Necesarias, políticas públicas en beneficio de trabajadoras
Por la Redacción
México, DF, 3 feb 11 (CIMAC).- Académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) demandaron a los gobiernos federal y estatales aplicar políticas públicas para prevenir, castigar y erradicar los delitos de explotación sexual y la trata de personas vinculados al fenómeno de la prostitución.
En el artículo “Prostitución: Una visión desde los derechos humanos”, publicado en la revista DFensor de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), la profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM Julieta Morales y el especialista en filosofía política por la UAM Iztapalapa Mario Alfredo Hernández, advirtieron que la pobreza, corrupción e impunidad contribuyen al aumento de la vulnerabilidad de miles de personas que están en riesgo de ser víctimas de la trata de personas y explotación sexual comercial.
“La exclusión social, que implica condiciones de desventaja jurídica, impide que las mujeres, niñas y niños tracen un proyecto de vida propio y propicia que sean vulnerables a la explotación sexual”, afirmaron ambos expertos.
Julieta Morales y Alfredo Hernández plantearon que la comunidad académica y política debate si la prostitución es una forma de explotación o dominio patriarcal que debe ser abolida o prohibida, o si es una profesión que hay que regular.
Sobre el ejercicio de la prostitución “libre” o “voluntaria”, los especialistas subrayaron que se requiere un cambio cultural profundo en torno a esa labor, ya que el trabajo sexual es rechazado por prejuicios morales y culturales.
Observaron que no se debe dejar pasar por alto que la libertad de elección de las personas y su consentimiento para ejercer la prostitución pueden estar determinadas por una estructura de Estado que reduce o nulifica sus opciones de vida y de subsistencia.
Exigieron que en el caso de las personas que ejercen la prostitución por decisión propia, ésta labor debe ser reconocida por el Estado como un proyecto de vida que se debe dignificar a través de políticas y programas institucionales de seguridad social, salud, educación y condiciones dignas de empleo.
Los investigadores propusieron que para las personas que quieren abandonar la prostitución deben diseñarse estrategias con ese fin, tales como ofrecer opciones reales de educación, capacitación y empleo, y crear o consolidar redes sociales de apoyo.
México, DF, 3 feb 11 (CIMAC).- Académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) demandaron a los gobiernos federal y estatales aplicar políticas públicas para prevenir, castigar y erradicar los delitos de explotación sexual y la trata de personas vinculados al fenómeno de la prostitución.
En el artículo “Prostitución: Una visión desde los derechos humanos”, publicado en la revista DFensor de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), la profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM Julieta Morales y el especialista en filosofía política por la UAM Iztapalapa Mario Alfredo Hernández, advirtieron que la pobreza, corrupción e impunidad contribuyen al aumento de la vulnerabilidad de miles de personas que están en riesgo de ser víctimas de la trata de personas y explotación sexual comercial.
“La exclusión social, que implica condiciones de desventaja jurídica, impide que las mujeres, niñas y niños tracen un proyecto de vida propio y propicia que sean vulnerables a la explotación sexual”, afirmaron ambos expertos.
Julieta Morales y Alfredo Hernández plantearon que la comunidad académica y política debate si la prostitución es una forma de explotación o dominio patriarcal que debe ser abolida o prohibida, o si es una profesión que hay que regular.
Sobre el ejercicio de la prostitución “libre” o “voluntaria”, los especialistas subrayaron que se requiere un cambio cultural profundo en torno a esa labor, ya que el trabajo sexual es rechazado por prejuicios morales y culturales.
Observaron que no se debe dejar pasar por alto que la libertad de elección de las personas y su consentimiento para ejercer la prostitución pueden estar determinadas por una estructura de Estado que reduce o nulifica sus opciones de vida y de subsistencia.
Exigieron que en el caso de las personas que ejercen la prostitución por decisión propia, ésta labor debe ser reconocida por el Estado como un proyecto de vida que se debe dignificar a través de políticas y programas institucionales de seguridad social, salud, educación y condiciones dignas de empleo.
Los investigadores propusieron que para las personas que quieren abandonar la prostitución deben diseñarse estrategias con ese fin, tales como ofrecer opciones reales de educación, capacitación y empleo, y crear o consolidar redes sociales de apoyo.
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