La impunidad como norma, dice informe 2021 mientras crecen las víctimas de feminicidio y delitos sexuales, tortura y desaparición forzadas. Alerta sobre los efectos de la militarización y la desprotección a migrantes en acuerdo con Trump
Cd. de México, 18 ene. 21. AmecoPress/SemMéxico.- La organización internacional Human Rights Watch (HRW) en su Informe Mundial 2021, afirma que en México continúan las violaciones a los derechos humanos, no se protege a mujeres y niñas contra la violencia de género y sexual, niega el acceso al aborto y esta práctica se encuentra sujeta a severas restricciones en el país a pesar de que la Suprema Corte determinó que las víctimas de violación sexual no necesitan presentar una denuncia penal para acceder a servicios de aborto.
Agrega con preocupación que mujeres y niñas siguen sufriendo índices alarmantes de violencia de género y se mantienen al alza los feminicidios, la discriminación a la comunidad LGTB, y es grave la militarización en México.
El informe critica acremente a la administración de la 4T por una fallida y equivocada política sanitaria ante el COVID19, lo que al drama real, se agrega una letalidad que podría haberse contenido, pero México no atendió las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
El informe, que narra la agencia Tlanesi*, de periodismo de los Derechos Humanos, fue conocido hoy, y sostiene que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la Presidencia de México en diciembre de 2018, continúan las violaciones de derechos humanos, incluyendo torturas, desapariciones forzadas, abusos contra migrantes, ejecuciones extrajudiciales y ataques contra periodistas independientes y quienes defienden los derechos humanos.
Sostiene que “La impunidad sigue siendo la norma. La aplicación de las reformas aprobadas en 2017 y 2018 ha sido lenta y hasta el momento estas han sido ineficaces para combatir la tortura y la impunidad”, refirió y señala que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH, está en manos de una persona adherida a su gobierno, lo que la hace ineficaz.
De acuerdo con HRW, el presidente López Obrador ha ampliado considerablemente el ámbito de las actividades de las Fuerzas Armadas, al disponer su movilización para tareas de orden público y control de aduanas, control de la migración irregular, gestión de programas sociales y el desarrollo y operación de megaproyectos.
Así también, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) ha aumentado la transparencia gubernamental sobre la cantidad de personas “desaparecidas”, pero los esfuerzos de los agentes del Ministerio Público por investigar desapariciones forzadas o identificar a los responsables sigue siendo muy limitados.
“En noviembre de 2019, el Senado nombró a Rosario Piedra Ibarra como la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Muchas personas defensoras de derechos humanos denunciaron su designación como inconstitucional, alegando que Piedra Ibarra, una exdirigente del partido al cual pertenece el presidente, tiene un vínculo demasiado estrecho con el gobierno para ser autónoma y apolítica”.
El reporte apuntó que en septiembre de 2020, el presidente López Obrador le pidió al Congreso que aprobara la convocatoria a un referéndum para decidir sobre la posibilidad de enjuiciar a todos los expresidentes desde 1988 —cinco en total— por “delitos” que incluyen fraude electoral, corrupción y pérdida de vidas por efecto del neoliberalismo.
Sin embargo, el gobierno no ha proporcionado apoyo ni protección adecuada a aproximadamente 66 mil solicitantes de asilo en EE. UU. Que han sido asignados al programa de “Quédate en México” (Remain in México), incluyendo a aquellos con alto riesgo de marginación, como personas con discapacidad y problemas de salud crónicos, personas mayores y niños y niñas. Muchas se han refugiado en campamentos improvisados o albergues atestados a lo largo de la frontera entre México y EE. UU.
El documento de la organización defensora de los derechos humanos se clasifica en los siguientes apartados:
Sistema de Justicia Penal
Es habitual que las víctimas de delitos violentos y violaciones de derechos humanos no obtengan justicia en el sistema penal. Según la organización no gubernamental Impunidad Cero, apenas 1,3 por ciento de los delitos cometidos en México son resueltos. Esto se debe a diversos motivos, que incluyen corrupción, falta de capacitación y recursos suficientes, y complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores de oficio con delincuentes y otros funcionarios abusivos. Según informan organizaciones locales que abogan por los derechos humanos y el Estado de derecho, una reforma adoptada en 2018 para proporcionar mayor independencia a los fiscales no ha sido implementada adecuadamente.
