5/31/2020

Será remplazado en la FGR caro software francés utilizado en registros biométricos


La Coordinación de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República (FGR) vive una reingeniería que incluye la sustitución de programas informáticos que tienen alto costo para la institución por otro software que permitirá la integración de bancos de datos relacionados con huellas dactilares, voz de presuntos delincuentes, huellas balísticas y registros biométricos, informó en entrevista con La Jornada, Felipe de Jesús Gallo, titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
Gallo señaló que se han dejado de pagar grandes cantidades a la empresa francesa que suministró el equipo y el software que da soporte al llamado Sistema Automatizado de Identificación Dactilar (AFIS, por sus siglas en inglés), ya que desde que se creó Plataforma México –cuando Genaro García Luna era titular de la Secretaría de Seguridad (SSP) federal– la compañía cambió el pago general de mantenimiento a un cobro por dato o huella que se suba, cada confronta de información o consulta que se realice a la base de datos. El sistema AFIS se adquirió cuando la entonces PGR era parte de la administración pública federal, se compró con una firma francesa (Sagem Securité AS, en 2008 y 2009), por la adquisición de equipo, instalación y distribución, así como capacitación de personal la hoy FGR pagó entre 2008 y 2009 un total de 190 millones 742 mil 933 dólares.
De acuerdo con la propia FGR, mientras en 2016 la hoy fiscalía pagó 3 millones 832 mil 640 pesos por mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, en 2018 la cifra aumentó a 9 millones 300 mil pesos.
Gallo dijo que la firma francesa primero tenía un contrato anual que pagaba el gobierno federal y los mantenimientos se pagaban por cada una de las entidades usuarias, que no nada más eran federales, sino también estados y municipios, y se generaba una cuota de mantenimiento por el uso de su software.
Luego, explicó el jefe de la Policía Judicial Federal y del área de periciales: Cuando se creó Plataforma México se cobró por transacción, cada consulta o cotejo tenía un costo y la empresa lo reflejaba en una factura hacia el Sistema Nacional de Seguridad Pública y los estados se encargaban del pago de mantenimiento de los sistemas periféricos.
Puntualizó que si bien el sistema adquirido a Sagem se encuentra operando al cien por ciento, sin fallas ni atrasos [...], aunque el contrato con Sagem concluyó en agosto de 2019. Pero se debe señalar que estamos en una evaluación biométrica diferente y no se renovará ese contrato.
Sostuvo que la migración de lo que hoy es AFIS a otra plataforma será por: “el alto costo que representa; que es una plataforma cerrada y no permite compartir archivos con otro software o periféricos, compartirlos con otra tecnología.
“Asimismo, el Sistema Nacional de Seguridad Pública a través de Plataforma México, evalúa otra plataforma a la cual se pueden migrar los registros que ya tiene AFIS y se incluirá reconocimiento facial, los registros balísticos y voz. Estamos a meses de que se haga el anuncio de la migración y será más amplia, gratuita, segura; es tecnología abierta, y se puede utilizar cualquier tipo de periférico para cargar cualquier tipo de archivo o realizar consultas, y tiene las acreditaciones para el uso forense.
Es muy probable que la nueva plataforma sí se integre con apoyo de empresas y autoridades de Estados Unidos.
Se ha modificado el viejo esquema de certificación que tenían los servicios periciales de la FGR. Estaban mal diseñados, actualmente estamos certificados en una norma específica para periciales en todo el mundo, la ISO-EC 17027:17. Dijo que ya se tienen cuatro especialidades certificadas a escala internacional, se trabaja para el reconocimiento de dos más y se espera que las 26 especialidades que posee la FGR pasen por ese procedimiento.
Sostuvo que la norma ISO 9000 se puede aplicar a cualquier empresa; pero que en el caso de periciales de la FGR estaba diseñado de una manera arcaica y a conveniencia del perito, ya que aunque se tenían protocolos, éstos tenían 72 horas para entregar sus resultados, sin importar que en ese lapso se tuviera que dejar en libertad a un detenido o una persona sujeta a investigación.

Periódico La Jornada

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