Por Témoris Grecko/ facebook y www.temoris.org
El gobierno
mexicano ha decidido volver a aferrarse a su “verdad histórica” y parece
dispuesto a asumir todos los costos: el costo de privar a las víctimas
de su derecho a la justicia, que está en primer lugar pero para muchos
parece irrelevante; el costo del descrédito del sistema mexicano de
justicia, aunque como no tenía mucho crédito, pues tampoco parece que
les cause mayor pena; el costo de la pérdida de imagen para los grupos
políticos predominantes, especialmente los de Atlacomulco y los de
Hidalgo, aunque igualmente, han caído en el desprestigio y pese a todo
logrado sobrevivir, de manera que probablemente piensan que con esto
también pueden; los costos para la seriedad con la que es tomado México
en el mundo, que sin duda les debe importar en alguna medida, pero no es
prioridad frente a la preeminencia de su proyecto político; los costos
para un mundo que parece estar en una fase cíclica de regresión –algo
que desde su punto de vista, debe resultarles tan abstracto, lejano y
prescindible como tomar acciones sustanciales frente al cambio
climático: ya les tocará a otros.
Mentiras, difamación, manipulación, engaño, marrullerías: una vez
lanzados en esta ruta, están empleando cualquier instrumento para
salirse con la suya. No para imponer su hipótesis: la “verdad histórica”
está desacreditada hoy y para el futuro; los historiadores de 2020 y
los de 2200 estudiarán este caso como un ejemplo de testarudez criminal
por parte de un gobierno irresponsable. E identificarán a los autores
intelectuales y a los intelectuales autorizados para construir estos
montajes.
Enrique Peña Nieto da las instrucciones estratégicas, pero la toma de
decisiones tácticas está en algún punto debajo de él y encima de la
procuradora Arely Gómez. En el Grupo Interdiscplinario de Expertos
Independientes (GIEI) se sospecha que se trata de Miguel Ángel Osorio
Chong, el secretario de Gobernación que es uno de los aspirantes más
fuertes a la candidatura presidencial del PRI y que, como Echeverría a
fines de los 60, maniobra en público y en lo oscuro para avanzar sus
fichas. El analista político Ricardo Raphael, por su lado, sospecha que se trata de Humberto Castillejos, el consejero jurídico de Peña Nieto.
El viernes 1 de abril, señala el GIEI, ese “alguien” tomó la decisión
de terminar de descarrilar el proceso y presentar como informe
conclusivo -sobre el supuesto incendio en Cocula- lo que en realidad
fueron tres párrafos de declaraciones sin base comprobable, con el
reconocimiento final de que son hechas sin haber realizado los estudios
experimentales necesarios.
Hay que ver el contraste entre un informe presentado con detalle,
aseo y solidez científica, y dos personas que se sientan a decir cosas
sin presentar una sola evidencia.
El 8 de febrero de 2016, el Equipo Argentino de Antropología Forense mostró ante los medios
cómo realizó sus peritajes en el basurero de Cocula, con videos y
muestras, explicaciones minuciosas, con peritos plenamente identificados
y presentes para dar la cara y cuentas de lo que hicieron, cómo lo
hicieron y por qué llegaron a la conclusión de que sí hubo fuegos en ese
lugar, pero con fechas anteriores a septiembre de 2014, y de que los
restos humanos que se hallaron ahí, correspondientes a 19 personas,
fueron quemados o depositados ahí también en fechas previas.
La PGR convocó a conferencia de prensa sin dar a conocer al tema, sin
que el GIEI lo supiera y de hecho mientras discutía con el GIEI si era
oportuno convocarla, según el propio GIEI. Le dio al asunto el aspecto
de algo bilateral, acordado entre PGR y GIEI, a pesar de que se hizo en
la PGR y sin el GIEI, y bajo la conducción de un subprocurador de la PGR
que se encargó, además, de presentar al perito Ricardo Torres como
representante del grupo de especialistas en fuego que debía estudiar el
caso. Pero sin la presencia de los otros cinco peritos, ni mostrando un
documento firmado que acreditara a Torres como vocero. Además, Torres
dijo estar leyendo los resultados de un informe sin que nadie viera las
firmas de los peritos en ese documento.
