La noticia cimbró: el SNTE –domado y sometido tras la detención
de Elba Esther Gordillo– se alebrestó de pronto contra la reforma
educativa, esgrimiendo argumentos parecidos a los de la CNTE. Parecía
que al gobierno federal le estallaba de pronto un nuevo frente de
batalla… Pero no es así. La oportuna rebeldía del sindicato oficialista
le permitirá a la Segob, a la SEP y a Presidencia dividir a los
profesores, fingir que atiende las exigencias de los inconformes,
postergar los cambios de calado, fortalecer al gremio “charro” y ganar
tiempo.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El jueves 7, el oficialista Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE, que defendió a capa y
espada la reforma educativa) desplegó en los principales periódicos una
lista de 10 “resolutivos” que exigen la modificación de aspectos
fundamentales de esa reforma.
Por medio de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el gobierno
federal expresó su entera disposición a discutir estos puntos e instaló
de inmediato una mesa de trabajo con el gremio.
Sin embargo, gran parte de los reclamos son idénticos a los que
detonaron la insurrección de la Coordinadora Nacional de los
Trabajadores de la Educación (CNTE) contra la reforma educativa hace
tres años, y que la administración de Peña Nieto siempre rechazó
negociar.
Es más: también son los mismos que denunció Elba Esther Gordillo
Morales –la exdirigente del SNTE– a finales de 2012 e inicios de 2013,
cuando anunció que derrumbaría la reforma educativa. Días más tarde, la
líder fue detenida y posteriormente encarcelada por desvío de dinero.
El SNTE integró el diálogo en medio de la propagación del movimiento
magisterial disidente en el país –que en las últimas dos semanas reportó
acciones en la zona metropolitana de la Ciudad de México y los estados
de Nuevo León, Chiapas, Oaxaca, Morelos, Michoacán, Guerrero, San Luis
Potosí, Baja California, Sinaloa y Veracruz–, en el que los docentes
rebasaron a los líderes oficialistas.
Según Francisco Bravo, integrante de la Dirección Política Nacional
de la CNTE, el despliegue formó parte de una estrategia del gobierno
para desactivar el conflicto magisterial y reinstalar al SNTE –al que
tiene controlado– como interlocutor en materia educativa.
Argumentos idénticos
Entre los planteamientos más importantes del SNTE destacaron los
resolutivos tercero, cuarto y quinto, en los que el sindicato
oficialista exigió “replantear todo el proceso” de evaluación docente,
para eliminar en ello “toda visión o acción sancionadora o punitiva”.
Planteó la necesidad de “contextualizar” la evaluación para hacerla “más
realista” y que garantice “el respeto a la dignidad y prestigio
profesional de los maestros”.
Ello contrasta con la postura de apoyo incondicional al proceso de
evaluación que adoptó el SNTE desde inicios de 2013, y que el propio
Juan Díaz de La Torre resaltó el pasado 23 de junio en un acto conjunto
con Aurelio Nuño Mayer, el secretario de Educación, en el que el
sindicalista aseveró que los “verdaderos maestros” participaron en la
evaluación docente.
Bravo denuncia en entrevista que la eliminación de la evaluación
punitiva “es una de nuestras principales insistencias”, y recordó que
“hasta hace unas semanas el SNTE decía que la evaluación estaba
fabulosa”.
El SNTE no se limitó a pedir modificaciones al proceso de evaluación,
sino también a encontrar soluciones “a los distintos problemas que han
surgido en torno” a su aplicación.
Entre ellos, exigió que las autoridades educativas abran espacios a
los profesores para revisar su proceso de evaluación, con la finalidad
de evitar “ceses injustificados y descuentos indebidos”, otro reclamo
que viene denunciando la CNTE desde hace meses.
“Para nosotros cada uno de los 3 mil 360 despidos fue injustificado,
en tanto que no derivó del mal trabajo en las aulas, de algún delito o
de falta grave”, recordó Bravo, al añadir: “Sólo fue porque no
presentaron esto que llamaron evaluación”.
El sindicato oficialista también pidió al gobierno “que se respeten
los derechos adquiridos por los docentes en el programa de Carrera
Magisterial”, y solicitó que se tome en cuenta este estímulo en el
momento de calcular las primas vacacionales, el aguinaldo o la
cotización para la jubilación.
Durante el conflicto, la CNTE ha denunciado que esta separación del
estímulo al salario base es parte de las consecuencias de la reforma
educativa y genera una caída en los ingresos de miles de maestros. Este
punto originó el levantamiento del magisterio en entidades como Nuevo
León, Coahuila o Chihuahua, donde los docentes prácticamente nunca se
movilizan.
Bravo subrayó que varias reivindicaciones de la CNTE no figuran en
los resolutivos del SNTE, entre ellos el fundamental: la abrogación de
la reforma.
