Mucho
antes del golpe de Estado en junio de 2009, las mujeres campesinas y
étnicas venían demandando mayor acceso a la tierra, crédito, semillas,
asistencia técnica y protección de los recursos naturales. Después del
golpe, se agregaron otras demandas como la protección y defensa de los
derechos humanos, participación política y representación en las
instituciones e instancias del Estado.
Esta
lucha no ha sido fácil. Las líderes de las principales federaciones
campesinas de Honduras como la Federación de Mujeres Campesinas de
Honduras (FEMUCH) y la Asociación de Mujeres Campesinas de Honduras
(ANAMUCH) no acompañan estos esfuerzos de las mujeres de base, ya que
reciben plata del Estado y sus dirigentes han sido acusadas de
corruptas; lo mismo se dice de las organización creadas con la reforma
agraria como la Central Nacional Campesina (CNC) pegada a las
políticas de gobierno.
Esta
lucha permanente ha sido también mal entendida por los lideres del
Partido Libertad y Refundación (LIBRE), en el sentido de pretender
ejercer un control sobre el movimiento y definir la agenda de lucha,
sin considerar el alto grado de heterogeneidad del movimiento y los
intereses de cada organización y grupos de interés; o sea, la lucha de
las mujeres campesinas en resistencia no tiene color político, mucho
menos se han matriculado con programas de gobierno de uno u otro
candidato en oposición al gobierno.
Las
mujeres están en resistencia contra el golpe de Estado y la continuidad
de este, pero fundamentalmente contra la inseguridad alimentaria y
dependencia alimentaria, pobreza, desempleo, falta de tierra para
producir, criminalización de la protesta, desempleo, contaminación
ambiental y perdida del patrimonio natural y hábitat. Ejecutan
proyectos con fondos públicos y de la cooperación internacional,
siempre y cuando no entren en contradicción con los objetivos y
propósitos de las organizaciones que representan.
El
15 de octubre de 2014 se celebró el día mundial de las mujeres rurales
con la presentación del documental “El rostro femenino e infantil de
la criminalización campesina en Honduras, donde se denunció que más
de 700 campesinas han sido procesadas por demandar un pedazo de tierra
para comer y no morir, recibiendo amenazas de policías y fiscales de
separarlas de sus hijos e hijas si continúan reclamando un derecho que
les otorga la Constitución de la Republica. Las denuncias de UNICEF es
que las fuerzas de seguridad pública ignoran la Convención de los
Derechos del Niño, por lo que los desalojos de tierras van acompañado
de violaciones sistemáticas de los derechos humanos y de la niñez.
El
16 de octubre de 2014, en el marco del día mundial de la alimentación,
la Vía Campesina Honduras en coordinación con la Alianza Campesina
Hondureña (ACH) y el Centro de Educación Popular de Honduras (CENCOPH),
celebraron el foro “Por una Honduras sin Hambre”, con el propósito de
poner estos recursos en manos del pueblo para ejecutar una reforma
agraria con soberanía alimentaria, descartando los proyectos aprobados
por el Estado para privatizar los ríos, bosques y la biodiversidad.
La
Coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas
de Honduras (COPIN), Bertha Cáceres, manifestó que existe más de 300
proyectos hidroeléctricos aprobados- en su mayoría- por los gobierno
de manera corrupta, asimismo destacó la lucha que se ha tenido que
librar para detener el proyecto hidroeléctrico en Rio Blanco con la
participación activa de las comunidades.
Ya
antes, otra organización, caso de la Organización Fraternal Negra
Hondureña (OFRANEH) liderada por Miriam Miranda, denunció los impactos
negativos del monocultivo de la palma africana, la producción de agro
combustibles y la perdida de la soberanía alimentaria del país. “Zonas
que estaban dedicadas al maíz, frijol y arroz, ahora están dedicadas a
la palma. Nos están condenando a una hambruna, estamos importando
frijoles cuando en los años 70s llegábamos a exportar la producción de
frijoles y también de maíz”.
Existe
en el Congreso Nacional varias leyes que las mujeres campesinas en
resistencia demandan su aprobación: La primera es la Ley de Reforma
Agraria Integral con Soberanía Alimentaria con Equidad de Género, que
tiene más de 2 años de estar engavetada. La segunda es la Ley para
crear el Programa de Crédito Solidario para las Mujeres Rurales
(CREDIMUJER) pendiente de discusión. A ello se agregan las demandas por
eliminar la ley antiterrorista que criminaliza las protestas públicas y
demandas de tierras como actos subversivos.
Estas
organizaciones de mujeres han venido apoyándose en ciertas agencias de
cooperación internacional como FIAN honduras, OXFAM y TROCAIRE, pero
todavía el apoyo de la Academia brilla por su ausencia. La integración
de estas demandas en una solo propuesta de país es urgente, al igual
que los partidos de oposición para canalizar en forma rápida las
demandas en el Congreso de la Republica.
Tegucigalpa, 20 de octubre de 2014.
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