El Estado mexicano fue acusado ayer en Washington de sufrir
un principio de esquizofreniaen materia de protección y defensa de los derechos humanos, al mismo tiempo que la Secretaría de Relaciones Exteriores afirmaba que no hay rompimiento con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Procuraduría General de la República anunciaba que en fecha próxima habrá una reunión para definir el futuro de ese grupo de expertos, y la vocería de Los Pinos tajantemente daba por terminada la relación con estos.
Los problemas de personalidad del Estado mexicano fueron expuestos
durante un periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, en la capital estadunidense, donde abundaron los señalamientos
de violencia criminal practicada por el aparato institucional mexicano
contra sus habitantes. Ante las acusaciones, Miguel Ruiz Cabañas,
subsecretario de Relaciones Exteriores de la administración federal, de
manera solemne e impasible dibujó en la reunión encabezada por James
Cavallaro (presidente de la CIDH) una Peñalandia cargada de colores
justicieros, leyes respetadísimas y cumplidas, instituciones honestas y
eficaces, vigencia absoluta de los derechos humanos, libertad de prensa
floreciente y bellezas de corte similar, disponibles a plenitud en el
Banco de la Demagogia. Eso sí, reconoció el subsecretario Ruiz Cabañas,
cuando suceden excepciones a la regla, y se reportan secuestros,
torturas, asesinatos, presiones al ejercicio del periodismo,
distorsiones del sistema de justicia y demás hipótesis infrecuentes, el
propio Estado investiga, procesa y sentencia lo que corresponda. El uso
de la fuerza militar, por ejemplo, dijo el funcionario, se regula
conforme a los estándares internacionales.
La desfachatada postura del Estado mexicano, a través de su
representante caradura, llevó a uno de los comisionados de la CIDH,
Enrique Gil Botero, a declarar abiertamente que, al
desconocerel Estado mexicano
que hay una grave situación de derechos humanosen el país,
pareciera que es un principio de esquizofrenia. Este término médico es referido en el diccionario de la Real Academia Española como el
grupo de enfermedades mentales correspondientes a la antigua demencia precoz, que se declaran hacia la pubertad y se caracterizan por una disociación específica de las funciones síquicas, que conduce, en los casos graves, a una demencia incurable. Los lectores de esta columna con predisposición clínica, ¿rechazan o comparten un diagnóstico así para ser aplicado a la cúpula de la administración federal en curso, que en los hechos no ejerce sólo el gobierno, sino el control del Estado?
En el asunto específico del GIEI, con el gobierno peñista expresando
tres posturas con matices diferentes, la decisión de fondo está tomada.
El Estado mexicano, presunto esquizoide, ha decidido cerrar la puerta a
las indagaciones internacionales que no pueda controlar. Al costo que
sea, incluso el del ridículo y la vergüenza más allá de las fronteras,
el peñismo se va decantando por el aislamiento autocomplaciente, al
estilo de los autoritarismos históricos que han rechazado e incluso
perseguido a quienes con legitimidad jurídica, como el caso del GIEI o
el relator de la ONU para casos de tortura, preguntan, indagan,
documentan y prueban abusos y crímenes contra la población.
Como muestra de esa vocación expulsora, se ha incrementado el
volumen de linchamiento público contra los miembros del GIEI. La
maniobra más reciente ha sido la de pretender declararlos mediáticamente
fuera del caso Iguala por decisión de ellos, casi por un berrinche o
pataleta, cuando los expertos lo que han hecho es denunciar el
aprovechamiento tramposo de los resultados sin consenso de un estudio
sobre fuego en un basurero de Cocula y, respecto a ese punto específico,
la decisión de no colaborar más en ese plano ígneo ya desacreditado. Al
mismo tiempo, se ha sostenido una campaña de Internet contra los
familiares de los 43 desaparecidos y abogados de la causa, mediante
mensajes en cascada, robotizados, que les acusan de recibir dinero de
narcotraficantes y les colocan en circunstancias de
justificaruna eventual agresión como si fuera parte de
ajustes de cuentasentre
delincuentes.
