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7/16/2015

Padres de los 43 irrumpen en cuartel de Iguala y se confrontan con soldados

Normalistas protestan en el cuartel del 27 Batallón de Infantería en Iguala. Foto: Sedena

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Normalistas y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa irrumpieron en el cuartel del 27 Batallón de Infantería para exigir la apertura de esta base castrense a los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes investigan el caso.

Los manifestantes retiraron una barricada, abrieron la reja del acceso principal y enseguida un soldado intentó cerrar la puerta y se desató una confrontación que se prolongó durante 15 minutos.
Al menos un centenar de soldados que portaban equipo antimotín formaron una barrera para impedir el paso de los inconformes al cuartel y disuadieron la protesta lanzando gas lacrimógeno.
El hecho registrado este mediodía no pasó a mayores y los padres de los normalistas desaparecidos se retiraron en marcha rumbo al zócalo de Iguala, lanzando consignas contra el gobierno federal y el Ejército.
Al respecto, exigieron al gobierno federal y las autoridades castrenses que permitan a los miembros del GIEI interrogar a los militares vinculados con la desaparición de los jóvenes estudiantes.
Sobre el incidente, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó en un comunicado que las personas concentradas frente al cuartel militar –que se identificaron como normalistas y familiares de los alumnos desaparecidos– arrojaron piedras y cohetones al interior de las instalaciones, además de derribar parte de la reja de la puerta principal sin lograr ingresar.
“Durante el evento no se registraron personas heridas ni lesionadas y la participación del personal militar fue para salvaguardar la integridad física del personal militar y de sus familias, así como de las instalaciones militares, apegando su actuación en todo momento a lo establecido en el Manual del Uso de la Fuerza, de aplicación común a las tres Fuerzas Armadas y con estricto apego y respeto a los Derechos Humanos”, precisa la versión de la Sedena.
El comunicado agrega que de estos hechos tomaron nota el agente del Ministerio Público del Fuero Común y un agente del Ministerio Público Federal, así como como un observador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
El 29 de junio pasado los integrantes del GIEI denunciaron que hasta el momento no han podido reunirse con elementos del 27 Batallón de Infantería para conocer las acciones que realizaron durante la masacre y desaparición de los 43 normalistas.
Durante la presentación de su cuarto informe preliminar, los especialistas contratados por la CIDH reclamaron que el gobierno de Enrique Peña Nieto no ha respondido a la petición de entrevistarse con soldados del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala.

5/03/2015

“Tragedia nacional”: 25 mil 821 personas desaparecidas en México


Hasta marzo de 2015, en el país se enlistaron oficialmente 25 mil 821 personas “no localizadas” en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De éstas, 10 mil 836 desaparecieron en lo que va del actual gobierno. El resto, es decir la mayoría, data de la administración de Felipe Calderón. Por su metodología, la base de datos gubernamental podría ocultar centenas de desapariciones, señalan organizaciones civiles. Esta realidad constituye “una verdadera tragedia nacional”, considera Santiago Corcuera, integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU


En agosto de 2014, el gobierno mexicano reconoció la existencia de 22 mil 611 personas “no localizadas”. Siete meses después, a marzo del año en curso, ya son 25 mil 821.           
Más del 40 por ciento de las personas que a la fecha se encuentran en calidad de “no localizadas” (10 mil 836) desapareció en lo que va del actual gobierno: de enero de 2013 a marzo de 2015. Mientras que el 54 por ciento (13 mil 996) fue durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Se trata de personas que hasta el momento permanecen en calidad de desaparecidas, es decir, que no han sido encontradas vivas o muertas.
Estas cifras constan en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Rnped), que se alimenta de las denuncias presentadas ante las agencias del Ministerio Público, tanto del fuero federal como del común. El instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública contabiliza únicamente a las personas que aún no han sido localizadas.
El 72 por ciento de las personas que actualmente se encuentran desaparecidas (18 mil 536) son varones. En tanto, el 59 por ciento (15 mil 294) están en edad productiva, y el 25 por ciento (6 mil 467) son menores de 19 años. Estos indicativos sobre el perfil de las 25 mil 821 “no localizadas” se desprenden de la estadística oficial.
El Rnped permite, asimismo, ubicar las entidades con los más altos índices de desaparición. Se trata, en primer lugar, de Tamaulipas, con 5 mil 479 casos. Le siguen Jalisco, con 2 mil 248; Estado de México, con 2 mil 74; y Nuevo León, con 2 mil 21.
En febrero pasado, México fue examinado por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Como parte de sus observaciones finales, éste advirtió un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio mexicano, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas.
 “Una verdadera tragedia nacional”, así se refiere Santiago Corcuera Cabezut, integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, a la dimensión que ha alcanzado el fenómeno de la desaparición de personas en México.
En entrevista con Contralínea, y bajo la aclaración de que los comentarios que emite son a título personal, el maestro en derecho por la Universidad de Cambridge dice que, en aras de desarrollar las medidas adecuadas y efectivas para la erradicación de las desapariciones, el Estado mexicano debe reconocer la dimensión del problema, tal como se lo recomendó, en 2011, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU.
Sin embargo, a la fecha, el gobierno mexicano sigue sin reconocer la magnitud de la problemática en cuestión, además de que le ha faltado voluntad para resolverla, señala Corcuera Cabezut.
A decir del exintegrante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, el origen de la tragedia de las desapariciones en territorio mexicano data de 2006, luego del “espiral de violencia” que desató la “guerra contra el narcotráfico”, política de seguridad ejercida por Felipe Calderón a través del empleo de las Fuerzas Armadas.

