida social, etc. etc. Es decir, las condiciones de las mujeres en Afganistán son, sin duda, más graves y draconianas que las que sufrieron los negros en Sudáfrica.

Y, además, padecen mayores brutalidades. Así, los negros, dentro de sus barrios y poblaciones, tenían vida social y pública. Podían pasear, charlar unos con otros, hacer amigos, noviar, bailar, cantar, pasear… Todo eso les está vetado a las afganas. Su sometimiento es radical y total. Viven en estrictas condiciones carcelarias. Su correspondiente mahram -marido, o padre, o hijo o, en su defecto, cualquier varón emparentado- controla toda su existencia y, por supuesto, su movilidad, de modo que solo en casos excepcionales pueden ir solas por la calle y siempre debidamente autorizadas.

Ejemplo ilustrativo: una mujer que sufra un dolor de cualquier tipo ha de pedir a su carcelero que tenga a bien -o no- traerle un analgésico pues ella no dispone ni de dinero ni de posibilidad de salir de su cárcel para comprarlo.

Y si el marido decidiera que ella no come, pues no come. Y, si el marido es un sádico, la puede torturar a sus anchas y sin limitaciones de ningún tipo. Y si la mata, pues muerta está, no porque el crimen sea legal, sino porque nadie va a investigar. Ahora bien, si esa mujer, en un arrebato incontrolable, se escapa de su casa, no solo no tiene lugar donde ir, sino que puede ser condenada a años de cárcel y, al salir, el varón “ofendido” la podrá asesinar impunemente.

Algunos dirán que exagero. Pues basta con pensar que, en España, donde tenemos igualdad formal y leyes que nos protegen, el año pasado hubo casi 40.000 condenados por agresiones ¿qué no pasará en un país tan abierta y cruelmente patriarcal?

Y, como remate del horror, las afganas han de soportar que ese tipo, que ellas no han elegido pero que controla su vida, viole su intimidad, su cuerpo, las sobe y penetre a su antojo, cuando quiera y como quiera.

Lo asombroso e inadmisible, como bien señala Soledad Gallego-Díaz, es que la UE no condene estas crueldades y las catalogue como crimen de lesa humanidad.

Ana Redondo ha querido apuntarse un tanto al declarar que España iniciará una ronda de actuaciones en la Unión Europea y en otros organismos internacionales para «liderar la lucha contra el apartheid de género». Está por ver en qué y cómo concretarán ese liderazgo aunque, claro, la propuesta de España ya parte lastrada por la aberrante Ley Trans, esa que dice que el “género” no se constata al nacer sino que “se atribuye”. Pues ya es mala suerte y que el género maldito siempre se lo atribuyan al bebé con sexo femenino. Por eso, si me pongo cínica (aunque no tanto como los defensores de la ley trans, claro) una de las medidas que podría proponer la Ministra es que, en Afganistán el “género” sea atribuido a los neonatos por sorteo, así, al menos algunas mujeres escaparían de tan siniestro sino y algunos hombres se enterarían del espanto patriarcal.

También es una pena que en Afganistán no esté permitido elegir género ¿verdad, Ministra? Aunque dudo de que, caso de poder hacerlo, ningún XY tendría ese capricho. O sea, no creo que a Antonelli, Duval, Marina Sáenz y etc. les salieran imitadores allí.

Y es que, a ver, Ministra (Ministra y todos cuantos apoyáis esa ley): el género es una construcción social (siempre limitativa y que puede llegar a ser extremadamente cruel como es el caso en Afganistán) que se les endosa a las personas en función de su sexo, y el sexo es una realidad biológica escrita en cada una de nuestras células. Una mínima coherencia ideológica exige abolir esa fantasiosa, reaccionaria y patriarcal ley trans y ponerse a luchar contra el sistema genérico y por la igualdad, como siempre ha hecho el feminismo.