Acelerar pesquisas por ataques; impune, caso Regina Martínez
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó al gobierno del estado de Veracruz intensificar las investigaciones que permitan procesar, juzgar y sancionar a los responsables de los homicidios y las desapariciones de periodistas en la entidad.
En la sesión de este miércoles 15 de julio, las y los legisladores avalaron un punto de acuerdo en el que también pidieron al gobierno estatal fortalecer la colaboración con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, a fin de garantizar la libertad de expresión.
En el punto de acuerdo presentado por el diputado por Movimiento Ciudadano Danner González Rodríguez, se sostiene que es “imperativo” proteger a las y los informadores y darles garantías para ejercer el derecho a informar.
De acuerdo con los datos presentados, México es uno de los países con más casos de asesinatos de periodistas no resueltos, según organizaciones como el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), la Sociedad Interamericana de Prensa y Artículo 19, que documentó 326 ataques contra la prensa en 2014.
Artículo 19 ha reportado que en los últimos dos años suman 10 los periodistas asesinados en México; asimismo, se han registrado 143 casos de violencia material, 45 detenciones arbitrarias, 53 casos de intimidación, 44 casos de amenazas, y 12 ataques directos contra portales informativos.
El punto de acuerdo aprobado señala que “lo más grave” es que 48 por ciento de las agresiones contra periodistas las cometió algún funcionario, y el crimen organizado está detrás de ocho de las agresiones contra periodistas, y los particulares, en 52 de los casos.
Las cinco entidades con más agresiones son: Veracruz, Distrito Federal, Quintana Roo, Guerrero y Oaxaca, y según datos de la organización Reporteros Sin Fronteras, México encabeza la lista de los países de mayor riesgo para ejercer el periodismo, con al menos 82 periodistas asesinados entre el año 2000 y septiembre de 2014.
Cabe mencionar que en Veracruz fue asesinada la corresponsal del semanario Proceso, Regina Martínez Pérez, encontrada muerta el 28 de abril de 2012 en su domicilio, un caso que a decir de sus colegas sigue impune aun cuando hubo un condenado a prisión.
Al respecto, organizaciones como Artículo 19, el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, y Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) manifestaron que en la investigación de ese crimen no se analizó el trabajo periodístico de la reportera, porque se dijo que fue un “crimen pasional”.
Según el punto de acuerdo avalado por el Congreso, las averiguaciones previas por actos contra comunicadores han ido al alza, ya que en 2010 hubo dos –sólo en el periodo de julio a diciembre–; en 2011 fueron 11; ascendieron a 13 en 2012, y a 16 en 2013. Hasta el corte del 31 de octubre pasado, en 2014 había 15 casos, con lo que suman 57 desde 2010 a 2014.
Un caso más en Veracruz fue la denuncia del portal digital Radiover el pasado 7 de junio, cuando reportó que dos de sus periodistas fueron agredidos en Xalapa, capital del estado. El medio de comunicación afirmó que Elena Anell y José Francisco García Reyes fueron atacados.
Por otra parte, el pasado 30 de mayo una reportera y camarógrafa de TV Sureste fue víctima de violencia sexual, luego de que al salir de cubrir un evento del entonces candidato de la coalición PRI-PVEM a diputado federal Erick Lagos Hernández, en el municipio de Acayucan, un sujeto se ofreció a llevarla y la violó sexualmente.
Aunque el punto de acuerdo no lo menciona, el Programa de Libertad de Expresión de CIMAC indica que de 2002 a 2013 los ataques contra las mujeres periodistas se incrementaron en más de 2 mil 200 por ciento, mientras que las agresiones contra los comunicadores varones aumentaron 276 por ciento.
El Congreso de la Unión consideró que en los cuatro años y siete meses de la actual administración estatal, 12 periodistas han sido asesinados y cinco más están desaparecidos, por lo que hizo este llamado al gobernador Javier Duarte a fin de garantizar el ejercicio periodístico.
En la sesión de este miércoles 15 de julio, las y los legisladores avalaron un punto de acuerdo en el que también pidieron al gobierno estatal fortalecer la colaboración con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, a fin de garantizar la libertad de expresión.
En el punto de acuerdo presentado por el diputado por Movimiento Ciudadano Danner González Rodríguez, se sostiene que es “imperativo” proteger a las y los informadores y darles garantías para ejercer el derecho a informar.
De acuerdo con los datos presentados, México es uno de los países con más casos de asesinatos de periodistas no resueltos, según organizaciones como el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), la Sociedad Interamericana de Prensa y Artículo 19, que documentó 326 ataques contra la prensa en 2014.
Artículo 19 ha reportado que en los últimos dos años suman 10 los periodistas asesinados en México; asimismo, se han registrado 143 casos de violencia material, 45 detenciones arbitrarias, 53 casos de intimidación, 44 casos de amenazas, y 12 ataques directos contra portales informativos.
El punto de acuerdo aprobado señala que “lo más grave” es que 48 por ciento de las agresiones contra periodistas las cometió algún funcionario, y el crimen organizado está detrás de ocho de las agresiones contra periodistas, y los particulares, en 52 de los casos.
Las cinco entidades con más agresiones son: Veracruz, Distrito Federal, Quintana Roo, Guerrero y Oaxaca, y según datos de la organización Reporteros Sin Fronteras, México encabeza la lista de los países de mayor riesgo para ejercer el periodismo, con al menos 82 periodistas asesinados entre el año 2000 y septiembre de 2014.
Cabe mencionar que en Veracruz fue asesinada la corresponsal del semanario Proceso, Regina Martínez Pérez, encontrada muerta el 28 de abril de 2012 en su domicilio, un caso que a decir de sus colegas sigue impune aun cuando hubo un condenado a prisión.
Al respecto, organizaciones como Artículo 19, el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, y Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) manifestaron que en la investigación de ese crimen no se analizó el trabajo periodístico de la reportera, porque se dijo que fue un “crimen pasional”.
Según el punto de acuerdo avalado por el Congreso, las averiguaciones previas por actos contra comunicadores han ido al alza, ya que en 2010 hubo dos –sólo en el periodo de julio a diciembre–; en 2011 fueron 11; ascendieron a 13 en 2012, y a 16 en 2013. Hasta el corte del 31 de octubre pasado, en 2014 había 15 casos, con lo que suman 57 desde 2010 a 2014.
Un caso más en Veracruz fue la denuncia del portal digital Radiover el pasado 7 de junio, cuando reportó que dos de sus periodistas fueron agredidos en Xalapa, capital del estado. El medio de comunicación afirmó que Elena Anell y José Francisco García Reyes fueron atacados.
Por otra parte, el pasado 30 de mayo una reportera y camarógrafa de TV Sureste fue víctima de violencia sexual, luego de que al salir de cubrir un evento del entonces candidato de la coalición PRI-PVEM a diputado federal Erick Lagos Hernández, en el municipio de Acayucan, un sujeto se ofreció a llevarla y la violó sexualmente.
Aunque el punto de acuerdo no lo menciona, el Programa de Libertad de Expresión de CIMAC indica que de 2002 a 2013 los ataques contra las mujeres periodistas se incrementaron en más de 2 mil 200 por ciento, mientras que las agresiones contra los comunicadores varones aumentaron 276 por ciento.
El Congreso de la Unión consideró que en los cuatro años y siete meses de la actual administración estatal, 12 periodistas han sido asesinados y cinco más están desaparecidos, por lo que hizo este llamado al gobernador Javier Duarte a fin de garantizar el ejercicio periodístico.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.
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