El padrón electoral y el Censo 2010 no son equiparables

Lorenzo Córdova Vianello
Consejero Electoral del Instituto Federal Electoral


Desde principios de la década de los noventa el Padrón Electoral y la Lista Nominal que de aquél se deriva (y que incluye a los potenciales electores: aquellos ciudadanos que habiéndose inscrito en el Padrón efectivamente recogieron su credencial para votar), se han convertido en uno de los eslabones fundamentales de los procesos electorales del país.

Se trata de un registro que es auditado de manera permanente por los partidos políticos quienes conforme a la ley tienen todos los años el derecho de presentar observaciones que deben ser revisadas por la autoridad electoral y, en caso de ser procedentes, atendidas haciendo las correcciones conducentes. Las observaciones de los partidos permiten, en ese sentido, contar con un padrón más confiable y más actualizado.

Pero el sentido político de la participación de los partidos en la revisión de ese registro ciudadano supone que el insumo fundamental de las elecciones en México, las listas de votantes, cuentan con la confianza de los actores mismos de la contienda. Por eso, en cada elección las observaciones por parte de los partidos y las eventuales modificaciones que se desprenden se inscriben en un proceso que culmina con la validación que a fines del mes de mayo debe hacer el Consejo General del padrón y de los listados nominales que serán usados en los comicios.

El pasado sábado venció el plazo legal para que los partidos presentaran sus observaciones; a partir de entonces y hasta el 15 de mayo las mismas serán analizadas y en su caso atendidas por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE). El número total de señalamientos presentados este año por los partidos asciende a 2.66 millones, apenas la tercera parte de las que se presentaron en la elección presidencial de 2006 (7.33 millones).

Hasta este momento tenemos un Listado Nominal que suma casi 79.6 millones de ciudadanos, lo que representa el más alto de la historia del país y que además se benefició de la importante depuración que trajo consigo la pérdida de vigencia de la credencial con terminación 03 y la intensa campaña de renovación de dicha mica.

Ese hecho, entre otras cosas, provocó que en los últimos 6 años el IFE haya entregado más de 69.8 millones de nuevas credenciales (el 87.72% del listado nominal), lo que implica que en las elecciones del 1º de julio contaremos con uno de los listados de electores más actualizados y por ello confiables de nuestra historia electoral.

Todos estos datos están contenidos en un informe especial que, a solicitud del PRI, la DERFE presenta hoy al Consejo General y que fue motivado por la preocupación externada por ese partido a propósito de la discordancia detectada entre los datos del Censo de 2010 y el Padrón Electoral respecto de los registros del Distrito Federal lo que le hicieron suponer la existencia de un padrón “inflado”.

Frente a esa preocupación el informe aclara que dichos instrumentos no pueden equipararse sin asumir que:

1) el Censo es una fotografía en un momento específico, mientras que el Padrón es un registro dinámico en constante movimiento;

2) el Censo cuenta a los residentes en un momento determinado y el Padrón sólo incluye a aquellos ciudadanos que tramitaron su credencial para votar, y

3) el Censo se nutre de los testimonios recabados en visitas a viviendas y el Padrón de solicitudes voluntarias respaldadas con documentación comprobatoria.

Además, el informe señala que las diferencias se explican por las siguientes razones:

a) la gran migración de población hacia el extranjero y otras entidades;

b) las defunciones y

c) de manera marginal la suspensión de derechos políticos por mandato judicial. En ese sentido, según datos del INEGI, el DF es una de las entidades expulsoras de población más importantes; en la última década más de 337 mil personas mayores de 18 años han emigrado a otro país y más de 504 mil lo han hecho a otras entidades (principalmente al Estado de México).

Dicho informe, con independencia de las verificaciones que se harán en los próximos días, proporciona datos muy relevantes, disipa los cuestionamientos que hasta ahora se han hecho sobre la integridad de la lista nominal y, con ello, abona a la certeza del proceso electoral.

Preservar la democracia

Lorenzo Córdova Vianello

La democracia es una construcción colectiva que no sólo requiere un compromiso de todos los actores políticos y sociales para poder establecerse y recrearse, sino que impone una responsabilidad conjunta para preservarla frente a las tentaciones siempre presentes de regresión autoritaria.

Para decirlo de manera coloquial: los procesos de transición a la democracia no implican sólo un “boleto de ida”, sino que pueden tener aparejado también el de “vuelta”. En ese sentido, la costosa apuesta institucional y política que hemos hecho en el país en las últimas tres décadas para democratizar nuestro sistema político —y particularmente en los últimos 20 años en los que dicho proceso produjo cambios profundos y visibles— requiere que hoy, de cara a las muchas encrucijadas que enfrenta la sociedad mexicana, refrendemos nuestra vocación con y para la democracia.

No es algo sencillo, porque en los momentos en los que están presentes turbulencia social, estancamiento o incluso crisis económica, preocupantes índices desigualdad y de pobreza, así como inseguridad, el contexto se vuelve un terreno fértil para que asomen de diversa manera expresiones autoritarias que ponen en entredicho los avances (en muchos sentidos aún precarios) de nuestra democratización.

Adicionalmente, hay que subrayar el hecho de que los momentos electorales traen aparejados una conflictividad natural que les es intrínseca y que en muchos sentidos implican etapas de una tensión particular —en muchas ocasiones incluso disruptiva— para la vida de las sociedades democráticas. Las contiendas políticas que se despliegan durante los comicios y las campañas que les anteceden suelen presentarse bajo las más diversas formas de contraste cuando no de abierta, franca y ríspida confrontación entre los actores políticos. Insisto en que eso es algo natural y no debería llamar a sorpresa, sin embargo, creo que también esos son los momentos en los que se requiere de manera mucho más clara el compromiso democrático de esos actores.

La responsabilidad de llevar a buen puerto la nave democrática, de manera particular durante los procesos electorales, implica en primera instancia que todos los participantes en el juego político (partidos, candidatos, servidores públicos, autoridades, medios de comunicación, grupos de interés y ciudadanos) asuman las reglas y actúen respetándolas. Pero también que ninguno de ellos caiga en la frecuentemente tentadora de la retórica discursiva o de los actos abiertamente autoritarios.

La de 2012 ya desde ahora se anticipa como una elección complicada. No sólo porque constituirá la prueba de fuego definitiva de las normas introducidas en la última reforma electoral, sino también porque las mismas se realizarán en un momento en el que la confianza institucional no atraviesa por sus mejores tiempos. Todo ello en un contexto, como se señalaba, permeado por muchos malestares a propósito de la inseguridad, de la precaria situación económica y de un desencanto creciente con la democracia y sus resultados.

En pocas palabras, no es extraño, pero sí sumamente riesgoso, que los distintos actores incurran en conductas y dichos que pueden enturbiar aún más el escenario político en las semanas y meses por venir. Un ejemplo realmente lamentable son los alarmantes y muy delicados tonos con los que hace un par de días se hizo pública la respuesta del gobierno federal a la iniciativa de varios ciudadanos de denunciar ante la Corte Penal Internacional al varios altos funcionarios federales por crímenes de lesa humanidad y genocidio. Sin ánimo de discutir el sentido y la viabilidad de dicha denuncia, sí me importa enfatizar que la amenaza del gobierno de iniciar eventualmente alternativas legales para ir en contra de esos ciudadanos, además de peligrosa en sí, en nada contribuye a generar un contexto propicio para procesar las próximas elecciones.

La democracia, advertía Karl Popper, se caracteriza por ser una forma de gobierno que permite la renovación de los gobernantes sin derramamientos de sangre. Es cierto, pero también lo es que ello requiere que todos los participantes en el juego democrático actúen responsablemente y no exacerben hasta el límite las capacidades de la misma democracia para procesar la conflictividad propia de toda sociedad plural y diversa, particularmente durante esos momentos particularmente intensos desde el punto de vista político que son las elecciones, de manera pacífica. Hay que recordar que si se tira demasiado de la cuerda, corremos el riesgo de que ésta se rompa y en esa circunstancia, me parece, perdemos todos.

Investigador y profesor de la UNAM

Precandidatos únicos y actos de proselitismo

Lorenzo Córdova Vianello*

En los días pasados se ha concretado la virtual definición de precandidatos únicos a la Presidencia de la República por parte de las dos coaliciones que han solicitado su registro ante el IFE (Andrés Manuel López Obrador por parte de la alianza PRD-PT-Movimiento Ciudadano, y Enrique Peña Nieto por la alianza PRI-PVEM).

Ello ha abierto la discusión en torno a si ellos podrán realizar o no, en caso de constatarse que sean aspirantes en solitario de las candidaturas de sus respectivas coaliciones, actos de proselitismo (reuniones públicas, asambleas, marchas y emisión de propaganda) así como tener acceso a los tiempos del Estado en radio y televisión que la Constitución pone a disposición de los partidos durante el periodo de 60 días que la ley define como de precampañas.

El tema es interesante porque el Cofipe no señala expresamente nada al respecto, salvo por el hecho de que al referirse a las “precampañas”, a los “actos de precampaña” y a la “propaganda de precampaña” (artículo 212), siempre se hace referencia a “los precandidatos” (así, en plural). El tema parece pues no estar claramente definido y estar abierto a la interpretación. Sin embargo, el tema ya ha sido objeto de pronunciamientos tanto por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que aclaran las posibles indefiniciones de la ley.