Registro oficial podría ocultar   cientos de desapariciones

El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas no reflejaría la totalidad de las desapariciones que ocurren en el país. Las razones son diversas: no incluye a las personas que ya fueron localizadas; no da cuenta de los casos que carecen de denuncia ante la autoridad; respecto de los hechos que constan en el fuero federal, sólo contempla las averiguaciones previas iniciadas por la Procuraduría General de la República (PGR) entre 2014 y 2015.
Un ejercicio realizado por Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila permite entrever la ºde las desapariciones en México. De un total de 147 casos que tienen averiguación previa en la PGR, la organización civil encontró que tan sólo 23 constan en el Rnped. De acuerdo con este parámetro, en ese caso la base de datos oficial ocultó el 84 por ciento de los casos de desaparición.
A este subregistro habría que adherir los casos que no constan en los expedientes judiciales porque, como explica Corcuera Cabezut, los familiares o seres queridos de la persona desaparecida no siempre denuncian. Esto ocurre, precisa el experto, principalmente por temor o por el trato de “hostigamiento terrible” que reciben en su intento de exponer los hechos ante la autoridad ministerial.
Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, comenta que la base de datos gubernamental no es “muy confiable”, dada su falta de rigor técnico y su “rudimentaria metodología” de recopilación de información. Es así, asegura, que dicho registro no refleja el número real de desaparecidos a nivel nacional.
Derivado de un acuerdo de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en 2011 el gobierno mexicano empezó a construir una base de datos de personas no localizadas basada en información de las procuradurías y fiscalías locales. Al 30 de noviembre de 2012, es decir, en vísperas del fin del sexenio de Felipe Calderón, ésta llegó a acumular un total de 26 mil 121 registros.
De acuerdo con información difundida por la PGR, la base de datos oficial sería depurada y actualizada por la administración de Enrique Peña Nieto a partir de la eliminación de los nombres de las personas ya localizadas y de la identificación de homonimias o registros duplicados. Es así que, a marzo del año en curso, constan en el registro gubernamental 25 mil 821 casos de personas no localizadas.
A principios de 2012 se expidió la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, la cual regula la operación, funcionamiento y administración del Rnped. La aplicación de la misma corresponde al Ejecutivo federal, a través del Secretariado Ejecutivo, quien tiene la obligación de publicar el registro actualizado en su página electrónica.
En febrero pasado, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU externó su preocupación por la falta de reglamentación de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, y por el hecho de que el Rnped no diferencia entre las desapariciones perpetradas por particulares y las forzadas, es decir, aquellas que son obra de agentes del Estado o de personas o grupos que actúan con su autorización, apoyo o aquiescencia.
 “Mientras toma nota de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, al Comité le preocupa su falta de reglamentación, así como el hecho de que el registro no incluye información que permita determinar si la persona pudo haber sido sometida a desaparición forzada.”
Los expertos de la ONU recomiendan al Estado mexicano contar con un registro único de personas desaparecidas a nivel nacional que, como mínimo, refleje de forma exhaustiva y adecuada todos los casos de personas desaparecidas, al contemplar datos como sexo, edad, nacionalidad, así como lugar y fecha de desaparición; incorpore información que permita determinar si se trata de una desaparición forzada o de un hecho sin participación alguna de agentes estatales; permita generar datos estadísticos respecto de los casos de desaparición forzada aun cuando hayan sido esclarecidos; sea completado con base en criterios claros y homogéneos, y actualizado permanentemente.
Flor Goche, @flor_contra
[PORTADA]

11/01/2014

Por mis hijos monto una revolución

pikara magazine




Las Madres de Plaza de Mayo, las Madres de Soacha, las Madres de Ituzaingó, las caravanas de madres… 

¿Por qué hay tantos colectivos de mujeres que se enfrentan a la violencia extrema bajo esa etiqueta?

 ¿Lideran las madres la defensa de los derechos humanos?

 Activistas latinoamericanas y europeas analizan si la madre como sujeto de lucha representa
 una estrategia efectiva o un reflejo de esquemas patriarcales.

El Grupo de Apoyo Mutuo de Guatemala surgió en 1984 en las morgues: las familias decidieron
 movilizarse y denunciar las masacres./ E. Gascó

“Sencillamente no están, desaparecieron”, decían al principio los máximos responsables de la dictadura argentina. Como no había cuerpo, no había delito. La desaparición forzada se convirtió en la práctica estrella de las dictaduras latinoamericanas de los años 70 y 80 para silenciar el descontento popular. Mientras los movimientos recibían la embestida, colectivos de mujeres, y en concreto de madres, generaban nuevas formas de protesta.

Las Madres de Plaza de Mayo aunaron sus luchas individuales y las convirtieron en colectivas, tan colectivas que “todos los desaparecidos” eran sus hijos. Socializaron su maternidad y la transformaron en un asunto político. Para la socióloga Silvia Trujillo, mientras desnudaban los crímenes de Estado, fueron cuestionando su propio rol de madres: “De la madre-sumisión, de la madre-abnegación, de la madre-espacio privado se colocaron en un lugar nuevo: la madre que toma la calle, la madre-lucha, la madre-fuerza”.

Las Madres de la Plaza de Mayo socializaron su maternidad y la transformaron en un asunto político. Fueron cuestionando su propio rol de madres, de la madre-abnegación a la madre-lucha

Se volvieron peligrosas y el Ejército mató a muchas: la fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, fue arrojada desde un avión al océano Atlántico. Sin embargo, sostiene la investigadora social que “el hecho de ser madres de alguna forma evitó que descargaran contra ellas todo el odio que tenían, porque desde la mirada patriarcal representaban a una de las instituciones que suele venerarse”.

Las Madres de la Plaza de Mayo socializaron su maternidad y la transformaron en un asunto político. 
Fueron cuestionando su propio rol de madres, de la madre-abnegación a la madre-lucha

La maternidad ejerce un poder simbólico, explica Lucía Barbosa Díaz, parte de Casa Amazonía, una organización feminista colombiana: “No hay la duda o la sospecha de por qué estas mujeres se organizaron. Son madres y ya. Eso te da una legitimidad”. Una legitimidad particularmente útil en el contexto colombiano, donde a la primera de cambio te califican de guerrillera. Pero, ojo, depende del actor al que se enfrenten, matiza la psicóloga Sirley Cely, también de Casa Amazonía: “En el caso de las Madres de Soacha han sido perseguidas porque apuntan directamente al Estado”.


El Ejército colombiano secuestró, desapareció y disfrazó de guerrillero al hijo de Luz Marina Bernal./ E.G.

“Cuando a mí me citaron para identificar la foto de mi hijo y me leyeron la lista de 30 muchachos me di cuenta de que no era solamente mi caso”, cuenta la colombiana Luz Marina Bernal, una de las Madres de Soacha. Era septiembre de 2008. Bernal y una decena larga de mujeres estaban a punto de destapar uno de los ejemplos más brutales de la política del expresidente Álvaro Uribe: el escándalo de los “falsos positivos”.

Al menos 17 muchachos humildes del municipio de Soacha, en la periferia de Bogotá, habían sido engañados, secuestrados y desaparecidos por el Ejército. Les habían enfundado un traje de camuflaje y un arma —que a veces ni servía— para hacerlos pasar por guerrilleros. Así se aparentaba un avance en la guerra contra las FARC. Podrían ser miles de casos. El ministro de Defensa del Gobierno uribista y, por tanto, máximo responsable, era el reelegido presidente Juan Manuel Santos.

Cuando los demás están a por uvas

El colectivo de madres más conocido es quizás Madres de Plaza de Mayo, pero no es el único. En 1983, la peruana Angélica Mendoza de Ascarza, con cariño llamada Mamá Angélica, fue de las primeras personas en denunciar las masacres, desapariciones y torturas perpetradas por el Ejército en la guerra sucia contra Sendero Luminoso. Cuando ellas empezaban a coordinarse y a enfrentarse a los militares, en Lima todavía apenas se conocía lo que sucedía en Ayacucho.

Un año más tarde, unos 3.600 kilómetros al norte, otras mujeres iniciaban un recorrido similar. En aquellos años, todos los días aparecían en la Ciudad de Guatemala tres o cuatro cadáveres, jóvenes en su mayoría. Sus familiares —mujeres sobre todo— coincidían en las morgues. “Después de juntarnos dos o tres veces en el mismo lugar, surgió la idea de hacer una organización para denunciar lo que estaba sucediendo”, explica Blanca Bernal, una de las fundadoras en 1984 del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM).

En esos años, bajo una altísima represión, el movimiento popular guatemalteco se encontraba en reflujo o directamente exiliado, recuerda el líder del Comité de Unidad Campesina Domingo Hernández Ixcoy. Y en ese momento, según explica, “las mujeres rompen el terror”. A raíz de su trabajo, empiezan a surgir o a recomponerse otros colectivos. Algo muy parecido, según explica Silvia Trujillo, a lo que ocurrió en Argentina, donde las madres abrieron “brecha para el resurgimiento de otros movimientos populares”.