El sindicato oficialista tampoco exigió suprimir la modificación del
artículo 73 constitucional, que instaura la autonomía de gestión de las
escuelas, no considera el acceso directo de los egresados de las
normales al servicio educativo ni plantea una visión precisa sobre el
modelo educativo.
Estrategia gubernamental
El sindicalista sostiene que “este documento no lo elaboró el SNTE
sino el gobierno”, ya que el sindicato oficial “no tiene decisiones
propias”. Explicó que todos los líderes seccionales del SNTE “están
metidos en corruptelas” y desvían parte de los 160 millones de pesos
mensuales que recibe el sindicato cada mes como cuotas, por lo que el
gobierno los tiene maniatados.
“¿Por qué estos puntos? Porque son los que causan el mayor reclamo
entre los maestros. El gobierno hizo un análisis previo y determinó que
son las medidas que más lastiman a los maestros”, plantea Bravo.
Agrega que en las últimas semanas, los líderes del SNTE fueron
rebasados por la inconformidad de los maestros y se descubrieron
incapaces de controlar las movilizaciones. “Los docentes ya no confían
en sus representaciones seccionales en los estados y toman la protesta
por sí mismos en las calles”, insistió.
Según el profesor, los planteamientos del SNTE responden a una
estrategia “integral” de la administración de Peña Nieto, a través de la
cual alcanzaría tres objetivos: no dar “muestras de debilidad” ante la
CNTE ni “admitir una derrota en una de las 11 reformas estructurales que
planteó”; recomponer el sindicalismo institucional como instrumento de
control de los maestros, y detener el rebase al SNTE.
“Son dos vías: Nuño cita al sindicato oficial para que entregue la
petición formal, y por otro lado la Secretaría de Gobernación atiende a
la CNTE y crea condiciones que afectan la capacidad de negociación,
porque el mensaje que quieren dar a los maestros es ‘ya lo estamos
trabajando’.”
A raíz de la apertura de la mesa de negociaciones entre la Segob y la
CNTE, el pasado 22 de junio –tres días después de la violenta represión
en Nochixtlán–, el magisterio disidente se convirtió de nuevo en
interlocutor del gobierno federal, por primera vez desde el inicio del
paro nacional, el 15 de mayo anterior.
Ésa fue una de las razones por las cuales el gobierno reactivó el
SNTE: “Hay una disputa por la interlocución entre el SNTE y la CNTE”,
dice.
Según él, el gobierno busca demostrar que se puede cambiar la reforma
educativa “desde adentro” y con el SNTE, y con ello aislar a la CNTE,
que exige su abrogación o suspensión.
“Darán la impresión de que atienden las exigencias de los maestros, y
algunas se van a atender. Pero estas medidas no tocan el corazón de la
reforma y pueden ser pasajeras, y dentro de un año o dos, cuando el
asunto se haya descompuesto, pueden volver a aplicar la ley como la
conciben ahora.”
Reconoce que a través de esta estrategia el gobierno podría
desactivar la propagación del movimiento magisterial en el país; sin
embargo, afirma que los maestros sabrán que cualquier “solución real” a
estas demandas será “producto de la CNTE”.
Reacción en cadena
En la noche del martes 5 la CNTE consiguió un nuevo encuentro con
Osorio Chong, el cual duró menos de media hora. En este lapso el
magisterio entregó al gobierno federal sus propuestas educativas y
recibió a cambio la “contrapropuesta” de la administración, que
consistió en un documento de una hoja y media, impreso en papel no
membretado ni firmado, que aborda la educación en términos genéricos.
En ese documento la Segob evocó su disposición a “facilitar un
proceso de diálogo con la Secretaría de Educación Pública en torno al
modelo educativo” y aseguró “la participación del magisterio nacional y
sociedad en general en esta materia”. Ambas partes acordaron que la CNTE
consultaría con sus bases para elaborar una respuesta al documento del
gobierno, por lo que la siguiente reunión con Osorio Chong se agendó
para este lunes 11.
Sin embargo, el mismo martes el SNTE llevó a cabo una sesión
extraordinaria, de la cual emanaron los 10 puntos mencionados
previamente; el miércoles Nuño recibió en las instalaciones de la SEP a
Juan Díaz de la Torre; y el jueves se instaló una mesa de trabajo
SNTE-SEP.
En ese momento, los secretarios generales de la CNTE se encontraban
en sus respectivos estados, iniciando el proceso de consulta sobre el
documento de Gobernación. Bravo no cree que fuera una coincidencia: “El
gobierno pensó en todos estos momentos, en las inercias que traíamos”.
Nuño afirmó el miércoles que la SEP analizaría “de manera detallada,
puntual, sensible, profesional y responsable” cada uno de los puntos
presentados por el SNTE.
El propio Peña Nieto, quien durante años asentó con firmeza que la
reforma educativa “no se negocia”, dio un giro radical a su discurso, al
declarar el miércoles 6 que la derogación o la abrogación de la reforma
“no es competencia del Ejecutivo”; es decir, ni de la SEP ni de Segob,
ni tampoco de la Presidencia de la República.
