9/26/2014

Los periodistas pal café. . .




Es de suponerse que al general Lázaro Cárdenas del Río no le causaría extrañeza la arremetida contra el Instituto Politécnico Nacional (IPN), que con el propósito explícito de ‘‘llevar a cabo los postulados de la Revolución Mexicana en materia educativa’’ fue creado en 1936, bajo la presidencia del michoacano (aunque desde 1932 trabajaban en el proyecto el abogado Narciso Bassols y los ingenieros Luis Enrique Erro y Carlos Vallejo).
El IPN, según su propia página de Internet (http://bit.ly/1xomTiV ), fue concebido como ‘‘un motor de desarrollo y espacio para la igualdad apoyando, por una parte, el proceso de industrialización del país y, por la otra, brindando alternativas educativas a todos los sectores sociales, en especial a los menos favorecidos’’. Tales propósitos y proyectos están en desventaja en estos momentos sepultureros del ideario y la obra de la mencionada Revolución. La administración federal en turno es abiertamente contrarrevolucionaria, con semejanzas notables con las peores facetas del porfirismo. La modernización reformista de Peña Nieto busca privilegiar los intereses extranjeros, sobre todo en áreas como las energéticas, y no desea generar cuadros profesionales nacionales si sabe que el control de las principales áreas productivas irá quedando cada vez de manera más abierta en manos foráneas. Tampoco le mueve alguna idea de reivindicación o tutelaje de las clases populares, sino el crudo predominio de las élites.
Convencido de que está en presencia de extraordinarias condiciones políticas y sociales que le permiten empujar e imponer iniciativas que anteriores ocupantes de Los Pinos no pudieron llevar adelante, Peña Nieto (cada presidente de la República ha sido el jefe político real en el IPN, nombrando o removiendo a sus directores, aunque el proceso formal lo realicen los órganos formales de ‘‘gobierno’’ de ese instituto que ni autonomía tiene) podría ver materializado lo que intentó en su periodo Felipe Calderón (durante su gestión fue nombrada la actual directora del IPN, Yoloxóchitl Bustamante) una forma de desmantelamiento del Politécnico, maniobras de nomenclatura devaluatoria para expedir títulos de ‘‘técnicos superiores’’ y una serie de arreglos a los planes de estudio pensados en función de los intereses empresariales y no de los de la nación.
Flor Goche (@flor_contra, en Twitter) escribió en la revista Contralínea, casi cuatro años atrás (el 7 de noviembre de 2010), lo que en esos tiempos del calderonismo se cocinaba y que coincide con lo que ahora se ha aprobado: ‘‘Considerar ‘usuarios de servicios educativos’ a los alumnos, reconocer los estudios parciales mediante ‘certificados de competencias técnicas’ o ‘títulos de técnicos superiores’ y promover la migración de los estudiantes más talentosos, son algunas de las reformas en puerta en el Instituto Politécnico Nacional’’. Desde aquel 2010 se apuntaba que ‘‘desmantelar al Instituto Politécnico Nacional (IPN) para convertirlo en un centro privado de capacitación técnica al servicio de las trasnacionales es el verdadero objetivo del Proyecto de Reglamento General de Estudios (PRGE) impulsado, desde mayo pasado, por la actual administración politécnica a cargo de Yoloxóchitl Bustamante Díez, concluyen profesores y estudiantes de esta institución educativa’’ (http://bit.ly/1CpWJMK ).
A pesar de la larga historia de divisionismo, infiltración y amedrentamiento contra las movilizaciones estudiantiles, el reglamento interno aprobado este miércoles por el consejo consultivo del IPN provocó marchas, protestas y paros de actividades en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt-10) Carlos Vallejo Márquez; en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), Unidad Zacatenco; en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (Upiicsa), y en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Zacatenco, según un comunicado de prensa extrañamente titulado ‘‘Posicionamiento del IPN ante los acontecimientos registrados en esta Casa de Estudios’’.
Los innombrables ‘‘acontecimientos’’ llevaron a las autoridades del instituto a remarcar (a la defensiva o con aire de culpabilidad) que ‘‘el IPN es y seguirá siendo una institución educativa pública, del Estado mexicano, comprometida con el mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos y la equidad social fincada en el desarrollo socio-productivo de México’’ (http://bit.ly/1uKCHI6 ). Ya no se habla de ‘‘los postulados de la Revolución Mexicana’’, la ‘‘igualdad’’, las alternativas educativas especialmente dirigidas ‘‘a los menos favorecidos’’ u otras antiguallas parecidas, sino de la muy competitiva y empresarial ‘‘equidad social fincada en el desarrollo socio-productivo’’.