“Lo único que nos quedaba”

A las denuncias y acciones del GAM se sumaron las de otro colectivo, este solo de mujeres, viudas, mayoritariamente indígenas: la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua). El reclutamiento forzoso de sus hijos fue el último de los agravios y uno de los principales motivos para movilizarse. “Era quitarnos lo único que nos quedaba. De allí vino la fuerza”, recuerda la líder maya kakchiquel Rosalina Tuyuc.
Según analiza Aura Marina Yoc, del colectivo Actoras de Cambio de Guatemala, esa “figura de madres las protegió relativamente de las agresiones del Estado, puesto que no fueron vistas como causa, sino como efecto de la guerra”. Compartían el dolor de ser viudas, supervivientes de los asesinatos y la tortura sexual, “pero el reclutamiento forzoso estaba además —explica Yoc— quitándoles a los hijos, muchos de ellos último recurso de subsistencia económica para las familias, dejándolas desprotegidas en el marco de un sistema patriarcal, machista y racista”. Hoy Conavigua agrupa a 15.000 mujeres.


El reclutamiento forzoso de los hijos en Guatemala animó a las mujeres a movilizarse, recuerda la lideresa 
Rosalina Tuyuk./ E.G.
¿Por qué, en un contexto de represión y de reflujo del movimiento popular, fueron mujeres viudas las que alzaron la voz?, ¿por qué no grupos mixtos? En las masacres, primero se asesinaba a los hombres, expone Yoc. Y a los que sobrevivían se los llevaban a los polos de desarrollo, aldeas vigiladas por destacamentos militares.

“Además, en el caso de familias de tradición militante, los hombres respondían a otras emergencias, de subsistencia o de participación en luchas sociales. Pero tampoco se opusieron a la actividad política de las mujeres, quizás porque consideraban estas luchas como ‘naturales’ de su rol. No sé si hubiese sido lo mismo si las demandas hubiesen sido más identificadas a procesos de emancipación feminista”, contrapone Yoc.
¿Dónde están los padres?

¿Hay casos de padres implicados en la búsqueda de la verdad y la justicia? Haberlos, haylos: Pedro Restrepo, padre de dos adolescentes desaparecidos en Ecuador en 1988 a manos de la Policía y el colombiano Yuri Neira, cuyo hijo murió como resultado de la represión policial, son dos ejemplos. En 2011 el poeta mexicano Javier Sicilia, cuyo hijo fue asesinado por el cártel del Golfo, se incorpora a la triste lista.

En México, la —mal llamada— guerra contra el narco ya es responsable de más de 60.000 muertos, las personas desaparecidas podrían superar las 70.000. Las primeras caravanas de búsqueda y denuncia empezaron en 1999, principalmente de madres centroamericanas y mexicanas. Pero fue Javier Sicilia —varón y blanco— el que le dio visibilidad al movimiento de familiares de víctimas. Al poco tiempo del asesinato de su hijo, Sicilia encabezó una marcha hasta México DF para denunciar la criminalización de las víctimas. En los carteles rezaba el lema “Hasta la madre”.

Al principio se las tacha de “mamás chillonas”, como en el caso de Las Madres de Soacha, o de “locas”, como a las Madres de Plaza de Mayo, a las que un cura de una iglesia militar les llegó a recomendar “santa paciencia”. Luego se las tortura igual

Para Lucía Barbosa, el hecho de que suelan ser madres las que buscan y reclaman por los desaparecidos tiene que ver con el rol de protectoras y de cuidadoras de las mujeres. “En países en conflicto son las mujeres las que están poniendo la cara. Muchas de estas violaciones a los derechos suceden en entornos muy vulnerables y la composición de la familia tiene casi siempre por cabeza de hogar una mujer”, explica Barbosa.

Al principio se las tacha de “mamás chillonas”, como en el caso de Las Madres de Soacha, 
o de “locas”, como a las Madres de Plaza de Mayo, a las que un cura de una iglesia militar 
les llegó a recomendar “santa paciencia”. Luego se las tortura igual

Valentina González, también de Casa Amazonía, apunta que entre los sectores populares la mayoría de las mujeres son madres. “Esa es la diferencia. No exclusivamente por ser madre se adopta la defensa de los derechos humanos”, concluye.

Sirley Cely pone como ejemplo para entender la diferencia de clase el caso de los secuestros: “En la defensa de los secuestrados se implica el grupo familiar, más completo, mientras que en estas vulneraciones de sectores populares sí son más las mujeres las que están al frente”.

Desde que se iniciaron los diálogos de paz, en el departamento del Putumayo, donde se encuentra Casa Amazonía, se ha incrementado el conflicto. Se está viviendo una “pacificación para poder extraer los recursos”, resume González. “Y se está haciendo más visible el papel de las mujeres en la defensa del territorio. Se está dando una fuerte reflexión en comunidades indígenas campesinas de la madre tierra, una concepción muy andina, con simetría con las madres”, describe Cely.

“En Guatemala es particularmente significativa la lucha de las mujeres en la defensa del territorio”, apunta Aura Marina Yoc. Pero, según explica, las activistas cada vez recurren menos al símbolo de la maternidad y su discurso está más articulado en torno a su lucha como mujeres indígenas y la legalidad internacional.

Madres… o no

¿Y en otros lugares?, ¿hay tantos colectivos de madres?, ¿qué papel cumplen? La terapeuta y activista bosnia Alma Prelic, ligada al colectivo guatemalteco Actoras de Cambio, no pondría el acento en la maternidad al hablar de la defensa de los derechos humanos. Mucho menos hablaría de liderazgo de los colectivos de madres. Prelic, que coordina la traducción al bosnio del libro ‘Tejidos que lleva el alma. Memoria de las mujeres mayas sobrevivientes de violación sexual durante el conflicto armado’, explica que en el caso de la ex Yugoslavia, el papel de las madres depende del área de denuncia.

“En el caso de los desaparecidos, las mujeres/madres son la mayoría, ya que en los genocidios matan a hombres mayores de 18 años, como en el caso de Srebrenica en Bosnia y Herzegovina. A ellos les matan y a nosotras nos violan. Usan nuestro cuerpo —nos encarcelan para no poder abortar— para llevar el mensaje al bando contrario: ¡Te la agredimos! ¡Fue nuestra! ¡Esta contaminada por nuestra sangre! ¡Tu sangre ya no es limpia!”, describe esta terapeuta.


Ana Delina Páez fue la primera de las madres de Soacha en conseguir una condena, en julio de 2011./ E. G.
La Fundación Madres de Srebrenica, explica Prelic, reúne a viudas y madres del genocidio de unos 7.000 musulmanes ocurrido en 1995. Fue una de las primeras asociaciones de víctimas en formarse. “Pero no es la única ni la más activa en Bosnia y Herzegovina”, según matiza Gorana Mlinarevic, investigadora feminista especializada en justicia transicional en los Balcanes.

