Cambiar el tercero constitucional

Gabriela Rodríguez

La Jornada

Ha quedado a la vista que fue errática la precipitación con que se realizaron 11 reformas constitucionales en temas clave de la vida nacional. La reforma educativa no es la excepción y hoy afloran sus debilidades. Al presentar el nuevo modelo educativo en estos días, el secretario Aurelio Nuño recordaba a Jaime Torres Bodet. El último secretario de Educación que además de ser poeta y ensayista, tenía perfil de estadista. Él valoró que en 1941 no estaban dadas las condiciones para modificar el artículo tercero y decidió que el cambio de la Constitución siguiera a la práctica. Así que promulgó una nueva Ley Orgánica a partir de la cual se pudo dar sentido integral a las tareas de la secretaría, inauguró el Congreso de Unificación Magisterial, del que surgió el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); reorganizó la campaña de alfabetización y creó el Instituto de Capacitación del Magisterio para mejorar la preparación de los profesores en servicio. Además, construyó numerosas escuelas: la Escuela Normal para Maestros, la Escuela Normal Superior, entre múltiples acciones sustantivas. En 1944 se nombró una comisión revisora y coordinadora de textos y programas, a fin de homogeneizar y expandir la educación en todos los niveles. A principios de 1945 (fin de la Segunda Guerra Mundial), considerando que se habían calmado los ánimos y que el país estaba listo, presentó un proyecto de ley para reformar el tercero constitucional, y luego de lograr el respaldo del SNTE y de las organizaciones obreras, se reformó en diciembre de 1946. El nuevo texto eliminó el adjetivo de socialista a la educación y confirmó su laicidad, el cual sigue vigente en la Constitución actual: Garantizada por el artículo 24, la libertad de creencias, el criterio que orientará esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Se definió la educación como democrática, no tanto como estructura jurídica y política, sino como sistema de vida; como nacional, en el sentido de defensa de los recursos y de la independencia política, económica y cultural; además, estableció que la educación contribuirá a mejorar la convivencia humana, el aprecio por la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de grupos, de sexos o de individuos. Hoy sabemos que este texto influyó a escala mundial en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el 10 de diciembre de 1948, el texto internacional retomó: La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto de los derechos fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos.

La reforma educativa de 1946 fue la base del fortalecimiento y expansión que llevó a altos estándares al país en las siguientes décadas. Ninguna de las adiciones posteriores al tercero constitucional han sido sustantivas, tal vez por necesitarse sino cambios puntuales. En 1979, el presidente José López Portillo envió al Congreso de la Unión una iniciativa para garantizar la autonomía universitaria, que había estado protegida sólo para ciertas instituciones. En 1992, la reforma al tercero constitucional configuró una nueva situación jurídica de las iglesias; ante la necesidad de legitimarse por la crítica situación en que tomó la presidencia de México, Carlos Salinas de Gortari derogó la fracción que no permitía a ministros ni asociaciones de culto impartir educacion religiosa, abrió la posibilidad de que los particulares pudiesen ofrecer educación religiosa en planteles privados, y a éstos últimos, obtener validez oficial si se apegaban a los programas de la SEP. Las dos siguientes reformas importantes se hicieron para ampliar niveles de obligatoriedad: de la secundaria, en 1993, y del nivel medio superior, en 2010. En 2012 se agregó el respeto a los derechos humanos.

Afortunadamente, el actual texto constitucional conserva los párrafos y el lenguaje de la reforma de 1946, en especial el que define los fines de la educación, el carácter laico, democrático y nacional, así como los párrafos relativos a la convivencia e igualdad de derechos. Pero, con intereses desconocidos y sobre todo con prisa, la reforma de 2013 cambió de un plumazo elementos que han generado controversia y levantamiento social. Agregar que el Estado garantizará la calidad de la educación es importante, nadie puede estar en desacuerdo; asimismo, considero válido que el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos en la educación básica sean mediante concursos de oposición. Pero por qué se agrega que la permanencia en el servicio profesional estará sujeta al proceso de evaluación. Esta frase no existe en la fracción VII del propio artículo tercero, que norma al personal de las instituciones de enseñanza superior. Claro que se están violentando los derechos laborales de docentes del nivel básico como si se quisiera excluirlos del servicio. ¿Acaso son trabajadores de excepción? ¿Por qué al igual que todas y todos los mexicanos, no se les regula por las leyes constitucionales y laborales que nos amparan en este país? Por qué no seguir mejorando el modelo educativo, el currículum, la formación y demás urgencias, sin tener que excluir a los maestros que trabajan en los territorios más abandonados del país, y que llevan tres años pidiendo ser partícipes.

Las grandes reformas constitucionales tendrían que hacerse en momentos históricos, cuando se puedan aglutinar las diferentes fuerzas políticas en torno a un proyecto común. Pero se realizaron ante el peor escenario: con inestabilidad y crispación social, frente a tendencias crecientes de desigualdad social, de violencia y de corrupción.

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