Otro caradura institucional, Jesús Murillo Karam, compareció ante
comisiones de legisladores federales. Sonriente, quejándose de que lo
único que le duele a estas alturas es un callo en un pie, el constructor
de la mentira histórica sobre Iguala tuvo a bien reivindicar su
conclusión funeraria a partir del tercer peritaje que habla de 17
incinerados en el tiradero de Cocula, sin demostrar si esas presuntas
evidencias corresponden a los 43 normalistas o a otros sucesos. En estos
días también serán informados los familiares de los desaparecidos
respecto a los resultados de los estudios encargados a investigadores
europeos para determinar si los restos puestos al escrutinio de su
ciencia confirman muertes de normalistas.
En esa misma sesión de la CIDH participó Carmen Aristegui para dar
con su propio ejemplo una constancia de las presiones y retorcimientos
con que el ejercicio periodístico es condicionado y sometido en México.
Se habló en particular del mecanismo ya tradicional de sujeción de los
medios de comunicación a través del manejo discrecional de las partidas
presupuestales de publicidad, premiando con largueza a quienes aceptan
los dictados oficiales y castigando a los no alineados o medianamente
desalineados, no sólo con la supresión absoluta de esa disponibilidad
presupuestal, sino también, de manera socarrona, con el pago muy
retardado de publicidad contratada y ejercida, en un ahorcamiento
financiero que deja a los medios sin liquidez y en circunstancia de
pedir ayudas liberadoras de pagos que conllevan compromisos respecto a
líneas editoriales. Sobre esos temas, es probable que en el segundo
semestre de este año visiten México un comisionado de la CIDH y un
relator sobre asuntos de libertad de expresión de la ONU, para palpar la
realidad periodística nacional. ¡Hasta el próximo lunes!
Twitter: @julioastillero, Facebook: Julio Astillero, Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
La revelación de los Panama Papers
de que 11 personajes mexicanos han tenido algún tipo de negocios con
esta compañía cuyos servicios consisten en administrar fondos no
necesariamente de origen lícito, es sólo la punta de la madeja. En los
hechos el destino favorito de los mexicanos acaudalados sigue siendo
Estados Unidos. ‘‘Muchos de los países desarrollados alojan o apoyan
jurisdicciones en las que el secreto o la falta de transparencia es
grande’’, explicó a la BBC Mundo Alex Cobham, de Tax Justice, red
internacional para la justicia fiscal con sede en Londres, que elaboró
un ranking de los países con más secreto financiero en el mundo
en el que aparece el país vecino. Hay millares de millones de dólares
invertidos en empresas, bienes raíces y fondos de inversión. Lugares
como la Isla Coronado, en California, están ligados al nombre de la
profesora Elba Esther; en Miami, Florida, a Emilio Azcárraga; en Isla
del Padre, Texas, al gobernador Tomás Yarrington. No olvidar la
residencia de Carlos Slim en la Quinta Avenida de Nueva York, casi
enfrente del Museo Metropolitano, con valor de 80 millones de dólares y
que, por cierto, puso en venta recientemente. Paralelamente hay una
‘‘exportación’’ de dólares formidable que proviene de actividades
ilícitas. De acuerdo con una nota publicada por nuestro compañero
Roberto González Amador, han venido saliendo del país 52 mil 840
millones de dólares cada año, en promedio, durante la pasada década, con
base en datos dados a conocer por Global Financial Integrity (GFI),
organización independiente con sede en Washington.
Uber, el moche
La Ciudad de México fue la primera en permitir la operación de Uber en América Latina. El 15 de julio de 2015 publicó en su Gaceta Oficial
el esquema de regulación del servicio privado de pasajeros mediante
aplicaciones (apps) y plataformas informáticas, y su registro en la
Secretaría de Movilidad (Semovi). El miércoles que se activó el ‘‘doble
no circula’’ en la Zona Metropolitana, llovieron las protestas de los
usuarios. Se publicaron fotos en redes sociales que mostraban cobros de
Uber mayores a mil pesos por servicios que normalmente cuestan 100 o
150. Aplicó su ‘‘tarifa dinámica’’. No aclaró que la tal tarifa implica
un aumento de 400 a 900 por ciento. Cómodamente, la Profeco se lavó las
manos: dice que debe ser el gobierno de la Ciudad de México el que
regule a Uber y atienda las quejas de los usuarios, pues este organismo
‘‘carece de competencia en este tema’’. ¿Qué pasó con la aportación de
1.5% para el gobierno de Miguel Ángel Mancera de cada viaje, la cual
quedó acordada en el mencionado contrato? Se estipuló que el dinero se
integraría en el Fondo para el Taxi de la Movilidad y el Peatón, cuyos
recursos no ingresarían a la Tesorería, sino se destinarán a mejoras al
servicio de taxis. ¿Es el moche por hacerse de la vista gorda?
