Alberto Aziz Nassif
Hace unos días se llevó a cabo la reunión de los radiodifusores con los aspirantes a la Presidencia de la República y en ese foro empezaron, de hecho, las ofertas de campaña para el 2012. El tema de fondo fue la reforma electoral de 2007-2008, es decir, el modelo de medios. Tanto Josefina Vázquez Mota como Enrique Peña Nieto ofertaron revisar la reforma bajo el pretexto de que limita la libertad de expresión. La otra visión fue la de Andrés Manuel López Obrador, que planteó el problema central: ¿cómo terminar con el carácter monopólico de los medios? Para los que proponen un gobierno de coalición, aquí entre PRI y PAN, se tiene el primer tema de una agenda común.
Las ofertas son intercambios, en donde el actor político, el aspirante, hace un compromiso frente a un grupo que demanda y exige un cambio que favorezca sus intereses. En este caso es un grupo de interés, un poder fáctico, que quiere un cambio para regresar al viejo modelo de compra-venta de tiempos en los medios. No es difícil calcular que el posicionamiento de los medios tendrá particular gusto en modelar y modular tonos y espacios frente a un aliado, y podrá ser particularmente diferente con un antagonista de sus intereses.
Otra vez regresamos al debate que lleva años, la confusión entre límites a la libertad de expresión, que la reforma no propicia y los límites al comercio de tiempo y espacio en los medios, dos cosas diametralmente distintas. Desde que se hizo la presentación a los medios, en aquella sesión de triste memoria en el Senado de la República, quedaron muy bien planteadas las dos posiciones: la autonomía del Estado, frente a la reacción de los concesionarios que perdieron una parte fundamental del jugoso mercado político-electoral. La polémica sobre el nuevo modelo de medios siguió como una herida abierta, pasó por todas las fases de un expediente judicial y llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se avaló el modelo.
El IFE, dentro de sus nuevas facultades como autoridad para administrar los tiempos del Estado, ha multado en diversas ocasiones al duopolio televisivo y a otros medios, que se resisten a la legalidad. Recientemente los concesionarios, que no desaprovechan la oportunidad para expresar su oposición a la reforma, impugnaron el cambio en el reglamento de medios que regula los tiempos para transmitir y cambiar la pauta de los mensajes en los tiempos oficiales.
Me imagino que escuchar a Peña Nieto y a Josefina fue como música para los concesionarios, porque se tocaron dos temas polémicos: la supuesta disminución de la libertad de expresión y la supuesta doble tributación. En cambio, también puedo imaginar que las palabras de López Obrador, que señaló la estrategia de una televisora para posicionar a uno de los candidatos del PRI, generó rechazo, así como la propuesta de terminar con el carácter de monopolio de la radio y la televisión, fueron la confirmación de quiénes son los aliados y quiénes son los antagonistas.
Llama la atención el tono usado por Calderón con los concesionarios en la misma reunión, fue una petición, una invitación a portarse “bien”. Ese tipo de solicitudes amables suelen tener resultados nulos. Para ver lo que sucede en realidad se pueden revisar los múltiples expedientes que ha hecho la autoridad electoral para sancionar violaciones a la legalidad. Es ingenuo pensar que los poderes mediáticos mantendrán, por convicción democrática, una cobertura de calidad, con pluralismo, información diversa y alternativa. Lo que vimos en 2006 fue lo contrario, la intervención indebida de actores e intereses que violaron abiertamente la legalidad.
En este caso podemos plantear como una hipótesis que la pugna electoral del 2012 será como una selva de intereses, o como un río revuelto, en donde se generará un clima de confrontación que puede lastimar las condiciones de equidad en la competencia y que, posiblemente, se violará la legalidad del actual modelo de medios. Si esta hipótesis se comprueba, el modelo de medios de la reforma de 2007-2008 será una defensa en favor de la equidad en la que ya se anuncia como una reñida elección que estará poblada de ofertas peligrosas y oportunistas, como las que vimos hace unos días.