Las protestas en las que participan estudiantes, profesores y personal administrativo crecían ayer frente a autoridades politécnicas que pretendían hacer guiños de arreglo al mencionar que el nuevo reglamento interno fue ‘‘aprobado’’, pero no entrará en vigor hasta que sea publicado en la gaceta de la institución. Al mismo tiempo, la directora Bustamante hacía declaraciones con tufo diazordacista, hablando de ‘‘manos externas’’ tras las protestas: ‘‘Yo veo algo extraño en este movimiento, una estrategia muy bien argumentada y organizada para crear las inquietudes que saben que prenden en los muchachos y que han tomado como pretexto un problema académico que ya no existe para querer parar las escuelas’’. En ese contexto hubo amenazas de dar de baja a alumnos que participen en una marcha sabatina anunciada.
En otro tema, interesante lo que plantea Amayrani Salazar (@mayi_sal , en Twitter): ‘‘Han pasado más de cien años de historia fílmica estadunidense y jamás, como ahora, se registró un cambio de ánimo (propagandístico) tan abrupto, en relación con otro país. Hollywood va transformando, o mejor dicho, corrigiendo, el paradigma mexicano que en sus películas difundió por décadas. Y en algunos casos, no sólo enmendando estereotipos, ¡sino hasta promoviendo la cultura mexicana!’’ (http://bit.ly/1pfaR3e ). ¡Feliz fin de semana!
Twitter: @julioastillero
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Nadie duda que es una necesidad que todos los automóviles en circulación cuenten con seguro. Sucede todos los días que cuando ocurre un accidente el responsable no tiene cómo pagar los daños. Sin embargo, en estos tiempos que corren la economía anda de capa caída, simplemente no despega, y así viene sucediendo desde el comienzo del sexenio. Así que escogieron mal momento para imponer el seguro obligatorio. Cada año ocurren 480 mil accidentes automovilísticos y representan pérdidas por 150 mil millones de pesos; uno de cada 5 vehículos tiene un accidente y 17 mil personas fallecen. Son cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) con las que presentó el seguro federal de protección a víctimas de accidentes, mejor conocido como el seguro de daños a terceros, que es obligatorio desde el pasado martes 23. Tiene un costo de entre 300 y 400 pesos anuales, dependiendo de cada aseguradora, según el director general de la AMIS, Recaredo Arias.
Cubrirá 150 mil pesos
México es el único país de la OCDE y del Grupo de los 20 que no tenía instrumentada un política para proteger a víctimas, que incluyen ciclistas, peatones, automovilistas y ocupantes de automóviles. El seguro obligatorio deberá tener una cobertura básica de 50 mil pesos por daños materiales y 100 mil por daños a personas, cuantía que será revisada en un año por la Secretaría de Hacienda para determinar si hay que aumentarla. Al contratarlo, no solamente se tendrá cobertura en carreteras federales, sino en todo el territorio nacional. La multa por incumplimiento es de 20 a 40 días de salario mínimo, es decir, entre mil 295 y 2 mil 590 pesos, sin embargo, la multa será cancelada si el sancionado demuestra la contratación del seguro en un plazo no mayor a 45 días. Es importante aclarar que si alguien causa un accidente y compra un seguro después de ello, éste no será válido para ese siniestro. Eso sería un fraude, dijo Arias, el seguro cubre únicamente acontecimientos futuros e inciertos. Las personas que ya tengan contratado un seguro para automóvil, no deberán comprar el seguro obligatorio. La medida será aplicada gradualmente. Durante el resto de 2014 deberán obtener el seguro los automóviles de los modelos 2011 y posteriores y gradualmente se irán sumando los más antiguos hasta 2019, cuando todos deberán contar con el seguro. La AMIS estima que dentro de cinco años, 80 por ciento de los 33 millones de automóviles que circulan en el país habrán contratado el seguro obligatorio.
El gran casino
Ayer el precio del dólar en los principales bancos del país brincó a 13.65 pesos a la venta. Estuvo comprándose a 13.08. Es curioso, recientemente el presidente Enrique Peña Nieto levantó las restricciones a las cuentas bancarias en dólares que se habían impuesto en el gobierno de Felipe Calderón como bloqueo al lavado de dinero ilícito, se suponía que habría un mayor flujo y bajarían de precio. No resultó así, al menos en estos primeros días. México se ha convertido en un gigantesco casino en el que todos los días se juegan enormes fortunas. Son los capitales golondrinos que vienen a cobrar intereses de 5 o 6 por ciento, cuando en Estados Unidos la tasa es de cero. En unas semanas, en unos meses de estar aquí, se mueven a otro lugar que les ofrezca mayor beneficio. Sin embargo, obligan al Banco de México a mantener reservas cercanas a los 200 mil millones de dólares para el caso de que hubiera una fuga masiva. Pierde el banco central porque un porcentaje importante lo tiene invertido en bonos del Tesoro de Estados Unidos, a una tasa inferior a la que paga a los golondrinos. Alguien está ganando mucho dinero en la estructura gubernamental y financiera mexicana con la operación del casino, pero México está perdiendo la partida.