Vistas las limitaciones
de las soluciones fragmentarias de valores de uso que mostré en la
entrega del 1/4/16, reitero que las soluciones correctas son las
combinadas (es decir que integran valores de uso y valores), pero
descarto las que llamé falsas soluciones (donde la dimensión de ingresos no está anclada en valores de uso) sino las auténticas en las que la línea de pobreza (LP) está anclada en valores de uso,
ya que se calcula como el costo de una canasta normativa de
satisfactores. Ésta debe ser una canasta del subconjunto de
satisfactores o valores de uso no incluidos en NBI, es decir
cuyo acceso directo no haya sido verificado directamente. La pobreza se
mide, entonces, comparando el ingreso disponible en el hogar (deducido
lo gastado en los rubros de NBI) con dicha LP. El único método de
medición de la pobreza y la estratificación social que cumple estos
requisitos, es el MMIP (Método de Medición Integrada de la Pobreza). Con
el MMIP se supera, además, la fragmentación temática entre los
indicadores de NBI, que se perciben e integran como conjunto, leyendo
las bases de datos horizontalmente (para cada hogar o persona). El
indicador consolidado de NBI (y el de cada dimensión), que se han vuelto
métricos (se han cardinalizado), permite dibujar curvas similares a las
de ingresos, ordenando los hogares desde el peor situado al mejor
situado. En la gráfica se presenta esta curva para México en 2014. Al
combinarse estos dos datos por hogar con los respectivos de ingresos, se
obtiene el indicador integrado del MMIP con el cual se pueden construir
curvas similares en las que pueden apreciarse y medirse tanto la
desigualdad como la carencia y, como con ingresos, puede construirse la
curva de Lorenz y medirse el coeficiente de Gini como indicadores de D.
Tras las revelaciones de los llamados Panama papers el presidente Barack Obama hizo pública su preocupación, porque
los países no deberían permitir que sea legal involucrarse en transacciones solo para evadir impuestos, y resaltó que tales develaciones obligan a las autoridades nacionales a
no permitiresas prácticas. Un tono similar han utilizado –antes y ahora– distintos mandatarios y autoridades tributarias alrededor del mundo pero, como siempre, tales advertencias no trascienden el discurso y los paraísos fiscales crecen como la espuma.
De hecho, si el presidente Obama se fijara no en Panamá sino en su
propio país, descubriría que Estados Unidos aportó un número mayor de
intermediarios financieros que
colaboraroncon el bufete panameño Mossack-Fonseca (617 contra 558 de la nación istmeña), de tal suerte que las lágrimas de cocodrilo se mantienen como uno de los principales componentes del discurso político.
Para no ir más lejos, el consorcio mediático Rusia Today (RT) divulgó que el portal Statista,
que proporciona acceso a datos de instituciones de investigación de mercado y opinión, publicó el número de intermediarios que
cooperancon Mossack-Fonseca, el cual “trabajó con más de 14 mil bancos, bufetes de abogados y otros intermediarios para establecer más de 210 mil empresas y fundaciones fantasma para los clientes en paraísos fiscales, las llamadas offshore”.
¿Qué países encabezan la lista de
intermediarios colaboradoresen el caso de los Panama papers? Hong Kong (con 2 mil 212), Reino Unido (mil 924), Suiza (mil 223) y Estados Unidos (617). En orden descendente aparecen Panamá (558), Guatemala (444), Luxemburgo (405), Brasil (403), Ecuador (324) y Uruguay (298).
Lo anterior, desde luego, sin olvidar a los bancos trasnacionales,
sin cuya participación el trasiego de dinero y la evasión fiscal no
serían posibles. Allí está el caso de los gigantes españoles BBVA,
Santander y Sabadell que, como bien apunta La Jornada (Armando
G. Tejeda), “colaboraron con algunos de sus clientes para facilitar que
evadieran impuestos a través de los paraísos fiscales, según se revela
en los Panama papers… Eran necesarios los grandes bancos del
mundo para mover enormes cantidades de dinero en los años recientes, con
el único objetivo de evadir impuestos lo más posible”.
