Cese de jueces, funcionarios y mandos policiales coludidos
En
su cuarto día en libertad, Jacqueline Santana López y Bryan Reyes
Rodríguez –detenidos arbitrariamente y encarcelados durante casi ocho
meses por el supuesto robo a una mujer policía– no pedirán a las
autoridades federales la reparación integral del daño, pero sí
exigieron el cese de los funcionarios y policías que actuaron en su
contra, y un alto a los malos tratos y abusos al interior de los
cárceles.
En conferencia de prensa hoy en esta capital, Jacqueline, Bryan, sus
familiares y su defensa legal –los abogados de la Liga 1 de Diciembre–
aseguraron que su activismo y su lucha por el respeto a los Derechos
Humanos (DH) continuarán afuera de la cárcel.
Jacqueline
Santana, activista y estudiante de Economía de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), precisó que no espera una reparación
integral del daño por parte del Estado mexicano, ya que “no le pediría
algo a quien me atacó”.
Agregó que no está dispuesta a dialogar con autoridades de las
distintas instituciones de procuración de Justicia de este país, toda
vez que se “echan la mano” y se cubren entre sí.
La joven detalló que lejos de buscar una reparación del daño,
trabajarán para evidenciar lo que está ocurriendo en México respecto a
la corrupción y abusos dentro del sistema penitenciario.
“La manifestación que estamos pidiendo es para que se empiece
masivamente esta lucha anticarcelaria, que se difunda en medios de
comunicación y que haya exigencias más fuertes”, observó.
En apoyo, su novio Bryan, músico y activista, declaró que “es
imposible” que el gobierno federal repare los agravios de la detención
arbitraria y el tiempo que estuvieron en prisión porque no buscan un
diálogo o una tregua con la autoridad.
“Ni modo que le exija al gobierno que me page del dinero del trabajador lo que el mismo gobierno me hizo”, abundó.
No obstante, Bryan Reyes señaló que sí emprenderán acciones legales
contra algunos funcionarios que participaron en su detención
arbitraria, su enjuiciamiento y otros altos funcionarios de los
reclusorios, pero sólo para dejar un precedente, ya que de antemano
sabe que “no van a proceder por la vía institucional”.
Al respecto, el abogado Sergio Soto detalló que será decisión de ambos
jóvenes solicitar una reparación integral del daño (incluso civil y
patrimonial), para garantizar la no repetición de estos hechos, ya que
hubo una “cadena de servidores públicos” que participaron en su
detención, lo que comprueba que la complicidad de instituciones de
gobierno en la desaparición de estudiantes “sí es posible”.
Por
ejemplo, exigieron el cese a los malos tratos en todas las prisiones y
el alto a la represión por parte de la institución carcelaria.
A la par, la defensa legal de ambos jóvenes pidió que se castigue a los
funcionarios involucrados en la orden de secuestrar a los estudiantes,
fabricarles delitos, consignarlos y dictarles auto de formal prisión a
sabiendas de que se trataba de una acusación de “índole política”.
También exigió la apertura de una investigación y “castigo ejemplar” a
los elementos de la Coordinación de Operaciones Encubiertas de la
Dirección General de Operaciones e Infiltración de la Policía Federal,
por la privación ilegal de la libertad.
Asimismo, se demandó el cese inmediato y castigo conforme a la ley para
Rafael Ángel Jiménez Abundes, juez interino 39 de lo Penal en el DF,
quien dictó el auto de formal prisión contra ambos jóvenes.
Jacqueline y Bryan dijeron que continuarán su activismo agrupados en la
Coordinación Informal de Presos en Resistencia, que mantiene desde hace
varios meses un plantón afuera de la PGR por la libertad de presos
políticos y por el cese a la estigmatización, criminalización y
judicialización de la protesta social.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.-
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