Relatora Especial se dice “consternada” por riesgos
Por la Redacción México, DF, 04 feb 11 (CIMAC).- De 2004 a 2009 México acumuló 27 casos de amenazas contra defensoras de Derechos Humanos, con lo cual se convirtió en el segundo país más peligro para las mujeres que ejercen esta labor en América, así lo reveló el informe de la relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de Derechos Humanos.
El informe de la relatora Margaret Sekaggya que elaboró a partir de las 292 comunicaciones que recibió de organizaciones civiles y de las visitas que realizó a distintos países durante cuatro años, fue presentado en diciembre pasado ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Las 292 comunicaciones fueron sobre amenazas contra defensoras de Derechos Humanos o activistas dedicados a promover los derechos de las mujeres y temas de género, así como referentes al hostigamiento contra sus familiares.
De éstas, 130 se referían expresamente a amenazas de muerte. Cabe recordar que en México se han reportado amenazas contra las defensoras Silvia Vázquez, Blanca Mesina, Josefina Reyes (asesinada el 3 de enero de 2010), Rosa Isela Pérez, Emilia González Tercero, Alicia Salaíz Orrantia, Luz Estela Castro, Obtilia Eugenio Manuel y su hermana Andrea Eugenio Manuel, Beatriz Alberta Cariño Trujillo y Mercedes Murillo.
De acuerdo con la relatora, normalmente los autores de las amenazas, incluidas las amenazas de muerte, los intentos de asesinato y las agresiones físicas, son desconocidos o personas no identificadas, pese a que se ha denunciado que los probables responsables son afectados de alguna forma por la labor que realizan sus víctimas, o bien, que tienen algún tipo de relación con ellas. Respecto a los mecanismos de seguridad y protección de las activistas, el informe reconoció el programa de protección a defensores de Derechos Humanos que actualmente realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Sin embargo, precisa que no queda claro si éste tomará en cuenta las necesidades especiales de las defensoras y de quienes se dedican a los derechos de las mujeres o temas de género.
CONCLUSIONES
La relatora especial expresó “estar consternada” por los extraordinarios riesgos que corren las defensoras de los derechos humanos. Condenó las detenciones, acoso judicial y criminalización de la labor de las defensoras, los malos tratos y el uso generalizado de una fuerza excesiva por agentes estatales, por lo cual exhortó a los gobiernos a reconocer públicamente la función concreta e importante que desempeñan las defensoras y a protegerlas con medidas de seguridad eficaces.
De acuerdo con el informe, México sólo es superado por Colombia, país que ha registrado 45 casos de amenazas, debido a lo cual Margaret Sekaggya expresó su preocupación porque quienes parecen correr más riesgos son las activistas que luchan contra la impunidad, especialmente en Brasil, Colombia, Guatemala, México y Perú. Aunque expresó que también están expuestos aquellos activistas que se dedican a defender los derechos indígenas, en particular en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras.
El informe de la relatora Margaret Sekaggya que elaboró a partir de las 292 comunicaciones que recibió de organizaciones civiles y de las visitas que realizó a distintos países durante cuatro años, fue presentado en diciembre pasado ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Las 292 comunicaciones fueron sobre amenazas contra defensoras de Derechos Humanos o activistas dedicados a promover los derechos de las mujeres y temas de género, así como referentes al hostigamiento contra sus familiares.
De éstas, 130 se referían expresamente a amenazas de muerte. Cabe recordar que en México se han reportado amenazas contra las defensoras Silvia Vázquez, Blanca Mesina, Josefina Reyes (asesinada el 3 de enero de 2010), Rosa Isela Pérez, Emilia González Tercero, Alicia Salaíz Orrantia, Luz Estela Castro, Obtilia Eugenio Manuel y su hermana Andrea Eugenio Manuel, Beatriz Alberta Cariño Trujillo y Mercedes Murillo.
De acuerdo con la relatora, normalmente los autores de las amenazas, incluidas las amenazas de muerte, los intentos de asesinato y las agresiones físicas, son desconocidos o personas no identificadas, pese a que se ha denunciado que los probables responsables son afectados de alguna forma por la labor que realizan sus víctimas, o bien, que tienen algún tipo de relación con ellas. Respecto a los mecanismos de seguridad y protección de las activistas, el informe reconoció el programa de protección a defensores de Derechos Humanos que actualmente realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Sin embargo, precisa que no queda claro si éste tomará en cuenta las necesidades especiales de las defensoras y de quienes se dedican a los derechos de las mujeres o temas de género.
CONCLUSIONES
La relatora especial expresó “estar consternada” por los extraordinarios riesgos que corren las defensoras de los derechos humanos. Condenó las detenciones, acoso judicial y criminalización de la labor de las defensoras, los malos tratos y el uso generalizado de una fuerza excesiva por agentes estatales, por lo cual exhortó a los gobiernos a reconocer públicamente la función concreta e importante que desempeñan las defensoras y a protegerlas con medidas de seguridad eficaces.
De acuerdo con el informe, México sólo es superado por Colombia, país que ha registrado 45 casos de amenazas, debido a lo cual Margaret Sekaggya expresó su preocupación porque quienes parecen correr más riesgos son las activistas que luchan contra la impunidad, especialmente en Brasil, Colombia, Guatemala, México y Perú. Aunque expresó que también están expuestos aquellos activistas que se dedican a defender los derechos indígenas, en particular en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras.
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