“Normalmente las víctimas civiles se organizan en torno a los violaciones de derechos que les afectan. En otras áreas no se han organizado madres, sino supervivientes de violaciones o personas retornadas. En relación con los desaparecidos, es difícil de decir por qué son las mujeres las más visibles en Bosnia-Herzegovina en cuanto a la búsqueda de la verdad”, expone Mlinarevic. A la ya clásica explicación de que las mujeres son las supervivientes, la activista añade otros factores.

Los colectivos de madres han contribuido a hitos contra la impunidad, como la condena contra Alberto Fujimori en Perú, el reconocimiento de los ‘falsos positivos’ como crímenes de lesa humanidad en Colombia, o los procesos contra torturadores en Argentina

“En la narrativa de la guerra, se percibe a los hombres como combatientes veteranos y a las mujeres principalmente como víctimas. Y la victimización de los hombres, en la sociedad patriarcal, no es que esté precisamente muy bien vista. Los hombres quieren mantener una actitud activa y la posición de víctima es una posición pasiva, excepto en los momentos en los que los partidos políticos de corte étnico llaman a la movilización. Entonces la posición de víctima se utiliza para movilizar o ganar votos. Y, aún en esos casos, los líderes políticos son hombres”, describe Mlinarevic.

Los colectivos de madres han contribuido a hitos contra la impunidad, 
como la condena contra Alberto Fujimori en Perú, el reconocimiento 
de los ‘falsos positivos’ como crímenes de lesa humanidad en Colombia, 
o los procesos contra torturadores en Argentina

Pero hay otro motivo para la visibilidad de las Madres de Srebrenica, explica la analista. A los medios de comunicación les encantan las historias de madres que buscan a sus hijos. Para Alma Prelic, hay que tener mucho cuidado para no abordar el tema de forma simplista: “Primero habría que definir la maternidad, analizar la sociedad en que vivimos. ¿A quién damos el derecho y el deber de construir y concebir a un ser humano? ¿Y a quién se da derecho a destruirlo y en nombre de qué? Para luchar también se necesita tiempo y muchas veces las madres no lo tienen. Y son muchos los colectivos de mujeres donde encontramos lesbianas sin hijos, transexuales, mujeres que no quieren tener hijos. Podemos hablar de tantas formas de la maternidad y paternidad…”.

Ahora bien, esa diversidad se reduce, según Prelic, cuando se trata del ámbito institucional: entonces la defensa de los derechos humanos, de repente, está más relacionada con los hombres. “El espacio público trae un reconocimiento social, mientras que los espacios no institucionales son espacios de mujeres en la lucha, como Actoras de cambio en Guatemala o Mujeres de Negro Internacional”, afirma.

Según Inés Giménez, periodista de LolaMora producciones, el papel de las mujeres, de las mujeres madres y si se autoidentifican como colectivos de madres o no depende del contexto: “No es lo mismo un contexto urbano donde se manejan feminismos de tercera generación a un contexto rural disperso donde todavía se ven estructuras patriarcales bien claras y una interiorización muy marcada de esos roles”.

¿Funciona la estrategia?

Para hablar de genocidio solemos viajar unos cuantos miles de kilómetros. Pero, ¿qué tal si reducimos la huella ecológica de este artículo? ¿Qué ocurrió con la dictadura franquista? “Las fuentes documentales certifican que fueron las mujeres quienes llevaron a cabo, y desde fechas bien tempranas, actos de dignificación y memoria”, describe la historiadora Irene Murillo, especialista en posguerra española y género. Y cuando dice tempranas se refiere a los 40, primera posguerra e implantación de la dictadura. Explica Murillo que esos grupos de mujeres “desvelaron los eufemismos del régimen, calificaron de asesinatos lo que el franquismo denominaba desapariciones y denunciaron que la violencia había estado orquestada y legitimada desde arriba”.

Para Murillo, que históricamente las mujeres se hayan situado en primera línea forma parte de una “estrategia colectiva para apaciguar una violencia que estaba asegurada por parte de las fuerzas militares”. Pero no significa, apunta, “que por ser mujeres no reciban esa violencia”.

Al principio se las tacha de “mamás chillonas”, como en el caso de Las Madres de Soacha, o de “locas”, como a las Madres de Plaza de Mayo, a las que un cura de una iglesia militar les llegó a recomendar “santa paciencia”. De alguna forma, todo el peso patriarcal del símbolo de la madre —inofensiva, apolitizada, entregada a la familia— se utiliza como escudo. ¿Pero hasta cuándo la visión patriarcal de la vida es más fuerte que los intereses de muerte que defienden?, se pregunta Silvia Trujillo.

“Los agentes de la violencia (sobre todo los oficiales) se muestran normalmente reacios a utilizar violencia contra las mujeres al principio (probablemente porque las consideran menos peligrosas que a los hombres). Pero luego ejercen esa violencia sin importar el género (y me refiero al género, no la maternidad). A las mujeres se las tortura igual”, describe Gorana Mlinarevic. Los asesinatos en Guatemala a integrantes del GAM o el reciente secuestro de Paola Quiñones, destacada vocera de las caravanas migrantes, son solo algunos ejemplos de los peligros que corren las activistas.

Victorias

Pese a todo, los colectivos de mujeres, y los colectivos autoidentificados como madres han ido consiguiendo, a veces tras una lucha de décadas, no solo romper el silencio sobre los procesos de extrema violencia, sino conseguir llevar a algunos de sus máximos responsables a prisión. Contribuyeron de forma clave a la caída de las dictaduras latinoamericanas. Hoy, mujeres insertas principalmente en colectivos mixtos protagonizan resistencias y victorias frente a la implantación de megaproyectos, como uno de minería en La Puya, Guatemala.


María Godoy y Corina Barbosa, Madres de Ituzaingó, en guerra contra los agrotóxicos en Argentina./ E.G.

En 2011 las Madres de Soacha lograron las primeras condenas a militares implicados en el asesinato de sus hijos y un tribunal calificó el crimen “de lesa humanidad”. En Perú, la asociación que creó Mamá Angélica fue una pieza fundamental para el incipiente movimiento de derechos humanos que, años más tarde, lograría condenas tan relevantes como la del exdictador Alberto Fujimori. La lucha del GAM y Conavigua consiguió abrir camino hasta los acuerdos de paz en Guatemala. Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo fueron fundamentales para que los principales torturadores y responsables del Estado argentino fueran detenidos, juzgados y condenados.

En Argentina, todavía hoy sigue habiendo al menos un colectivo de madres verdaderamente incómodas para el Gobierno: las Madres de Ituzaingó, en la periferia de Córdoba. Se empezaron a coordinar en 2002 al darse cuenta de que en su barrio, sus hijos y sus vecinos estaban enfermando: cáncer, malformaciones, enfermedades respiratorias.

Investigaron y descubrieron los efectos de los agrotóxicos utilizados en el cultivo soja transgénica, responsable en gran parte del crecimiento económico argentino de los últimos años. Gracias a su lucha, se inició un debate nacional sobre el tema y se aprobaron las primeras leyes que regulaban las fumigaciones. En la actualidad este colectivo sigue movilizado contra la implantación de una gran fábrica de Monsanto en la provincia de Córdoba. De momento, con éxito. Los juicios contra varios empresarios y fumigadores siguen su curso. En mayo de 2014 se confirmaba el juicio contra seis imputados. Al proceso se le ha llamado ‘Causa Madre’.