Por un lado, la SCJN a través de un par de sentencias recaídas a acciones de inconstitucionalidad (la 26/2003 y la 85/2009) ha sostenido no sólo la constitucionalidad de la regulación y de la determinación de ciertas restricciones a los partidos y aspirantes a una candidatura en el periodo de precampañas, sino además, el que, para que los partidos políticos puedan “autorizar a sus militantes o simpatizantes la realización de actividades proselitistas en busca de su nominación a un puesto de elección popular… es necesario que existan dos o más precandidatos en busca de la nominación a un mismo cargo de elección popular” (AI 85/2009).

Ese criterio, además, produjo la tesis jurisprudencial 59/2010, que subraya el que esa prohibición, para que los precandidatos únicos realicen actos de proselitismo y propaganda, no vulnera el derecho fundamental a ser votado. El TEPJF de manera coincidente ha sostenido que es “requisito necesario para el desarrollo de un proceso de precampaña electoral, la concurrencia de al menos dos precandidatos, pues de lo contrario se iría en contravención a la naturaleza de las precampañas, ya que al no existir la necesidad de conseguir el apoyo de la militancia se torna innecesario el proselitismo al interior del partido político” (SUP-JRC 169/2011).

Por su parte, el IFE ha establecido en su Reglamento de Radio y Televisión que en caso de que exista un precandidato único un partido o coalición no podrá destinar el tiempo que le corresponde en radio y televisión a la promoción de dicho aspirante, sino que debe utilizarlo para propaganda genérica, es decir, no personalizada. Esa determinación establecida en el anterior reglamento es recogida por el artículo 15 del nuevo ordenamiento, mismo que fue objeto de una impugnación por parte del PRI y que hoy espera resolución por parte del TEPJF. Sin duda estamos frente a un tema polémico, pero que hasta ahora ha sido interpretado de manera congruente y racional por parte de los dos tribunales encargados de velar la constitucionalidad en materia electoral. Ello genera molestia y acusaciones entre los partidos que han decidido coaligarse. Pero tal vez el problema reside en que todos los actores político parecen haberse decidido a adelantar los tiempos que la ley prevé. Una prueba de que el tratar de arrancar primero tiene sus costos. * Investigador y profesor de la UNAM

ENCUESTAS, INCERTIDUMBRE Y POLÍTICOS IRRESPONSABLES

LORENZO CÓRDOVA VIANELLO

Toda elección es un laboratorio en el que se ponen a prueba las normas que regulan los procesos comiciales, la integridad y consistencia de las instituciones encargadas de realizarlas, así como la vocación democrática de los distintos actores involucrados en ellas. Nos sirven también para identificar en dónde están los problemas e incluso cuáles decisiones son pertinentes para atajarlos y cuáles noLas elecciones de Michoacán del domingo pasado son los últimos comicios previos a la cita electoral del 2012.

En ese sentido, tomar nota de los problemas que ahí se evidenciaron es indispensable como última lección de cara a las complejas elecciones del próximo año.Me preocupan dos temas que se hicieron presentes en las elecciones michoacanas: por un lado, el rol que están teniendo las encuestas electorales y los mecanismos estadísticos de medición de los resultados el día mismo de la elección; por el otro, la ya consolidada irresponsabilidad con la que se conducen los actores políticos en elecciones con resultados cerrados.

Durante muchos años las encuestas y los mecanismos de medición del sentido de los votos el día de la elección (conteos rápidos, en gran medida, y encuestas de salida, en menor medida) sirvieron como mecanismos adicionales para apuntalar la confianza y la certidumbre en los procesos electorales. Desde 1994, la generalizada coincidencia de los ejercicios realizados por las varias casas encuestadoras que operan en el país para conocer las tendencias de las votaciones con los resultados definitivos emitidos por la autoridad electoral sirvió para consolidar la confianza en que los votos se contaban efectivamente y contaban como mecanismo esencial del sistema democrático.

Aunque los conteos rápidos que los encuestadores realizan por encargo de los medios de comunicación y de los partidos políticos tienen la finalidad expresa de proporcionar información pronta y oportuna, en los hechos tuvieron un efecto legitimador, en virtud de la mencionada coincidencia, de las elecciones como un mecanismo confiable y creíble para integrar a los órganos representativos.

Sin embargo, y de manera preocupante, desde el año pasado esos ejercicios están siendo una preocupante fuente de incertidumbre y de enrarecimiento del ambiente político. No me refiero sólo al preocupante resurgimiento de encuestas “patito” —un pernicioso y nocivo fenómeno que muchos creíamos erradicado— mediante los que casas desconocidas publican resultados, o resultados de ejercicios de medición de preferencias del voto que aparecen sin responsables ni nota metodológica, sino a las prácticas “poco ortodoxas” (como lo que pasó en Oaxaca en 2010, cuando alguien determinó a un ganador sin sustentar sus dichos en cifras ciertas), a las discordantes tendencias que las encuestas expresan en los días previos a las elecciones y al uso (irresponsable) de encuestas de salida (que tienen un notorio margen de imprecisión por fundarse en los dichos de los electores y no en cifras ciertas) en contextos muy competidos (en los que incluso los conteos rápidos son insuficientes para determinar ganadores ciertos).

Nadie omite el hecho de la gran volatilidad que están presentado en muchos casos las orientaciones de los votantes y que complican la realización de estos ejercicios, pero lo preocupante es que hoy las encuestas y las mediciones estadísticas de los resultados están convirtiéndose en motivo de disputa y de controversia y, por ende, están abonando a la incertidumbre y eso a nadie le conviene.El otro tema que me preocupa es la ya asentada actitud irresponsable con la que los contendientes electorales se conducen ante elecciones competidas.

El arrogarse las victorias cuando todavía no hay ningún elemento de certeza para sustentar de manera cierta el triunfo es una lamentable conducta que enrarece innecesariamente el ambiente y abre la puerta para el conflicto y la crispación políticas. La irresponsable declaración de su propio triunfo que en 2006 hicieron tanto López Obrador como Calderón a unas horas de cerrada la votación, cuando no había elementos ciertos para tal afirmación, parece haberse convertido en la práctica recurrente de los candidatos en comicios competidos (por no hablar también de la ya recurrente amenaza de demandar la nulidad de las elecciones en caso de perderlas).

Por supuesto, los candidatos tienen todo el derecho de proclamar su triunfo, pero deberían asumir las consecuencias. Al fin del día las elecciones se ganan con votos, no con declaraciones, pero éstas sí contribuyen peligrosamente a erosionar la convivencia pacífica.

El parentesco con un alto funcionario de Televisa crea suspicacias, señalan especialistas

La probable designación de Arely Gómez como consejera prende focos rojos en el IFE

Lamentable, la forma en que partidos han cedido espacios de poder institucional a televisoras

Alonso Urrutia

Periódico La Jornada
Miércoles 5 de octubre de 2011, p. 13

En vísperas de que finalmente la Cámara de Diputados apruebe la designación de los tres consejeros electorales, la creciente versión de que arribaría al Instituto Federal Electoral (IFE) Arely Gómez, hermana de un alto funcionario de Televisa, “enciende los focos rojos” para el organismo. La razón: conflicto de intereses por la llegada de alguien cercano a uno de los principales sujetos regulados por el organismo, las televisoras.

Más allá de los méritos personales de la ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, hay un conjunto de fenómenos que enrarecerían su posible designación, advierte el investigador Julio Juárez, de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Sostiene que uno de los ejes para el desempeño de los consejeros electorales es la independencia de sus miembros, y es claro que las televisoras han emprendido una andanada de descalificaciones desde sus noticieros; habría que ver si Gómez tendría un trato especial.

Desde la aprobación de la reforma electoral que proscribió la compra de espots en medios electrónicos, los concesionarios de radio y televisión, con Televisa y Televisión Azteca a la cabeza, han emprendido una confrontación abierta contra el IFE, responsable de la aplicación de una ley que tanto los irritó por el millonario negocio que se perdió y, por otro lado, han buscado penetrar espacios de decisión que involucren directamente sus intereses.

Aleida Calleja, presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, advierte sobre el avance de los poderes de las televisoras, favorecido, paradójicamente, por los propios partidos. Lo más lamentable que ha sucedido en los años recientes es la forma en que los partidos políticos han cedido espacios de poder institucional a los concesionarios de televisión.

La denominada telebancada, que opera principalmente desde el Partido Verde Ecologista, pero también con el PRI, fue un primer avance en la representación directa de los concesionarios en el Congreso.

La designación de Arely Gómez –apuntalada por PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano (antes Convergencia)– implicaría un conflicto de intereses muy claro, y no habría manera de pensar que en los hechos no está introduciéndose Televisa en el IFE, ante el evidente conflicto de intereses que supone que la hermana de un alto funcionario de ese medio electrónico llegue al órgano responsable de sancionar, entre otros aspectos, las violaciones en que incurran las televisoras.

Calleja alerta sobre las implicaciones que ha tenido ceder espacios a los concesionarios, porque supone “ceder parte de la institucionalidad del Estado, del interés público, para someterlo al las televisoras. Eso tuvo una primera expresión con la conformación de la denominada telebancada, y ahora con la pretensión de que llegue Gómez al IFE.

En paralelo, más allá de las decenas de recursos promovidos por las televisoras ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y otras instancias judiciales para detener la actuación del IFE, destacan las presiones que en privado han desatado esos medios contra el instituto y los representantes partidistas en el organismo.

