1/24/2013

Los periodistas pal cafe...



La salida de prisión de Florence Cassez constituye un seco golpe político a la dupla FC-GGL responsable de haberla mantenido en prisión y de crear un grave conflicto con Francia (pareja presuntamente delictiva que debería responder de sus hechuras catastróficas), exhibe la sumisión de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (que es capaz de adaptar sus criterios y resoluciones a los cambiantes vientos provenientes de Los Pinos, incluso a última hora, como sucedió ayer con Olga Sánchez Cordero), deja a una presunta secuestradora sin posibilidad de precisar su verdadera responsabilidad (no hay constancia de inocencia; sólo de que no tuvo un debido proceso), genera en víctimas de la banda Los Zodiaco la convicción de que en México no hay respeto para los mexicanos (México es una porquería de país, dijo Ezequiel Elizalde, uno de los privados de libertad)  y desnuda cabalmente la fragilidad de los aparatos nacionales de procuración e impartición de eso llamado justicia.
Lo sucedido ayer en la Corte provoca en muchos ciudadanos un mayor desánimo respecto a las posibilidades de restauración institucional y confirma la percepción de que la vuelta del PRI al poder está reinstalando peligrosos métodos para defender e imponer sus intereses, con un Enrique Peña Nieto que a fin de cuentas es el gran ganador del episodio Cassez, entre otras cosas porque a partir de la inducción del desenlace judicial de ayer podrá realizar fluidamente la gira por Francia que de antemano se había considerado, ostentándose como un paladín de la justicia, como el héroe trasatlántico que fue capaz de manipular y dominar al Poder Judicial mexicano para satisfacer las exigencias hechas por Nicolás Sarkozy y continuadas por François Hollande.
El politraumatismo institucional no se produjo solamente en los terrenos internacionales. Como va siendo marca de la casa (una casa fundada en 1982, con Miguel de la Madrid, y consolidada en 1988, con Carlos Salinas de Gortari), las llamaradas mediáticas del expediente Cassez fueron aprovechadas para despachar con la menor atención posible un tema de interés central para el peñanietismo que ya sueña con coronas de oliva instaladas en París. De alguna manera puede decirse que hubo otro montaje y otro secuestro.
Para empezar, se empalmaron los dos temas, concentrando los reflectores de manera natural en el de la francesa a la que las ansias fabuladoras de Genaro García Luna salvaron de juzgar a fondo su relación con una banda de secuestradores. Mientras transcurría el episodio final de la telenovela gala, en el Instituto Federal Electoral se cumplía con el trámite de cerrar en lo fundamental los expedientes acusatorios contra el PRI y Enrique Peña Nieto por el uso excesivo y abusivo de dinero de origen desconocido en la compra de las elecciones del año pasado.
El montaje justiciero ha secuestrado nuevamente la voluntad popular y ha liberado de culpa a quienes violentaron las reglas electorales para hacerse de un poder público desde el que hoy resulta una broma absoluta el imponerles multas (ayer se había establecido ya un poco más de un millón de pesos, entre el PRI y el Verde Ecologista, aunque la suma podrá aumentar en los próximos días a la luz de otras irregularidades graves que habrán de ser lavadas con dinero). ¡Al lobo francés, al lobo francés!, gritaban los guionistas gubernamentales, mientras se escabullía el priísmo-peñista con su constancia de cosa juzgada respecto a las operaciones mercantiles de 2012. De García Luna Productions a Dino Productions.
La devaluación institucional de ayer tiene origen en el comportamiento faccioso (¿o debe decirse: mafioso?) de Felipe Calderón y Genaro García Luna, quienes se aferraron durante el sexenio pasado a la versión creada por el aspirante a cineasta en diciembre de 2005, cuando Cassez fue detenida junto a otros miembros de una banda de secuestradores pero en medio de violaciones graves al proceso correspondiente (como ha sucedido en miles de casos que afectan a mexicanos que no han tenido a un presidente que defendiera sus derechos, como sí sucedió con Florence), pues el futuro secretario de seguridad pública se permitió la licencia de recrear las escenas de la detención de los presuntos secuestradores, y la liberación de las víctimas, para que fueran transmitidas por las principales cadenas de televisión.
A la vista de la impunidad de que gozan Calderón y García Luna resulta difícil asumir lo sucedido ayer en el caso Cassez como un hecho justiciero. No basta con una bofetada política enviada a Harvard y al lugar donde esté refugiado el ex secretario de seguridad pública. Sólo habrá justicia verdadera cuando se castigue a los responsables de la catástrofe nacional, específicamente en el caso de la francesa, y cuando el Poder Judicial libere con la misma premura y contundencia a los miles de mexicanos que están bajo proceso, o sentenciados, merced a las mismas fallas adjetivas que permitieron la excarcelación de Florence.
Si a partir de ayer menos mexicanos confían en la justicia institucional, el desencanto se extenderá a lo electoral conforme se vayan conociendo los detalles de la trama montada en tiempo para ser opacada o diluida por el expediente Cassez. Los consejeros del Instituto Federal Electoral, con su presidente Leonardo Valdez Zurita por delante, han practicado una evasión legaloide para estacionarse en las minucias de lo que fue un aparatoso uso de abundante dinero para distorsionar un proceso electoral y, volviéndolo inequitativo, hacerse de la pieza central de caza: la Presidencia de la República.
Para la cortísima vista de los consejeros del IFE, la evidente utilización apabullante de anuncios denominados espectaculares, el manejo de tarjetas de Mónex para pago de una estructura de promoción del voto, y otras muestras de despilfarro e indicios de financiamientos oscuros, pueden ser subsanados mediante el simple pago de multas y la imposición de algunas otras reconvenciones menores.
Y se acabó el espacio por hoy, ¡hasta mañana!
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En manso cachorro de la Revolución encopetada devino aquel encendido (ex) diputado petista que en julio de 2012 denunció la existencia de lavado de dinero vinculado a la campaña del PRI (léase la presidencial de Enrique Peña Nieto) por la operación Monex (aquellas famosas tarjetas pre- pagadas que se habrían destinado a la compra de votos) y que, por lo mismo, exigió una investigación que llegara al fondo de este asunto y sancionara a los responsables.