En enero, el Ministerio Público propuso reformas extremadamente regresivas al sistema de justicia que habrían facilitado que los fiscales usen pruebas conseguidas mediante torturas, eliminado el control judicial de la detención preventiva y ampliado el uso del arraigo, una práctica que permite a agentes del Ministerio Público solicitar autorización judicial para mantener a una persona detenida hasta 40 días sin presentar cargos, mientras avanzan con la investigación.
Abusos militares
México ha utilizado activamente a las Fuerzas Armadas en acciones contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, lo cual ha propiciado violaciones generalizadas de derechos humanos. Entre 2014 y 2019, la CNDH recibió aproximadamente 3 mil denuncias relacionadas con presuntos abusos militares.
El Presidente López Obrador ha intensificado el uso de las fuerzas militares para tareas de seguridad pública, ampliando considerablemente el ámbito de sus actividades y reemplazando a autoridades civiles. En 2019, creó la Guardia Nacional, una fuerza de carácter militar, para reemplazar a la policía federal como principal organismo de orden público del gobierno. La Guardia Nacional es dirigida por militares, recibe entrenamiento de militares y está integrada mayormente por soldados. En mayo de 2020, el presidente encomendó formalmente a fuerzas militares que asistieran a la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública.
Actualmente, los militares están habilitados legalmente para detener a civiles, preservar escenas del crimen y proteger evidencias. Durante gobiernos anteriores, encomendar estas tareas a las fuerzas militares contribuyó a graves encubrimientos de violaciones de derechos humanos.
En 2014, el Congreso reformó el Código de Justicia Militar para exigir que los abusos de militares contra civiles sean juzgados en la justicia penal ordinaria en vez de en la justicia militar. Sin embargo, los esfuerzos por lograr justicia siguen siendo infructuosos.
En julio de 2020, 12 civiles murieron en un enfrentamiento armado con soldados en el estado de Tamaulipas. En un video que se filtró a la prensa en agosto, se ve a un soldado dando la orden de matar a un civil. En septiembre, la Secretaría de Defensa anunció que los hechos estaban siendo investigados solamente por la policía militar, y no por agentes del Ministerio Público de la justicia penal ordinaria.
Tortura
Es habitual que en México se torture a las personas detenidas para obtener información y confesiones. La tortura se aplica con mayor frecuencia en el plazo que transcurre entre la detención de las víctimas —a menudo arbitraria— hasta que estas son puestas a la disposición de agentes del Ministerio Público. Durante este periodo, las víctimas suelen ser mantenidas incomunicadas en bases militares o en centros de detención ilegales. Una ley de 2017 estableció la ilegalidad de usar confesiones obtenidas mediante tortura como pruebas en procesos penales. Sin embargo, las autoridades no suelen investigar las denuncias de torturas.
La cantidad de investigaciones de casos de tortura por agentes del Ministerio Público ha aumentado en los últimos años tanto a nivel federal como estatal, de apenas 13 investigaciones en 2006 a más de 7 mil en 2019, según un informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. En su análisis sobre México de 2019, el Comité contra la Tortura de la ONU expresó preocupación porque pocos de estos casos dan lugar a un proceso penal.
En 2016 —el último año para el cual hay datos disponibles— el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México realizó una encuesta de más de 64 mil personas encarceladas en 338 cárceles. Casi dos de cada tres (64 por ciento) reportaron algún tipo de violencia física al momento de la detención, como descargas eléctricas, estrangulamiento y asfixia.
En su análisis sobre México de 2019, el Comité contra la Tortura de la ONU destacó que apenas 8 de 3 mil 214 denuncias de torturas realizadas en 2016 dieron lugar a un proceso penal. El Comité expresó su preocupación ante reportes de que la justicia casi nunca investiga señalamientos de tortura.
