México,
D.F. (apro).- La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo, admite que la capital
mexicana ha dejado de ser el “espacio de sobrevivencia” para quienes
huían de la inseguridad en otras entidades del país.
“La ciudad
de México había sido considerado un espacio para salvar la vida de
muchos periodistas que ya habían perdido la libertad de expresión”,
señala en entrevista con Apro.
No obstante, a raíz del
multihomicidio en la colonia Narvarte y la exposición de un cadáver en
Iztapalapa, entre otros casos, “quedó esta percepción de inseguridad
(entre los habitantes)”, subraya.
La ciudad “ya no ofrece las condiciones mínimas de seguridad” para periodistas y defensores de derechos humanos, admite.
Previo a la entrevista con este medio, Gómez Gallardo rindió un breve
informe por sus dos años al frente de la CDHDF, tiempo en el que ha
emitido 29 recomendaciones que implican a 679 víctimas de violaciones a
derechos humanos.
Entre los casos de mayor impacto se refirió a
la persistencia de la tortura como un patrón de conducta de las policías
capitalinas, lo que derivó en una recomendación con 95 casos
documentados, y anunció que emitirá una más por otros 28 casos
certificados este año y “que van desde la detención hasta la reclusión”.
Precisó que el mayor número de denuncias recabadas provienen de
personas privadas de la libertad, y representa el área donde más rezagos
subsisten en el cumplimiento de recomendaciones, algunas desde 1995.
Durante la conversación con esta reportera, la presidenta de la CDHDF
anunció que próximamente emitirá una recomendación por muertes en los
reclusorios: 50 en distintos años, de los cuales 21 ocurrieron este año
(15 homicidios y seis suicidios).
De acuerdo con Gómez Gallardo,
los visitadores del organismo en las cárceles no han detectado hasta
ahora información sobre los cárteles que operan dentro de las prisiones,
pero han documentado la violencia en algunos de los reclusorios.
Un reporte de la institución detalla que de los 15 homicidios cometidos
en cárceles en lo que va de 2015, siete ocurrieron en el Reclusorio
Norte, cinco en el Oriente, dos en el Sur y uno en la Penitenciaria.
En cuanto a los suicidios, dos se reportaron en el Reclusorio Norte,
dos más en el Oriente, uno en Santa Marta Acatitla y otro más en
Tepepan.
A dos años de su gestión, Gómez Gallardo sostiene que
entre “los temas sensibles que están estallando en la ciudad” resalta el
“urbano”, así como el crecimiento desmedido sin control de
construcciones que se realizan, sin contar con cambios de uso de suelo,
por ejemplo, y que están derivando en problemas de agua, movilidad,
violencia intrafamiliar por el hacinamiento y falta de privacidad,
violando el derecho de vivienda digna.
Asegura que en lo que va
de su gestión ha emitido dos recomendaciones sobre el tema, pero ninguna
fue respondida por los delegados a quienes fueron dirigidas
Entre otros temas que ha detectado la CDHDF, dice, destaca la violencia
entre jóvenes de zonas marginales y la criminalización de la juventud y
de la población callejera.
Y señala que como especialista en el
tema de la defensa de libertad de expresión, el caso de la colonia
Narvarte es uno por los que será muy observada.
Sin plazo fijo
para emitir una recomendación al respecto, expresa que por lo pronto
tiene identificados como focos rojos “la filtración del expediente a
medios y la exhibición del primero de los presuntos responsables antes
de ponerlos a disposición de un juez”.
Luego de puntualizar que
en el peritaje de los médicos de la CDHDF no se detectó tortura en los
detenidos por el caso Narvarte, aunque sí malos tratos en la detención
del primero de ellos, Gómez Gallardo reconoce como “inédito” que la
Procuraduría General de Justicia de la capital haya interrogado al
gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y a su secretario de Seguridad
Pública, y que mantenga abiertas las líneas de investigación por el
ejercicio profesional en el caso de Rubén Espinosa, y por feminicidio en
el de las cuatro mujeres asesinadas junto con el fotoperiodista el 31
de julio pasado.
Asimismo, lamenta que la filtración del
expediente derivara en la criminalización de una de las víctimas, Mile
Virginia Martín, originaria de Colombia, cuyo cuerpo fue enviado a su
país de origen sin embalsamar.
Impugnada por organizaciones
sociales y exaspirantes a la CDHDF, Perla Gómez dice que ganó los
amparos que se interpusieron en contra de su designación. Y sobre los
señalamientos de que es una presidenta “a modo”, responde que ha
procurado darle “tono de ente de Estado” a la institución.
“No es
popular decirlo, pero la CDHDF no es una ONG grandota, es un ente de
Estado, y si eres ente de Estado no estás en conflicto con la autoridad
(en este caso Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno), estás en
coordinación para la prevención y estás con las víctimas cuando llegan
las recomendaciones”, subraya.
Según el diagnóstico de Gómez
Gallardo, el organismo que dirige tiene un rezago de siete años de
incumplimiento de recomendaciones, e incluso hay algunas que datan de
1995 y no han sido atendidas, no sólo por la dificultad de los casos,
sino porque –asegura– las gestiones anteriores estaban desarticuladas de
la autoridad.
A 22 años de la existencia de la CDHDF, Perla
Gómez se pregunta: “¿Cuál ha sido la eficacia de esta institución, que
se ha distinguido por defender derechos progresistas, por pronunciarse
en temas incómodos y ser contrapeso? No es posible que me esté
pronunciando siete años después sobre casos de derechos humanos”.
La presidenta de la CDHDF señala que su función “no implica pelear,
pero sí confrontar, sí evidenciar (…) El punto no es si emito 100
recomendaciones, sino cómo lograr que la autoridad cambie patrones de
conducta, y esa es la tarea más difícil, con voluntad política pero
respetuosa, la autonomía en coordinación, no subordinación”, concluye.
