Reprochan inacción de Chávez Chávez para acatar fallos de CoIDH
Por la Redacción
México DF, 14 abr 11 (CIMAC).- Organizaciones internacionales y mexicanas solicitaron a Marisela Morales Ibáñez, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), “a que de manera inmediata solicite la remisión de las investigaciones” de los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas tlapanecas violadas por militares en 2002, al fuero civil.
En una carta enviada hoy a la recién nombrada Procuradora General de la República, decenas de asociaciones, entre ellas Amnistía Internacional y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), recordaron que estos casos, junto con los de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, son paradigmáticos pues evidencian los obstáculos que enfrentan en México las mujeres indígenas y los defensores de derechos humanos y del medio ambiente para acceder a la justicia.
Manifestaron, que “en abierto desacato” a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en 2010, los casos permanecen en la justicia militar toda vez que el ex procurador Arturo Chávez Chávez no tomó las medidas correspondientes para acatar los fallos internacionales.
Las organizaciones firmantes confiaron en que la llegada de Marisela Morales a la Procuraduría, desde el pasado 1 de abril, contribuya a que las investigaciones se asuman de forma inmediata en instancias civiles, teniendo en cuenta “el rezago imperante”, en que se encuentran.
Lo anterior, argumentaron, “demostraría el grado de relevancia y prioridad que durante su gestión asignará al cumplimiento de las obligaciones internacionales que el Estado mexicano tiene en materia de derechos humanos, dentro del ámbito de la procuración de justicia”, aseguraron las organizaciones.
Además, como la primera Procuradora, indicaron, “no dudamos en que dimensionará la importancia de esta medida en la construcción de una justicia más eficiente para quienes denuncian los abusos cometidos por el Ejército, así como para aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia de género en el país y para a quienes han sufrido profundamente por defender los recursos naturales de México.”.
Cabe recordar, que Inés Fernández y Valentina Rosendo fueron violadas sexualmente y torturadas por elementos del Ejército mexicano en el año 2002, sin que hasta ahora hayan accedido a la justicia.
La denuncia de Valentina Rosendo fue remitida al fuero militar desde el 16 de mayo de 2002. Un día después, el 17 de mayo de ese año, ocurrió lo mismo con la denuncia de Inés Fernández.
Por otra parte, Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García fueron detenidos arbitrariamente y violentados en su integridad personal a manos de militares en el año de 1999.
En los tres casos las investigaciones fueron remitidas a las autoridades militares, quienes, a decir de la propia Corte Interamericana, “no eran competentes para conocer de este caso”, debido a la falta de imparcialidad e independencia del ministerio público militar al investigar los delitos cometidos por sus propios elementos.
Muestra de ello, es que la carga de la prueba recayó en perjuicio de las víctimas, y en que la impunidad ha beneficiado a los miembros del Ejército responsables.
La búsqueda de justicia de las dos mujeres indígenas y de los dos campesinos ecologistas los llevó hasta la CoIDH, la cual, al resolver los casos, consideró plenamente probado que Inés y Valentina fueron violadas sexualmente y torturadas por soldados mexicanos, y que Rodolfo y Teodoro fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
En consecuencia, la Corte ordenó al Estado en los tres casos una investigación efectiva de los hechos en la jurisdicción penal ordinaria.
De acuerdo con las organizaciones, sólo a partir de la remisión de los expedientes que permanecen en la jurisdicción penal militar, hacia el fuero civil, “se podrán generar condiciones para que las instituciones civiles encargadas de la persecución de los delitos efectúen una investigación que cumpla los requerimientos establecidos por la CIDH”.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran Fundar, Organización del pueblo indígena Me’phaa, Católicas por el Derecho a Decidir y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, entre otras.
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