Pablo Gómez
"El problema que hay que
plantear es el control del Estado sobre la producción, transporte,
distribución y comercio de la mariguana".
(Xinhua)
Sería perder el tiempo seguir con la discusión sobre
los posibles daños de la mariguana a la salud de los consumidores. Nadie
muere por sobredosis de cannabis ni se ha demostrado que fumar esa
hierba produzca adicción. Si la mariguana no puede ser tratada de igual
forma que el alcohol y el tabaco –extendidos problemas de salud– mucho menos debe mantenerse prohibida.
El problema que hay que plantear es el control del Estado
sobre la producción, transporte, distribución y comercio de la
mariguana. Lo que se debe buscar es que se termine con la actividad
ilegal pero no para desregularla. La Corte considera que la gente puede
cultivar su propia cannabis, lo cual implica que también se puede
asociar para tal fin. Aunque la mariguana puede cultivarse hasta en
macetas, sería difícil tratar de resolver el problema con la pura
resolución judicial pues el comercio ilegal se mantendría casi en el
mismo nivel que hasta ahora.
De lo que se trata es de sustraer la mariguana del
nefasto comercio de drogas que tanto daño ha hecho al mundo, no por las
drogas en sí sino por la delincuencia violenta que ha prohijado la
prohibición y por el carácter corrupto del Estado que forma parte de
este esquema. Cierto es que en el futuro cercano deberá acabarse con la
prohibición en general, mas por lo pronto la mariguana es un buen comienzo porque es la más consumida entre las drogas actualmente prohibidas.
La experiencia holandesa debe ser analizada y seguir
con atención lo que ocurre en Uruguay y en varios estados de la Unión
Americana. Pero lo más urgente es que el tema entre en la esfera de la
política, que los partidos definan posiciones y el Congreso aborde el
problema sin maniobras distraccionistas o dilatorias que no conducirían más que a dejar las cosas como están. El tema no será resuelto en los tribunales sino en el Poder Legislativo como se desprende del sistema político de la Constitución.
Ahora bien, los obstáculos a un cambio efectivo en este tema se derivan del miedo a que se relajen las buenas costumbres y a que el Estado termine promoviendo el consumo de drogas. Este miedo no se va a eliminar con una discusión sensata porque sencillamente no proviene de la sensatez.
Los bandos de opinión a este respecto no coinciden exactamente con la
derecha y la izquierda ya que hay gente muy conservadora en materia
política y social que combate la prohibición mientras que personas de
izquierda tienen miedo y se muestran defensoras de una ley que ha
demostrado su naturaleza inicua en el plano social, económico y
jurídico. Aunque existe una mayoría de derechistas que defienden el
pernicioso sistema actual, no todos lo hacen ni son los únicos en
hacerlo.
Otro problema sobre este tema es que bajo el Estado
corrupto la desregulación no supera necesariamente la mordida. Como se
trata de despenalizar para controlar con certeza y probidad, puede ser
una nueva amenaza la generalizada falta de honradez de la autoridad
y, por tanto, la violación organizada de las leyes. Hay que admitir que
la lucha contra la prohibición es parte de la lucha contra el Estado
corrupto pero sólo en un sentido general. Como la persecución legal del
negocio de las drogas es parte integrante del sistema de corrupción que
impera en México, con la sola regulación de la producción y distribución
de la mariguana no se va a reformar el gobierno. Esto quiere decir que
se requeriría la más amplia y solidaria participación vigilante de los
consumidores para evitar que las autoridades abran un nuevo mercado
paralelo ilegal.
Ninguna reforma se realiza sin generar problemas
nuevos pero éstos se pueden resolver con el mismo ímpetu con el cual fue
posible realizar tal reforma. Con ese espíritu habría que acometer esta
tarea. Pero hay algo indispensable: que no se cuelgue nadie de las
malintencionadas tesis de que este tema no es importante o que primero
debe votarse en plebiscito. Por un lado, no sólo los más grandes
problemas deben resolverse. Por el otro, las libertades y derechos humanos no son materia de consultas populares o, al menos, no deberían de serlo.
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