Seis meses y un hueso después, Mario Di Costanzo recurre al viejo truco del cómodo olvido y la carencia de facultades de la institución con la que le pagaron el favor, la Condusef, para negarse, ya como funcionario, a indagar lo que él mismo, como diputado, denunció medio año atrás, es decir, investigar la triangulación de recursos PRI-Monex-campaña presidencial de Enrique peña Nieto, el presunto lavado de dinero en esta operación y la supuesta evasión fiscal en la que habría incurrido la referida institución financiera.
Papelón el del ahora funcionario del gobierno peñanietista, quien ante los diputados que integran la Comisión Investigadora sobre el Funcionamiento de la Condusef se limitó a decir que la institución a su cargo no investigará el caso Monex por carecer de atribuciones legales en la materia, algo que, de ser cierto, no lo limita ni le impide en lo personal presentar una denuncia penal ante las instancias judiciales que sí tengan atribuciones.
En esta operación de compraventa hay que reconocer el fino olfato la exitosa química de los operadores de Enrique Peña Nieto, quienes le atinaron al personaje y lanzaron el anzuelo correcto: adquirieron a un crítico del régimen y en cuestión de días lo transformaron en manso cachorro, hueso de por medio. El que a todas luces pierde es el propio Di Costanzo, a quien ahora defienden (¡sorpresa!) los diputados tricolores y los de la empresa verde disfrazada de partido político, y quien ahora dice que, como el organismo a su cargo no ha recibido queja o controversia alguna por el caso Monex, pues lo mejor es olvidarlo, pues dicha institución financiera tiene una calificación de 9.9 en escala de 10 en materia de transparencia, aunque enfrenta nueve controversias.
Y como recordar es vivir, va la denuncia mediática que el personaje de marras hizo pública en julio de 2012: “‘la operación de Monex, como ha sido descrita, encuadra en el mecanismo típico de lavado de dinero’, consideró el diputado federal Mario di Costanzo, quien como integrante de la Comisión de Hacienda en San Lázaro participó en la discusión y elaboración de la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la más actualizada legislación contra lavado de dinero, en vigor desde este año. ‘Resulta que de repente entró un dinero a Monex, se abrió una cuenta y luego hicieron un trato con dos empresas a las que se facturaron ciertas cantidades, pero resulta que esas dos empresas tienen un registro federal de causantes falso, que presentaron un domicilio donde no existen y que por su operación no se justifica que adquieran, por ejemplo, vales de despensa por esas cantidades’”.
Apuntó: “‘eso es el lavado de dinero, no se sabe el origen ni el destino de esos recursos; no se sabe de dónde entró el dinero a Monex y para qué se usó, aunque sabemos que estuvo vinculado con la campaña del Partido Revolucionario Institucional’. Pero, resaltó, aun si ese dinero no estuvo vinculado con la campaña de Peña Nieto ‘se trata de una operación atípica que encuadra en los supuestos que la autoridad debe investigar cuando se presume lavado de dinero’” (La Jornada, Roberto González Amador). Y para rematar advirtió: sería negligencia y encubrimiento si las autoridades teniendo esta información no actúan y se volverían cómplices de un delito (Proceso).
Para que no quedara duda sobre lo dicho por el entonces legislador petista, la propia Cámara de Diputados divulgó un comunicado en el que se subrayaba que “la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe investigar la procedencia financiera de las cuentas del banco Monex, ya que sus operaciones resultan sospechosas de lavado de dinero, demandó el diputado Mario Di Costanzo Armenta. La SHCP debe investigarlo, porque hay evasión fiscal por el banco Monex y un posible lavado de dinero. Podemos pensar que a lo mejor los recursos de Monex no estén ligados a las campañas electorales, pero sí es una operación típica de lavado de dinero.
Por ello, hemos pedido que el IFE y el Tribunal Electoral investiguen las operaciones atípicas que están fuera de la norma, porque es obligación de la autoridad llevar a cabo estas investigaciones, pero nuestra demanda es que la autoridad actúe con legalidad. Di Costanzo comentó que para comprobar la adquisición de votos, a través de tarjetas Soriana y de monederos electrónicos Monex, se deberá recurrir a instrumentos legales como demostrar que quien da una tarjeta, que implica un beneficio, comete un delito tipificado en el Código Penal Federal. Reiteró que es necesario escarmentar e impedir estos delitos, porque se debe dar certeza de que las campañas electorales se apegaron al marco legal.
Seis meses después, el jugoso hueso que le lanzaron (y que, desde luego, agarró) mató la encendida denuncia, porque, de acuerdo con Di Costanzo, “el actuar de la Condusef se limita a transparentar la relación entre usuarios e instituciones financieras… la Condusef no puede saber en qué se gasta ese monto (el de las tarjetas pre pagadas), sino simplemente, mediante una queja presentada por un usuario, investigar que el saldo que se le dice sea el correcto y que funcione bien”. Y a otra cosa mariposa, porque cuando el personaje ya no le sirva de trofeo político al régimen, simplemente lo desecharán.
Las rebanadas del pastel
Lástima, pero terminó. Tras siete años de ininterrumpida transmisión, llegó a su fin la afamada telenovela muchacha francesa viene a encarcelarse. Los productores de esta costosísima puesta en escena (pagada con dineros de la nación) están más que felices por el altísimo rating alcanzado, y en el último capítulo del culebrón presentaron el show de la tremenda corte, la liberación de Florenze Cassez, la alegría del gobierno galo y la madurez del gobierno mexicano para aceptar su derrota. También dejan abierta la posibilidad –al fin, sueño guajiro– de que ahora Felipe Calderón y Genaro García Luna sean los que terminen en la cárcel, con ganas de sacar al aire una segunda temporada del culebrón, que bien podría intitularse al diablo con los guapos o, ya entrados en gastos, al filo de la muerte. ¡Claro!, por el canal de las estrellas.