La agenda por la democratización de los medios es de importancia estratégica para la próxima etapa del país. El déficit en la regulación de medios es un pesado lastre que abona contra el pluralismo, la diversificación, la competencia, la construcción de un sistema de medios públicos, la participación de nuevos jugadores, el rompimiento de los monopolios, en suma, de modernizar la regulación del Estado frente a una industria poco regulada y terminar con la captura que existe de los reguladores por los regulados.
Las ofertas son intercambios, en donde el actor político, el aspirante, hace un compromiso frente a un grupo que demanda y exige un cambio que favorezca sus intereses. En este caso es un grupo de interés, un poder fáctico, que quiere un cambio para regresar al viejo modelo de compra-venta de tiempos en los medios. No es difícil calcular que el posicionamiento de los medios tendrá particular gusto en modelar y modular tonos y espacios frente a un aliado, y podrá ser particularmente diferente con un antagonista de sus intereses.
Otra vez regresamos al debate que lleva años, la confusión entre límites a la libertad de expresión, que la reforma no propicia y los límites al comercio de tiempo y espacio en los medios, dos cosas diametralmente distintas. Desde que se hizo la presentación a los medios, en aquella sesión de triste memoria en el Senado de la República, quedaron muy bien planteadas las dos posiciones: la autonomía del Estado, frente a la reacción de los concesionarios que perdieron una parte fundamental del jugoso mercado político-electoral. La polémica sobre el nuevo modelo de medios siguió como una herida abierta, pasó por todas las fases de un expediente judicial y llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se avaló el modelo.
El IFE, dentro de sus nuevas facultades como autoridad para administrar los tiempos del Estado, ha multado en diversas ocasiones al duopolio televisivo y a otros medios, que se resisten a la legalidad. Recientemente los concesionarios, que no desaprovechan la oportunidad para expresar su oposición a la reforma, impugnaron el cambio en el reglamento de medios que regula los tiempos para transmitir y cambiar la pauta de los mensajes en los tiempos oficiales.
Me imagino que escuchar a Peña Nieto y a Josefina fue como música para los concesionarios, porque se tocaron dos temas polémicos: la supuesta disminución de la libertad de expresión y la supuesta doble tributación. En cambio, también puedo imaginar que las palabras de López Obrador, que señaló la estrategia de una televisora para posicionar a uno de los candidatos del PRI, generó rechazo, así como la propuesta de terminar con el carácter de monopolio de la radio y la televisión, fueron la confirmación de quiénes son los aliados y quiénes son los antagonistas.
Llama la atención el tono usado por Calderón con los concesionarios en la misma reunión, fue una petición, una invitación a portarse “bien”. Ese tipo de solicitudes amables suelen tener resultados nulos. Para ver lo que sucede en realidad se pueden revisar los múltiples expedientes que ha hecho la autoridad electoral para sancionar violaciones a la legalidad. Es ingenuo pensar que los poderes mediáticos mantendrán, por convicción democrática, una cobertura de calidad, con pluralismo, información diversa y alternativa. Lo que vimos en 2006 fue lo contrario, la intervención indebida de actores e intereses que violaron abiertamente la legalidad.
En este caso podemos plantear como una hipótesis que la pugna electoral del 2012 será como una selva de intereses, o como un río revuelto, en donde se generará un clima de confrontación que puede lastimar las condiciones de equidad en la competencia y que, posiblemente, se violará la legalidad del actual modelo de medios. Si esta hipótesis se comprueba, el modelo de medios de la reforma de 2007-2008 será una defensa en favor de la equidad en la que ya se anuncia como una reñida elección que estará poblada de ofertas peligrosas y oportunistas, como las que vimos hace unos días.
La agenda por la democratización de los medios es de importancia estratégica para la próxima etapa del país. El déficit en la regulación de medios es un pesado lastre que abona contra el pluralismo, la diversificación, la competencia, la construcción de un sistema de medios públicos, la participación de nuevos jugadores, el rompimiento de los monopolios, en suma, de modernizar la regulación del Estado frente a una industria poco regulada y terminar con la captura que existe de los reguladores por los regulados.
Investigador del CIESAS
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