LA REDACCIóN
MÉXICO, D.F., 21 de octubre (apro).- El excandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, convocó a sus seguidores a manifestarse el próximo lunes 26 frente al Senado, para exigir a los legisladores que den marcha atrás al aumento a los impuestos aprobado la víspera en la Cámara de Diputados.
En San Juan Diuxi, Oaxaca, el tabasqueño señaló que la Ley de Ingresos aprobada con los votos del PRI y del PAN, que aumenta el IVA y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) va a generar más crisis económica, más desempleo, pobreza e inseguridad y mayor violencia. Y denunció que pese a que los legisladores del PAN y el PRI se comprometieron en sus campañas proselitistas a no aumentar los impuestos, finalmente se pusieron de acuerdo para asestar el golpe, y ahora compartirán la responsabilidad con Felipe Calderón.
"Ahora no sé con qué cara los del PRI se van a presentar ante su pueblo a decirle que siempre sí tuvieron que aceptar el aumento de impuestos por órdenes de los de arriba", puntualizó.Los mexicanos, expresó, deben recapacitar sobre lo que hacen el PRI y el PAN que, en campaña dicen una cosa, pero en los hechos hacen otra cosa. E insistió: "En México quedó claro que domina la oligarquía, con un pelele, dos partidos y la tele".
Luego de sostener que en el país no hay justicia fiscal y tampoco se cumple el principio de progresividad que establece el artículo 31 de la Constitución, el exjefe de Gobierno del Distrito Federal felicitó a la oposición (PRD, PT y Convergencia) por oponerse al incremento de impuestos. López Obrador añadió que gracias al PRIAN, el IVA pasará a 16% y el ISR a 30%, en tanto que las telecomunicaciones y los depósitos en efectivo tendrán un aumento de 3%, mientras que las gasolinas subirán 5% en 2010.Y lo más grave de todo, dijo, es que al aumentar las gasolinas se incrementarán los precios de todos los productos básicos.Al referirse a la Ley de Ingresos que promovió el gobierno federal, manifestó que es injusta a todas luces, dado que atenta contra la economía de los mexicanos y protege los privilegios de unas cuantas familias.
Por ello, pidió a los oaxaqueños no vender su voto y pensar seriamente en un verdadero cambio rumbo a las elecciones para gobernador que se realizarán en julio de 2010, fecha en la que, dijo, tienen la oportunidad histórica de cambiar las condiciones políticas, económicas y sociales de la entidad que gobierna Ulises Ruiz, a quien en días pasados la Corte responsabilizó por el conflicto en 2006
Alcanza desempleo a 3 millones de personas; la cifra más alta desde 1995
CARLOS ACOSTA CóRDOVA
MÉXICO, D.F., 21 de octubre (apro).- En septiembre pasado, la tasa de desocupación nacional alcanzó 6.41% de la Población Económicamente Activa (PEA), que equivale a casi 3 millones de personas en el desempleo absoluto, reportó hoy el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).
Esa tasa de 6.41% de desempleo es el registro más alto desde 1995, supera en 2.16 puntos porcentuales a la tasa registrada un año antes, en septiembre de 2008 (4.25%), y resultó mayor a la de agosto pasado, que fue de 6.28% de la PEA. El último dato oficial disponible de la Población Económicamente Activa, ubica a ésta en 45 millones 800 mil personas. Entonces, una tasa de desempleo de 6.41% de la PEA, quiere decir que hay, por lo menos, 2 millones 936 mil personas sin trabajo.
Si el año 2008 acabó con un desempleo de 1 millón 900 personas, entre enero y septiembre de este año se sumaron a las filas de la desocupación más de 1 millón de personas.
Para agravar el cuadro, el Inegi informó también que la subocupación –en la que se hallan las personas que buscan trabajos adicionales para completar un mejor ingreso--, alcanzó una tasa de 9% de la población ocupada en septiembre, superior a la de 6.06% de septiembre del año pasado.
En su último registro de la Población Ocupada, el Inegi ubica a ésta en casi 43 millones 350 mil personas, lo cual quiere decir que en esa condición se hallan más de 3 millones 900 mil personas.
La información del Inegi, difundida después de las 13:00 horas, fue secundada más tarde por un boletín de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el que informa que de junio a octubre de este año se han creado 200 mil nuevos empleos formales, lo que calificó de una "clara muestra de la recuperación económica del país".
Empresarios, banqueros y comerciantes rechazan paquete fiscal
LA REDACCIóN
MÉXICO, D.F., 21 de octubre (apro).- El paquete fiscal para 2010 que aprobó esta madrugada la Cámara de Diputados, concitó el rechazo generalizado. Empresarios, comerciantes, banqueros y especialistas, reprobaron la aprobación de la Ley de Ingresos y las distintas iniciativas en materia de impuestos que desde el 8 de septiembre envió el Ejecutivo a San Lázaro.
