Extorsiones a mujeres en condición de ESC dejan ganancias millonarias

Autoridades y empresas en Veracruz, las beneficiadas

Por Brisa Gómez, corresponsal

Xalapa, 3 feb 11 (CIMAC/AVC).- Los cobros de las autoridades estatales y municipales del estado de Veracruz –entre “cuotas voluntarias” y extorsiones– a las más de 13 mil mujeres en condición de explotación sexual comercial (ESC) que hay en la entidad, dejan ganancias para instancias de gobierno, e incluso privadas, por al menos 21 millones de pesos mensuales.

La investigadora del CIESAS-Golfo Patricia Ponce dictó en esta ciudad la conferencia “Mujeres y Vulnerabilidades Extraordinarias”, dentro del ciclo de mesas redondas “Acciones por los Derechos de las Mujeres”, organizadas por el Instituto Municipal de las Mujeres.

En su ponencia, la experta dijo que a pesar de esa "riqueza" generada para algunos, ellas siguen siendo víctimas de todo tipo de violaciones a sus Derechos Humanos, ya que constantemente sufren discriminación en materia de salud, educación y justicia.

Patricia Ponce detalló que en Veracruz a las mujeres que se encuentran en esta condición de explotación se les niega la atención médica –aun cuando se les cobra–, son explotadas y abusadas físicamente por clientes y policías, además de que el Estado no les brinda orientación necesaria para defender sus derechos.

La especialista recordó que de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Población, en México existen alrededor de 122 mil 920 personas en esta condición de entre 15 y 49 años de edad. Veracruz es el estado del país con mayor población dedicada a esa actividad al sumar 13 mil 278 personas, de las cuales 11 mil 991 son mujeres y mil 287 son hombres.

Con base en su investigación “L@s guerrer@s de la noche” realizada en las diez principales ciudades del estado, Ponce advirtió que a las mujeres y hombres en condición de ESC se les somete a controles sanitarios obligatorios, credencialización forzosa y se les relega a zonas de tolerancia.

Detalló que estas personas que se dedican a esa labor son víctimas de cobros irregulares por parte de comerciantes, funcionarios municipales y estatales de salud, imagen urbana, seguridad y hasta del DIF.

“En casi todos los municipios existe un padrón en donde ellas están inscritas así como todo el personal que labora en los bares y cantinas. Una vez cubierto el requisito, se les extiende su tarjeta de salud, misma que representa su permiso para trabajar y el cual deberán portar siempre y refrendar cada semana, previo pago de entre 5 y 70 pesos. También tienen la obligación de someterse semanalmente a una revisión ginecológica”, explicó Ponce.

Abundó que esas revisiones tienen un costo de entre 30 y 80 pesos, a lo que se suma el cobro de entre 150 y 200 pesos que se les hace por exámenes de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), VDRL para detectar sífilis y VIH-Sida, para los cuales “se les canaliza, en la mayoría de los casos, a laboratorios particulares”, apuntó.

La investigadora del CIESAS-Golfo advirtió que en esos laboratorios se han detectado “contubernios, compadrazgos y relaciones familiares” con autoridades municipales y de salud. Además, observó, no siempre se les practican las pruebas y únicamente se les sella la tarjeta de salud.

Además de los cobros por las revisiones de salud –añadió–, las autoridades las multan con entre 200 y 500 pesos si no cuentan con la tarjeta de salud correspondiente, a lo que se suman otros cobros de hasta 70 pesos “por razones variadas”.

Patricia Ponce sostuvo que prevalece la discriminación de la sociedad, toda vez que son estigmatizadas y consideradas "sucias" o "basura", sin tomar en cuenta que son madres y jefas de familia.

Criticó el desinterés del Congreso local de Veracruz luego de que se le entregó el diagnóstico sobre esta situación en la entidad, con el fin de legislar al respecto y proteger los Derechos Humanos de esta población, por lo que urgió a implementar políticas públicas adecuadas.