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10/31/2019

Las críticas del general Gaytán al Presidente encienden focos rojos


Preocupan las posturas de abierta confrontación, señala Abel Barrera

Las críticas realizadas de manera abierta hacia la actual administración por parte del general Carlos Gaytán Ochoa reflejan cuestionamientos frontales a los poderes civiles y encienden los focos rojos de muchos sectores de la sociedad, afirmó Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

El antropólogo y activista afirmó que las palabras de Gaytán sí son algo que preocupa, porque ya vemos posturas de abierta confrontación en una sociedad donde se supone que el Ejército es una institución que debe salvaguardar los derechos de los ciudadanos.

Para Barrera, el discurso del general –pronunciado el pasado 22 de octubre– deja ver que dentro de las filas del Ejército ya se están afianzando visiones que ponen en tela de juicio las decisiones que han tomado los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Asimismo, Barrera estimó que el hecho de que un militar abiertamente cuestione tanto la postura presidencial es algo que enciende los focos rojos. Ojalá que esto no sea una premonición de realidades que no queremos, es decir, que las posturas de fuerza empiecen a predominar en vez de que se fortalezca un sistema democrático.

Al preguntarle si alguna vez había escuchado una crítica tan frontal de un militar en activo al Presidente de la República, el director del Centro Tlachinollan señaló que con esta dimensión y esta profundidad, se trata de algo inédito, que por un lado refleja los cambios en el país, pero también preocupa que haya un lado oscuro de los mismos.

En ese contexto, recordó que el Ejército ha sido responsable de violaciones graves a los derechos humanos en diversos momentos de la historia del país, por lo cual es necesario mantenerse atentos ante declaraciones de este tipo y denunciar las lecturas equivocadas de algunos sectores castrenses respecto de lo que se vive en México.