Una disputa muy graciosa se centra en torno a la cuna de la civilización más antigua del mundo. En el polvo de Damasco –en ella se ha encontrado vestigios de vida sedentaria que datan de 12 mil años– y en los suelos de Göbelli Tepe, Jericó, Çatal Hüyük, Shush, Ur, Plovdiv, el Valle del Nilo, el Golfo de Cambay, Mohenjo-Daro, Las Shicras, Kambat, La Venta y Cuicuilco, además, por supuesto, de las ciudades griegas, se acumulan los milenios: uno, tres, seis o nueve. Digamos diez. Hagamos de caso que esta manifiesta necedad llamada civilización tiene diez mil años de existencia. Bien: durante nueve mil novecientos de esos años los humanos se las han arreglado sin autopistas (y, por supuesto, sin automóviles) pero no es fácil tener en mente ese dato cuando uno se agarra de un volante como una garrapata se prende de la dermis y enfila hacia alguna salida urbana para tomar una autopista.



Por mayoría de tres votos contra dos, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó ayer la liberación de la ciudadana francesa Florence Cassez –juzgada y sentenciada por secuestro– tras reconocer las irregularidades en que incurrió la autoridad durante su detención, en diciembre de 2005, así como las infracciones de procedimiento cometidas por los agentes del Ministerio Público y jueces en su contra.

Liberación de Cassez reivindica el respeto a la Constitución
Ala culpabilidad sólo se llega válidamente a través de una búsqueda donde el vaivén de los argumentos va conduciendo a lo verosímil. Una mentalidad primitiva, sin agotar el fatigoso ejercicio del derecho, condena cómodamente. Las formalidades posibilitan la racionalidad de las sentencias. En las barbaries, no hay respeto a las formalidades procesales. Sin dicho respeto todos son víctimas potenciales.

