Por: Carmen R. Ponce Meléndez*
En México se tiene una superficie de 109.3 millones de hectáreas de las unidades de producción; sin embargo, sólo 4 de cada 10 hectáreas se destinan a la producción de alimentos.
De acuerdo a la producción reportada en 2014, cada habitante del país consume en promedio 188 kilogramos de maíz y 12.8 kg de frijol al año; por otra parte, cada habitante ingiere diariamente un poco más de un cuarto (280 ml) de leche, ya sea en consumo directo o a través de algún derivado. Datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA).
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Ahora con el crecimiento de la inflación y la constante pérdida del poder adquisitivo es indispensable hacer un seguimiento de la variación en los precios de los alimentos.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante el período 2005-2014 (nueve años), los productos que más han aumentado sus precios son: pescado y mariscos (83.2 por ciento); carnes (82.0 por ciento); frutas (79.6 por ciento) y, pan y carnes con un 74.2 por ciento. Todos por encima del índice global de alimentos y bebidas no alcohólicas (ver gráfica).
MUJERES EN LA AGRICULTURA, PROBLEMAS QUE ENFRENTAN
En el documento: Somos tierra, semilla, rebeldía. Mujeres, tierra y territorio en América Latina de la autora Claudia Korol, se dice: “De los 37 millones de mujeres rurales mayores de 15 años, 17 millones son consideradas parte de la Población Económicamente Activa (PEA), y más de 4 millones son consideradas “productoras agropecuarias”.
Se calcula que 9 millones de estas mujeres son indígenas, hablan su propia lengua, y están sujetas – en la mayoría de los casos – a una doble o a veces triple discriminación, por el hecho de ser mujeres, pobres e indígenas”. Esto no solo sucede en América Latina, también sucede en México.
LA MAYORÍA NO SON PROPIETARIAS
“A pesar del exceso de trabajo (tanto en carga horaria como en las tareas que se asumen), y de su participación directa en determinadas tareas de la agricultura, y de modo mayoritario en la agricultura de subsistencia, la mayoría de las mujeres rurales no son propietarias de la tierra, y su actividad no es considerada “productiva”. Según datos de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), sólo el 30 por ciento de mujeres rurales poseen tierras agrícolas, y no tienen acceso a los medios de producción.
En un comunicado de agosto del 2015, la FAO señala que mientras las mujeres del campo son responsables de más de la mitad de la producción de alimentos a nivel mundial, las de la región de Latinoamérica y el Caribe continúan viviendo en una situación de desigualdad social y política. Según el comunicado, sólo el 18 por ciento de las “explotaciones agrícolas” regionales son manejadas por mujeres. Además, las mujeres reciben el 10 por ciento de los créditos y el 5 por ciento de la asistencia técnica para el sector”.
En términos de propiedad sobre la tierra, la FAO apuntó que las mujeres se encuentran en franca desventaja frente a los hombres. Diferentes estudios demuestran que las mujeres propietarias de tierras alcanzan alrededor del 32 por ciento en México, el 27 por ciento en Paraguay, 12 por ciento en Honduras, el 15 por ciento en Guatemala y 13 por ciento en El Salvador.
Al no ser propietarias de las tierras, su acceso a los créditos es muy limitado y cuando sus parejas (los propietarios) emigran a Estados Unidos en busca de mejores oportunidad ellas se quedan en la total indefensa. Una de sus opciones ha sido emigrar a las ciudades pero sus trabajos son muy malos, en términos de salarios.
“Las mujeres tienen menos tierra, de peor calidad, y su tenencia muchas veces es insegura. Esta inequidad es un obstáculo para el manejo sostenible de recursos naturales y para el desarrollo rural”.
RESISTENCIA E INICIATIVAS
¿Cuál es el lugar de las mujeres campesinas en estos procesos sociales de resistencia y de creación de iniciativas colectivas?
Una de sus demandas fue escuchada en el Congreso de la Unión y en diciembre pasado se reformó el Artículo 97 de la Ley Agraria para decir que las candidaturas a puestos de elección que integran el Comisariado Ejidal y el consejo de vigilancia deberán integrarse por no más del 60 por ciento de candidatos de un mismo sexo. Resulta que estas “organizaciones” campesinas reproducían y reproducen los patrones culturales del patriarcado y del machismo, dejando fuera a las mujeres.
JORNALERAS, EL EXTREMO
Sin duda, uno de los efectos más graves del empobrecimiento que experimentan y han experimentado las mujeres rurales es su participación como jornaleras agrícolas en los cultivos de exportación en los estados de Sinaloa o Baja California, donde tanto ellas como sus hijos trabajan en condiciones de mucha explotación.
Pero el caso más emblemático son las jornaleras agrícolas de San Quintín en Baja California, es agricultura de exportación. Proceden de Oaxaca y Guerrero. Trabajan con un salario muy bajo (ilegal), con jornadas muy extensas que también son ilegales y viven en condiciones muy insalubres, ellas y sus hijas e hijos, toda la familia.
Anteriormente, en lo que hoy es la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), había un programa especial para estos trabajadores y trabajadoras, si bien no resolvía a fondo el problema, por lo menos lo amortiguaba, incluso se llegó a plantear poner guarderías para hijas e hijos de las jornaleras. Pero llegó Vicente Fox y prácticamente canceló el programa, lo dejó con muy pocos recursos.
Estas mujeres han dado una lucha muy importante en la defensa de sus derechos y la protección de sus familias, por lo pronto han logrado estar en las primeras páginas de los periódicos denunciado sus trabajos en condiciones de semi-esclavitud. Han tenido una huelga (por primera vez) y las autoridades federales y estatales se han visto obligadas a dialogar con ellas, pero son muy pocas las promesas cumplidas. Tendrán que seguir en la lucha con muchos apoyos, afortunadamente.
PD:
El pasado 31 de marzo, Hacienda entregó a la Cámara de Diputados los pre-criterios de política económica para 2018 y que son la base para la preparación del paquete económico para el próximo año, éste se presentará en septiembre ante el Congreso, para su aprobación.
De acuerdo a este documento se estima un recorte al gasto público menor al de este año, de 0.2 por ciento del PIB. Con un crecimiento de la economía en un rango de 2 a 3 por ciento.
Se prevé una inflación del 4 por ciento; el tipo de cambio estimado es de 19.1 pesos por dólar. Por último un precio del petróleo de 46 dólares por barril.
Cabe señalar que en el transcurso del año todas estas estimaciones pueden sufrir importantes modificaciones.
* Economista especializada en temas de género
Twitter: @ramonaponceCimacnoticias | Ciudad de México.-
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