En la introducción de su libro, Thomas Piketty (TP) relata su postura sobre el capitalismo y sobre la corriente dominante de la economía. Pertenece a la generación que cumplió 18 años en 1989, año doblemente significativo por ser el bicentenario de la Revolución Francesa y cuando cayó el Muro de Berlín. Nunca, explica, sentí el más mínimo afecto o nostalgia por las dictaduras comunistas.
“Quedé vacunado de por vida en contra de la convencional y perezosa retórica anticapitalista, parte de la cual pareció ignorar el fracaso histórico del comunismo y muy a menudo se negó a procurarse los medios intelectuales necesarios para rebasarlo. No me interesa denunciar la desigualdad o el capitalismo como tales, especialmente porque las desigualdades sociales no representan un problema en sí siempre y cuando estén justificadas, es decir, fundamentadas en la utilidad común, como proclama el artículo primero de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Lo que sí me interesa es contribuir modestamente a determinar los modos de organización social, las instituciones y la políticas públicas más adecuadas para implementar con eficacia y eficiencia una sociedad justa.” (Traduzco a partir de las ediciones en francés e inglés)



Como dicen los clásicos, del dicho al hecho hay un enorme trecho, y las supuestas buenas intenciones manifiestas en el discurso oficial suelen mantenerse en extremo alejadas de la realidad. Por ejemplo, en días recientes el inquilino de Los Pinos declaró en la ONU que el gobierno de México respalda a los pueblos originarios para que alcancen un verdadero desarrollo incluyente, que mejore su ingreso y su calidad de vida, sin perder su identidad cultural ni comprometer el patrimonio natural del país.
Bien, pero los buenos deseos no son sinónimo de buenos resultados ni de políticas públicas congruentes con el discurso, como en el caso de la explotación minera y las empresas nacionales y foráneas arropadas por el mismo gobierno que dice respaldar a los pueblos originarios. Y algunas leyes incluso van en contra de los pueblos indígenas, mientras sigue en el aire el compromiso de promulgar una nueva ley minera para transformar este sector en una industria eficiente y socialmente responsable, cuyos beneficios incluyan a los habitantes de las zonas en donde ésta se establece. No es gratuito que esta disociación entre discurso y práctica mantenga encendidos muchos focos rojos por la usurpación de tierras indígenas por parte de consorcios mineros y la respectiva depredación, con la venia gubernamental.
Por ejemplo, poco más de un año atrás el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU denunció que en México existe un reclamo permanente de los pueblos originarios, por la falta de cumplimiento de las autoridades mexicanas en el respeto y protección de sus derechos consagrados en la Constitución y en instrumentos jurídicos internacionales; la falta de participación en procesos de consulta y la obtención de su consentimiento libre, previo e informado antes del otorgamiento de concesiones (mineras) y de la operación de este tipo de industrias en sus territorios.