Desapariciones
Desde 2006, las desapariciones forzadas perpetradas por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han sido un problema generalizado. Las organizaciones delictivas también han sido responsables de numerosas desapariciones. El gobierno reportó más de 75 mil personas desaparecidas hasta noviembre de 2020, la gran mayoría del año 2006 en adelante.
El gobierno de López Obrador ha adoptado medidas orientadas a determinar y publicar la cantidad real de personas desaparecidas. En 2019, una respetada defensora de derechos humanos fue nombrada titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Desde entonces, el gobierno ha creado una plataforma en línea para que las personas puedan denunciar desapariciones de forma anónima y para mostrar estadísticas en tiempo real de la cantidad de personas desaparecidas, sin incluir información de identificación personal.
Es habitual que agentes del Ministerio Público y policías no realicen siquiera las tareas investigativas básicas para identificar a los responsables de desapariciones forzadas; frecuentemente, indicando a familiares de desaparecidos que investiguen por su cuenta. La CNB informó que desaparecieron más de 7 mil personas en 2019. Ese año, la Fiscalía General de la República abrió solamente 351 carpetas de investigación de desapariciones y procesó penalmente apenas 2 casos.
Funcionarios han reconocido que más de 26 mil cuerpos siguen sin ser identificados. En 2019, la Comisionada Nacional de Búsqueda creó una evaluación forense nacional para abordar obstáculos en la identificación y el almacenamiento de cuerpos. Tras recibir reclamos de familias, el gobierno también estableció un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense para identificar cuerpos.
En agosto de 2020, el gobierno reconoció la competencia del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada para considerar casos en México, conforme habían recomendado varios Estados Miembros de la ONU durante el Examen Periódico Universal de 2018. Las familias de las víctimas podrán presentar casos ante el Comité una vez que hayan agotado las alternativas legales a nivel doméstico.
Ejecuciones extrajudiciales
En noviembre de 2019, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación ante señalamientos de ejecuciones extrajudiciales por parte de militares y policías y la impunidad en estos casos. Aunque la Secretaría de Defensa ha señalado que dejó de registrar la cantidad de civiles muertos a manos de militares en 2014, diversas organizaciones de sociedad civil manifestaron en 2019 que declaraciones emitidas por el secretario indican que esa información sí existe.
En 2020, se produjeron protestas en respuesta a incidentes ampliamente difundidos en medios de civiles que murieron bajo custodia policial.
En 2020, se produjeron protestas en respuesta a incidentes de civiles que murieron bajo custodia policial que recibieron mucha cobertura mediática.
En uno de estos incidentes, ocurrido en el estado de Jalisco, un hombre murió tras ser detenido por la policía por no usar el cubrebocas que exigen las medidas de respuesta al Covid-19.
Ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos
Periodistas y personas defensoras de derechos humanos -especialmente aquellas que critican a funcionarios públicos o exponen el trabajo de carteles delictivos- han sido víctimas de agresiones, persecución y vigilancia por parte de autoridades gubernamentales y grupos delictivos.
Existe evidencia de que se está empleando vigilancia digital en espacios públicos, sin ningún tipo de marco jurídico ni supervisión para ello, de maneras que podrían tener un efecto amedrentador sobre la libertad de reunión y el trabajo de defensores de derechos humanos y periodistas.
México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas, equiparable a zonas bélicas como Siria y Afganistán en la cantidad de asesinatos de periodistas, según el Comité para la Protección de los Periodistas y Reporteros sin Fronteras. Según indica la CNDH, 24 periodistas han sido asesinados desde que López Obrador asumió la presidencia. En 2019, periodistas registraron 609 amenazas, ataques u otras formas de agresiones. Ese sería el año con la cifra más alta registrada hasta el momento.
Las autoridades no suelen investigar los delitos contra periodistas adecuadamente, y muchas veces descartan de manera prematura que los delitos estén vinculados con su profesión. Desde su creación en 2010, la Fiscalía Especial federal encargada de investigar agresiones contra periodistas ha iniciado más de mil investigaciones, presentado cargos en 217 casos de delitos y obtenido 14 condenas. Ante la falta de investigación de hechos de violencia, muchos periodistas recurren a la autocensura.
