(21
de julio, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Francisco Jiménez Pablo,
dirigente de la Coordinadora Nacional Movimiento Plan de Ayala,
denunció que su organización es víctima de una espiral de violencia,
muerte y secuestros de liderazgos sociales en el medio rural con la
aplicación de la Reforma Energética.
El dirigente campesino explicó en
conferencia de prensa que la explotación de minerales, gas, agua y
productos derivados del petróleo han provocado la persecución de
dirigentes campesinos e indígenas que buscan preservar el territorio y
la cultura rural mexicana.
Jiménez Pablo detalló que los cacicazgos
municipales, locales y particulares con respaldo de gobiernos
estatales, principalmente priistas, han incrementado la represión en
contra de las organizaciones sociales opositoras a los proyectos
provenientes de la Reforma Energética, lo cual ha derivado en el
recrudecido del hostigamiento, persecución y represión, así como intento
de secuestro y homicidios contra los luchadores sociales.
“Los integrantes de diversas
organizaciones campesinas que conforman la Coordinadora Nacional Plan de
Ayala Movimiento Nacional (CNPA-MN), estamos viviendo actualmente un
incremento de la violencia gubernamental en nuestra contra. Los actos
represivos durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, han traído
como saldo al menos cinco defensores de la tierra muertos y uno
secuestrado”, declaró Jiménez Pablo.
Acompañado por otros activistas el líder
campesino también informó que desde hace tiempo la organización
mantiene una lucha persistente y feroz por la propiedad de varios
terrenos comunales pertenecientes a la Villa de Huayacocotla, Veracruz
ya que un grupo al que calificó de “vividores” autodenominados Ejido La
Selva, se han apropiado de las tierras, arrasando completamente los
bosques con talas clandestinas.
Bardomian Pérez, representante de la Unión Campesina Zapatista (UCZ) dijo a Revolución TRESPUNTOCERO
que durante esta escalada de violencia la organización no solo ha
sufrido la muerte de varios de sus compañeros, sino también las amenazas
de muerte sobre los dirigentes de su organización en Huayococotla.
“Para nosotros es claro quiénes son los
responsables de esta violencia, son el presidente de la Asociación de
Silvicultores y el Agente Municipal del Poblado ‘La Selva’, Miguel Ángel
López; Martín Badillo, dirigente del PRI local y cacique maderero de la
región.
“Además, Juan Alberto, comisariado de
‘La Selva’, y Epigmenio Vasillo, cacique local, así como Felipe González
ex miembro del comisariado, todos ellos cobijados bajo el manto de
impunidad que ha extendido por todo el Estado de Veracruz, Javier
Duarte”, comentó Bardomian Pérez.
Los campesinos insistieron en señalar
que tanto las autoridades locales como federales han ignorado sus
denuncias de hostigamiento y represión en su contra, “necesitamos que
intervengan a fin de evitar un conflicto social; exigimos a la
Secretaría de Medio Ambiente federal, Semarnat y la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente (Profepa), dejen de solapar y ser cómplices
del saqueo ilegal de madera en nuestra región”.
Caso reciente
Por otra parte a nivel nacional el
dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional,
Francisco Jiménez Pablo, precisó que acudirán a la Comisión Nacional
Derechos Humanos (CNDH) para solicitar medidas cautelares para su
compañero Agustín Pérez Mendoza, quien fue víctima de intento de
secuestro el pasado 30 de junio.
“Desde aquí hacemos pública nuestra
exigencia, demandamos la intervención del Secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, para atender la problemática en la región e
incluir a Agustín Mendoza Badillo en el mecanismo de protección de
líderes sociales por su activismo en Huayacocotla, Veracruz, donde fue
víctima de un intento de secuestro.
“El día jueves 30 de junio alrededor de
las 22:30 horas, personas desconocidas intentaron secuestrar a nuestro
compañero Agustín Mendoza Badillo, representante de la Unión Campesina
Zapatista en Huayacocotla.
“El compañero salió de una reunión de
ese municipio y cuando se dirigía a su domicilio, ubicado en el poblado
de ‘La Selva’ ya cerca del entronque de la carretera a Zacualtipán,
Hidalgo, se le atravesó un carro con las luces altas encendidas; nuestro
compañero logró esquivarlo y se inició una persecución a alta
velocidad, lo persiguieron hasta su domicilio donde logró resguardarse.
En esta ocasión escapó ileso pero ¿qué espera el gobierno federal?
¿Acaso debemos llegar con Agustín dentro de un ataúd para que se nos
haga caso?
Según los mismos dirigentes de la
CNPAMN, la organización tiene detectados como mínimo cincuenta
conflictos sociales en observancia y negociación con las autoridades sin
que hasta el momento hayan dado respuesta a uno solo, “pero avanzan los
contratos y concesiones mineras, hidroeléctricas y termoeléctricas en
todo el territorio nacional sin la consulta previa e informada de los
pueblos indígenas”, acusó Jiménez Pablo.
Por lo anterior, sentenció el dirigente
campesino si no se concretan cambios a la Reforma Energética para
incluir el Derecho a la Consulta Previa e Informada de los pueblos y
Comunidades Indígenas -sobre su territorio- así como una Reforma
Estructural al Campo, la inestabilidad social crecerá en el medio rural.
Reforma confiscatoria
Con la entrada en vigor de la Reforma
Energética -el 20 de diciembre del 2013- los campesinos, ejidatarios y
comunidades indígenas no tienen la opción de elegir si en sus terrenos
se llevarán a cabo las actividades del sector pues no podrán rechazar
las ofertas de las empresas productivas del Estado o las de privados.
Según lo establecido en la Ley de
Hidrocarburos y la de Industria Eléctrica, los dueños de la tierra
deberán negociar un acuerdo con aquellos que deseen explotar los
recursos energéticos de su terreno y en caso de que éste no se concrete,
el Estado ordenará —a través de una servidumbre legal— los pagos que le
corresponden a cada propietario.
Entre las opciones que tienen los
campesinos, ejidatarios y comunidades indígenas cuando en sus tierras se
busque la explotación de petróleo, gas o la instalación de
infraestructura eléctrica no está negarse a ceder su tierra.
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