De igual forma, exigió erradicar la criminalización de sus protestas cuando han reclamado sus derechos, conatos de violencia que han llegado al asesinato de sus dirigentes; de la pérdida de sus recursos naturales, impactos medioambientales negativos, la afectación a su salud provocada por los procesos de extracción de estos metales quienes niegan haber sido beneficiados por dichas industrias. A los pueblos indígenas en su relación con las industrias extractivas mineras se les debe considerar su derecho de libre determinación, particularmente en su derecho a ser consultados, a la participación en la toma de decisiones y a la obtención, en su caso, de su consentimiento libre, previo e informado; a la protección de sus tierras, territorios y recursos naturales.
Pues bien, ahora la Cepal –organismo especializado también perteneciente a la ONU– ha puesto el dedo en la llaga y denuncia que los conflictos locales relacionados con el control y uso del territorio y los recursos naturales se están convirtiendo en un fenómeno común en todas las regiones del mundo y también en los países de América Latina. El surgimiento de conflictos bien puede ser una manifestación o síntoma de la falta de reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, así como de las brechas que persisten en su aplicación.
Para el caso de México, dicho organismo elaboró un mapa en el que se anotan los conflictos en la geografía nacional donde se registran conflictos (de Chiapas a Baja California) derivados de proyectos extractivos en el sector de la minería en territorios habitados por pueblos indígenas, y subraya la permanencia de muchos obstáculos para el pleno disfrute de los derechos de los pueblos indígenas, en particular limitaciones al ejercicio de los derechos a las tierras tradicionales y recursos; graves actos de violencia y el desplazamiento forzoso, derivados de proyectos económicos a gran escala; así como la supresión de las organizaciones indígenas y las formas tradicionales de gobierno.
Entre el discurso presidencial y, por ejemplo, las prácticas de la Secretaría de Economía (que otorga concesiones mineras a los amigos como si se tratara de dulces) y de Medio Ambiente (la responsable de cuidar el entorno ecológico, como en Cananea) hay un enorme trecho. Allí está el caso de Salaverna, población zacatecana en el municipio de Mazapil, donde dichas autoridades no sólo palomearon, sin más, que la Minera Tayahua, de Carlos Slim, explotara a tajo abierto una mina de cobre subterránea, sino que avalaron la expulsión de los 320 pobladores originales, porque estorbaban la actividad minera. Y como este existen muchos casos más.



La piedra más evidente en la administración de Carlos Lozano de la Torre han sido los sindicatos, para ser precisos la sección uno del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
El encarcelamiento de Elba Esther Gordillo desarmó en la entidad la red de complicidad entre la cúpula del SNTE y el partido Nueva Alianza, lo que permitió que ascendieran a la dirigencia nuevos actores (con las mismas prácticas), y mientras por debajo de la mesa se pateaban los líderes, les cayó la reforma educativa, la que aprobaron con docilidad por el viejo instinto priísta que los distingue, sin considerar que avalaban perder uno de los instrumentos que mayor fortaleza les daba en las negociaciones con el gobierno estatal: la nómina.
Hoy, sin el poder de la amenaza de cerrar escuelas (equivalente a una huelga o peor), el líder nacional del SNTE, Juan Díaz de la Torre, ha tenido que mandar a su delegado para relegar a la dirigente local, Juana Alicia Espinosa de los Monteros, y someterla al castigo de sólo ser diputada de Nueva Alianza en el Congreso estatal, aunque la verdadera sanción ha sido alejarle la mano de la chequera de la sección uno y desarmar su equipo de comisionados.