Desde el estallamiento del movimiento magisterial, Nuño adoptó una
postura cerrada al diálogo con la CNTE. Nunca recibió a los integrantes
del magisterio disidente en la SEP y, al contrario, repitió hasta el
cansancio que no negociaría la reforma educativa.
Por su parte, el SNTE siempre salió a defender esa reforma –incluso
la evaluación–, a condenar los brotes de violencia derivados de las
acciones de la CNTE y a dar su pleno respaldo al Ejecutivo federal.
El pasado 18 de mayo, por ejemplo, De la Torre expresó duras críticas
contra los líderes de la CNTE, al afirmar que “cometen un gran error,
no sólo porque lesionan la imagen del magisterio, sino porque no
consiguen absolutamente nada en términos de calidad de vida para los
maestros”.
Conflicto añejo
Desde la llegada al poder de Enrique Peña Nieto, Elba Esther Gordillo
se opuso a la reforma educativa. Dos meses más tarde el gobierno le
cobró con cárcel los descarados actos de corrupción a los que se prestó
durante sus 23 años al frente del magisterio.
El 20 de diciembre de 2012, un día después de la aprobación del texto
en la Cámara de Diputados –con 351 votos a favor, 85 en contra y ocho
abstenciones–, La Maestra arremetió contra “una reforma meramente
administrativa” y planteó: “Yo, Elba Esther, asumo la responsabilidad de
decir que no, porque ése es mi papel”.
El 14 de febrero de 2013 el SNTE de Gordillo distribuyó a los
maestros agremiados el folleto ¿Por qué luchamos hoy? en el cual
presentó los “riesgos y limitaciones” que contenía la recién aprobada
reforma educativa, y anunció que el sindicato adoptaría una serie de
medidas –tanto en el plano social y político como en los tribunales–
para modificarla.
Tres años y medio más tarde, los mismos reclamos de Gordillo siguen siendo la base de las reivindicaciones de la CNTE.
El SNTE criticó entonces la creación del Sistema Nacional de
Evaluación, cuyo proceso evaluativo se convertiría en “un instrumento
para cancelar estímulos ganados, realizar despidos o evadir la
responsabilidad del Estado a otorgar prestaciones de seguridad social”.
Asimismo, señaló que el sistema de autonomía de gestión de las
escuelas sería una forma disfrazada para el Estado de “delegar en los
padres de familia su responsabilidad de sostenimiento de las escuelas” y
abriría la puerta a fenómenos como “contratación a prueba, despidos,
pulverización de la jornada y outsourcing”.
El SNTE también advirtió que la reforma desaparecería el ingreso
automático al servicio educativo de los egresados de las escuelas
normales y denunció que la reforma educativa se había impulsado “desde
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”,
argumento que se escucha en todas las manifestaciones de la CNTE en la
capital.
En los párrafos finales del folleto de 14 cuartillas, se le recuerda
al gobierno que “el SNTE ha sido garante de la estabilidad social y la
gobernabilidad en México” y anunció que promovería un juicio de amparo.
Si bien Bravo reconoce que los argumentos de Gordillo coincidieron
con los de la CNTE, afirmó que ambas partes seguían intereses
encontrados. “Ella sabía que en el fondo querían desbaratar el
sindicato, lo que afectaba a su poder. Anticipó lo que sucede hoy: iba a
haber un rebase de los maestros respecto de sus dirigencias formales”.
El 26 de febrero de 2013, 12 días después de la distribución del
folleto y en medio de la campaña de Gordillo para derrumbar la reforma,
las autoridades la detuvieron en el aeropuerto de Toluca. La
Procuraduría General de la República (PGR) de Jesús Murillo Karam la
acusó de malversación de fondos provenientes del SNTE por un monto que
supuestamente alcanza los 2 mil millones de pesos.
La detención y el procesamiento de la dirigente, tres meses después
del regreso del PRI al poder, tuvieron buena recepción en la opinión
pública nacional e internacional, ya que el enriquecimiento descarado de
Gordillo y la corrupción en el SNTE eran conocidos por todos.
Sin embargo la PGR dejó intocado a Juan Díaz de la Torre, su delfín y
mano derecha en el sindicato, y los demás dirigentes sectoriales,
quienes también operaron estructuras opacas y desviaron millones de
pesos.
“El encarcelamiento de Elba Esther fue para hacer una limpieza en el
sindicato”, sostiene Bravo. “Lo que menos le interesa al gobierno es
saber si hay corrupción en el sindicato. Lo que le interesa es saber
cómo llevar a cabo su reforma, y si por ello tienen que mover gente, lo
hacen; Elba Esther representaba un obstáculo”.
Hasta el pasado miércoles 6, el SNTE nunca había elevado la voz contra la reforma educativa.
