Pedro Miguel
El periodo de cinco años en los que Miguel Ángel Mancera Espinosa ejerció el gobierno capitalino fue una pesadilla. En ese tiempo, el ex procurador traicionó todos y cada uno de sus compromisos programáticos y de campaña y llevó a la urbe a un desastre de corrupción, privatización, represión, especulación inmobiliaria, confrontación y frivolidad exasperante.
Para empezar, el ahora aspirante a senador recibió el legado de una vasta tarea social de democratización de la capital que comenzó hace décadas y que logró un primer éxito con la elección de Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de Gobierno, en 1997.
En el periodo siguiente la administración de Andrés Manuel López Obrador tradujo la libertad política de la capital en conquistas sociales que a la postre, a pesar de las virulentas críticas que recibieron desde la Presidencia, habrían de convertirse en programa para todo el país: creación de nuevas escuelas de nivel medio y una universidad, pensión para adultos mayores, expansión sin precedente del sistema de salud local, útiles escolares y uniformes para los educandos, ayudas económicas para madres solteras, creación del sistema de transporte Metrobús y construcción de vialidades gratuitas para hacer frente a los principales nudos del tráfico urbano. Las oficinas de gobierno funcionaron de manera eficaz y sin corrupción y posteriormente, en el gobierno de Marcelo Ebrard, no sólo fueron preservados esos programas y prestaciones, sino que se avanzó de manera espectacular en la consecución de derechos de género y reproductivos: la despenalización del aborto y la legalización de matrimonios igualitarios da fe de ello. Un hecho muy importante es que entre 2000 y 2012 mejoró la imagen pública de los cuerpos policiales locales, los cuales no fueron empleados como instrumentos de represión de movimientos sociales pacíficos. Las magnas movilizaciones de #YoSoy132, por ejemplo, no sufrieron ni una sola agresión de los uniformados.
No es de extrañar que Mancera, el candidato de los partidos que habían sido gobierno en el Distrito Federal, resultara electo con cerca de 60 por ciento de los votos en los comicios de 2012, ni que la ciudadanía rechazara las opciones que encarnaban la corrupción priísta y, por el lado de Acción Nacional, algo mucho más sórdido. Pero todo empezó a descuadernarse el primero de diciembre de 2012, cuando las protestas por la toma de posesión de Enrique Peña Nieto fueron infiltradas y reprimidas con extremada violencia. Cerca del Palacio Legislativo de San Lázaro el activista Juan Francisco Kuykendall recibió un golpe de granada de gas lacrimógeno en la cabeza y murió dos años más tarde a consecuencia de las lesiones. Decenas de ciudadanos, participantes o no en las protestas, fueron golpeados y encarcelados. Y cuando días después Mancera aterrizó en el despacho del Ayuntamiento, en lugar de liberar a los evidentemente inocentes se empecinó en criminalizarlos. El uniforme policial volvió a ser sinónimo de atropello, arbitrariedad y extorsión, y las marchas pacíficas fueron sistemáticamente conducidas a la confrontación.
En forma paralela, el gobierno de Mancera dio rienda suelta a un crecimiento vertical y horizontal disparatado y catastrófico que sólo puede explicarse por la corrupción: megaproyectos y megadesarrollos alzaron el vuelo en todos los rumbos de la ciudad sin que las autoridades pararan mientes en impactos ambientales, en el subsuelo, en el agua y en la fluidez del tránsito. El crecimiento exponencial de los centros comerciales transformó para mal a la urbe y la contaminación ambiental alcanzó cotas de desastre. Cada restricción al tránsito automotor –grúas, fotomultas, parquímetros y arañas, macetones y postecitos– se volvió un jugoso negocio a expensas de la ciudadanía. El gobierno urbano hizo cuanto pudo por concesionar hasta el último metro cuadrado de espacio público y no estuvo lejos de conseguirlo. La corrupción floreció en los verificentros y en las oficinas públicas.
Lo más grave, el gobierno de Mancera renegó del sentido democrático de su mandato y en los comicios intermedios de 2015 intervino a tope en el esfuerzo perredista de adulterar la voluntad ciudadana y de impedir el triunfo de Morena en las demarcaciones locales. Una administración surgida de la izquierda se lanzó a fondo en la orquestación de un fraude electoral.
Eso explica por qué un gobernante que llegó al cargo con un respaldo electoral sin precedente lo deja ahora con un altísimo índice de desaprobación y repudio ciudadano, y muchos capitalinos han quedado con el deseo explícito o implícito de que Mancera no vuelva a ocupar un cargo público jamás.
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