Desde hace 500 años se celebra la fiesta denominada Toro de la Vega en el pueblo español de Tordesillas. Consiste en soltar el segundo martes de septiembre un toro de hasta 600 kilos que es acosado por una multitud por las calles del pueblo hasta llegar a la ribera del río Duero. Aquí, a campo abierto, lo persiguen lanceros a pie o a caballo. Si el toro logra rebasar los límites territoriales fijados por los organizadores o los lanceros no logran abatirlo, es indultado.
De todas formas muere por las heridas que recibe de medio centenar de personas que se inscriben previamente en el ayuntamiento de Tordesillas. Se supone que los lanceros deben enfrentarse de a uno contra el animal y no utilizar medios artificiales para protegerse del toro. Las normas explican que una vez que haya caído debe apuntillarse inmediatamente. Pero no es así y muchos lanceros se manchan con la sangre del toro abatido para mostrar que participaron en el torneo.



 

El anuncio de la participación de México en las fuerzas de paz de la Organización de Naciones Unidas (ONU), formulado por el presidente Enrique Peña Nieto durante la Asamblea General de ese organismo con sede en Nueva York, constituye uno de los virajes más trascendentes en cuanto a la conducción de la política exterior de nuestro país, que tradicionalmente se ha mantenido al margen de los conflictos extranjeros y de los cuerpos expedicionarios.

Más claro ni el agua
El artículo 89 de la Constitución postula la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de los conflictos. ¡Más claro ni el agua!

Tiempos aciagos para el hombre más poderoso del mundo, y por eso el más atribulado. Más amargos aún si su registro de popularidad está más abajo que el de Clinton al descubrirse su romance (51 por ciento según CNN en agosto de 1996). Pero lo que importa al mundo es su parálisis gubernativa, y que a querer o no afecta a todo el globo.

Tal vez lo que más perturbaba –y ocupaba– a Carlos Marx en su trabajo era la contradicción entre la realidad y la manera en que las cosas aparecían en la economía burguesa. Su propósito: trascender el fetichismo y revelar la verdadera cara de la circulación y acumulación del capital.

El libro de Atilio Boron América Latina en la geopolítica del imperialismo (México, UNAM, 2014) es de importancia estratégica para la lucha de nuestros pueblos contra el imperialismo estadunidense, y está destinado a convertirse en un clásico de obligada lectura, tanto en los ámbitos de la academia como en los de la militancia revolucionaria y las resistencias anticapitalistas. Atilio Boron sobrepasa con creces su propia aspiración, expresada al final del texto, de que esta obra fuera una contribución útil y persuasiva a la batalla de ideas. Con toda justeza, esta acuciosa, seria y fundada investigación ganó el prestigiado Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2012, que otorga el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, y ha sido un gran acierto que la Universidad Nacional Autónoma de México haya decidido publicarla en nuestro país, incluyendo un pertinente postfacio para esta edición mexicana.

Lo que se denunció y sentenció en Chihuahua debe ser difundido a los cuatro vientos. Cuando en un espacio, así sea sólo simbólico y de conciencia, se escuchan casos como los presentados en la audiencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) sobre Feminicidio y violencia de género este principio de semana, es deber de conciencia informar, indignar.
Wittgenstein, Derrida, Foucault, Ricoeur grandes lectores de Freud resultan a 75 años de su muerte severos críticos del sicoanálisis desde la filosofía. Entre Freud y Wittgenstein existe un acento común. La obra de ambos produjo un efecto subversivo sobre el saber. La obra de los dos tiene como esencia un quehacer analítico. La piedra angular para Freud fue el desciframiento del inconsciente, para Wittgenstein los juegos del lenguaje. Los dos pertenecieron al universo cultural vienés. En lo formal, no hubo un encuentro entre la obra de estos dos talentos, pero existe una interesante y fecunda confrontación. Como dice Assoun: “Más allá de ese encuentro frustrado, la confrontación de los ‘entendimientos’ ya no puede aplazarse sin que se transforme en denegación filosófica”. Esta confrontación teórica, dada la riqueza de las obras, merece una tarea de exégesis, permitiendo la creación de un espacio donde el fundador del sicoanálisis y el filósofo de los juegos del lenguaje puedan entablar un diálogo con los lectores de sus obras.

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