Inclusive, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) se apresta a promover una controversia constitucional en caso que el Senado ratifique el paquete fiscal 2010.El organismo cúpula de los empresarios, el Consejo Coordinador Empresarial, a través de su presidente Armando Paredes Arroyo, calificó de "riesgosa para el país" la iniciativa de Ley de Ingresos."Pienso que es riesgosa desde el punto de vista que le está generando una enorme incertidumbre a los inversionistas, pues va a provocar una caída en la inversión y por ende en el empleo", advirtió en conferencia de prensa.
Tampoco el incremento de un punto porcentual al Impuesto al Valor Agregado (IVA), que de 15% será de 16% a partir de enero próximo, satisfizo al líder de los empresarios: "No lo veo como una medida responsable, una medida responsable hubiera sido aprobar precisamente el impuesto al 2%" al consumo generalizado."No nos quejemos el año que entra de que no hay empleos, de que no hay oportunidades", advirtió.Paredes dijo que los legisladores establecieron una modificación al régimen de consolidación, con lo cual los empresarios tendrían que pagar impuestos de forma retroactiva por el equivalente a diez años.
Por ello solicitó a los senadores enmendar esa falla o, de lo contrario, dijo, acudirán a las instancias legales.Además, instó a los partidos políticos a reducir el gasto público, lo que daría margen de maniobra, incluso, para reducir algunos impuestos. "En los últimos años hemos tenido una orgía de gasto", acusó. Por su parte, el presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Robles Miaja, calificó el paquete de ingresos de "parcial y coyuntural".Y exhortó a los actores políticos a "sentarse con seriedad a pensar cuál es la reforma deseable y necesaria para el país".Robles Miaja explicó que México tiene un problema estructural, pues sus finanzas dependen en 40% del petróleo, lo que no se resuelve con la reforma aprobada.
El también vicepresidente del Consejo de Administración de BBVA Bancomer consideró que la mejor forma de recaudar es a través de los impuestos indirectos.Asimismo, aseguró que el IVA tiene muchos agujeros."A mí me hubiera gustado que se aprobara el impuesto de 2%, porque es la manera real de romper la estructura no deseable de las finanzas", explicó el representante de la ABM.También los comerciantes organizados del país, agrupados en la Concanaco, manifestaron su decepción por el alza de impuestos aprobada por los diputados federales.
El presidente de la Concanaco, Mario Sánchez Ruiz, sostuvo en rueda de prensa que las nuevas medidas fiscales están lejos de inducir el crecimiento económico y, en cambio, obligarán a las pequeñas y medianas empresas a subsanar el déficit público.Sánchez Ruiz dijo que los comerciantes lamentan "la miopía de la mayoría de los legisladores que, temerosos de asumir costos políticos, volvieron a aprobar una miscelánea fiscal repleta de parches y de cargas tributarias a la misma base fiscal cautiva de todos los años, sin el menor afán de constituir una reforma fiscal orientada a impulsar la economía".Por la crisis, puntualizó, cerró alrededor de 15% de los comercios, y los que quedaron ya no están en condiciones de soportar nuevas cargas tributarias.
Denunció que las nuevas disposiciones --que incluyen el paso del IVA de 15 a 16%, el incremento del ISR de 28 a 30%, y 3% a servicios de telecomunicaciones, entre otras-- fortalecerán la informalidad y desalentarán la inversión.Por último, Alejandra Barrales, presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), anunció que solicitó al área jurídica de ese organismo la presentación de una controversia constitucional por el alza a los impuestos.Dijo que la Asamblea acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en caso de que el Senado avale el incremento a los impuestos aprobado la víspera por la Cámara de Diputados.
Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) llamó a los senadores a que modifiquen el paquete fiscal durante el análisis que realizarán en las próximas horas.
El presidente del organismo, Miguel Marón Manzur, sostuvo que con el paquete fiscal aprobado, se desincentiva la inversión y la generación de empleos; se castiga a quien cumple con el pago de impuestos y premia a los evasores, además de que adelgaza la industria y el comercio formal mientras engorda la burocracia y la economía ilegal.Destacó que la insuficiencia en la recaudación, no aumentar el número de contribuyentes, conservar el sesgo tributario en contra de la inversión y la creación de empleos, y no cumplir con objetivos de mediano y largo plazos, son los desafíos que deberán enfrentar los senadores, pero con menos discurso y más acciones a favor del país.
En un comunicado, Marón Manzur enfatizó que se debe tener presente que el objetivo final de la política de gasto radica en generar e impulsar las condiciones económicas y sociales que permitan un crecimiento estable y equilibrado."No se puede tener una política fiscal que no reconozca en la flexibilidad a uno de sus componentes básicos. En la simplificación, la desregulación, la modernización hacendaria, y la ampliación de la base de contribuyentes puede encontrarse el punto de apoyo para el diseño del nuevo paquete", agregó.Marón Manssur insistió que es necesario ampliar la base de contribuyentes; incorporar a quienes no pagan impuestos y a quien tiene un régimen de excepción; reducir el gasto corriente del gobierno, optimizando mecanismos de control y de captación, entre otros, que generen competitividad de empresas.
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