La libre expresión, regla de oro de toda sociedad democrática, está en peligro. Así lo demuestra la reciente sentencia judicial en contra de la revista Contralínea por la publicación de reportajes que documentan actos de corrupción y conflictos de interés en el otorgamiento de los contratos de Pemex. Con esta decisión, los tribunales del país se colocan por encima de las mesas de redacción de periódicos y revistas para decidir lo que puede ser considerado información publicable.
Nos encontramos en un nuevo estadio de la tradicional intimidación al periodismo de investigación. México es, vergonzosamente, la nación récord en cuanto al número de periodistas ultimados en sus tareas profesionales. Recordemos las recientes agresiones a El Sur, la revista Proceso y otros medios críticos del poder.
El Juzgado Civil 54 del Distrito Federal ha elegido proteger los intereses de algunos de los empresarios más poderosos del país, quienes a través de Blue Marine Technology, Arrendadora Ocean Mexicana, SUBTEC y el grupo empresarial ZETA, han sido beneficiarios directos de contratos y concesiones por millones de dólares provenientes del erario público.
La juez ha condenado a los periodistas de la revista, e incluso a un caricaturista, por señalar a los empresarios como una “mafia petrolera” y por utilizar la formulación de “delincuencia criminal de corrupción” en sus reportajes. En la sentencia, la juez califica de ilegal la publicación de la información porque “no quedó debidamente acreditado que las licitaciones hayan sido adjudicadas de manera ilegal, puesto que no existe resolución alguna que así lo haya acreditado”.
En otras palabras, ahora los periodistas no tienen derecho a investigar o denunciar probables actos de corrupción, sino que es menester esperar la lenta e impune marcha de la burocracia estatal y sus “resoluciones”. Así, la principal razón de ser del periodismo se esfuma y los medios impresos quedan reducidos al papel de gacetas de las acciones gubernamentales.
En esta lógica, también habría que condenar judicialmente a Marisela Escobedo, Isabel Miranda de Wallace, y a miles de mexicanos que frente la inacción de la autoridad se han visto obligados a investigar y exhibir a los delincuentes impunes. Incluso, periodistas que desarrollan sus tareas dentro del autoritarismo que caracteriza la concentración mediática de nuestro país podrían caer en esta misma hipótesis. Recordemos la reciente denuncia pública de Televisa sobre el caso de corrupción en el IMSS.
Uno de los puntos más preocupantes de la sentencia es la pobreza conceptual con que la juez aborda el tema de la rendición de cuentas y el “interés público”. Ella afirma que “las licitaciones efectuadas por Pemex no pueden ser consideradas como de interés público, puesto que la petroquímica es una rama de la industria que en nuestro país no ha sido desarrollada a gran escala”, y ello hace que su comprensión exija del manejo de “terminología especial y conocimientos técnicos que el público en general, e inclusive la suscrita, desconoce”. Así, la juez extiende su propia ignorancia a la población en general e instaura una Inquisición para el periodismo independiente.
Pero la juez va más lejos y señala que al conocer esta información “se caería en el absurdo de que se tendría que cuestionar y, por ende, facultar a los periodistas para emitir opiniones subjetivas en relación a cualquier adquisición, licitación o actuar de cualquier ente de gobierno”. Lo verdaderamente absurdo, sin embargo, sería que los informadores no investiguen más ni se atrevan a “emitir opiniones” sobre la utilización de los recursos públicos. Aquí se busca eliminar, no solamente el periodismo de investigación, sino también toda crítica independiente.
Es lamentable que algunos integrantes del Poder Judicial no terminen de comprender que ha llegado la hora de la cultura de la denuncia. La rendición de cuentas y la libertad de expresión y de acceso a la información ha costado muchas batallas a la ciudadanía, y estas conquistas no serán abdicadas tan fácilmente.
www.irmaerendira.blogspot.com
Investigadora del IIS-UNAM y Coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Transparencia y la Corrupción de la UNAM
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