Los amagos no sólo han sido contra funcionarios del IFE, sino también contra partidos, que han cedido espacios. El PRI sustituyó a su representante Carlos Ortiz –quien en su momento respaldó los cambios reglamentarios para modificar los plazos en la transmisión de espots– por Andrés Massieu, diputado priísta de la telebancada cuyo padre es integrante de la dirección de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión.

Las elecciones y sus desafíos

Lorenzo Córdova Vianello

El próximo viernes iniciará formalmente el proceso electoral que verá en la jornada comicial del 1 de julio del 2012 su momento culminante. Todo anticipa que será una elección con una gran intensidad y, muy probablemente, competitividad.

Las elecciones presidenciales y legislativas del próximo año serán los octavos comicios federales que organizan las instituciones electorales desde que, en 1990, se constituyó el Instituto Federal Electoral y el entonces Tribunal Federal Electoral (antecedente inmediato del actual TEPJF). Mucha agua ha corrido bajo el puente de los procesos electorales y mucho se ha avanzado, en términos generales, en mecanismos y procedimientos para generar condiciones de certeza, credibilidad y transparencia en los resultados de los comicios, equidad en las condiciones de la competencia, así como controles respecto de la legalidad de los actores políticos y la defensa de los derechos de los ciudadanos. Sin duda queda tarea por hacer en ese sentido, pero más allá de las áreas de mejora, las elecciones se han consolidado en México como la vía para que la pluralidad se encauce y las controversias políticas se resuelvan pacíficamente.

Sin embargo, cada elección constituye en sí misma una puesta a prueba de la consistencia de las normas, de las instituciones y de los procedimientos electorales. En ese sentido, el arranque del próximo proceso comicial es un buen momento para recapitular cuáles son los desafíos (muchos de ellos inéditos) que enfrentamos de cara a las próximas elecciones.

Sin un ánimo exhaustivo, menciono algunos de los retos. A mi juicio, los más delicados:

a) El tener que demostrar por enésima ocasión que las normas que emanaron de la reforma de 2007 son practicables —aun cuando no exentas de posibles mejoras y adecuaciones—. Desde su promulgación, alrededor de 50 comicios (entre federales y locales) han sido realizados exitosamente con base en las nuevas reglas. Sin embargo, las de 2012 serán las primeras elecciones presidenciales organizadas con esas disposiciones y, en ese sentido, serán definitorias del futuro de la legislación vigente.

b) La inédita concurrencia de elecciones locales con el proceso federal. Dicha coincidencia es algo frecuente, pero nunca se habían tenido tantas elecciones realizándose simultáneamente en el país. Además de las tres elecciones federales, se realizarán comicios en 15 estados, y en siete se renovarán a los Ejecutivos locales (incluido el DF), lo que impone una inusitada complejidad técnica.

c) El creciente cortoplacismo e irresponsabilidad de gran parte de los actores políticos que, con tal de perseguir sus objetivos, están dispuestos a pasar por encima de las normas, a elevar el tono de crispación y confrontación durante las contiendas, e incluso de erosionar a las instituciones.

d) Las omisiones legislativas en esta materia son muchas y son delicadas. El derecho de réplica, la prohibición constitucional de que la propaganda gubernamental sea personalizada, la no adecuación de las leyes de responsabilidades de los servidores públicos a las prohibiciones electorales y la falta de homologación de la Ley de Radio y Televisión a lo que dispone la Constitución y el Cofipe son sólo algunos de los faltantes que han impuesto condiciones adversas a las autoridades electorales para cumplir con sus atribuciones.

e) El desgaste institucional al que el IFE se ha visto sometido, provocado, ante todo, por la irresponsable falta de nombramiento de tres consejeros electorales por más de 11 meses (con todos los efectos nocivos que para el adecuado funcionamiento de la institución esto ha acarreado). Pero también la falta de acompañamiento de los partidos políticos en el cumplimiento de algunas funciones (como la de vigilar y sancionar el incumplimiento del modelo de comunicación política) contribuye a ese debilitamiento.

f) Tampoco el Tribunal Electoral atraviesa su mejor momento debido a la inconsistencia de varios de sus criterios, así como a la falta de solidez argumentativa en algunos casos emblemáticos y a su renuncia a ser garante de los principios constitucionales en otros.

g) El contexto de violencia que impone no sólo retos a las autoridades electorales que deben instalar casillas en todo el país y capacitar a los ciudadanos que las custodiarán, sino también a los partidos en la selección de sus candidatos y en la realización de las campañas y, sobre todo, a la sociedad, que debe reivindicar su vocación democrática y su compromiso con los derechos cuando es fácil renunciar a ellos a cambio de seguridad

Cobrar conciencia de los retos que enfrentamos y del consecuente rol que cada uno de nosotros juega para superarlos es una condición de la subsistencia de nuestra democracia

Fragilidad electoral

Lorenzo Córdova Vianello

La reforma de 2007 afectó de manera muy importante los intereses de los concesionarios de radio y televisión al prohibir de manera terminante la posibilidad de compra de publicidad electoral en sus frecuencias. Desde entonces, los grandes consorcios mediáticos han emprendido una campaña de desprestigio, cuando no franco y abierto desafío, a las nuevas normas y al IFE, la autoridad encargada de aplicarlas.

Los episodios que revelan ese desafío son frecuentes y particularmente emblemáticos. Vayan de prueba los más de 300 millones de pesos que acumulan las multas a TV Azteca por violar el modelo de comunicación política, así como los recurrentes comunicados difundidos por la CIRT en los cuales, con estridencia, se ha acusado al IFE de todo tipo de abusos al ajustar los reglamentos que rigen esa materia —llegando incluso a inculparlo de poner en riesgo la elección del próximo año—.

El modelo ha demostrado su viabilidad —y por supuesto sus áreas de mejora—, sin duda, pero ello no ha sido gracias al compromiso de los concesionarios, sino a pesar de ellos.

Algo que se ha vuelto ordinario en esta materia han sido las impugnaciones de los actos del IFE ante el Tribunal Electoral y, también, las frecuentes revocaciones que este órgano jurisdiccional determina.

Ello ha ocurrido, esencialmente, por dos razones fundamentales: a) porque el IFE ha descuidado la calidad y la consistencia jurídica de sus resoluciones (en parte por la gran premura con las que deben procesarse) y multiplica las posibilidades de revocación, y b) porque el Tribunal —particularmente en los temas de radio y televisión— ha pecado de un formalismo exacerbado y porque no ha logrado entender el sentido político que encarna la reforma de 2007 en tema de medios (la reivindicación del Estado y la política frente al creciente poder y abuso de los poderes mediáticos) y, en consecuencia, no se ha constituido en esta materia como el garante de los principios constitucionales y democráticos que como órgano de última instancia —como tribunal constitucional— está llamado a ser.

El enésimo ejemplo de lo anterior ocurrió el pasado 14 de septiembre cuando la Sala Superior anuló el Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral que el IFE había aprobado el 27 de junio anterior. Los argumentos para esa decisión son esencialmente dos: a) que “se emitió el Reglamento… sin que se haya consultado con las formalidades esenciales a las organizaciones de concesionarios y permisionarios ni a especialistas en la materia, lo cual es una violación al procedimiento para la elaboración de reglamentos” (p. 91 de la sentencia). Con ello, se sostuvo, el IFE incumplió con el deber jurídico de consultar a los concesionarios que se desprende de los artículos 16, 25, 28 y 41, párrafo segundo, base III de la Constitución, así como 49, párrafos 5, 6 y 7 del Cofipe.

Y b), que “las razones aportadas por el IFE son insuficientes para justificar la factibilidad de las nuevas disposiciones sobre plazos para la entrega de materiales y la transmisión de promocionales” (de cinco días a tres, si se les entregaban vía electrónica o satelital, o a dos, si se les entregaban en su domicilio). Ello porque el IFE “no sustenta plenamente que las nuevas disposiciones sean adecuadas, idóneas, aptas y susceptibles de alcanzar el fin perseguido (razonabilidad), ni que las cargas impuestas a los apelantes no resulten desmedidas, excesivas o injustificadas (proporcionalidad)” (p. 108).

A la totalidad de los magistrados les parecieron insuficientes los argumentos de factibilidad técnica (vista la avanzada tecnología que existe), o el tiempo promedio con el que actualmente los concesionarios acatan las suspensiones de transmisión que el IFE ordena como medidas cautelares.
En consecuencia el TEPJF determinó anular las nuevas normas y reintroducir la vigencia de las disposiciones anteriores determinando que cualquier futura reforma debía ser consultada con la CIRT y adecuadamente motivada.

A mi juicio, la sentencia peca de excesos interpretativos (sigo sin encontrar en los artículos constitucionales y legales aludidos el “deber” del IFE de consultar a la industria para efectos de emitir un reglamento) y revela a un Tribunal más interesado en asuntos de legalidad que en ser un verdadero garante de los principios y normas constitucionales (el mismo Tribunal habría podido ordenar diligencias técnicas para verificar si los plazos determinados por el IFE eran efectivamente de imposible cumplimiento y no lo hizo).