Y mientras los dirigentes se
quejanpor prácticas offshore de terceros países –sin mencionar que en sus propias naciones es algo cotidiano–, la ONG Oxfam (Justicia fiscal para reducir la desigualdad en América Latina y el Caribe) advierte que
los delincuentes de cuello blanco que llevan a cabo delitos económicos abundan en la región.
Los paraísos fiscales, subraya,
son un claro incentivo a la evasión y elusión tributaria, y el auténtico agujero negro de las finanzas públicas. Más allá de la baja o nula tributación que aplican, el problema esencial de estas jurisdicciones radica en su opacidad, las facilidades para la constitución de empresas pantallas junto con la falta de cooperación fiscal entre las administraciones tributarias (ausencia aún de protocolos efectivos de intercambio de información fiscal y opacidad vía secreto bancario). La existencia de este tipo de jurisdicciones facilita prácticas como la manipulación de los precios de transferencia, mediante un subdimensionamiento de ventas y el sobredimensionamiento de gastos artificialmente derivados hacia paraísos fiscales entre empresas del mismo grupo, con el fin de reducir la base gravable. Se estima que la subvaloración de ventas para eludir obligaciones fiscales en países como Panamá alcanza alrededor de 40 por ciento de las cifras totales de ventas.
Adicionalmente, la ausencia de información financiera por
parte de las empresas sobre las operaciones que desarrollan en países
terceros impide seguir la pista a esquemas de
planificación fiscal agresiva, que son extremadamente dañinos para las arcas públicas. Estos esquemas suelen utilizarse para desplazar artificialmente las ganancias hacia jurisdicciones de baja o nula tributación en las que, como se señaló anteriormente, predomina la opacidad y la falta de cooperación fiscal.
No sería aventurado
pronosticar que el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa
desaparecidos en Iguala pasará a formar parte de los expedientes
irresolubles. La percepción sobre esta tragedia es que un grupo de
organizaciones sociales y los padres de los 43 pugnan por el
descubrimiento de la verdad y el castigo a los culpables, en tanto el
sector gubernamental va con todo por que no se logre.
El Estado mexicano aceptó la intervención del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) más como un recurso
para contener la indignación nacional e internacional que para llegar
al fondo del asunto.
No es concebible que el gobierno de la República no pudiera
resolverlo; en realidad, permitir la operación del GIEI tuvo como
finalidad calmar los ánimos, lo cual se logró y dio margen de maniobra.
La verdad histórica a la que llegó la Procuraduría
General de la República (PGR) al dictaminar que los 43 fueron
incinerados en el basurero de Cocula, era la solución ideal para dejar
todo como estaba; así quedaría resuelto el caso, toda vez que los
presuntos culpables, los más de 100 que confesaron, ya están presos y no
quedaba más que seguir el proceso jurídico.
Las investigaciones y conclusiones presentadas a la PGR por el
GIEI no han tenido seguimiento convincente y, por tanto, no se han
observado avances.
El empecinamiento de la PGR en un tercer peritaje y el madruguete que dio para anunciar que hubo
un incendio controladoy 17 jóvenes murieron ahí, rompiendo acuerdos con el GIEI, la llevó exactamente adonde quería: a la verdad histórica urdida por Jesús Murillo Karam.
La confirmación del anterior peritaje, que determinó que los
estudiantes no murieron ahí, hubiera puesto al gobierno en ridículo al
echar por tierra nuevamente su versión y lo hubiera obligado a redirigir
las investigaciones.
Tras varias experiencias de
prueba y error, en cuarta edición, el festival de música independiente
Ceremonia, a ocurrir mañana sábado 9, ha aprendido de los errores, sobre
todo al momento de elegir la temporada del año para llevarse a cabo.
Así, en 2016 deja de efectuarse en el verano lluvioso, altamente frío
por la noche, para trasladarse a la soleada primavera de abril. De igual
forma, sus elencos han transitado a través de diversos géneros hasta ir
forjando una identidad cada vez más clara: hoy día es sobre todo un
festival de música electrónica de avanzada, lejano al rave de
décadas atrás y cercano a las expresiones que equilibran la vanguardia
con el pop, sin llegar a ser tan experimental como MUTEK. Como el nombre
del festejo indica, se trata de una celebración al aire libre en un
entorno verde con tres escenarios cercanos entre sí, con buena
producción y gran gusto para la elección del talento. Esto es: una
equilibrada combinación entre artistas de renombre con muchos quizá no
tan conocidos, pero de gran calidad, listos para ser descubiertos, en
esta modalidad reciente en la cual se va a los festivales a conocer
nuevas propuestas, y no sólo a degustar lo ya conocido.