9/01/2014

Desaparición forzada: crimen y tortura permanente


Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.


Te has preguntado alguna vez ¿qué harías si de la noche a la mañana te arrancaran a un ser querido y vivieras durante horas, días, años, la angustia interminable de no saber en dónde está, si está vivo o no, o en qué condiciones se encuentra?

¿Dejarías de luchar y de exigir verdad, memoria y justicia ante un hecho tan detestable como la desaparición forzada de un ser humano?

En estas breves líneas les quiero compartir parte de la historia que nos ha tocado vivir ante el hecho de tener un familiar víctima de desaparición forzada.

Primero es importante destacar que una desaparición forzada no implica sólo el hecho de pensar que a una persona se la han llevado a la fuerza y que por ello sea forzada, ¡no!, una desaparición forzada implica que una persona o un grupo de personas sean privadas de su libertad por agentes del Estado (es decir cuerpos policiacos, militares, federales, etcétera) o por grupos  que actúan con el apoyo o consentimiento de éste, los cuales una vez que realizan el hecho, lo niegan, ocultando así la suerte o el paradero de la persona desaparecida, con lo cual la víctima queda desprotegida de todos sus derechos, quedando a merced de sus victimarios.

Cuando una persona es víctima de este delito,  no se sabe en dónde está, ya que no está en centros oficiales de reclusión, tampoco en hospitales, no está muerto, pero tampoco se tiene la certeza de que este vivo, pues está desaparecido, lo cual hace que los familiares y compañeros vivan en una  angustia y tortura permanente por no saber de su ser querido.

En nuestro país, lamentablemente esta práctica forma parte de una estrategia permanente y sistemática del Estado mexicano; la cual se inició en los años sesentas con la finalidad de combatir y eliminar a los grupos disidentes y que hoy ha cobrado dimensiones alarmantes con miles de personas desaparecidas de manera forzada a lo largo de todo el país, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico que se inició en el 2006 con bajo el mandato de Felipe Calderón.

Así, en el contexto de violencia social y política que se recrudecía con la llegada de Felipe Calderón,  el 25 de mayo del 2007 nuestros familiares, los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, fueron víctimas de éste terrible delito, ambos fueron detenidos y posteriormente desaparecidos en la ciudad de Oaxaca por un operativo policiaco–militar. Desde entonces los familiares decidimos luchar, dejar gran parte de nuestra vida común para  salir a las calles para denunciar esta grave violación a los derechos humanos y exigirle al Estado su presentación con vida.

Es verdad y un hecho, que con la desaparición de nuestros familiares nuestra vida cambio completamente, como ha cambiado la vida de miles de familias en nuestro país a causa de este terrible delito; los proyectos de vida, el trabajo, las amistades, la familia, todo ha cambiado. Por ejemplo, muchos amigos se alejan por el miedo a que les pase lo mismo,  la familia muchas veces decide mejor mantenerse al margen para no verse involucrada o simplemente para no comprometerse, los problemas económicos se presentan cotidianamente, dado que dejamos de trabajar formalmente para dedicarnos completamente a buscar a nuestros familiares, se presentan diversos problemas de salud en nuestras familias y en quienes convivieron más con las personas desaparecidas, los cuales conllevan malestares no solamente físicos, sino también emocionales.
Son una serie de cambios drásticos que se dan ante un suceso como éste. Sin embargo lo que quiero destacar aquí, es que a pesar de los cambios, nuestra decisión de luchar, movida en un primer momento por el dolor y el amor hacia nuestros seres queridos, es ahora una convicción clara, consciente y un proyecto de vida por lograr el respeto a los derechos humanos de todas las personas, incluyendo los nuestros como segundas víctimas afectadas por la desaparición forzada de nuestros seres queridos.

Hoy luego de más de 7 años de lucha permanente y de ver hacia atrás, hemos comprendido que la lucha por la presentación con vida de nuestros familiares y la de todos los desaparecidos, es una lucha de largo aliento, una lucha en la cual hemos aprendido a prepararnos y a ser conscientes de por qué luchamos y contra que nos enfrentamos.

Hemos vivido en el camino muchas experiencias que nos han enseñado que si no reflexionamos y no nos preparamos ante cualquier posible situación, esto puede traer consigo el desgaste, la sensación de frustración y con ello el abandono de la exigencia y precisamente es esto lo que busca el Estado, que las familias y la sociedad en general deje de exigir la presentación con vida de sus familiares. Muchos familiares que tuvimos la oportunidad de conocer cesaron en su lucha, producto de la desesperanza, la frustración  y por no tener claridad a lo que se estaban enfrentando.

El comprender y dimensionar que este crimen es parte de una política de Estado que atenta contra la vida y la dignidad de las personas; el cual no sólo afecta a las víctimas directas, sino a los familiares y al pueblo en general, permite hacer conciencia de cómo debemos prepararnos para una lucha a largo plazo,  una lucha que transcienda el sentimiento movido sólo por el coraje y el dolor,  para convertirla en un acto de consciencia y claridad política, que busque la verdad, la justicia, la libertad y el respeto a nuestros derechos humanos.

Estos 7 años para nosotros han sido de angustia sin duda, pero también de grandes aprendizajes y logros, producto de la solidaridad incondicional de organizaciones populares y de derechos humanos que nos han acompañado. Hoy gracias a esto nos encontramos en una nueva etapa de lucha por encontrar  a nuestros familiares debido a la importante resolución histórica emitida por el  Poder Judicial de la Federación, la cual nos alienta a seguir adelante, no sólo por nuestros familiares sino por todos los desaparecidos.

La lucha por erradicar este crimen contra la humanidad debe ser una demanda de todos para lograr que los detenidos desaparecidos sean encontrados con vida y se enjuicie y castigue a los responsables. Los desaparecidos son del pueblo, son hombres y mujeres que han sido arrancados por el Estado de sus hogares, de sus luchas, de sus profesiones, por ello como pueblo no debemos ser indiferentes ante tales hechos inhumanos. Por esta razón exhortamos a no descansar, ni claudicar ¡¡Hasta Encontrarlos!!

¡Vivos se los llevaron, Vivos los Queremos!

@ComiteH_E

8/09/2014

Guido, el nieto en el ADN de todos los argentinos

“Gracias, muchas gracias”. Con esas palabras acompañó el viernes 8 de agosto Guido Montoya Carlotto la foto del primer encuentro con su abuela Estela de Carlotto, en su cuenta de Twitter @IgnacioHurban. Crédito: Twitter de Ignacio Hurban.

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“Gracias, muchas gracias”. Con esas palabras acompañó el viernes 8 de agosto Guido Montoya Carlotto la foto del primer encuentro con su abuela Estela de Carlotto, en su cuenta de Twitter @IgnacioHurban. Crédito: Twitter de Ignacio Hurban.

BUENOS AIRES, 8 ago 2014 (IPS) - La recuperación del “nieto 114”, de hijos de desaparecidos durante la dictadura militar de Argentina, causó una conmoción colectiva que muchos comparan con llegar a la final de la Copa Mundial de la FIFA hace un mes. Una compensación histórica a la herida que atravesó 30 años de democracia y que comienza a sanar.

