NACIONAL
Sobrevivientes de Atenco, indígenas y activistas
inician campaña
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.-
Detenciones
arbitrarias, insultos, golpes, humillaciones, violencia física, pero
además violencia sexual son las imágenes que definen la tortura, según
relataron sobrevivientes de este flagelo; mujeres que acusan al Estado
de ejercer un control represivo a través de militares, marinos y
policías.
En conferencia de prensa y al conmemorarse ocho años de los
operativos policiales del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco,
Estado de México, un grupo de mujeres sobrevivientes de tortura sexual
se unieron para denunciar que si bien la tortura es una práctica que
busca acallarlas, no será una causa para amedrentar sus luchas.

Afirmaron
que el Estado sigue utilizando la tortura sexual como una práctica para
silenciar a las personas y a los movimientos sociales, pero dijeron que
también se convirtió en una estrategia para obtener confesiones y
obligar a las personas a no desmentir a las fuerzas de seguridad.
Nueve mujeres compartieron su historia. Valentina fue violada en 2002
por militares; Italia fue atacada sexualmente en 2006 por policías
federales; Verónica fue torturada por agentes en 2011; Miriam fue
agredida en 2011 por soldados, y Claudia fue violada en 2012 también
por militares. Para todas ellas la tortura fue una táctica deliberada.
Edith Rosales, una de las mujeres de Atenco, dijo que a pesar de que
los casos son diferentes en todos hay coincidencias: mujeres detenidas,
golpeadas y violadas. “Estuvimos en la misma situación, parece que
fuimos detenidas por las mismas personas. Eso es porque es una
estrategia”, aseveró.
Ante esta situación las mujeres de Atenco, quienes mantienen una
denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por no
encontrar justicia en México, anunciaron que desde hoy y hasta el
próximo 25 de noviembre mantendrán la campaña “Rompiendo el silencio,
todas juntas contra la tortura sexual”, para hacer visibles estos casos.
Las mujeres sobrevivientes de los operativos de 2006 recordaron que
además de ellas hay más mujeres, por ejemplo Valentina Rosendo Cantú,
indígena tlapaneca del estado de Guerrero que fue interceptada y
violada por militares en 2002, mientras lavaba ropa en un arroyo cerca
de su casa.
También está el caso de Miriam López, detenida en febrero de 2011
por militares en Baja California, donde fue violada y torturada con
descargas eléctricas y asfixia para que se declarara culpable de
narcotráfico y acusara a otras personas del mismo delito.

Uno
más es el de Verónica Razo, detenida en junio de 2011 por agentes de la
desaparecida Agencia Federal de Investigación, a fin de que se
autoinculpara de secuestro y quien permanece presa en el Centro de
Readaptación Social número 4 en Tepic, Nayarit.
Otra víctima es Claudia Medina, detenida por marinos en agosto de 2012
en Veracruz y torturada física, sexual y psicológicamente para que se
declarara culpable de ser parte del cártel de Jalisco Nueva Generación,
y quien ahora permanece en libertad condicional.
TORTURA SEXUAL, REFLEJO DE IMPUNIDAD
Javier Hernández Valencia, representante en México de la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, advirtió
que la violencia sexual nunca es un error, un desliz ni tiene nada de
casual, e indicó que ninguna autoridad se equivoca cuando abusa de una
mujer.
“Dicha práctica, sólo demuestra la imposición de un sistema patriarcal
para disponer de las mujeres”, explicó al afirmar que la tortura sexual
revela la “impunidad machista” con la que la sociedad y las
instituciones de gobierno aceptan la violencia hacia las mujeres.
Lamentó que en medio del contexto de asesinatos por razones de género,
las sobrevivientes que deciden denunciar no tienen condiciones
favorables para tener justicia. “Ese puñado de mujeres reman contra
corrientes estructurales”, observó.
Por su parte Arturo Ávila, integrante de Amnistía Internacional,
destacó que en este tema hay una década de compromisos incumplidos, ya
que mencionó que no hay un mecanismo para prevenir y mucho menos para
castigar esta práctica.

“Hasta
el día de hoy la impunidad continúa siendo la mejor garantía de
repetición para este grave abuso a los Derechos Humanos y el principal
obstáculo que encuentran las víctimas al momento de tener el coraje
para levantar la voz”, aseguró.
A través de la campaña “Rompiendo el silencio, todas juntas contra la
tortura sexual”, las mujeres denunciantes buscan informar sobre el
patrón sistemático de la tortura que enfrentan las mexicanas detenidas
por agentes policiales, militares o marinos, que deberían proteger a la
ciudadanía.
La campaña constará de pronunciamientos y conferencias y es promovida
por los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de la
Montaña Tlachinollan, así como por la Comisión Mexicana de Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos y Asociadas por lo Justo.
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