Ojalá el IFE entienda que no puede contar con el respaldo del TEPJF y que está solo en la tarea de enfrentar a los desafiantes poderes mediáticos. En el futuro deberá preocuparse por exacerbar el rigor —hoy frecuentemente relajado— con el que sustentan jurídicamente sus acuerdos.
Investigador del IIJ de la UNAM

Consejeros electorales: insistir en lo evidente

Lorenzo Córdova Vianello

La miopía de los actores políticos —o al menos de una parte de ellos— no parece tener fin. Exactamente dentro de 30 días, el 7 de octubre, iniciará formalmente el próximo proceso electoral federal y es el caso que hoy, a 10 meses de que debió realizarse la renovación de tres consejeros electorales, la misma aún no se concreta y el Consejo General del IFE sigue operando incompleto.
Las razones de la falta de consenso entre los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, órgano que con mayoría de dos tercios debe realizar el nombramiento, no terminan de ser claras, aunque se han barajado múltiples versiones. Entre éstas hay dos que son recurrentes. Según la primera, los principales partidos (inmersos en una facciosa lógica de cuotas) encuentran inaceptables algunas de las propuestas con las que ciertas fuerzas políticas parecen haberse casado —por presuntas afinidades o cercanías políticas— de entre los 17 candidatos finalistas que la Comisión de Gobernación seleccionó hace casi un año.

De acuerdo con la otra versión, el PRI (partido sin el cual, visto el tamaño de su bancada, resulta imposible alcanzar la mayoría necesaria para realizar el nombramiento) se ha empecinado en que le corresponde proponer a dos de los tres consejeros, aduciendo su peso electoral, su mayoría legislativa y el necesario equilibrio de cuotas de partido en el Consejo General, situación que resulta inadmisible —y con justificada razón, de ser cierta— para el PAN y el PRD.

Asumir los espacios del Consejo General del IFE como un botín o como prebendas a las que los partidos tienen derecho constituye una gravísima distorsión del papel que en el diseño institucional del Estado está llamado a jugar el IFE. En primera instancia porque se mina gravemente la lógica de imparcialidad que debe caracterizar al árbitro electoral, misma que no resulta de la —más o menos equilibrada— suma de parcialidades (pues ésta sólo genera más parcialidad); en segundo término, porque, sin esa imparcialidad, la confianza y certeza de las que depende que un proceso electoral llegue a buen puerto resultan imposibles de construir. En suma, la tendencia a partidizar al órgano electoral es la mejor manera de descarrilar un proceso como el que desde ahora tiene todos los visos de ser complejo y conflictivo.

En ese sentido, vale la pena insistir en algo que muchos hemos sostenido desde el año pasado: el nombramiento debe caer en personas que garanticen un actuar autónomo frente a los intereses particulares de los partidos y de otros actores que son sujetos regulados por la autoridad electoral (como es el caso de los grandes consorcios de la comunicación), conocimiento de la compleja materia electoral, vocación de servicio público así como prestigio profesional (sobra decir que entre los hoy finalistas hay varios que cumplen con ese perfil).

Pero además no pueden dejarse de atender las consecuencias prácticas que ha producido la falta de nombramiento de esos tres integrantes del máximo órgano de dirección del IFE como una manera de urgir una inmediata definición por parte de la Cámara de Diputados. La primera y obvia consecuencia es la sobrecarga de trabajo que inevitablemente se ha recargado en los consejeros en funciones. La segunda tiene que ver con el impacto que la integración trunca ha tenido sobre algunas decisiones muy relevantes; son frecuentes los empates en las votaciones en temas de gran trascendencia (como algunas sanciones a actos contrarios a la legislación electoral o la imposibilidad de designar a funcionarios del Instituto —entre ellos, ni más ni menos, al titular de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores— y que han llevado en ocasiones a la surreal e inconcebible situación de que el presidente del Consejo tenga que cambiar el sentido de su voto para romper la paridad. Pero además hay que tomar en cuenta el comprensible y preocupante deterioro en la vida y las relaciones institucionales en el interior de un organismo cuya cabeza sigue incompleta frente a la indiferencia de la case política, por no hablar del impacto que la falta de nombramiento ha provocado en la imagen pública del IFE.

Por último, resulta ominoso el cortoplacismo que no permite comprender a los partidos políticos el riesgo que, de seguir en esta peligrosa violación a la determinación constitucional que establece que el Consejo General se integra por ocho consejeros electorales (y no cinco, como ha venido ocurriendo desde finales de octubre pasado) y un consejero presidente, se corre para la entera legitimidad de la próxima elección federal.

Lo que ha venido ocurriendo es, para decirlo sin medias tintas, un irresponsable juego que abiertamente pone en riesgo nuestra inacabada y afanosamente construida convivencia democrática.

Investigador y profesor de la UNAM

Rendición de cuentas para una mejor democracia

Lorenzo Córdova Vianello
Uno de los consensos en la teoría política es que la democracia es una forma de gobierno que hace de la rendición de cuentas de los servidores públicos uno de sus rasgos distintivos. Los planos en los que la misma se articula en las democracias son múltiples y van desde el juicio político, que sobre la actuación de los gobiernos y su desempeño realizan los ciudadanos en cada cita electoral —una de las modalidades en las que la responsabilidad pública de quien toma decisiones colectivas es evaluada—, hasta la específica responsabilidad de tipo penal, administrativa y política a la que los funcionarios públicos están sujetos (dependiendo de sus funciones y jerarquía).
Es cierto que en las democracias las elecciones cumplen una función específica que es la de integrar, a partir de las preferencias electorales de los ciudadanos, los órganos de representación política en donde se procesan y se asumen las decisiones colectivas (que en cuanto tal constituye la finalidad específica primaria de los comicios); pero también lo es que aquellas son también un momento en el que, a través de su voto, los ciudadanos de un país evalúan a sus gobernantes, premiando o castigando su actuación o la adopción de ciertas políticas públicas durante un periodo de gobierno o bien una legislatura. El voto, de aprobación o de rechazo, es una manera en la que opera en las democracias una rendición de cuentas de cara a los electores.
Sin embargo, la rendición de cuentas propiamente dicha consiste en la posibilidad —siempre abierta y, por ello, siempre latente— de exigir responsabilidades a los servidores públicos por los actos realizados y las decisiones asumidas durante su función al frente de un cargo. El punto resulta crucial porque una de las características de las democracias frente a las autocracias es la responsabilidad que supone el ejercicio del gobierno frente a la irresponsabilidad, que es una de las principales características de los regímenes autocráticos.
En ese sentido, no hay constitución democrática que no implique un régimen de responsabilidades de los funcionarios públicos. Así lo hace también nuestra Carta Fundamental al dedicar su cuarto título a normar precisamente ese régimen. Sin embargo, tanto la regulación normativa —incluido el plano constitucional— como la práctica real de la exigencia de las responsabilidades hace que entre nosotros la impunidad sea la regla y el fincamiento de responsabilidades ante los abusos la excepción.
Por supuesto no pretendo desconocer los avances (insuficientes, por cierto) que como consecuencia del proceso de democratización se han incorporado (como la constitución y gradual fortalecimiento de la ASF o el surgimiento del IFAI y la constitucionalización del derecho a la información) y que inevitablemente redundan en una mejor rendición de cuentas. Pero el trecho por andar en esta materia es, todavía, enorme.
Así, por ejemplo, los alcances de la figura del fuero y la cantidad de funcionarios protegidos por el mismo es inaceptable. Prácticamente no hay alto funcionario del Estado (en el plano federal y local) que no esté escudado frente a la acción penal, algo inaceptable en un régimen democrático. El fuero ha sido no pocas ocasiones utilizado como un escudo protector de conductas ilegales y como la fuente de numerosos actos de abuso de poder.
Un ominoso ejemplo de la impunidad que caracteriza a nuestro orden jurídico se presentó el año pasado cuando el Tribunal Electoral determinó que el presidente Calderón violó la Constitución al emitir mensajes en los días previos a la realización de varias elecciones locales en 2010, pero que no procedía la imposición de sanción alguna.
En el mismo sentido, dependencias como la Secretaría de la Función Pública (y su antecesora, la Secodam), son instituciones ineficaces para hacer de la rendición de cuentas una constante de la actuación de los servidores del Estado y son absolutamente inútiles frente a los eventuales abusos en el ejercicio de su función cometidos por los altos funcionarios.
Es cierto que el tema de la rendición de cuentas ha estado presente en el ya largo debate de la reforma del Estado. Numerosas iniciativas de reforma constitucional han planteado modificar el régimen de responsabilidades, pero también es cierto que nunca ha sido uno de los ejes articuladores de las propuestas que se han presentado (y mucho menos de las pocas, poquísimas, que han prosperado). En los hechos, las alusiones a este tema ha sido más de tipo discursivo, pero es algo que el repensamiento del Estado en clave democrática impone cambiar radicalmente si queremos tomarnos en serio la consolidación democrática de nuestro sistema político.
Investigador y profesor de la UNAM