“Sin palabras”, “emoción, “alegría”, fueron algunas repetidas expresiones en las redes sociales que alcanzaron un récord de réplicas el 5 de agosto, cuando se anunció la recuperación del nieto de la presidenta y fundadora de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

Un “sin palabras” incapaz de definir una sensación mayoritaria, aunque no unánime, reflejada en todos los medios de comunicación, sin distingos ideológicos.

“La lucha incansable por buscar la sangre, nunca pudo ser discutida, es tan natural, tan lógica, tan correcta, que nadie puede permanecer indiferente a eso”, sintetizo a IPS la abogada Marta Eugenia Fernández, de la Universidad de Buenos Aires.

La organización busca desde 1977 a los niños nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus padres, durante el régimen militar (1976 -1983), que dejó 30.000 personas muertas y desaparecidas, según organizaciones humanitarias.
La búsqueda de su nieto duró 36 años, la edad que hoy tiene “Guido”, como quiso llamarlo su madre, o Ignacio Hurban, como lo registraron los padres que lo criaron, en Olavarría, una ciudad a 350 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, aparentemente desconociendo su origen.

Guido, pianista, compositor y arreglista,  se hizo una prueba genética porque tenía dudas sobre su identidad y el resultado dio 99,9 por ciento positivo.

Su madre, Laura Carlotto, una militante del desaparecido grupo guerrillero Montoneros, dio a luz en cautiverio, en el Hospital Militar, el 26 de junio de 1978, y dos meses después fue asesinada, como miles, en una de las más cruentas dictaduras de América Latina, una región cuyo siglo XX estuvo jalonado por ellas.

El padre era Oscar Walmir Montoya, músico como su hijo, pareja y compañero de militancia de Laura y ejecutado poco después de la detención de ambos en noviembre de 1977.

Los padres del hijo y nieto restituido 36 años después, Laura Carlotto y Oscar Walmir Montoya. Crédito: Abuelas de Plaza de Mayo
Los padres del hijo y nieto restituido 36 años después, Laura Carlotto y Oscar Walmir Montoya. Crédito: Abuelas de Plaza de Mayo

“Laura Carlotto y Oscar Montoya no volverán a la vida. El daño es infinito e irreparable. La recuperación del hijo de ambos es una reparación inmensa para ese daño infinito”, analizó el periodista Luis Bruschtein en el diario Página12.
“La noticia del reencuentro del nieto de una abuela insignia de esa lucha, es tan cinematográfica como ver a Lionel Messi (astro argentino de fútbol) pateando un gol en el minuto 89”, ilustró Fernández.

Casi un mes después de la clausura de la Copa Mundial de la FIFA (Federación Internacional del Fútbol Asociado), celebrada en Brasil y en el que Argentina perdió el título frente Alemania, el 13 de julio, otros protagonistas de esa pasión nacional, acudieron a esa metáfora.


“No sólo el fútbol puede unirnos”, dijo el mítico exjugador argentino Diego Armando Maradona.

Mientras, Messi llamó a continuar la lucha porque “quedan muchos más” nietos por recuperar. Según las Abuelas de Plaza de Mayo, unos 400 niños más secuestrados durante la última dictadura militar (1976-1983) están aún desaparecidos.


Antes del Mundial de Brasil, Messi y otros jugadores de la selección nacional de fútbol, apoyaron la causa de las Abuelas con un video que trascendió las fronteras argentinas.

Pero la sociedad sigue dividida 30 años después de la reinstauración de la democracia y de la publicación en 1984 del Informe “Nunca Más”, elaborado por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, perpetrada por los militares durante su represión ilegal.

No es difícil escuchar en la calle argumentos como el que dio a IPS la jubilada Edith Gómez, quien habló de los niños secuestrados como los “hijos de los subversivos” y, como argumentan otros, consideró que fue mejor “que los haya criado gente de bien”.

Sin embargo,  eso está cambiando, según la psicoanalista Viviana Parajón, gracias a la adopción en la última década de “los derechos humanos como política de Estado”.

Parajón consideró que las nuevas generaciones, que ni siquiera fueron protagonistas o víctimas directas de la dictadura, están incorporando conceptos como el repudio a los crímenes de lesa humanidad.

Se refiere a medidas como la instauración del “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”, el 24 de marzo, cuando se produjo el golpe militar, que aprobó el Congreso legislativo en 2002 y que en 2005 declaró como feriado el entonces presidente Néstor Kirchner (2003-2007).

También se incorporó a los contenidos escolares el tema de la memoria de la dictadura y de otros genocidios.

“Hasta hace unos años la cuestión de los desaparecidos era adoptado por un sector muy pequeño de la sociedad, el resto tenía posturas que iban desde la indiferencia hasta la teoría de los dos demonios”, recordó a IPS.

Se conoce así en Argentina la tesis que justifica que los abusos de derechos humanos perpetrados por el Estado durante la dictadura, fueron equiparables – y respondieron – a la violencia armada de las organizaciones guerrilleras.
“Lo nefasto y horroroso es que lo hicieron transcender y aniquilaron no solo aquella  generación sino varias más”, opinó la psicoanalista, para quién en este sentido, la recuperación de Guido tiene un efecto “sanador” social.

“Es como un nieto de todos… una reparación de ese horror”, analizó.

“Nos despierta del letargo, nos sacude la fibra más íntima porque todos somos en lo personal hijos, padres o abuelos y en lo social compartimos una misma historia, y eso como la sangre o el ADN no se borra, permanece ahí latente hasta que un hecho sorpresivo, nos enfrenta con esa identidad común, que tampoco puede ser discutida ni arrebatada”, coincidió Fernández.

La psicóloga y periodista Liliana Helder recordó en la Televisión Pública Argentina que tras otros genocidios históricos como el de los judíos y armenios, que hay estudios que muestran que “dos o tres generaciones después, viven las consecuencias de aquello, cuando aquello ha quedado inconcluso”.

“La aparición de cada nieto, es un poquito de desinfectante en la herida”, consideró.

Pero en una historia como la de Carlotto y Guido, que concluye como el final feliz de una película, en el que la abuela de 83 años al fin puede abrazar al nieto arrebatado antes de morir, nada mejor que dejar que el protagonista lo explique.

“Si lapidando al poeta se cree matar la memoria, que más le queda a esta tierra que va perdiendo su historia”, cantó en su composición “Para la memoria” el hasta ahora Ignacio Hurban, quien en otro ribete cinematográfico, participó hace dos años en el ciclo “Música por la identidad”, organizado por las Abuelas de Plaza de Mayo.

“El ejercicio de no olvidar nos dará la posibilidad de no repetir”, dice otra estrofa de la canción del ahora Guido Montoya Carlotto, compuesta cuando todavía desconocía su verdadera identidad y antes de pasar a simbolizar la recuperación de la identidad de su país.
Editado por Estrella Gutiérrez

2/09/2014

Impunidad militar retrocede un casillero en México



Marcha de madres de desaparecidos realizada en mayo de 2012 en el centro de la ciudad de México. Crédito: Daniela Pastrana/IPS
Marcha de madres de desaparecidos realizada en mayo de 2012 en el centro de la ciudad de México. Crédito: Daniela Pastrana/IPS

MÉXICO, 8 feb 2014 (IPS) - Tita Radilla espera con cierto escepticismo que los militares de México acusados de desapariciones forzadas empiecen a desfilar ante la justicia ordinaria, un reclamo de cinco décadas marcadas por estos delitos.

