Oaxaca vive en estos momentos una situación compleja y confusa. Se respira un ambiente enrarecido y la tensión y la incertidumbre crecen día a día en amplias regiones que están sumidas en conflictos políticos que tienden a desbordarse; en la misma capital del estado, policías embozados recorren amenazantes las calles y su zócalo está cercado con vallas metálicas cuidadas por uniformados de rostro ceñudo e intimidante. Esta es sin lugar a dudas la primera prueba de fuego a la que es sometida la naciente administración del nuevo gobernador Gabino Cué.
Durante largas ocho décadas Oaxaca sufrió los excesos y corruptelas de los grupos gobernantes ligados al Partido Revolucionario Institucional. Los gobiernos priistas construyeron una gobernabilidad autoritaria basada principalmente en la violencia desplegada por las redes de control caciquil y en la compra de votos con recursos públicos. En esta largo período cientos de funcionarios, empresarios y caciques se enriquecieron bajo la sombra de gobiernos violentos y corruptos, sus magníficas residencias ubicadas en el pueblo de San Felipe del Agua son muestra evidente de ello.
Es claro que el grupo priista no quedó conforme con la derrota de su candidato a la gobernatura en las elecciones de julio pasado y para no perder totalmente su poder y privilegios, diseño un plan para apoderarse a costa de lo que fuera del mayor número posible de ayuntamientos y con ello generar conflictos en las diferentes regiones, utilizando los invaluables servicios del Instituto Estatal Electoral, instancia que anulo sin más ni más 46 elecciones en municipios de usos y costumbres, es decir en municipios indígenas.
Ulises Ruiz dejo como herencia un estado saqueado y desgarrado por la represión y el encono, pero también heredó decenas de bombas de tiempo que han venido estallando en los últimos días. Estos conflictos atizados por los operadores priistas también tienen como propósito el cubrir las espaldas al grupo de Ulises Ruiz, el cual se apoderó de miles de millones de pesos y ante la posibilidad de ser castigado por sus fechorías; construyo escenarios de violencia para negociarlos a cambio de impunidad.
Frente a la escalada de conflictos, el gobierno de Gabino Cué ha actuado de manera débil y contradictoria, esta actuación está relacionada con que algunos de los funcionarios de su gobierno que están encargados para atender esta conflictividad son priístas e incluso algunos de ellos fueron operadores del mismo Ulises Ruiz.
Temprano en una fresca mañana de enero pasado, un helicóptero desciende en la comunidad de Santiago Yaveo y de él sale presuroso un funcionario del “nuevo gobierno estatal”, quién tiene encomendado resolver un grave conflicto político; al verlo de inmediato es reconocido por un comunero que lo increpa y le dice “que hace usted aquí, que no cambio gobierno”. Y en efecto el funcionario cuestionado había sido un importante operador político de la administración ulicista.
Guadalupe, es una mujer chinanteca que encabeza a un grupo campesino que enfrenta un violento conflicto agrario, hace dos años fue atacada a balazos y sufrió graves heridas ocasionadas por proyectiles de bala, esta agresión ha permanecido hasta ahora impune. Por ello hace apenas unos días fue esperanzada a la ciudad de Oaxaca a pedir justicia y para su sorpresa se encontró con que el alto funcionario de la Procuraduría que la atendió, era el mismo que hacía algunos años le había exigido dinero y como se había negado a dárselo, la había encarcelado arbitrariamente. Guadalupe con toda razón dice “ cual cambio, si es la misma gata nada más que revolcada”.
En el pueblo costeño de Astata, cientos de vecinos enardecidos cerraron por espacio de dos días la carretera federal exigiendo la destitución de un administrador enviado por el gobierno estatal, a quien acusan de sus nexos con el PRI. Uno de los inconformes reclama a gritos: “se fue Ulises pero dejo a su raza”
Estas son apenas tres historias que nos muestran la confusión y desencanto que ya privan en algunos sectores de la sociedad oaxaqueña ante el continuismo que caracteriza al nuevo gobierno del estado. Desencanto y malestar por las señales que desde el mismo primer día envió el gobernador Cué, como fue el invitar a su toma de posesión a Jorge Franco Vargas un personaje siniestro sumamente cercano a Ulises Ruiz y responsable directo de brutales actos represivos. Pésima señal fue también sin lugar a dudas la de designar a una política priísta como Secretaria de Gobierno. En Oaxaca es conocida la estrecha relación que existe entre la Secretaria Irma Piñeyro y el bravucón y teatral ex gobernador José Murat.
Mientras que la Secretaria Piñeyro declara públicamente que no hay “mano negra” detrás de la situación explosiva que viven regiones enteras del estado, las provocaciones crecen día a día; los recientes asesinatos de luchadores sociales como la ejecución del líder campesino Renato Cruz Morales, quien fuera uno de los dirigentes de la APPO en la región de la Cuenca o la retención de funcionarios, policías y ciudadanos lo mismo en Juxtlahuaca que en el puerto de Salina Cruz, son muestra de ello.
La transición que reclama a gritos el pueblo de Oaxaca no camina y ello se debe en parte también a la parálisis que muestra la sociedad civil organizada. Muchos de los grupos sociales se han conformado con disputar espacios laborales dentro de la nueva administración o se han montado en los conflictos postelectorales, bajo el principio de que en aguas revueltas ganancia de pescadores.
Ante esta realidad es urgente que la sociedad civil oaxaqueña impulse una profunda reforma de estado, que se base en la participación ciudadana y que asegure el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, los jóvenes, los pueblos indios y demás sectores mayoritarios del pueblo de Oaxaca. Una reforma profunda fundada en el acuerdo político de los diferentes sectores de la sociedad oaxaqueña con el gobierno estatal con el fin de asegurar una gobernabilidad democrática y el buen vivir basado en el aprovechamiento sustentable y equitativo del conocimiento, el trabajo y los recursos de los oaxaqueños.
El gobierno de Gabino Cué debe mostrar su voluntad de transitar hacia una nueva relación con el pueblo de Oaxaca. No puede llamar a la reconciliación si no da pasos efectivos para castigar a los homicidas de decenas de ciudadanos como Catarino Torres o Bety Cariño o a los responsables del desfalco, saqueo y la pobreza de los oaxaqueños. No se puede transitar desde arriba hacia la democratización y la justicia en Oaxaca. Esta voluntad debe además expresarse haciendo una depuración de los funcionarios corruptos vinculados con el antiguo régimen que hoy ocupan espacios importantes en el nuevo gobierno.
De otra manera la transición que tanto reclama el pueblo oaxaqueño se perderá en los laberintos de la confusión, la parálisis, los conflictos creados, el desencanto y la impotencia, abriéndose con ello la puerta a escenarios regresivos. La larga noche del priismo en Oaxaca aún no termina, ya que aún no despunta el amanecer.
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