La
desigualdad, la pobreza y el desempleo no ceden en México, a pesar de
que año tras año la élite oligárquica ofrece invertir cifras
multimillonarias en actividades productivas diversas. No hay
explicación lógica a tal situación paradójica, pero sí cabría la
hipótesis de que en realidad no invierten su dinero, sino que la cifra
que mencionan es lo que dejan de pagar al fisco, entre otros renglones
de recursos que les llegan por otras vías, por ejemplo la plusvalía que
les genera los bajísimos salarios que pagan a los trabajadores. El caso
es que por más miles de millones de billetes verdes que se comprometen
a invertir en el país, lo cierto es que caminamos en reversa en materia
de desarrollo social y crecimiento.
El jueves, el Consejo
Mexicano de Negocios (CMN), donde están incorporados los propietarios
de las 50 empresas más poderosas del país, como en años anteriores
hicieron el compromiso ante Enrique Peña Nieto de invertir este año 33
mil millones de dólares. Desde luego, podrían hacerlo si quisieran,
pues esa cifra representa algo así como el 10 por ciento de lo que han
sacado del territorio nacional para guardarlo en bancos extranjeros o
invertir en empresas, pero fuera de México. Sin embargo, seguramente no
cumplirán lo prometido, como así ha sucedido en el pasado. El dinero en
realidad sale de las arcas nacionales, vía subsidios y facilidades
crediticias, porque así ha sido la costumbre.
Lo que en realidad quieren,
ahora que en Los Pinos está un burócrata incondicional, es que se les
tome en cuenta a la hora de que se entreguen los últimos recursos
nacionales a empresas privadas. Saben que las extranjeras tendrán
prioridad porque tienen más capacidad para negociar buenos dividendos.
Así que su “promesa” en realidad es una presión política para que no se
olvide que también cuentan para la repartición. El nuevo dirigente del
CMN, Alejandro Ramírez Magaña, reconoció: “Hay que crecer con mayor
dinamismo, pero también con mayor equidad”. Lo dijo así, no seguramente
porque le interese la suerte de los millones de asalariados, sino
porque les preocupa la competencia que tendrán una vez que, se supone,
empiecen a llegar las grandes trasnacionales a saquear los últimos
recursos naturales que nos quedan.
Lo que menos les importa es
la equidad en su verdadera acepción, como sobran ejemplos. Baste
referirse al caso del magnate Germán Larrea, el principal concesionario
de las minas más productivas del país, quien se ha distinguido por su
deshumanización y voracidad. Pero no es el único sino el más
representativo. Saben los magnates, asimismo, que las clases
mayoritarias están llegando al límite de su resistencia, y quieren
hacerle ver a Peña Nieto que tiene un firme compromiso con la
salvaguarda de los intereses de ellos, la élite oligárquica. Por eso
dijo Ramírez Magaña: “No obstante que el proceso electoral se
desarrolló en paz, no podemos ignorar que se marcaron cambios
importantes… Eso significa que tenemos una sociedad más alerta y
demandante”.
Tales palabras son una
llamada de atención para que el Ejecutivo siga con firmeza la misma
política económica seguida hasta la fecha, y llegado el caso la
endurezca, pero bajo las condiciones que la cúpula empresarial le
imponga. A tales extremos se ha llegado luego de más de tres décadas de
políticas públicas excluyentes y reaccionarias en grado extremo, con
los resultados dantescos que ahora vivimos con gran dramatismo. Lo peor
es que todavía nos esperan problemas demostrativos de la total
deshumanización del régimen neoliberal, porque de plano hizo a un lado
los compromisos cada vez más exiguos que tenía con el pueblo.
Por su parte, Peña nieto lo único que
puede hacer son exhortos vacíos de contenido. Dijo: “No podemos ser
pasivos frente a lo que nuestro país vive. Tenemos que ser parte de un
esfuerzo colectivo para tener el país que queremos”. Y como es su
costumbre, se mostró satisfecho de los “logros” de su gobierno, como un
“crecimiento” del Producto Interno Bruto de 2.3 por ciento a tasa
anual, mientras la inflación en junio fue de 2.87 por ciento. Esto a
pesar de que en los dos primeros años de la actual “administración”,
más de 2 millones de personas se sumaron a la lista de pobres que
sufren carencias fundamentales, para rebasar la cifra de 55 millones.
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