El domingo 20 de enero, Barack H. Obama prestó juramento co- mo el presidente constitucional número 44 de los Estados Unidos de América. En este su segundo mandato, probablemente reforzará su estrategia y política para impulsar la actividad económica, la apertura de nuevas oportunidades, la generación de empleos y el equilibrio social entre los que más ganan y los que menos tienen. Las relaciones internacionales y su política de migración serán temas fundamentales, particularmente en su relación con sus países vecinos: México y Canadá.

Más allá de la parafernalia del acto en Las Margaritas, Chiapas, lo cierto es que la Cruzada Nacional contra el Hambre parece ser un programa que, con las reservas que nos producen los actos de gobierno, podría ser benéfico para millones de mexicanos (se calcula que en principio para poco más de 7 millones).

Es imposible no estar de acuerdo cuando se trata de erradicar el hambre de la vida de los 7.4 millones de mexicanos que padecen las formas más severas de la pobreza. Pero en este punto, como en tantos otros que hoy se discuten, hay demasiados deja vu, cierto abuso de los clichés de siempre para registrar el azoro de un gobierno que aún no se explica cómo es que ,“en pleno siglo XXI, a pesar de haber logrado avances importantes en diversos ámbitos… millones de personas padezcan hambre”. No extraña, pues, que en Las Margaritas no se menciona una sola vez la palabra desigualdad. Se omite toda referencia histórica, cualquier intento de explicar cómo y por qué, no obstante la cascada de recursos públicos destinados a paliar la pobreza, a pesar del éxito exportable de los programas insignia, las condiciones de vida de millones de mexicanos siguen igual o peor que antes. No se quiere hablar de fracaso, pero la realidad ahí está, inocultable.

En las últimas décadas se ha venido uniformando la política exterior de muchos países. Desde luego que hay excepciones, empezando por las grandes potencias militares y/o económicas. Empero, en términos generales, podría decirse que el margen de una acción independiente y distinta que hoy tiene un gobierno en materia de política exterior se ha reducido notablemente.

Hace diez días, Martín Carnoy y Richard Rothstein, dos de los especialistas en educación estadunidenses más reconocidos, publicaron una detallada y metódica investigación, la cual, entre otras cosas, pone en evidencia el abuso político que los gobernantes pueden hacer de los problemas educativos y de la investigación educativa. En este detallado estudio, editado y difundido por el Instituto de Políticas Económicas (EPI, por sus siglas en inglés), con sede en Washington DC, los autores señalan: “Los reformadores de la educación invocan usualmente el relativo mal desempeño de los estudiantes estadunidenses para justificar cambios en la política escolar (…) pero –advierten– frecuentemente sus conclusiones derivadas de comparaciones internacionales están sobresimplificadas, a menudo exageradas y son engañosas”.

Dos reuniones de jefes de Estado y gobierno tendrán lugar en Santiago de Chile entre el 26 y el 28 de enero. La Cumbre de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (Celac) y la Unión Europea (UE) –sexta ocasión en que se encuentran los líderes de las dos orillas–, ocupará los dos primeros días; la I Cumbre de la Celac el último.

Los combustibles fósiles, gas y petróleo en particular, no son una mercancía más. Con la máquina de combustión interna y la petroquímica se colocaron como ejes de la mezcla mundial de energía y de una vasta transformación industrial, civil y militar, con efectos profundos en todas las áreas de la vida y de la economía.

La Casa del Lago Juan José Arreola, de brillante historial en el teatro universitario, vuelve a ser sede de un montaje –respaldado por el Departamento de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Departamento de Cultura de la Universidad de Guadalajara– en el que intervienen algunas y algunos creadores escénicos importantes, lo que seguramente inclinó a la actual directora, la eficaz Julieta Giménez Cacho, a ofrecer funciones en dicho espacio a pesar de las graves carencias artísticas que a mi ver tiene Tennesse en cuerpo y alma tanto en el texto de Ximena Escalante como del director Francisco Franco, sobre todo en la dirección de actores. El planteamiento de una Blanche DuBois, uno de los personajes más conocidos del dramaturgo estadunidense, enfrentada al autor de Un tranvía llamado Deseo para exigirle un final que no sea el de estar recluida en un hospital siquiátrico, es muy sugerente y altractivo, pero la talentosa autora esta vez no logra un texto tan acertado como otros suyos.

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