Elecciones 2012: una ventana de oportunidad

Lorenzo Córdova Vianello

Los procesos electorales son los momentos en las democracias en las que a través del voto se renuevan los poderes públicos. Esa es su evidente función primordial. Para ello, las contiendas electorales suponen la confrontación de partidos y candidatos que, enarbolando sus específicos diagnósticos y propuestas (al menos en el papel) y contrastándolas con las de sus adversarios, discuten en pos del voto ciudadano.
La lógica de los procesos democráticos supone que el elemento programático constituya en gran medida el pivote alrededor del cual deben articularse las contiendas políticas. Eso se traduce de manera franca en la ley electoral.
La legislación exige, como requisito para poder registrar candidatos a cargos de elección popular, que cada partido registre ante la autoridad electoral una plataforma electoral, la obligación de los candidatos que son postulados por cada partido de sostener y difundir su respectiva plataforma electoral, la obligación de publicar y difundir ese documento electoral en los tiempos que la ley les concede en radio y televisión, y además, finalmente, el procurar que la propaganda electoral y las actividades de campaña propicien la exposición, desarrollo y discusión, de cara a los electores, de las propuestas contenidas en su plataforma.
Sin embargo, en los hechos ocurre otra cosa: la declaración de principios, el programa de acción y las plataformas electorales son vistos preponderantemente como meros requisitos formales para obtener y conservar el registro como partido político y para poder postular candidatos. Los partidos políticos y sus candidatos son cómplices —y de hecho los principales responsables— del vaciamiento ideológico y programático de las contiendas electorales. En general, y salvo raras excepciones, éstas son vistas más como la mera confrontación de aspirantes —más o menos carismáticos— sosteniendo frases hechas o planteamientos efectivistas —más o menos elaborados—, bajo lógicas meramente pragmáticas y cortoplacistas.
Por el contrario, las elecciones deberían ser vistas como momentos de oportunidad privilegiados para presentar y discutir públicamente los diagnósticos sobre los problemas nacionales y para hacer reflexiones de largo alcance sobre cómo solucionarlos. Más allá de la estridencia y la confrontación que inevitablemente se presentan en toda confrontación electoral, ésta debería ser vista como el momento de contrastar posiciones a partir de las visiones de país que cada fuerza política plantea, sobre los temas torales.
Los grandes temas generalmente se dejan de lado y no forman parte de las agendas político-electorales. La efectiva garantía de los derechos humanos, la agenda del cambio climático y de cómo propiciar un desarrollo sustentable, el tema de la vejez o de la juventud vistos de manera integral, el tema del deporte o de la crisis educativa y del papel de la escuela como espacio de socialización, el de la seguridad alimentaria, el de la laicidad y el del papel de México en el mundo son grandes temas de agenda que requieren diagnósticos serios y definiciones a futuro que son banalizados, en el mejor de los casos, cuando no simple y sencillamente ignorados durante las contiendas electorales, precisamente cuando, como hemos dicho, deberían cobrar una relevancia específica.
Pocas veces como ahora el país conjuga tantas crisis (o situaciones problemáticas intensas) actuales o potenciales tan diversas (de seguridad, de representatividad, económica, etcétera). Ello presenta la contienda electoral que arrancará en breve y que culminará el próximo primero de julio como un espacio de oportunidad para sostener esa discusión programática o ideológica.
Nos toca a todos exigir que los partidos y sus candidatos entren a ese juego con seriedad y conciencia para tratar de evitar que las futuras precampañas y campañas electorales sean, una vez más, un espacio dominado por las descalificaciones, el denuesto o, peor aun, el slogan demagógico y sin contenido. Pero eso tenemos que empezar a exigirlo desde ahora.
Investigador y profesor de la UNAM

La revolución copernicana

Lorenzo Córdova Vianello

Una de las metáforas más célebres de Kant es la idea de la "Revolución copernicana", expresión usada por el filósofo de Königsberg para indicar un cambio radical de paradigmas conceptuales. Lo que ha ocurrido en los dos últimos meses en nuestro país en relación con la garantía jurídica de los derechos fundamentales, primero con las reformas constitucionales de amparo y de derechos humanos publicadas a principios de junio, y, hace un par de semanas, con las decisiones adoptadas por la Suprema Corte con motivo de los alcances de la sentencia de la Corte Intermericana de Derechos Humanos sobre el “caso Radilla”, constituyen un cambio de paradigmas tan radical que bien puede ser considerado una auténtica revolución copernicana en la materia
Lo anterior no supone, por supuesto, que de la noche a la mañana la situación crítica que viven los derechos humanos se haya resuelto. Desafortunadamente el grado de vulneración y vulnerabilidad de éstos en México sigue siendo alarmante y queda mucho trecho para poder tener un contexto aceptable. Los esfuerzos por venir en ese sentido son mayúsculos. Pero gracias a las decisiones del legislador constitucional primero, y de la SCJN después, el escenario hoy es mucho más propicio que hace apenas unos cuantos meses.

La discusión que a lo largo de dos semanas sostuvo el Pleno de la SCJN sobre las implicaciones y el alcance que tenía para el poder judicial la resolución de la Corte Interamericana sobre el asunto Radilla rebasó por mucho el caso específico y se convirtió en el primer gran precedente de interpretación de la reciente reforma constitucional de derechos humanos por parte de nuestro máximo tribunal. Así, la Corte fue mucho más allá del mero acatamiento y sentó las nuevas bases interpretativas de los derechos humanos para los tribunales a la luz de los nuevos preceptos constitucionales y, en particular, el nuevo artículo primero de la Carta Magna.

No pretendo menospreciar el significado específico de los pronunciamientos de la Corte respecto del futuro desarrollo de las investigaciones sobre la desaparición de Rosendo Radilla y la existencia (hoy negada) del fuero militar (previsto por el aberrante artículo 57 del Código de Justicia Militar) para juzgar a miembros de las fuerzas armadas en casos que supongan la violación de derechos humanos cometidos contra civiles; pero lo verdaderamente histórico de la decisión de la Corte tiene que ver, a mi juicio, con el alcance que debe dársele a las reformas constitucionales y, sobre todo, el papel que los jueces juegan como instancias de garantías de los derechos.

Y es que la SCJN, insisto, yendo mucho más allá del caso concreto, estableció una serie de criterios generales que suponen un parteaguas en tema de la protección de los derechos en nuestro país.

Ante todo, se determinó la obligatoriedad de las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el Estado mexicano (con lo que zanjó una vergonzosa discusión que todavía se mantenía abierta para muchos), así como el carácter orientador que para el poder judicial tiene la jurisprudencia de ese órgano de justicia internacional cuando México no sea parte de los casos específicos que la produjeron.

Pero además, se determinó que todos los jueces del país, con idendependencia de su materia y de su jurisdicción están obligados a ejercer de oficio (a la luz de la Constitución) un control de convencionalidad de los actos y normas involucrados en los asuntos que conozcan; es decir, vigilar que dichos actos y normas no contravengan los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales. Así se establece, en los hechos, un control difuso de los derechos a cargo de todos los juzgadores, quienes deberán protegerlos a partir de lo que prevengan tanto la Constitución como los tratados y con la finalidad de no aplicar las normas o actos que los vulneren en los casos concretos que estén conociendo.

Hace algunas semanas, en ese mismo espacio, señalé la auténtica revolución cultural que, en términos jurídicos y jurisdiccionales, suponían los recientes cambios constitucionales en esta materia. Hoy la SCJN, congruente con el significado de las mismos, ha dado un paso importantísimo y ha elevado el listón de exigencia que deben cumplir los jueces, marcando, de manera —esperemos indefectible— la ruta que en nuestro país debe seguir la protección de los derechos.

Investigador y profesor de la UNAM

Sacerdocio y política

Lorenzo Córdova Vianello

Unos días después de que la Sala Superior del TEPJF determinara la responsabilidad de Hugo Valdemar (y de paso de la Arquidiócesis Primada de México) por violar las normas electorales e instruyera a la Secretaría de Gobernación a pronunciarse sobre la sanción que corresponde, el director de comunicación social de la Arquidiócesis, con la rijosidad que lo caracteriza, acusó que los magistrados “rayan en lo ridículo”. La resolución pone fin a un procedimiento iniciado por el IFE luego de que el virulento sacerdote llamara abiertamente a no votar por el PRD en las elecciones del 2010 por las posturas que ese partido ha sostenido en el DF en relación con la despenalización del aborto y de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Insatisfecho con la resolución que lo condenaba, espetó el 4 de julio pasado: “Así que… una opinión crítica de un ciudadano a un partido político, por sus acciones inmorales, criminales y destructoras de la familia y sus valores (sic), es un atentado contra la vida democrática del país” (La Jornada, 4-07-11).

En el cada vez más enrarecido ambiente de cara al futuro proceso electoral federal, vale la pena reflexionar sobre la razón de fondo de las normas constitucionales y legales que prohíben a los ministros de culto pronunciarse respecto de la política electoral y concretamente respecto del artículo 353, párrafo 1, inciso a) del Cofipe, precepto violado por Valdemar Romero, al considerar infracciones a la ley electoral “la inducción a la abstención, a votar por un candidato o partido político, a no hacerlo por cualquiera de ellos, en los lugares destinados al culto, en locales de uso público o en los medios de comunicación”, cometidos por ministros de culto. La prohibición referida, basada en el inciso e) del artículo 130 constitucional: “Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna”, se sustenta en la inevitable posición de privilegio con la que un sacerdote —de la religión que sea— se coloca frente a sus fieles.

En otras ocasiones he insistido en que las religiones, por definición, se basan en verdades absolutas que nutren el dogma religioso y que no aceptan refutación alguna. Es algo inevitable, pues, de aceptar cuestionamientos a los principios basilares de una religión implica erosionar los fundamentos y eventualmente la subsistencia de la misma. Ahora bien, el papel de los sacerdotes, desde siempre, es el de fungir de guías espirituales de los fieles de una determinada religión. La evocación del “pastor de almas” con lo que la religión cristiana se refiere a sus sacerdotes, ilustra lo que quiero enfatizar: un ministro de culto pretende tener, y en los hechos tiene, una influencia sobre su “grey” y ésta se desprende de su particular posición como miembro de una iglesia, no por otras razones. En ese sentido, la prohibición que la Constitución establece y las normas secundarias regulan, tiene como fin específico evitar la injerencia de los ministros de culto, los poseedores de la verdad religiosa frente a sus fieles, en materia política.