México también es uno de los países más peligrosos del mundo para las y los defensores de derechos humanos. En 2019, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reportó 20 asesinatos de las y los defensores de derechos humanos en el país. Al igual que en el caso de los periodistas, los hechos de violencia contra éstos casi nunca son investigados ni juzgados.
En 2012, el gobierno estableció el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual asigna escoltas, autos blindados y dispositivos de pánico y ayuda a periodistas a reubicarse temporalmente cuando surgen amenazas graves. Un estudio de 2019 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó los problemas que enfrentaba el Mecanismo para coordinar las medidas de protección, proporcionar recursos y establecer procedimientos claros. Seis periodistas han sido asesinados bajo la protección del programa, cuatro de ellos desde que López Obrador asumió la presidencia. En octubre de 2020, el gobierno eliminó el fideicomiso público que proveía los fondos para costear las medidas de protección, precarizando la situación financiera del mecanismo.
Derechos de mujeres y niñas
En 2018, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer manifestó su preocupación ante la persistencia de patrones de violencia “generalizada” contra mujeres, incluyendo violencia sexual. El derecho mexicano no protege adecuadamente a mujeres y niñas contra la violencia de género y sexual. Algunas disposiciones, incluyendo aquellas que supeditan la gravedad de la pena para ciertos delitos sexuales a la “castidad” de la víctima, contravienen los estándares internacionales.
Cualquier persona puede solicitar acceso al aborto hasta las doce semanas de embarazo en la ciudad de México y, desde octubre de 2019, en el estado de Oaxaca. Esta práctica se encuentra sujeta a severas restricciones en otras partes del país. En 2019, la Suprema Corte determinó que las víctimas de violación sexual no necesitan presentar una denuncia penal para acceder a servicios de aborto, y que los proveedores de servicios de salud no necesitaban verificar que se haya cometido un delito para practicar un aborto.
Las mujeres y niñas siguen sufriendo índices alarmantes de violencia de género. En 2019, el gobierno reportó más de mil feminicidios —la privación de la vida de una mujer debido a su género—; aproximadamente una cuarta parte de todos los casos de homicidios de mujeres. Según indican organizaciones de derechos de la mujer, es probable que no todos los casos de feminicidio sean reportados.
Migrantes y solicitantes de asilo
Carteles delictivos, delincuentes comunes, y en ocasiones policías y funcionarios de migración, actúan regularmente en contra de personas que migran a través de México, con el fin de robar, secuestrar, extorsionar, violar o matar. Los carteles delictivos suelen hacerlo “bajo la tolerancia o con la participación de ciertas autoridades”, según informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2013. Estos delitos rara vez son denunciados, investigados o penalizados. En 2019, la CNDH recibió 606 denuncias de abusos contra migrantes y el Ministerio Público inició 72 investigaciones de delitos contra ellos.
Entre enero de 2019 y marzo de 2020, el gobierno del Presidente de EE. UU. Donald Trump —con la colaboración del gobierno de López Obrador— envió cerca de 66 mil personas no mexicanas que estaban solicitando asilo en EE. UU. A esperar los resultados de sus solicitudes en México, en el marco del programa de “Quédate en México” (Remain in México). Hasta noviembre de 2020, muchos de los solicitantes incluidos en el programa seguían esperando una resolución, obligados a vivir en condiciones precarias, insalubres y peligrosas con asistencia insuficiente del gobierno mexicano.
En marzo de 2020, el gobierno de EE. UU., dejó de aceptar la mayoría de las solicitudes de asilo efectuadas en la frontera entre EE. UU. Y México, utilizando la pandemia de Covid-19 como pretexto para empezar a expulsar sumariamente a la mayoría de las personas que llegan a la frontera estadounidense o transferirlas a autoridades mexicanas que, por lo general, las deportan a América Central.
