QUINTO PODER
Cinco años de solicitud de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en el Estado de México tuvieron que pasar, mucha presión mediática, el próximo Encuentro Nacional de Feminicidio que tendrá como temática las violencias contra las mujeres, cientos de protestas diarias, un caso de feminicidio atraído por la SCJN, y muchas cosas más para terminar en el “autollamado de AVG” por parte de su gobernador. Dejando claro de tajo que todo se reduce a la voluntad política.
“De 2011 a 2013 se registraron 840 asesinatos de mujeres, de los cuales sólo 145 fueron investigados como feminicidio y entre 2011 y 2012 la Procuraduría de Justicia del Estado de México informó que desaparecieron mil 258 mujeres, de las cuales más del 53 por ciento tenía entre 10 y 17 años de edad”, detalla el comunicado del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF).
Sabemos bien que en 2014 la cifra aumentó y en lo que va de 2015 el número de casos de feminicidio siguió creciendo y poniéndose más sangriento.
La peor parte es que todos esos números no bastaron para mover el ánimo, ni el corazón, ni el compromiso ni la responsabilidad que los gobernantes tuvieron para voltear a ver la urgencia de una AVG en el Edomex, lo mismo que ha ocurrido en otras entidades en donde el Sistema Nacional para Prevenir funcionó como un acicate para dirimir los dimes y diretes, las presiones y acuerdos sobre las titulares de los institutos de las Mujeres que querían votar a favor de las alertas, y por supuesto los malos tratos prodigados en contra de las defensoras de Derechos Humanos y organizaciones que se atrevían a solicitar la AVG.
Y todo eso borrado, así de la noche a la mañana por la reluciente cara del gobernador del Estado de México. Y suprimo su nombre a voluntad, porque da lo mismo que sea Eruviel o cualquiera de los otros estados donde también se resistieron a las AVG. Da lo mismo porque lo que está ahí oponiéndose a acatar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es precisamente la voluntad política.
En los estados donde se ha registrado algún avance en materia de protección y garantía de los derechos de las mujeres, por un lado protección a su vida a través de la aplicación de las Órdenes de Protección, garantía con la ampliación de las excepciones de penalización del aborto y/o con la sanción a quienes cometen violencia de género, especialmente la sexual, todo esto al final de cuentas se tradujo a la “voluntad política” personal del titular.
El problema es que aunque las disposiciones, leyes, convenios, tratados y demás comités tengan una clara relación de los pendientes del Estado mexicano en materia de protección y garantía a los derechos de las mujeres, como podría ser específicamente el Informe de Recomendaciones del Comité de la CEDAW; todo se traduce en lo que por voluntad quieran hacer ahora… o dentro de cinco años.
Esto muestra por un lado que más allá de asumir los compromisos en materia de derechos de las mujeres como tal, se asumen como algo opcional, o que al final de cuentas se puede o no garantizar y aplicar a voluntad de interpretación de las leyes.
Lo que cuesta en términos económicos para los gobiernos es lo de menos. Lo que ha costado en vidas de mujeres es el número de seis asesinadas bajo condiciones de tortura, con plena aquiescencia, omisión y acción del Estado mexicano.
La impunidad ha llevado a un clima de permisibilidad en torno al feminicidio, a configurar un imaginario popular de que no pasa nada si matan a una mujer, y eso es claro en las portadas de semanarios, diarios y páginas de internet que siguen encabezando sus notas con “Murió…” la asesinada, y presentan fotografías grotescas de los cuerpos, y en el mismo espacio tal como ocurrió recientemente, la foto va acompañada a un costado del torso semi desnudo de una mujer en posición “sexy”, que presentan en las páginas centrales como “suplemento”.
Tardó, cinco años, pero al final Eruviel demostró a las organizaciones, a la sociedad, a las defensoras y a las mujeres que se opusieron a declarar la Alerta de Violencia de Género, demostró que ni era una cuestión de voluntad, y a las que le ayudaron pues ahora evidencia el nivel de su complicidad: 11 municipios en los que es urgente la AVG.
Esa es la realidad con la que vivimos la mitad de la población en este país, conscientes de que el feminicidio, las mujeres asesinadas que son hermanas, amigas, vecinas, conocidas, será una estadística más y su investigación y el rumbo de ésta dependerá en gran medida no de las leyes vigentes, sino de la “voluntad política” para encarar la dimensión del asesinato de mujeres y la permisibilidad, impunidad y corrupción que hay en torno a ellos. Si es que no alguien por ahí dice que “nos matan porque somos muchas”.
*Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
CIMACFoto: César Martínez López
Cimacnoticias | Campeche.
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