Fue acusada junto con su novio de haber robado a una agente
Tras pasar nueve meses en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, Jacqueline Santana López –estudiante y activista acusada de haber asaltado a una mujer policía– quedó en libertad por falta de pruebas.
La tarde de hoy la Procuraduría General de la República (PGR) dejó en libertad a Jacqueline Santana López y a su novio, Bryan Reyes, detenidos arbitrariamente el 15 de noviembre de 2014 en esta capital por policías federales encubiertos.
De acuerdo con el testimonio de ambos jóvenes, el día de su detención –previo a la “Jornada de Acción Global por Ayotzinapa”– salían de su domicilio sobre la avenida Fray Servando Teresa de Mier y Francisco del Paso y Troncoso, en la delegación Venustiano Carranza, cuando policías vestidos de civil –mujeres y hombres– los sometieron al interior de dos vehículos en plena vía pública.
Dentro de los autos, las y los captores presuntamente los intimidaron y los cuestionaron sobre sus intereses políticos. No obstante, en el camino los vehículos fueron interceptados por policías del DF que sospechaban de un secuestro.
Los responsables de los vehículos se identificaron como elementos de la policía de inteligencia federal que trabajaban encubiertos. A decir de los jóvenes, este episodio obligó a los captores a trasladar a la joven y su novio al Ministerio Público (MP) en Venustiano Carranza, y acusarlos del delito de robo agravado calificado contra el ejercicio de la autoridad.
VIOLACIONES AL DEBIDO PROCESO
Ocho meses tardó el sistema de justicia para determinar la inocencia de ambos jóvenes, ya que el MP y los dos juzgados que revisaron el caso (uno de competencia federal) seguían inculpándolos sin elementos probatorios.
El día que rindió su declaración (16 de noviembre de 2014), Jacqueline fue intimidada con ofensas y golpes por agentes ministeriales. Sin dejar pasar las 72 horas que ordena la ley, la joven fue trasladada al penal femenil de Santa Martha Acatitla un día después de su detención.
Al respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos abrió dos expedientes (CNDH/1/2015/2012/R y CNDH/1/2015/21627R) en los que constan las lesiones en el cuerpo de ambos jóvenes y episodios de estrés, los cuales fueron calificados como “no graves” por la CNDH –en el caso de las heridas físicas–, y en el caso de la situación psicológica de la joven se determinó que fue causada por la preocupación de una enfermedad que padecía su madre.
En diciembre de 2014, sin pruebas suficientes, el Juzgado Trigésimo Noveno Penal del DF, encabezado por Rafael Jiménez Abundez, aceptó como pruebas para declarar el auto de formal prisión el testimonio idéntico entre sí de dos policías presuntamente testigos del asalto.
Según las indagaciones del abogado defensor Sergio Soto Nájera, ambos policías (José Montiel González y Luis Alberto Castillo Gordillo) y la supuesta víctima (la policía Lidia Zarate Herrera) forman parte de la Coordinación de Operaciones Encubiertas e Infiltración de la Policía Federal, quienes no pudieron comprobar que estuvieran en funciones al momento del supuesto asalto.
El juzgado culpó a ambos jóvenes del delito de robo agravado a pesar de que el MP también “perdió” el billete de 500 pesos que presuntamente robaron a la mujer policía.
Debido a que la denunciante era una policía federal, el juez declinó su competencia al Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales del DF, a cargo de Carlos López Cruz, donde se llevó a cabo un nuevo desahogo de pruebas.
Como resultado, se determinó que los análisis de los videos de la vía pública del Gobierno del DF no muestran que Jacqueline y Bryan estuvieran amenazando con armas blancas a una mujer policía y, por el contrario, sí aparece (de forma borrosa) cómo los jóvenes son transportados en dos vehículos particulares.
A esto se sumó que los resultados de la prueba pericial de dactiloscopia señalan que no hay huellas de los jóvenes ni de la agente federal en las supuestas armas con las que presuntamente cometieron el delito. Por estas “inconsistencias”, el abogado presentó un amparo.
El pasado 19 de junio la jueza María Catalina de la Rosa Ortega, del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en el DF, brindó el amparo y la protección para ambos jóvenes, según consta el expediente 1221/2014.
Y ordenó que el juzgado federal devolviera la competencia del caso al juzgado del DF –el primero que juzgó–, para que éste decrete la libertad inmediata de Jacqueline y Bryan por falta de pruebas.
Jacqueline es una estudiante de Economía de alto rendimiento en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). También es activista por los Derechos Humanos, por lo que participó en el movimiento social #YoSoy132 y antes de su detención participaba en las movilizaciones en apoyo a las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, víctimas de desaparición forzada.
Bryan Reyes fue uno de los jóvenes detenidos durante las protestas del 1 de diciembre de 2012 en la Ciudad de México, contra la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia. Previo a su detención arbitraria, el activista se movilizó para evitar reformas constitucionales en contra del derecho a la libre manifestación en el DF.
Ambos jóvenes aseguraron que su detención fue en realidad un intento de desaparición forzada.
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