MÉXICO, 1 feb (IPS) - Aunque las miles de personas indocumentadas que pasan por México con destino a Estados Unidos siguen expuestas a la inseguridad, los atropellos y otros obstáculos, expertos y activistas empiezan a visualizar pequeñas modificaciones en el tratamiento del tema.
"Los cambios consisten en que América Central tiene otra actitud ante México, lo cual hace que el gobierno reaccione. Además, las autoridades locales también han reaccionado ante las nuevas demandas", dijo a IPS Leticia Calderón, académica del estatal Instituto de Investigaciones Doctor José María Luís Mora.
El asesinato y secuestro de inmigrantes, especialmente de Guatemala, El Salvador y Honduras, ocurridos en 2010 en territorio mexicano provocaron que defensores de derechos humanos y académicos presionen a las autoridades para que garantizaran el respeto a los indocumentados y combatieran lo que se ha vuelto una mafia transnacional.
Cada año unos 500.000 latinoamericanos cruzan México en camino hacia Estados Unidos, según organizaciones no gubernamentales y expertos. Su viaje está marcado por abusos y otros actos violentos a manos de policías y organizaciones criminales.
"El tema se ha destapado, al menos ya no se puede negar. Queremos ver cómo adoptan los programas para proteger a los inmigrantes, queremos una respuesta en la investigación de hechos, acceso a la justicia y en la protección", planteó a IPS Fabienne Venet, del autónomo Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración.
En agosto, 72 inmigrantes, en su mayoría centroamericanos, aparecieron muertos en el oriental estado de Tamaulipas, asesinados por miembros de la organización delictiva Los Zetas, que regenta el secuestro de personas sin papeles.
En diciembre, otros 40 indocumentados fueron secuestrados en el sureño estado de Oaxaca, sin que aún haya indicios sobre su paradero.
El camino de los inmigrantes latinoamericanos pasa por los estados de Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas, entre el sudeste y el noreste mexicano. El gobierno de este país ha identificado entre las fronteras sur y norte 25 municipios peligrosos para los inmigrantes.
Los sucesos citados y el consiguiente reclamo de los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras llevaron a la administración del conservador Felipe Calderón a emprender maniobras diplomáticas para apaciguar las voces cada vez más altisonantes.
Luego del asesinato colectivo en Tamaulipas, el gobierno lanzó una estrategia contra el secuestro de inmigrantes, que contiene la elaboración de un mapa delictivo a lo largo de la ruta de las migraciones, la agilización de las investigaciones sobre secuestros, el seguimiento del pago de rescates y la atención a las víctimas.
Con sus pares hondureños, México creó una mesa de seguridad para abordar la inmigración. Y desde diciembre el Congreso legislativo tiene en sus manos el proyecto de Ley de Migración, que reconoce los derechos al acceso a la justicia, a la educación y a la salud de los extranjeros sin documentación
Pero los expertos aún no ven los resultados de esas medidas. "Es preocupante la visión del proceso migratorio que lo vincula con la seguridad nacional", señaló Manuel Castillo, académico del estatal El Colegio de México.
"Hay que cambiar la visión de que los inmigrantes son parte de la delincuencia y no sus víctimas", puntualizó.
La estatal pero autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene un recuento de unos 20.000 inmigrantes secuestrados en 2010. En torno a ese delito, el gobierno estadounidense entregó información a sus homólogos mexicanos con nombres, fechas y montos de rescates transferidos por familiares de las víctimas.
Un cable diplomático del gobierno estadounidense, difundido por el sitio electrónico Wikileaks, indicó que agentes del Buró Federal de Investigación (FBI) de es país interrogaron en México a inmigrantes indocumentados detenidos para obtener datos sobre amenazas terroristas en suelo estadounidense.
"Los cambios van a tener un impacto. La ley, fruto del trabajo de académicos y funcionarios, va a hacer que el gobierno reaccione", previó Calderón.
A pesar de que las migraciones en México es uno de los fenómenos más serios en el mundo, ningún delegado de esta nación latinoamericana asistirá a los debates de tres días de la Asamblea Mundial de los Migrantes, que se inaugurará este miércoles en la occidental isla senegalesa de Gorée.
Ese encuentro culminará con la Carta Mundial de los Migrantes, que alude a los derechos a la libre circulación de las personas, a la ciudadanía basada en la residencia y no en la nacionalidad y a la igualdad de derechos entre extranjeros y nacionales del país de acogida.
La Carta se discutió por primera vez en el Segundo Foro Social Mundial de Migraciones en 2006 en Madrid y en la primera Cumbre Mundial de Comunidades Migrantes Latinoamericanas en 2007 en la occidental localidad mexicana de Morelia.
"Faltan políticas, profesionalización de funcionarios, no hay albergues para víctimas de secuestro. Se puede plantear estrategias en diferentes niveles de la administración pública, incluso regionales", sugirió Venet.
Defensores de los derechos de los inmigrantes formaron un tribunal de conciencia para enjuiciar las políticas al respeto de países receptores, como Estados Unidos y México.
A pesar de que ese grupo sesionó en octubre en Quito y en noviembre en la Ciudad de México, el proceso se rompió por diferentes internas entre sus miembros.
En la frontera norte de México fallecieron en 2010 más de 400 emigrantes de este país en su intento por llegar a Estados Unidos, según cifras de organizaciones de derechos humanos. Mientras, no hay datos precisos del número de indocumentados latinoamericanos muertos en territorio mexicano.
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