Por: Edgar Rosas
(16 de julio,
2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Ante el decreto emitido por Enrique
Peña Nieto, el cual expropia parte de los terrenos de la comunidad
indígena de San Francisco Xochicuautla para destinarlos a la
construcción de la carretera Toluca-Naucalpan, integrantes de este
pueblo originario mandaron un mensaje al priísta de extracción
mexiquense y manifestaron: “no permitiremos que el despojo de nuestras
tierras se consume”.
En conferencia de prensa, Armando
García Salazar, delegado por usos y costumbres de la comunidad otomí de
San Francisco Xochicuautla, expuso que ante el intento de despojo
dictado desde el gobierno federal la población se mantendrá en
resistencia y no permitirán “la realización de este proyecto de muerte”.
García Salazar explicó que el decreto
con el cual se expropia las tierras miente, puesto que en él se asegura
que “se cumplió con el procedimiento establecido en el artículo 94 de
la Ley Agraria, y se otorgó la garantía de audiencia previa a la
comunidad “.
“Ni nuestro pueblo otomí, ni nuestra
comunidad fueron consultados bajo los estándares obligatorios de
consulta de pueblos originarios e indígenas, violando así los convenios
internacionales que en materia de derechos de los pueblos, México ha
firmado”, explicó.
En este sentido agregó que la comunidad
no fue ni siquiera notificada, además que se hizo a un lado a las
autoridades indígenas establecidas por usos y costumbres.
El delegado de la comunidad detalló que
la lucha en contra de la construcción de la carretera Toluca-Naucalpan
inició desde hace varios años, en los cuales se han violentando
diversos derechos de la población otomí. En este sentido, añadió que el
actual decreto expropiatorio omite los amparos que luego de varios años
de lucha, la comunidad indígena ha ganado y con los cuales se anula
cualquier autorización para el desarrollo del proyecto.
“Al parecer el gobierno federal no
sabe ni entiende que los pueblos indígenas no sólo somos campesinos y
confunde las estructuras agrarias con los pueblos indígenas que nunca
fuimos ni siquiera notificados, desconociendo a nuestras autoridades y
haciendo a un lado los derechos indígenas. El decreto omite que nuestra
resistencia había ganado amparos que anulan cualquier autorización
comunal para el paso de dicho proyecto, por haberse realizado sin la
participación del pueblo, de manera ilegal y amañada”, detalló.
De igual forma, señaló que el decreto
presidencial se contradice, puesto que en el texto se reconoce que “la
expropiación se realiza cuando las maquinas ya estaban y la
constructora ya había ocupado nuestro territorio. El propio EPN
reconoce que primero ocupó y ya sobre la fuerza, después, pasó a
legalizar la ocupación ilegal”.
Asimismo cuestionó el hecho que el
decreto exponga como “utilidad pública” la obra carretera, puesto que,
dijo, traerá afectaciones severas al ambiente, y repercutirá en la
captación de agua, con lo cual se afectará hasta el Distrito Federal.
“Como siempre los poderosos confunden
mercado con bienestar. A la depredación la llaman desarrollo y a la
destrucción de nuestros pueblos le llaman progreso. Invadiendo nuestros
territorios destruyen el bosque y a nuestra cultura. Despojándonos de
nuestras tierras profundizan nuestra pobreza, aniquilando una forma de
vida que no entienden ni respetan, obligándonos a trabajar en la
megaurbe. A ese despojo, destrucción, empobrecimiento y aniquilación
ellos lo llaman políticas de desarrollo, nosotras y nosotros sabemos
que sus nombres de siempre son: colonización, ecocidio, etnocidio y
violaciones a nuestros derechos”, apuntó.
En tal sentido, García Salazar comentó
que con el decreto de expropiación se despoja a la comunidad otomí de
tierras de cultivo, y en su gran mayoría, bosques. Por tal motivo dijo:
“Queremos decirle a EPN que la respuesta frente al decreto emitido es
la que siempre ha sostenido nuestra comunidad en resistencia, desde
hace ochos años frente al proyecto carretero que hoy se impone por la
fuerza del ejecutivo: nuestra respuesta es un rotundo no. No
permitiremos que este despojo se consume y mantendremos la resistencia
al proyecto de muerte y depredación que significa la autopista privada
Toluca-Naucalpan”.