En 2019, el Presidente López Obrador movilizó a la Guardia Nacional —una rama de las Fuerzas Armadas— para efectuar controles migratorios. El gobierno afirma que los soldados solamente asisten a las autoridades de migración. Sin embargo, en una grabación de audio filtrada de 2019, una alta funcionaria de migración le informa a su equipo que ahora están “bajo las instrucciones y supervisión de la Guardia Nacional”. En enero de 2020, hubo un enfrentamiento violento entre soldados de la Guardia Nacional y una caravana de migrantes en el estado de Chiapas.
Antes de ser deportadas a sus países de origen, la mayoría de las personas detenidas por la Guardia Nacional son enviadas a centros de detención migratoria, donde ha habido quejas por las condiciones de hacinamiento e insalubridad.
En abril, un hombre salvadoreño murió de Covid-19 en un hospital de la ciudad de México tras pasar más de un mes en detención migratoria. En agosto, la CNDH indicó que el Instituto Nacional de Migración (INM) era responsable de la muerte del hombre por no haber implementado procedimientos para detectar o prevenir infecciones de Covid-19 en centros de detención y por no haberle proporcionado atención médica adecuada.
En agosto de 2020, un juez determinó que el INM había ignorado una resolución judicial previa que ordenaba liberar a cualquier migrante cuyas condiciones lo pusieran a mayor riesgo ante la pandemia de Covid-19, así como implementar procedimientos para detectar y prevenir contagios en centros de detención.
El sistema de asilo de México se encuentra gravemente desbordado. Desde 2013, la cantidad de solicitudes recibidas se duplica prácticamente cada año, y la capacidad del organismo de asilo no ha crecido al mismo ritmo. A octubre de 2019, había más de 63 mil solicitudes de asilo acumuladas y 44 % de las personas que habían presentado solicitudes en 2018 seguían a la espera de una resolución, según la organización de defensa de derechos de refugiados Asylum Access.
Orientación sexual e identidad de género
El matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en 20 de los 32 estados del país. En otros estados, las parejas del mismo sexo deben presentar un recurso de amparo para que se les permita contraer matrimonio. En 2019, la Suprema Corte determinó que una pareja del mismo sexo en Aguascalientes debía recibir autorización para registrar a su hijo, para proteger el interés superior del niño y reivindicar los principios de igualdad y no discriminación.
Doce estados permiten que las personas transgénero cambien sus nombres e identificadores de género en sus certificados de nacimiento mediante un simple trámite administrativo ante el registro civil del estado.
Derechos de las personas con discapacidad
Durante el gobierno de López Obrador sigue habiendo graves deficiencias en la protección de los derechos de las personas con discapacidad; por ejemplo, en materia de acceso a la justicia, acceso a remedios efectivos, capacidad jurídica y consentimiento informado en decisiones de salud; accesibilidad de edificios, transporte y espacios públicos; violencia contra la mujer; y educación.
En muchos estados, las personas con discapacidad no tienen otra alternativa más que depender de sus familias para recibir asistencia o vivir en instituciones, lo cual es incompatible con su derecho a vivir de forma independiente y ser incluidas en la comunidad. Las personas con discapacidades reciben escasa protección o asistencia del gobierno y se encuentran expuestas a mayor riesgo de abuso y desatención de sus familiares.
Desde que López Obrador asumió la presidencia y hasta la elaboración de este informe, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el principal órgano del gobierno que coordina las acciones para implementar los derechos de las personas con discapacidad, no ha estado en funcionamiento en la práctica.
Covid-19
El gobierno de López Obrador no ha adoptado muchas de las medidas básicas que recomiendan las autoridades de salud mundiales para limitar la propagación del Covid-19. El funcionario a cargo de coordinar la respuesta de México se ha referido a las pruebas de detección masivas como “inútil [es]” y “un desperdicio de tiempo”, a pesar de la insistencia de la Organización Mundial de la Salud acerca de la importancia de realizar pruebas. Como resultado, México tiene una de las tasas más bajas de pruebas de Covid-19 -y una de las tasas más altas de resultados positivos- en el mundo. Funcionarios y expertos coinciden en que la estadística real de contagios y muertes por Covid-19 es probablemente varias veces superior a la cifra oficial, que estaba entre las más altas del mundo al momento de preparación de este informe.