El argumento favorito de las iglesias y los sacerdotes contra esa limitación es que son ciudadanos de segunda y que se violan sus libertades fundamentales. Al respecto hay que decir que ninguna democracia tolera el ejercicio ilimitado e indiscriminado de las libertades. Éstas en general, y la libertad de expresión, en particular, tienen limitaciones que le son propias (respeto a los derechos de terceros y el orden público) y limitaciones legítimas en su ejercicio, que están determinadas por el contexto en el cual dichas libertades son ejercidas. Así, en el ámbito político-electoral, que busca proteger la autonomía de los individuos frente a indebidas injerencias externas, esa libertad encuentra límites adicionales, como ocurre con los sacerdotes. Al fin y al cabo, si la jerarquía eclesiástica y sus integrantes tienen tanta necesidad de pronunciarse y hacer política, que cuelguen el hábito y renuncien al privilegio del púlpito, pero me temo que jugar parejo no es lo que se pretende. Investigador y profesor de la UNAM

El 2012: cosa de dos

Ricardo Rocha

Yo creo que la señal más importante que transmitirá la elección del Estado de México es que el 2012 será un enfrentamiento de sólo dos contendientes: el candidato del PRI contra el candidato de la izquierda. Un choque de dos trenes en donde no cabe un tercero, que es el lugar lejano a donde será desplazado el PAN.

Para esta predicción, claro, habrán de cumplirse primero otros supuestos. Por lo pronto, que el resultado en el Edomex sea el previsible: una victoria clara de Eruviel Ávila, aunque no en la proporción que han anticipado sus agoreros; un segundo lugar también muy definido para Alejandro Encinas, y un distante tercero para Luis Felipe Bravo Mena.

Y es que, siendo realistas, aun quienes hemos criticado la desproporción del aparato peñanietista a favor del candidato del PRI-Verde-Panal, hemos de admitir que Eruviel ha sido un muy buen candidato. Con una sólida trayectoria en lides electorales, que incluyen dos triunfos en Ecatepec, ha resultado un aspirante que si bien no tiene una presencia arrolladora, sí en cambio ejercita una suerte de carisma contenido, lo que le ha forjado una presencia convincente y creíble hasta para quienes no son priístas de tiempo completo.

En el caso de Encinas, aun siendo uno de los pocos hombres de izquierda químicamente puros, su desapego de varios años le ha impedido ganancias mayores en un electorado que en buena medida lo desconoce. No obstante, sus dotes y su autenticidad le permitirán presumir no sólo un segundo lugar obtenido a pulso, sino una enorme contribución a la percepción creciente de que la izquierda es todavía una opción viable para la elección presidencial.

El peor de los escenarios es el de Luis Felipe Bravo Mena, quien pudo haber quedado en la historia como el presidente panista que llevó a Vicente Fox a la Presidencia en el 2000, pero cuyas debilidades lo llevaron a aceptar una plácida embajada en El Vaticano, luego la secretaría particular de Felipe Calderón, y, hace 60 días, una candidatura marcada por la frustrada alianza con el PRD por el desgaste plebiscitario del gobierno calderonista y el desdén de su partido. Lo que habrá de reconocérsele es su voluntad y entusiasmo en una tarea sin destino alguno.

Así que los grandes mensajes emanados del próximo domingo 3 de julio serían tres: que el PRI ya es indiscutible finalista; que la izquierda encabezada por el PRD podría dar pelea, y que el PAN estará fuera del ring en la elección presidencial.

En el primer caso, falta ver si Enrique Peña Nieto es capaz de resistir hasta el final los obuses por venir, aunque sus incondicionales insistan en que ya está blindado por los cuatro costados. Manlio Fabio Beltrones no está muerto y le disputará la candidatura palmo a palmo.

En el segundo supuesto es donde la cosa está más peliaguda. Dos candidatos serían aplastados sin duda. La única posibilidad de triunfo es para una izquierda no sólo coaligada sino absolutamente convencida, sólida y con un candidato único. Y, por supuesto, el que más posibilidades tenga de ganar. Y eso pasa necesariamente por un acuerdo inteligente y sensato entre los únicos dos posibles: Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador, quienes en entrevistas por separado en este mes me han dicho que sí, que están convencidos de este planteamiento. Pero falta ver si se comprometen a aceptar primero un método confiable de auscultación —una, dos o tres encuestas— y luego, obligadamente, su resultado. Todo esto a pesar del amarradero de navajas cotidiano de sus respectivos colaboradores.

En el caso del PAN, ni siquiera Santiago Creel o Josefina Vázquez Mota —los mejor posicionados hasta ahora— podrían ganar la elección. El peso del descontento por la violencia y la crisis económica serán lozas imposibles de soportar. Además, ninguno cuenta con el respaldo de Calderón, que parece decidido a imponerse en el PAN. Aunque ninguno de sus delfincitos ha crecido lo suficiente como para moverse por las aguas procelosas del 2012.

Lo dicho, estoy convencido de que la grande será cosa de dos.

ddn_rocha@hotmail.com

Twitter: @RicardoRocha_MX

Facebook: Ricardo Rocha-Detrás de la Noticia
Periodista

Lorenzo Córdova Vianello

Un complejo panorama electoral

Decir que el proceso electoral de 2012 va a ser complicado es una obviedad. Toda elección conlleva un momento de complejidad particular en la vida política de un país, pero cuando además están en juego —como ocurrirá el 1 de julio del año próximo— todos los cargos de elección popular federales y elecciones concurrentes en más de una decena de entidades federativas, la apuesta es muy alta y la tensión y la confrontación inevitablemente tienden a multiplicarse.

r, por supuesto, la Presidencia de la República), las elecciones de 2012 se realizarán en un contexto político, social, económico y de seguridad sumamente complicado y hasta adverso.

En el plano político encontramos, por un lado, a actores poco responsables con una muy precaria propensión a respetar las reglas de la competencia —mismas que, por cierto, ellos mismos establecieron— y que a menudo actúan transgrediendo sin mayor empacho las normas, a veces de manera velada y simulada, otras de forma franca y descarada. Ello ocurre, muchas veces, con la inconcebible condescendencia, cuando no incluso anuencia, de las autoridades electorales encargadas de vigilar el cumplimiento de la Constitución y la ley, lo que lejos de rebajar la comisión de actos ilícitos, los tolera y estimula.

La irresponsabilidad que caracteriza a los actores políticos los ha llevado, además, a poner en riesgo la realización misma de la elección, al faltar al mandato constitucional de integrar oportuna y debidamente al Consejo General del IFE. Luego de casi ocho meses, hoy siguen prevaleciendo los mezquinos intereses de parte y todavía se ve lejos el consenso en torno a los nombres de los tres consejeros faltantes, lo que ya está teniendo delicadas consecuencias en el funcionamiento del Instituto, por no hablar de la consecuente erosión en su credibilidad.

Eso por no hablar de la falta de completar el marco legal que debió acompañar las normas constitucionales introducidas hace casi cuatro años. La falta de una ley que regule el derecho de réplica, de una ley reglamentaria de las prohibiciones contenidas en el Artículo 134 (relativas a la publicidad gubernamental y a su uso personalizado), así como a las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y a las normas reguladoras de la radio y la televisión, provocan una serie de lagunas y omisiones legislativas que complican particularmente el panorama, así como la actuación de los órganos electorales.

Por otra parte, tenemos a unas autoridades electorales debilitadas que no logran remontar la crisis de confianza que vienen arrastrando desde hace unos años. La formación de grupos en su interior, las acusaciones de parcialidad y la incapacidad para constituirse como garantes incuestionables de los principios y postulados constitucionales son sólo algunos de los problemas que enfrentan y que difícilmente podrán revertirse antes de los próximos comicios.

Por si lo anterior fuera poco, hay otros actores, de quienes depende en buena medida un adecuado desarrollo del proceso electoral, que han venido demostrando una marcada vocación autoritaria y antiinstitucional: los grandes consorcios mediáticos. Los concesionarios de la radio y la televisión siguen sin poder digerir la reforma de 2007 y la afectación que le supuso a sus intereses. La renuencia a aceptar las nuevas reglas los ha llevado a repudiar todo intento del IFE para aplicarlas y a emprender intensas campañas mediáticas (como la reciente acometida de la CIRT contra el IFE, a propósito del intento de cambios a varios de sus reglamentos, a la que apenas ayer se sumó la Coparmex). Increíblemente, no les importan las consecuencias que para la estabilidad y la buena llegada a puerto del proceso electoral significan los obuses que hoy dirigen contra el IFE.

Lo anterior se conjuga peligrosamente con una situación económica que, más allá de las cifras macroeconómicas actuales, en cualquier momento puede resentir los efectos de la desaceleración que casi todos vaticinan para la economía de EU, a la cual la nuestra está inevitablemente anclada, por no hablar de la crisis de seguridad que puede poner en riesgo incluso la instalación de un considerable número de casillas durante la jornada electoral del año venidero.

Ojalá que la responsabilidad prive al final del día y lo que hoy son ominosas y preocupantes realidades terminen por ser falsas alarmas en el futuro. No nos olvidemos que la democracia supone una apuesta colectiva en donde todos jugamos un papel relevante.
Investigador y profesor de la UNAM

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Derecho de réplica

Lorenzo Córdova Vianello

La reforma electoral de 2007 introdujo en el Art. 6° constitucional el reconocimiento del llamado derecho de réplica. Se trata de un derecho gracias al cual los individuos que se sienten afectados por una información de un medio de comunicación pueden exigir un espacio para rebatir o aclarar esa información de forma similar a la de su primera presentación.