Torres no dio fechas: dijo lo que ya se sabía: hubo fuegos en el
basurero, se hallaron restos de 17 personas (los argentinos cuentan 19).
Pero el subprocurador Betanzos le puso fecha y origen a lo que los
peritos no: el incendio es del 27 de septiembre de 2014, y los restos
son de normalistas. Y los medios afines lo reprodujeron así.
Es lo que viene pasando con intensidad especial desde enero:
filtraciones de la PGR que son difundidas como verdades definitivas y
golpeo contra los personajes que incomodan al gobierno. Es una campaña
que ha pasado de los ataques contra el GIEI para extenderlos a
defensores de derechos humanos e incluso al secretario ejecutivo de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La CIDH ha identificado a un miembro muy prominente de la
organización semi-clandestina de ultraderecha El Yunque, José Antonio
Ortega Sánchez, el cuñado de Jorge Serrano Limón, como promotor de esta
campaña. Por su parte, ocho importantes agrupaciones, como la Federación
Internacional de Derechos Humanos y la Organización Mundial contra la
Tortura, nombraron a Isabel Miranda de Wallace y al columnista Héctor de
Mauleón (*) como parte de la misma.
Faltaría sumar a medios muy activos, como los diarios La Razón (un
periódico que nadie compra pero que se beneficia de exhibir sus
titulares en los puestos de venta), Milenio y otros.
La CIDH le ha pedido
al gobierno mexicano que se manifieste en contra de la campaña. A oídos
sordos y ojos cerrados: Osorio Chong ha respondido con el anuncio de
que no quieren al GIEI aquí.
“La utilización política de esta cuestión muestra una enorme
irresponsabilidad”, dijo Claudia Paz, integrante del GIEI, en la
conferencia de prensa del miércoles 6, “y muy poca sensibilidad por el
derecho a la verdad de los familiares, de México y del mundo entero”.
Éste es el contexto en el que se estrena hoy la película documental
#MirarMorir. El Ejército en la noche de Iguala”, que presenta una
revisión de las alegaciones sobre el basurero de Cocula in situ (muchos
dicen saber lo que pasó ahí sin haber ido al lugar; ni a Cocula; ni
siquiera a Iguala), que realizamos en el colectivo Ojos de Perro. Cuando
la estábamos terminando, en septiembre de 2015, el GIEI había
presentado su informe y el gobierno parecía estar reconsiderando su
defensa de la “verdad histórica”: nuestro trabajo corría el riesgo de
quedar superado.
Hoy, el caso y el país entero han sido arrojados al punto en el que
estábamos en agosto. De nuevo, la versión construida por Jesús Murillo
Karam se ha convertido en baluarte del Estado. Es una decisión que tiene
que ver todo con la política y nada con la justicia, y que, como
escribí al principio, no repara en costos.
Nuestro documental, para mal de México, es hoy más actual que nunca:
Mira aquí los horarios en la Cineteca Nacional (más adelante en Cine Tonalá, Casa del Cine y Centro Cultural Universitario).
Y este 14 de abril, Ojos de Perro, Oxfam México y Cuadernos Doble Raya presentan el libro de su proyecto multimedia “Los 12 mexicanos más pobres. El lado B de la lista de millonarios”, en el Museo Interactivo de Economía, a las 19.00
*Ante el señalamiento de estas organizaciones internacionales, De
Mauleón se ha querido escudar en una nota al pie, la número 2, que da
cuenta de que el columnista “rectificó” un posicionamiento. Con o sin
nota al pie 2, los signatarios consideraron que su acusación seguía
siendo tan válida que la mantuvieron al principio de su texto. Y después
de la nota 2, viene la 5, que reseña otro “golpe” propinado por De
Mauleón a defensores de derechos humanos.
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