Por otro lado, Armando García pidió a
la sociedad unirse a la lucha que ha iniciado esta comunidad y solicitó
que la problemática se difunda. Además, dijo, es necesario que la
sociedad del Valle de México se entere de todas las implicaciones de la
obra, pues de construirse perjudicaría a la ciudad de México.
“Nuestra problemática la queremos
compartir porque todo lo que está detrás del proyecto perjudica tanto a
nuestra comunidad como a la ciudad de México. El área donde nosotros
vivimos esta denominada como área natural protegido, dictaminada desde
el tiempo del gobernador Jiménez Cantú e incluso fue llamada el
Santuario del Agua, subcuenta tributaria del Rio San Lorenzo. Somos una
zona de captación pluvial de forma natural que nutre al sistema
Cutzamala que es de donde su mayoría la ciudad de México les llega el
agua. Queremos hacer hincapié en esto: que nuestra lucha no es sólo por
nuestro territorio, también es una lucha que queremos decir que va a
traer un destrozo ambiental importante y alteración en la captación de
agua pluvial que se genera en la cordillera que divide al valle de
México y al de Toluca”, indicó.
…
Janeth Ramírez, integrante del Centro
de Derechos Humanos Zeferino Ladrilleros, manifestó que en este intento
de construir la carretera Toluca-Naucalpan sobre territorios de la
comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla, se han presentado graves
violaciones a los derechos de los pueblos, en especial al de la
consulta libre, previa e informada.
Detalló que también han podido
documentar la agresión física cometida por los elementos de seguridad
pública en contra de los pobladores de San Francisco Xochicuautla. En
especial mencionó que durante la invasión de la maquinaria de
construcción a los terrenos de la comunidad, el comandante de los
granaderos agredió a mujeres indígenas.
“Nos tocó estar presentes el martes que
ingresó la maquinaria e ingresa junto con granaderos. Hay imágenes
dentro de la documentación que se ha realizado donde el comandante “S.
Cruz” se encuentra agrediendo a las mujeres indígenas, mujeres con
niños. Esto es una grave violación por parte de los policías. También
ese mismo día se documenta presencia de policías mujeres vestidas de
civil intentando agredir a las compañeras. Además, la maquinaria, para
poder ingresar, tuvo que pasar por las tierras comunales, vemos un daño
ambiental a la flora, fauna y agua”, dijo.
La defensora de DDHH manifestó que no
existe voluntad por parte de gobierno para respetar la decisión del
pueblo otomí y cancelar la obra carretera, por lo que pidió a la
sociedad apoyar esta lucha.
“Hacemos un llamado para fortalecer el
campamento y para estar al tanto de lo que pueda pasar en la comunidad
en próximos días. Es una aberración, la empresa (constructora) y el
gobierno se han empeñado en construir la autopista, pasando aún sobre
el pueblo indígena, sobre mujeres, niños, jóvenes. Esto es alarmante.
Por lo que se pudo ver el martes, aun estando las mujeres con niños, el
comandante es quien inicia la agresión. Entonces hacemos el llamado
para fortalecer el campamento y para estar al tanto de lo que pueda
pasar”, apuntó.
Por su parte, Itizia Miravete,
integrante del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrilleros, explicó
que “ante este nuevo embate del gobierno” la comunidad y esta
organización expedirán un contradecreto, a través del cual se
restituyan lo expropiado por EPN. Lo anterior, dijo, será de manera
simbólica pues en la legislación no existe una figura como tal para
actuar.
No obstante, manifestó que ya se está
definiendo la estrategia legal a seguir, en la cual no se descarta
interponer un recurso de amparo. Además, dijo, se acudirá a organismos
internacionales como la comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) para solicitar medidas cautelares en protección de la comunidad.
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