El derecho de réplica ha sido asumido por sistemas democráticos como un mecanismo que impone a los prestadores de un servicio que tiene una naturaleza de interés público el ejercicio del mismo con responsabilidad y con respeto a los derechos. La posibilidad de ejercer la réplica se constituye así tanto en una garantía frente a información falsa o calumniosa como en un contexto de exigencia de responsabilidad para que la información que se difunde sea cierta y objetiva.
Las objeciones al derecho de réplica han sido variadas: desde quien afirma que atenta en contra de la libertad de expresión hasta quien sostiene que la obligación de difundir la réplica supone un indebido gravamen económico para el medio (el espacio que podría comercializarse debe destinarse al agraviado). Pero asumiendo que la libertad de expresión tiene límites (los derechos de terceros) y que frente al respeto de los derechos fundamentales los argumentos económicos se invalidan.

Es cierto que contra la difamación y la calumnia proceden medidas civiles para reparar el daño moral y, en ocasiones, hasta penales. Pero eso no es excluyente del derecho de réplica; simplemente se trata de vías paralelas y complementarias que buscan una finalidad diferente.

Sin embargo, el avance que representó la incorporación de la réplica al catálogo de derechos reconocidos por la Constitución no fue acompañada adecuadamente por el legislador federal con una ley reglamentaria que permitiera su efectivo ejercicio y las modalidades y garantías con las que el mismo podía ejercerse. En efecto, a pesar de que el Art. 6° estableció que “el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley”, en los tres años y medio que han pasado desde entonces, esa norma aún no se ha legislado. A ello ha contribuido, sin duda, el poderoso y efectivo cabildeo que han ejercido los poderes mediáticos y que han impedido que esa prerrogativa pueda efectivamente ser ejercida. Hasta ahora, sólo la preconstitucional Ley de Imprenta establece el mecanismo para que la réplica pueda ser ejercida en los medios impresos, no así en los electrónicos.

El derecho de réplica trasciende el ámbito electoral aunque éste se vería sustancialmente impactado cuando el derecho pueda ser ejercido por partidos, candidatos o precandidatos que se sientan agraviados con la información difundida por los medios. Esa es la razón por la que el Cofipe reconoce ese derecho a favor de dichos sujetos (Art. 223), aunque también remite a la modalidad de su ejercicio a la (aún inexistente) ley de la materia.

A pesar de esa omisión legislativa, la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó, hace un par de años, que ese derecho, al estar consagrado en la Constitución, es de por sí vigente y que corresponde al IFE conocer de violaciones al mismo, es decir, fungir como garante de que la réplica será respetada por los medios de comunicación.

A partir de ese criterio, en estos días se discutirá en el IFE un proyecto de lineamientos que pretende establecer las modalidades de ejercicio del derecho de réplica (no sólo en medios impresos, sino también electrónicos), así como de su protección mediante los procedimientos especiales sancionadores que el mismo órgano electoral desahoga.

Entiendo y comparto el sentido de la iniciativa que el IFE busca procesar, pero temo que, ante la falta de una legislación secundaria, tendrá, de aprobarse, un grave problema de eficacia. En efecto, cuando un medio se sienta agraviado por la obligación de conceder la réplica impugnará el fundamento legal de los lineamientos del IFE y los asuntos tendrán que ser llevados al TEPJF para que con la vinculatoriedad de sus sentencias obligue a ese medio a su cumplimiento.

Me parece, sin embargo, que la discusión que hoy el IFE vuelve a colocar sobre la mesa tiene como principal virtud la de recordarnos que, para que nuestros procesos democráticos transcurran adecuadamente, es indispensable que el legislador complete su tarea.

Investigador y profesor de la UNAM

Minuta de Seguridad Nacional, sin visión de DH

“Se debe controlar a Fuerzas Armadas”: Lorenzo Córdova

Por Anayeli García Martínez

México, DF, 7 jun 11 (CIMAC).- La minuta de la Ley de Seguridad Nacional que se analiza en la Cámara de Diputados carece de una visión de Derechos Humanos (DH) y de una perspectiva de género, ya que sólo responde a la militarización del país y no incluye controles hacia las fuerzas armadas, afirmó el académico Lorenzo Córdova Vianello.

En entrevista con esta agencia al término de su participación en la primera de cuatro audiencias públicas que organizan las Comisiones de Gobernación y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados sobre las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, el especialista en temas constitucionales señaló que la actual redacción de la minuta es ambigua, poco clara y contradictoria.

Al externar algunas de sus preocupaciones, el también integrante del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, explicó que estas reformas obedecen al actual contexto de militarización de la seguridad pública y consideró necesario implementar controles sobre la actuación de las Fuerzas Armadas para garantizar la vigencia de los DH.

Afirmó que en esta revisión del marco normativo en materia de seguridad se debe incluir la perspectiva de DH y de género. Sostuvo que estos temas deberían estar presentes pero “en los hechos no existen, por eso son pertinentes todas las políticas públicas y mecanismos jurídicos que caminan en este sentido (la equidad de género y los DH)”.

Córdova Vianello afirmó que entre las modificaciones que las y los legisladores deben hacer a esta minuta está la obligación de reformar el fuero militar, porque –advirtió– es una figura contradictoria con el artículo 13 constitucional que señala que “nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales”, en este caso por los tribunales castrenses.

Recordó que México cuenta con cuatro condenas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en torno al fuero militar: la desaparición forzada del líder social Rosendo Radilla en 1974; la tortura de los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera en 1999, y las violaciones sexuales contra las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo en 2002.

Pese a estas sentencias internacionales el Estado mexicano no ha reformado el fuero militar y por el contrario, en México se sigue cuestionando la competencia de la CoIDH y el carácter vinculatorio del Pacto de San José (Convención Americana), como lo hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en septiembre de 2010 cuando analizó si este órgano debía cumplir con la sentencia del caso Rosendo Radilla.

Lorenzo Córdova señaló que hay países que responden a estas sentencias favorablemente como sucedió con Chile en febrero de 2001 cuando al CoIDH lo condenó por violar el derecho a la libertad de expresión y la libertad de conciencia y religión, por lo cual fue sentenciado a adoptar normas internas en su Constitución.

Además, aclaró, “esto no es una cuestión que tenga que ver con una actitud critica frente el Ejército u opuesta al Ejército. Al contrario soy el primero en sostener que una tarea urgente es blindarlos frente al descrédito que puede traer consigo la opacidad y el abuso en las funciones de seguridad pública. A nadie le conviene un Ejército desacreditado”.

Mencionó que hay un descrédito de los órganos civiles de impartición de justicia pero el problema no se va a resolver creando fueros especiales, sino atendiendo el problema de la justicia en su conjunto, del cual el fuero militar es parte.

Por ello, hizo un llamado para que en esta minuta –que se discute en San Lázaro y aborda la estrategia gubernamental de combate al crimen organizado– se plasmen controles constitucionales y se dejen de lado figuras ambiguas como la de “afectación a la seguridad interior” así como incorporar parámetros que garanticen los DH de todas y todos.

Los derechos humanos y los jueces

Lorenzo Córdova

La aprobación de la reforma constitucional de derechos humanos por la mayoría de las legislaturas de los estados, así como la inminente publicación y entrada en vigor de la reforma al juicio de amparo (también de carácter constitucional), constituyen uno de los cambios más profundos y revolucionarios de nuestro anquilosado y todavía insuficiente sistema de garantías de los derechos fundamentales. Y no sólo por sus implicaciones en términos normativos, sino también por los cambios que inevitablemente tendrán en la cultura jurídica y judicial de nuestro país.

Hasta ahora el único mecanismo de protección de los derechos al alcance de los ciudadanos (exceptuando a los derechos político-electorales que cuentan con un sistema y medios específicos para su defensa) era el vetusto e insuficiente juicio de amparo. Un mecanismo que, en virtud de sus efectos relativos (sus sentencias sólo protegen a los quejosos), su gran complejidad técnica (con los costos que ello trae) y el restrictivo criterio de “interés jurídico” que tiene que probarse como requisito de procedencia, en los hechos llegó a convertirse más en un medio de protección de privilegios que de derechos.

A ello contribuyó (y en gran parte lo sigue haciendo) la cultura jurídica y jurisdiccional prevaleciente en el Poder Judicial que ve a muchos de nuestros jueces formados en una lógica prevalentemente formalista, letrista, poco proclive a interpretaciones garantistas (y por ende a la lógica de maximizar los derechos fundamentales) y condescendiente con el poder.

Las probabilidades de que una demanda de amparo sea desestimada es muy alta, no sólo por las gravosas exigencias de procedencia que la ley de la materia exige, sino también porque nuestros jueces están formados en una cultura jurisdiccional en la que los desechamientos, los sobreseimientos y la inoperancia de los agravios tienen un papel privilegiado.

No hablemos de la vocación garantista respecto de los derechos fundamentales reconocidos en los tratados internacionales que han sido ratificados por México, que hasta ahora es prácticamente inexistente entre nuestros jueces. El así llamado “control de convencionalidad”, que supone el verificar la congruencia de los actos de autoridad con los tratados internacionales (especialmente cuando hablamos de derechos humanos), es algo que sólo muy pocos jueces y tribunales están acostumbrados a practicar. Las referencias a los derechos que reconocen los instrumentos internacionales en las sentencias son un extraño patrimonio de unos cuantos juzgadores. Más aun las técnicas de ponderación de derechos (cuando estamos, por ejemplo, ante un conflicto entre éstos) o la aplicación de postulados propios de la teoría garantista, como el principio pro homine o el de progresividad y no-regresividad, son raramente comprendidos y aplicados.