Desde que su padre, Rosendo Radilla, fue secuestrado por soldados en agosto de 1974 en el sureño estado de Guerrero, no pasó día sin que Tita indagara su paradero en la prensa, los tribunales nacionales y las instancias internacionales.

Su lucha llegó a San José de Costa Rica, sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado mexicano en noviembre de 2009 por violentar los derechos a la libertad y a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la propia vida de Radilla, un dirigente comunitario del municipio de Atoyac, 400 kilómetros al sudeste de la capital.

“Ha sido una lucha que hemos dado. Es importante por todo el esfuerzo que se ha hecho, creemos que es un logro que los militares vayan a instancias civiles. Es una reivindicación para nuestro esfuerzo”, dijo Radilla a IPS.

El martes 4, el Senado mexicano eliminó el martes 4 una reserva y una interpretación que México interpuso en 2002 a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y que impedían a tribunales ordinarios juzgar crímenes cometidos por militares contra civiles, confinándolos al fuero castrense.

"No va a haber cambios. Hemos escuchado muchas promesas que solo han servido para ocupar a muchas personas, sin que aparecieran nuestros seres queridos y sin juicios". - Martha Camacho

La solicitud de derogar esas disposiciones fue enviada al Senado en octubre por el presidente conservador Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como parte de los compromisos asumidos por México para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana.

Mientras otros países, como Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala y Uruguay, han avanzado para juzgar las desapariciones forzadas, esos delitos permanecen totalmente impunes en México.

El problema se agrava con la metamorfosis que este crimen experimentó en los últimos años, cometido también por milicias paramilitares, narcotraficantes y tratantes de personas. Algunas estimaciones indican que las víctimas podrían sumar 30.000 o más.

“En nuestros países las leyes no se aplican. Es demasiado lento el trabajo que se hace.

No hay demandas penales, ni una persona detenida o juzgada”, lamentó Radilla, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en México (Afadem).

Otros activistas comparten su incredulidad.

“No va a haber cambios. Hemos escuchado muchas promesas que solo han servido para ocupar a muchas personas, sin que aparecieran nuestros seres queridos y sin juicios”, dijo Martha Camacho, presidenta de la Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa (UMHDS), estado del oeste mexicano.

Las desapariciones deben “considerarse crímenes de lesa humanidad que no prescriben”, agregó.

Cuando Camacho y su esposo José Manuel Alapizco tenían 21 años, en agosto de 1977, fueron sacados de su casa en la noroccidental ciudad de Culiacán por agentes de la Dirección Federal de Seguridad, policías municipales y de tránsito.

La pareja militaba en la Liga Comunista 23 de Septiembre y Camacho estaba embarazada. Los dos fueron torturados. Alapizco fue ejecutado y su cuerpo nunca apareció.
Tras 47 días de cautiverio, Camacho y su hijo recién nacido recobraron la libertad, luego de que sus padres pagaron un rescate.

La UMHDS se creó en 1978 y documentó 47 desapariciones forzadas cometidas en Sinaloa entre 1975 y 1983.

Guadalupe Pérez, integrante de Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (Hijos México), también es escéptico.

“Es sorprendente que se hayan tardado casi 12 años para entender esta situación, pero además que haya sido resultado de la sentencia del caso Radilla para ver que mucho de lo que México promueve a nivel internacional no es del todo aplicable a nivel interno”, dijo Pérez.

Su padre, Tomás Pérez, desapreció el 1 de mayo de 1990, supuestamente a manos de paramilitares, en el municipio de Pantepec del sureño estado de Puebla.

La víctima tenía entonces 39 años e integraba la Central Campesina Independiente, que luchaba contra el saqueo de tierras a la población rural local.

Hijos registró 561 desapariciones entre 1969 y 2010.

La estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos estudió 532 casos correspondientes a los años 1960 y 1970, en el marco de la “guerra sucia” de fuerzas estatales contra guerrillas izquierdistas, militantes y dirigentes sociales.

Organizaciones no gubernamentales aseguran que la cifra de ese período sobrepasa el millar.

Por lo mismo el gobernante PRI se halla en un brete, pues corresponde investigar a gobiernos de ese partido que estaban en el poder cuando esta práctica comenzó, a finales de los 60, y enjuiciar a los responsables.
Una fiscalía especial que actuó entre 2000 y 2006 documentó 12 matanzas, 120 ejecuciones extrajudiciales, 800 desapariciones y 2.000 torturas contra detenidos, sobre todo en las décadas de 1960 y 1970.
“Lo más importante es que el Estado haga una investigación completa y efectiva para hallar a Rosendo”, exige Radilla.

Pese al fallo de la Corte Interamericana, desde mayo de 2013 no hubo diligencias para encontrar sus restos.
En Guerrero, la Afadem denunció penalmente 126 casos. En ese estado funciona desde abril de 2012 una comisión especial para investigar las violaciones de derechos humanos de la guerra sucia, que lleva registrados decenas de crímenes.

Un obstáculo a su labor es que la Procuraduría (fiscalía) General de la Nación le niega acceso a los testimonios y archivos recabados por varios organismos del Estado.

Hay “una gran simulación a lo largo de 44 años, porque se ha seguido practicando la desaparición forzada. Quienes detentan el poder tienen responsabilidad política, pues siguen sin investigar y sin decir dónde están” los desaparecidos, cuestionó Pérez.

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4/27/2012

México: Solidaridad para suscribir comunicado por los desaparecidos

por Comité de Familiares de Detenidos - Desaparecidos"Hasta Encontrarlos"

Los familiares estamos solicitando de su apoyo para suscribir el siguiente comunicado (adjunto y enviado abajo) que será publicado en un diario nacional el 25 de mayo.

Estimados Compañer@s:

En el marco de las actividades a realizarse en la semana Internacional del Detenido Desaparecido ( del 23 al 31 de mayo) y a conmemorarse cinco años de la desaparición forzada de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Francisco Paredes Ruíz, las hermanas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, Lauro Juárez y de muchos de desaparecidos más. Los familiares estamos solicitando de su apoyo para suscribir el siguiente comunicado (adjunto y enviado abajo) que será publicado en un diario nacional el 25 de mayo.

Por ello los invitamos, si estan de acuerdo, a firmarlo y difundirlo entre sus amistades.

Las firmas las pueden enviar al correo: hastaencontrarlos@gmail.com" target="_blank" saprocessedanchor="true"> hastaencontrarlos@gmail.com hasta el día 20 de mayo.

Esperamos contar con su apoyo y solidaridad.


Fraternalmente

Nadin Reyes

En el marco de la semana Internacional del Detenido Desaparecido

Al pueblo de México

A los pueblos del mundo

Los abajo firmantes manifestamos enérgicamente nuestro rechazo a la política represiva del gobierno panista encabezado ilegítimamente por Felipe Calderón, donde la política de Estado ha significado el incremento de la represión, persecución y criminalización de los luchadores sociales, opositores al régimen neoliberal, defensores de derechos humanos y aterrorizando al pueblo en general.