Las personas que viven en áreas de bajos recursos o comunidades indígenas tienen 50 por ciento más probabilidades de morir por causa del Covid-19. La gran mayoría de los pacientes con Covid-19 que fallecen nunca recibieron cuidados intensivos.
Amnistía Internacional informó que México tiene el número más alto de muertes de trabajadores de salud por Covid-19 en el mundo. Los trabajadores sanitarios han enfrentado ataques y discriminación, y algunos de ellos señalan que fueron despedidos por reclamar ante la falta de equipos de protección en los hospitales públicos.
La CNDH reportó 2 mil 234 casos confirmados y 198 muertes por Covid-19 al 1 de septiembre en cárceles, donde hay condiciones notorias de hacinamiento e insalubridad. La mayoría de los estados suspendieron las visitas de familiares en respuesta a la pandemia, lo cual ha dejado a muchas personas detenidas sin acceso a insumos de higiene básicos, como jabón.
En algunas partes del país, los carteles delictivos proporcionaron asistencia alimentaria a residentes que enfrentaban dificultades y amenazaron con usar la violencia para hacer cumplir toques de queda por la pandemia.
Las escuelas en México cerraron en marzo de 2020 y el año escolar 2020-2021 está transcurriendo de forma remota, con transmisiones de clases por televisión y radio. Aunque 94 por ciento de los hogares mexicanos cuenta con televisión, la falta de acceso a servicios de internet asequibles hace que muchos niños y niñas, especialmente aquellos en hogares de bajos ingresos y aquellos con discapacidad, no tengan acceso a la educación. Algunos niños y niñas en áreas rurales, que frecuentemente son indígenas, no han podido participar en absoluto.
Actores Internacionales clave y Política Exterior
En junio de 2020, México fue elegido miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el período de 2021-2022. La política exterior de derechos humanos de México durante el gobierno de López Obrador se ha basado en el principio de “no intervención”. México destacó que una de sus prioridades en el Consejo sería la protección de niños y niñas, aunque a diferencia de la mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad, todavía no ha respaldado la Declaración sobre Escuelas Seguras.
En octubre de 2020, México fue reelecto para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En julio de 2019, el país apoyó una resolución que condenó las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en Filipinas.
En julio de 2020, el Presidente López Obrador hizo su primer y único viaje internacional para reunirse con el Presidente Donald Trump en Washington D.C. México ha cooperado con los intentos del gobierno de Trump de limitar el derecho al asilo.
Desde 2008, EE. UU. ha destinado más de USD 3,1 mil millones de ayuda a través de la Iniciativa Mérida para asistir en la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico en México. El Presidente López Obrador dijo en mayo de 2019 que su gobierno rechazaría esta iniciativa y reorientaría la cooperación entre EE. UU. Y México hacia los factores que propician la migración a EE. UU., reduciendo la pobreza en América Central y el sureste de México. Sin embargo, en 2019 y 2020, México continuó recibiendo aproximadamente USD 150 millones al año a través de la iniciativa, principalmente para medidas contra el narcotráfico. También desvió USD 4 millones de sus propios programas de desarrollo para América Central con el fin de destinarlos a la detención y expulsión de migrantes.
En junio, la Unión Europea y México celebraron su novena sesión del diálogo bilateral de alto nivel sobre derechos humanos. La UE ha denunciado en repetidas ocasiones los asesinatos de periodistas, activistas, políticos y jueces en México y ha instado al país a garantizar investigaciones exhaustivas y rendición de cuentas por los delitos cometidos.
México se ha adherido al Llamamiento a la Acción Solidaria para el Fondo de Acceso a Tecnología contra el Covid-19 de la Organización Mundial de la Salud, una iniciativa para “lograr un acceso mundial equitativo a las tecnologías sanitarias contra la COVID-19 mediante la mancomunación de conocimientos, propiedad intelectual y datos”.
Fotos: SemMéxico.