Como si lo anterior fuera poco, hay un problema adicional: en México, incluso en materia de derechos humanos y sus garantías, seguimos padeciendo un trasnochado sentimiento soberanista que es incompatible con el espíritu de la moderna teoría de los derechos que recogen las reformas constitucionales aludidas. Para muestra un botón; cuando la Corte Interamericana de los Derechos Humanos condenó a Chile en el caso “Última tentación de Cristo” (Olmedo Bustos vs. Chile) porque su constitución violaba la Convención Americana de Derechos Humanos, la respuesta de los chilenos fue modificar su constitución para hacerla compatible con el llamado Pacto de San José; en cambio, luego de que México ha sido condenado reiteradamente porque la figura del “fuero militar” contraviene dicha convención, entre nosotros se ha abierto el debate de si las resoluciones de aquella Corte nos resultan vinculantes.

Como se sabe, el procesamiento legislativo de las reformas constitucionales en materia de amparo y de derechos humanos no fue sencillo (particularmente el de esta última que enfrentó el cabildeo de algunos grupos opositores). Venturosamente las mismas fueron aprobadas, pero ello nos abre un nuevo reto del que depende su éxito, en un contexto —marcado por la crisis de seguridad— que no es para nada el más adecuado: que los operadores de las nuevas normas, nuestros jueces, comprendan el centralísimo papel que están llamados a jugar y acaso ello pasa por una verdadera revolución copernicana en el modo de entender y practicar la justicia.
Investigador del IIJ-UNAM

Malas lecciones desde Estados Unidos

Lorenzo Córdova Vianello

El asesinato de Osama bin Laden a manos de grupos especiales de la Marina estadounidense fue festejado por muchos como un gran suceso. Sobre todo en Estados Unidos, pero no sólo ahí, las expresiones de júbilo, celebración y euforia patriótica fueron equiparables a las de las fiestas nacionales de ese país. A la par es frecuente escuchar y leer expresiones de celebración del suceso, así como del elogio de la precisión quirúrgica con la que la operación fue llevada a cabo.Me hago cargo que estas líneas van en contra del sentido generalizado sobre el hecho (al menos en la parte occidental del mundo) y que muy probablemente se me tache de asumir un mero y vulgar sentimiento de antiamericanismo.

Por eso mismo creo que tengo que comenzar enfatizando mi rechazo y condena al terrorismo y a toda la lógica en la que sus actos se fundan. Pueden encontrarse infinidad de explicaciones para ese fenómeno, pero ninguna, desde mi punto de vista, puede justificar algo que es total y absolutamente injustificable.Sin embargo, lo anterior no puede fundamentar que cualquier actuación es lícita para combatir el terrorismo. Hasta en la guerra hay reglas y esa que es la expresión más nítida de la violación generalizada de los derechos fundamentales establece en sus normas ciertas conductas que son vinculantes para los Estados parte en el conflicto (como, por ejemplo, las que rigen el trato de los prisioneros y que prohíben, entre otras cosas, la tortura).

Tampoco el así llamado estado de excepción en las democracias constitucionales admite cualquier acto de violencia por parte del poder público para enfrentar sus causas; hay reglas que deben seguirse y ciertos derechos que no pueden suprimirse o restringirse.En la mentalidad que desde el 11-S se ha impuesto de manera hegemónica en Estados Unidos (y en buena parte del mundo), incluso prestigiados constitucionalistas, como Bruce Ackerman, antes comprometidos irreductiblemente con los derechos, han aceptado que la democracia constitucional tiene límites y que hay ciertas circunstancias en las que es aceptable que los derechos fundamentales sucumban o sean suprimidos ante lo que Michael Ignatief definía como la lógica del “mal menor”. Para mí, sin medias tintas, eso es inaceptable.

O asumimos que el fenómeno del terrorismo se enfrenta desde las trincheras de la democracia constitucional, o entonces estamos irremediablemente acercándonos hasta mimetizarnos con eso que queremos combatir.Al parecer —según lo sostenido por el Daily Telegraph, citando documentos de WikiLeaks—, los datos del mensajero de Bin Laden que permitieron a la CIA dar con el paradero del líder de Al-Qaeda fueron obtenidos mediante tortura, práctica que, por cierto, una vez más fue defendida en días recientes como una práctica útil y válida por el ex vicepresidente Dick Cheney quien dijo que está convencido, pese a los desmentidos de la Casa Blanca, que fue determinante para localizar al criminal más buscado por los Estados Unidos en la última década.Por otro lado, está el operativo en sí, claramente diseñado no para la captura, sino para la eliminación de líder terrorista.

Más allá de especular cuál será la reacción de Al Qaeda, por un lado, y de no cuestionar la responsabilidad de Bin Laden en uno de los más notorios crímenes de las décadas recientes, por el otro, sí vale la pena pensar una vez más cuáles son los costos y los actos del Estado que estamos dispuestos a aceptar a cambio de seguridad.Y lo anterior viene a cuento para reflexionar, una vez más, sobre lo que en una dimensión interna pero igual o incluso más preocupante está ocurriendo en México. La discusión en torno a la Ley de Seguridad Nacional y su aprobación pospuesta por el final del periodo ordinario, y las múltiples expresiones autoritarias y contrarias a los derechos fundamentales, es sólo el último capítulo de una desafortunada tendencia que ha venido a incrustarse entre nosotros.

Nadie pretende que la defensa y el compromiso irrestricto con los derechos pueda equipararse, ni por asomo, a una apología del crimen o de la impunidad de los criminales. Pero propugnar por la vigencia y el respeto de los principios del Estado constitucional o es el eje articulador de toda la política pública, y en primer lugar la de seguridad, o estaremos permitiendo que la barbarie premoderna y su dinámica se enquiste entre nosotros y eso resulta inaceptable.
Investigador y profesor de la UNAM

EU, residencia de narcos

Editorial La Jornada

De acuerdo con la declaración formulada ayer en una audiencia legislativa en Washington por el comandante Gomecindo López, integrante de la Unidad de Operaciones Especiales de la policía de El Paso, diversos integrantes de cárteles de la droga tienen su residencia habitual en territorio estadunidense, realizan sus negocios en México y luego vuelven a cruzar. La información es consistente con un reciente informe del Departamento de Justicia del país vecino que advertía del riesgo de que narcos mexicanos establecieran su residencia en Estados Unidos para vivir en paz.

El dato es exasperante porque indica, más allá de toda duda razonable, que algunas autoridades policiales de la nación vecina cuentan con información sobre la delincuencia organizada, pero ello no necesariamente se traduce en capturas, lo que es indicativo de la doble cara estadunidense en la guerra contra las drogas impuesta por Washington en diversos países al sur de su frontera, como Colombia y México. Esa información fue la que permitió a las corporaciones policiales detener de manera fulminante, tras el asesinato de un oficial de aduanas de Estados Unidos en San Luis Potosí, el mes antepasado, a varias centenas de presuntos narcos que operaban en territorio de la superpotencia.

Esa tolerancia a la delincuencia organizada mexicana es una pieza más de una serie de indicadores que obligan a sospechar de la honestidad de las autoridades estadunidenses en su participación en el combate a los grupos dedicados al trasiego de drogas ilegales.

Otro elemento en este sentido es la indulgencia de que se benefició el Banco Wachovia una vez que se descubrió que esa empresa realizó, en cosa de dos años, operaciones irregulares por 374 mil millones de dólares que posiblemente constituyeron una colosal operación de lavado de dinero para los cárteles de la droga: a la postre, la institución bancaria hubo de pagar una multa por 160 millones de dólares, equivalente a sólo 2 por ciento de las utilidades que obtuvo con sus transferencias ilícitas.

A ello debe agregarse la participación de varias dependencias del gobierno de la nación vecina en el contrabando de armas de fuego de alto poder hacia territorio mexicano, en una operación denominada Rápido y furioso, que supuestamente tenía como objetivo rastrear ese trasiego letal.

Mientras los distintos niveles de gobierno de Estados Unidos colaboran con el narcotráfico o se hacen de la vista gorda ante sus actividades, y mantienen, así, la paz y la seguridad pública de aquel lado de la frontera, en nuestro país el combate a esa actividad delictiva se ha traducido en decenas de miles de muertes, en una descomposición sin precedentes de las instituciones, en la pérdida de control territorial de diversas regiones por parte del Estado, en la desintegración del tejido social en extensas zonas y en una desesperanza ciudadana cada vez más desoladora.

En esta circunstancia, hay sobrados elementos de juicio para replantear el sentido, el rumbo y los instrumentos de una estrategia de seguridad pública y nacional que ha apostado a la sumisión a Washington y a una colaboración más que dudosa: hasta ahora, el gobierno y la economía del país vecino no han recibido más que beneficios de esa estrategia –utilidades financieras astronómicas derivadas del lavado de dinero, un mercado floreciente para la industria armamentista y, por si fuera poco, una colaboración del gobierno mexicano que se parece mucho a la rendición de la soberanía nacional–. Nuestro país, en cambio, se ha visto sumido en una pesadilla de violencia, escenarios de guerra, degradación, destrucción y sufrimiento humano. Es tiempo de un viraje de fondo en la política contra las drogas, en la concepción de seguridad pública y de seguridad interior, y en los términos de la relación bilateral enttre México y Estados Unidos.

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