La guerra contra el narcotráfico no ha sido otra cosa que una guerra contra el pueblo, que ha propiciado hasta hoy más de 60,000 asesinados, más de 30 mil personas que han sido detenidas desaparecidas, más de 60,000 detenidos como presuntos delincuentes y más de un millón de personas que han sido desplazadas de manera forzada de sus lugares de origen. La detención desaparición sigue siendo una política de gobierno, que se pretende convertir en un mecanismo eficaz para acallar las voces y las luchas de todas aquellas personas que se organizan fuera de los marcos de control gubernamental.

Ante esta situación, en el marco de la semana internacional del detenido desaparecido y a cinco años de su detención desaparición, exigimos la presentación con vida de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Francisco Paredes Ruíz, las hermanas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, Lauro Juárez, así como de todos aquellos que se encuentran en esta condición de lesa humanidad, exigiendo castigo a los culpables materiales e intelectuales.

¡Por la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos del País!

10/04/2011

Paramilitares, entrenados en México, Colombia y EEUU, bien pagados, otra amenaza



Pedro Echeverría V.


1. Después de siete décadas de gobiernos del PRI, muchos pensamos que peor gobierno no podría existir en el mundo. Hartos los electores eligieron en el año 2000 al panista Vicente Fox; éste en menos de dos años no sólo demostró que era tan ladrón, negociante y corrupto como los del PRI, sino que además era un analfabeta político que sólo gobernó mediante rebuznos. Pero otra vez, cuando con Fox pensamos que no habría un personaje tan tonto como él en ninguna parte, de pronto –mediante un gigantesco fraude electoral avalado por panistas, priístas, empresarios, clero y medios de información- las autoridades electorales y los magistrados entregaron el gobierno al panista Felipe Calderón, a pesar de las protestas en las calles de cientos de miles de manifestantes. Para responder a esas protestas en nuevo presidente puso al ejército en las calles pretextando el “combate contra el narcotráfico”.

2. Nadie sabe lo que hubiera sucedido si el presidente ilegítimo Calderón no hubiese retado abierta y frontalmente al narcotráfico. Lanzó al ejército a la ocupación de varios estados de la República con grandes titulares periodísticos, como si estuviera avisando a la llamada “delincuencia organizada” para que huya y se esconda. Pero tras esa fachada de despliegue publicitario del ejército estaba decirle al movimiento desplegado en las calles por López Obrador: “¡Aquí estoy, el ejército me apoya, soy un gobierno fuerte y tu movimiento me lo paso por el arco del triunfo!”. Inmediatamente ordenó encarcelar a más de 20 presidentes municipales y funcionarios de Michoacán, donde gobernaba el PRD mediante la acusación de estar al servicio del narcotráfico. Aquella acusación fue falsa al parecer y a tres meses todos los detenidos fueron liberados.

3. Así se inició la guerra (2006-12) en México que ha provocado 52 mil muertos, además de otros miles descubiertos en fosas clandestinas. También fue el inicio de eso que se llama “organizaciones paramilitares” que, según el investigador Buscaglia, “en México operan 167. La realidad es que con ese golpe de timón que le permitió a Calderón demostrar su fuerza y dureza, garantizó su permanencia en el gobierno durante todo su sexenio. Hoy bien podría gritar triunfante: “¡Terminé mi sexenio a pesar que no pude tomar posesión de la Presidencia de manera formal y que nunca pude rendir un informe en el Congreso; lo que venga más adelante poco interesa!”. Al parecer ni De la Madrid, ni Salinas, ni Zedillo del PRI perdieron las elecciones intermedias; por el contrario Fox y Calderón sí fueron derrotados y tuvieron que gobernar con el PRI.

4. Los paramilitares son una realidad y representan una amenaza más contra la población. En verdad son más de lo mismo porque todos tienen como origen el ejército armado y maravillosamente entrenado en los EEUU, Israel, Colombia y México. El Ejército Mexicano que tiene en sus filas quizá a 800 mil uniformados, que durante décadas mantuvo cierto prestigio de “patriota”, hoy casi nadie cree en él porque muchos de sus altos mandos han sido descubiertos en complicidad y como protectores de los narcos; también se ha descubierto que la mayoría de los auténticos narcos fueron antes miembros del ejército y, por otro lado se ha demostrado que los llamados paramilitares también vienen del ejército, incluso de sus fuerzas especiales. Estos, como mercenarios, pueden recibir sus ingresos del gobierno, la iniciativa privada y de particulares.

5. Para ser paramilitar es obligatorio estar entrenado. En la policía y el ejército cabe cualquier joven o maduro; basta con que resista un leve entrenamiento para obtener un lugar en la institución; pero para ser paramilitar necesitas ser especial porque vas a cobrar un salario “copeteado”, como diría Fox. Los paramilitares –armados hasta los dientes, con casquete corto, uniformes, botas, la cabeza totalmente cubierta y chalecos antibalas- son los militares mejor entrenados y pagados. Sirven a la policía, al ejército, al gobierno, a los empresarios y hacen trabajo, al mismo tiempo, para el Departamento de Estado y la CIA. Esa es la información que se tiene de España, Colombia, EEUU y México. Desde hace por lo menos diez años eran grupos dispersos y sin coordinación, pero hoy parecen obedecer a un cuerpo coordinado que puede obedecer a la llamada “Iniciativa Mérida”, por medio de una comisión México-EEUU.

6. Los guerrilleros chinos, yugoslavos, cubanos o nicaragüenses, no recibieron un entrenamiento especial y, en la medida en que se acercaron al triunfo revolucionario, enrolaron a todo el pueblo en la lucha armada. Quizá de cada 100 “comandantes” guerrilleros contaron con un profesional que sabía mucho de asuntos militares; pero todos ellos lucharon por convicción y sin cobrar un centavo; esos fueron los auténticos ejércitos del pueblo. Por el contrario, los militares de profesión, sean del ejército, la marina, la aviación viven del presupuesto institucional con la misión de defender al país frente a cualquier agresión extranjera. Pero cuando se trata de de “paramilitares” se está hablando de mercenarios que –mecanizados mentalmente por la sociedad capitalista- actúan exclusivamente por “dinero contante y sonante”. Un día pueden operar por unos y otro día por los otros.

7. En medio de esta terrible situación política y económica capitalista, agudizada por el desgobierno o gobierno militarista de Felipe Calderón, no parece haber ninguna garantía para un proceso electoral limpio. Todos los precandidatos del PRI y del PAN –para asegurar su triunfo presidencial- tendrán que establecer alianzas con quien sea, esto es hasta con el narcotráfico. No se como los Ebrard y los López Obrador puedan hacerse a un lado de la avalancha de dinero del narco que circulará en todas partes. Espero que no salgan con la jugada de poner al mismísimo jefe nacional de narcos, integrante de la lista de Forbes, además de popularísimo- Chapo Guzmán -como “candidato de unidad” o “ciudadano”. Si Salinas, Fox, Calderón han sido presidentes, ¿por qué no él”, dirían muchos. Así que no se centren mucho en los “matazetas” habiendo 167 grupos de paramilitares.

http://pedroecheverriav.wordpress.com