Con un ambiente amigable, propicio para el encuentro alegre y
fiestero, al lado de festivales como el Nrmal y el Bahidorá, Ceremonia
sigue consolidándose como uno de los favoritos del público joven de la
capital (aunque se lleva a cabo en Toluca, estado de México, la mayoría
de los asistentes son de la Ciudad de México), como alternativa a los
grandes encuentros corporativos de su estilo. A continuación, las
recomendaciones de este espacio para seguir una ruta de alto disfrute.
El presidente de
Argentina, Mauricio Macri, fue imputado formalmente ayer para ser
investigado por la justicia de su país a fin de determinar si incurrió
en omisiones dolosas en sus declaraciones juradas acerca de un par de
empresas presuntamente creadas por su padre en un paraíso fiscal; una de
ellas operó cuando el funcionario era alcalde de Buenos Aires y la otra
continúa activa. El mismo día, el primer ministro británico, David
Cameron, admitió haber tenido hasta 2010 una participación menor en una
compañía propiedad de su padre, por medio de la cual se habrían
canalizado más de cinco millones de euros a países donde rige una
completa opacidad bancaria.
Capacitación docente
Soy licenciado en
antropología, maestro en ciencia social por la Flacso, tengo estudios de
doctorado en la UNAM, soy maestro de tiempo completo en la UPN, soy
coautor de los primeros libros de texto de formación cívica y ética para
los tres grados de secundaria, fui subsecretario de educación básica en
Guerrero, he trabajado durante 25 años sobre la necesidad del estudio
de teoría pedagógica en la formación docente, y no me siento capacitado
para estar frente a un grupo en el nivel de educación básica porque no
tengo la formación docente que se adquiere exclusivamente en las
escuelas normales. No en cualquier licenciatura.
Lo que hace el gobierno
federal con el caso Ayotzinapa lo hace también, pero peor, el gobierno
de César Duarte con las desapariciones forzadas en Chihuahua. Cuando
menos Peña Nieto ha reconocido la desaparición de los 43. Pero el
Ejecutivo chihuahuense ni siquiera reconoce que en la entidad se cuentan
ya más de mil 663 personas desaparecidas, el quinto lugar nacional, con
una tasa de 42.12 por cada cien mil habitantes. Desaparece a los ya
desaparecidos.
Hasta hace poco, sólo de vez en cuando llegaba a escuchar esta expresión.
Ley irrevocable de la vida es que todo empieza y todo acaba. Por ello es útil recordar aquella máxima latina sic transit gloria mundi, que significa literalmente:
Así pasa la gloria del mundo, que se utilizaba para recordar a los poderosos, emperadores y papas, lo efímero de los triunfos mundanos. Para Peña ya todo empezó a acabar.
El problema de la
contaminación en la Ciudad de México es un asunto que año con año
tenemos presente y el cual es difícil de resolver a fondo, a menos que
se lleven a cabo una serie de acciones integrales que afectarían a
muchas personas de diversas formas. El problema no es menor y es claro
que el gobierno de la Ciudad de México por sí solo no lo podrá
enfrentar. El asunto no es sólo multifactorial, sino que tendría que
contar con la franca y decidida participación ciudadana, pues los
habitantes o no de la metrópoli tendrán que cambiar muchas de sus
prácticas cotidianas. Cualquier medida que tome el gobierno de la
ciudad, adicionalmente al Hoy no circula que ya se implementó,
afectaría de una forma u otra a diversos sectores de la población. Es
imposible tomar medidas que no afecten a alguien. Pero lo que sí afecta a
TODOS es la contaminación.
Don Miguel de Cervantes
deja en claro que sus obras se estructurarán de acuerdo con una visión
no patriarcal de la identidad. El cuestionamiento de la autoridad se
perfila en el primer capítulo, donde la historia de don Quijote se
vislumbra como el producto de autorías diversas en versiones
divergentes. Vemos en ello la pertenencia de la aseveración de Unamuno
al decir que el lector de El Quijote se encuentra con dos
novelas superpuestas: la de la escritura externa y la de la inscripción
interna, con lo que se hace asimismo evidente el movimiento de los
personajes del aparente centro hacia la marginalidad.
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