Periódico La Jornada

8/22/2019

Dignificar y no discriminar



Hace 50 años en los corredores del portal Morelos y la presidencia municipal de Tlapa decenas de indígenas pasaban la noche para guarecerse de la lluvia y descansar tras largas jornadas de camino por los senderos de la Montaña. Eran los dormitorios de los pobres, el lugar más céntrico para tender sus productos sobre el lecho del río Jale. Bien nos recuerda el antropólogo Maurilio Muñoz, cómo los mixtecos y tlapanecos bajaban de la Montaña con sus tecolpetes cargados de frutas, como plátano pasado, granadillas y hasta carbón, padeciendo el maltrato de los comerciantes mestizos. Por su parte, Daniéle Dehouve nos relata la forma de cómo algunos acaparadores se iban a las entradas de Tlapa para arrebatarles los guajolotes y gallinas a los indígenas, pagándoles (cuando bien les iba) una bicoca. Los grabados magistrales plasmados en el libro La mixteca, nahua, tlapaneca, muestran las imágenes taciturnas de los indígenas pobres de la Montaña. Hombres enjutos que además de cargar siglos de discriminación, han sido víctimas por décadas, padeciendo el flagelo de los caciques y patrones. Sufriendo la represión de los militares, los malos tratos y las torturas de los policías judiciales. Era un espectáculo para los comerciantes ricos ver cómo bajaban a los indígenas amarrados de pies, manos y cuello; con sus ropas raídas sus pies sangrantes llenos de lodo. Traían los rastros funestos de la tortura, temblaban de miedo y de dolor; sus ojos mostraban la brutalidad de la golpiza y sus cotones manchados de sangre, eran las huellas de como habían sido arrastrados para sacarlos de sus chozas.
Bajar a Tlapa, al centro mestizo, era como bajar al infierno, porque tanto los políticos como los comerciantes, los ministerios públicos, jueces y funcionarios eran los personajes truculentos que se especializaron en expoliarlos; en hacer sentir la fiereza de los leoninos de la justicia mestiza acostumbrados a lucrar con las necesidades de los pobres.
Este domingo 18 de agosto volvieron a la memoria las escenas cruentas de aquellos años marcados por la crueldad. Más de 300 indígenas a lo largo de las manzanas donde se ubican los bancos Citibanamex y Bancomer dormían sobre las banquetas con sus niños y niñas para esperar la apertura de estas instituciones, cuyo horario burocrático anuncia que sus puertas se abren a las 9 y se cierran a las 16 horas. Tuvieron que guarecerse sobre las angostas banquetas y diminutas marquesinas del chubasco que inundó las calles transformadas en barrancas. Ninguna autoridad se inmutó ante este panorama desolador, que más bien es parte del paisaje costumbrista de la Montaña. Para los funcionarios, no hay necesidad que Protección Civil tenga que atenderlos, mucho menos que los burócratas del DIF dispongan de tiempo para verificar la situación de los niños y madres embarazadas. La gente del INPI seguramente ni se enteró de lo que pasaba en el primer cuadro de la ciudad.
Ningún presidente o presidenta municipal se siente interpelado por lo que pasa con sus conciudadanos. Los trabajadores de la Sader sólo se reducen a cumplir órdenes, no pueden hacer nada más. En este caso se han enfocado a entregar las órdenes de pago para 32 mil beneficiarios de los 19 municipios de la Montaña. Varios de ellos hacen gastos para pagar sus pasajes de 400 a 500 pesos para permanecer una noche y dos días, como mínino, en espera de que el banco le pague mil 600 pesos por una hectárea. Durante el día no sólo tienen que soportar los rayos inclementes del sol, sino el maltrato y desprecio de la población. Varios comerciantes los alejan de sus negocios porque supuestamente la clientela no llega. Otros más los miran con desprecio porque impiden que circulen carros. Los empleados del banco tienen un trato preferencial por sus clientes. Por la tarde, le anuncian a toda la población que se mantiene en pie durante todo el día, que se cierra el servicio, reiterándoles que quienes alcanzaron ficha podrán ser atendidos al siguiente día. Los demás tendrán que esperar otro día.
Esta situación lo único que provoca es institucionalizar la discriminación, por la forma como se ha diseñado el programa Producción para el Bienestar, de obligar a que los beneficiarios bajen de sus comunidades gastando dinero que no tienen. Quedándose en una ciudad que los maltrata y expolia, padeciendo las inclemencias del tiempo y dejándolos en manos de Citibanamex y de Bancomer. Los someten a un régimen de tiempos fatales, porque la instrucción de la Sader es de que el día 28 de agosto concluye el tiempo para hacer los cobros en los bancos. Sólo se han programado 20 días para la entrega de las órdenes de pago y su cobro correspondiente. La capacidad instalada de los bancos es insuficiente.
Con este apoyo individualizado la población indígena se enfrenta ahora a un actor desconocido, en una ciudad hosca, donde radican los poderes político y económico que siempre los han despreciado. El subsidio gubernamental pasa por el filtro de los banqueros que imponen su ley, y los beneficiarios no tienen otra alternativa que adaptarse a las lógicas burocráticas. Se deja a su suerte a cada productor. Todos y todas tienen que venir a la ventanilla del banco.
Seguramente la forma como están llegando estos apoyos a los indígenas de la Montaña no se la comunican de manera fidedigna al Presidente de la República. Esto mismo ha pasado con el programa del fertilizante, donde hay miles de productores que siguen sin recibir el insumo. Algunos están apostados sobre la carretera esperando que pase el tráiler con la orden de que es para su comunidad. Llevan más de tres semanas aguardando la llegada del agroquímico para que pueda cargar su milpa. Una buena parte ya se resignó a perder su siembra. Varias familias han conseguido dinero para embarcarse en los autobuses que los trasladan a los campos de San Quintín. Preocupa que los funcionarios federales encargados de atender estos programas no tengan la casta ni la sensibilidad de López Obrador de estar en el terreno, en los lugares donde se dirimen los conflictos para evitar que se sigan reproduciendo prácticas nocivas que rayan en la discriminación.
* Director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan

3/20/2019

Sobrevivir de la parcela



Para llegar a Tixtla hay que subir una colina. Al descender sobresalen los cerros cenizos por la sequía que arrecia en los primeros meses del año. El valle, que se nutre del agua de la laguna, luce esplendoroso por los maizales, las hortalizas y el colorido de las flores. En ese suelo sureño, donde nació Vicente Guerrero, se encuentra la normal rural Raúl Isidro Burgos, en el casco de la hacienda de Ayotzinapa. La mayoría de las familias vive del campo. Don Rafael López Catarino, padre de Julio César López Patolzin, uno de los 43 alumnos desaparecidos de Ayotzinapa, tiene su parcela de maíz, con la que ha podido sostener a sus cuatro hijos.
El mercado conserva la buena fama de vender productos frescos de las tierras de riego. Es una delicia saborear tortillas moradas con una barbacoa de chivo. Hay que llegar temprano para alcanzar el pan y los atoles. Los fandangos en Tixtla son parte de la algarabía del pueblo. Los grupos especializados en los sones tixtlecos se encargan de alegrar las tardes en los fines de semana. Es sábado y los sones no pueden faltar. En el barrio del Santuario, donde se venera a la Virgen de la Natividad, vive don Rafael López. Es la casa de sus consuegros. Entran por la misma puerta donde uno de sus familiares vende pan. Es un pasadizo que cruza su recámara y lleva a su precaria cocina. En ese espacio guarda los instrumentos para el campo. Los muebles: tres sillas y cuatro bancos de plástico. Una mesa breve sirve de comedor.
Desde el martes ando en busca del agua y apenas ayer empecé a regar mi parcela. Estoy regando día y noche, nos comenta don Rafa, quien llega fatigado de la faena, sudoroso.
Don Rafael, humilde campesino que toda la vida ha sembrado maíz y hortalizas, no logra contener su enojo: “Licenciado, ¿por qué nos hace esto el gobierno?, ¿por qué dicen eso los de la televisión? ¿No les bastó desaparecer a mi hijo? Ahora lo tachan de infiltrado, de traidor… y a mí también, licenciado. Me pregunto: ¿acaso porque soy pobre, no tengo derecho de exigir la presentación con vida de mi hijo?” El pesar de don Rafa es muy grande. No sólo carga el sufrimiento por la pérdida de su hijo, sino el escarnio público, de que recibió dinero del Ejército. Se le quiebra la voz y no puede contenerse. “Ya no soporto esto… ayer iba a agarrar una botella de licor, pero mis hijos me la quitaron y mejor me fui a seguir regando mi milpa.
“Me ha tocado sufrir mucho, licenciado. Mi padre trabajaba en la Ciudad de México, manejaba maquinaria pesada. Un día nos avisaron que lo mataron. Su cadáver lo encontraron en la presa de las águilas, yo tenía siete años. Después mi mamá se fue a trabajar a México y a nosotros nos metió al internado nacional infantil. Ahí recibíamos muchos maltratos. No aguantamos y después de un año nos escapamos y regresamos a Tixtla. Aquí crecimos. Todos mis hermanos están muertos; soy el único que sobrevive de los seis. En 1985 me casé con Joaquina. Dios nos bendijo con cuatro hijos, Julio César es el segundo.
“Cuando terminó el bachillerato, Julio César se fue a hacer examen a la normal de Tenería, en el estado de México, pero no lo pasó y se tuvo que regresar. Siguió trabajando en el campo y también como peón. Al siguiente año lo volvió a intentar, pero tampoco pasó. Entonces se metió al Ejército. En 2013, cuando pasó el huracán Ingrid y [la tormenta tropical] Manuel, Julio César se cayó y se lastimó la columna. Lo tuvimos que hospitalizar. Al salir ya no quiso regresar al Ejército. Le insistí que probara suerte aquí en la normal de Ayotzinapa. Afortunadamente pasó el examen. Eso es todo lo que hay, licenciado. No hay nada más que yo sepa.”
Sobre los videos que circulan en cadena nacional, nos explica que el 29 de septiembre de 2014 fue con su esposa al 50 batallón porque se rumoraba que el Ejército tenía a los estudiantes. Ante la falta de información, confiaron en que los militares podían informarles algo, porque su hijo ahí había trabajado.
Doña Joaquina comenta: Bien recuerdo que ese día iba con mi mandil blanco, el que uso diario. Me acompañaba mi hermana. Llegamos al batallón y nos atendieron dos militares. Nos dijeron que estaban preocupados por mi hijo, que lo estaban buscando y que lo iban a seguir haciendo. Me dieron dos sobres con dinero, para que supuestamente lo siguiera buscando. En ese rato me puse muy mal, me andaba desmayando. Por eso me pasaron con los médicos y me tomaron una muestra de sangre. Según iban a ver si tenía alta la glucosa. Ese día me dieron los resultados. Tenía 200 de azúcar, me dijeron que era prediabética, que estaba muy mal y nada más. Nunca me explicaron que esa muestra era para el ADN. La única muestra que di fue a los peritos argentinos. Si los militares usaron mi sangre para otra cosa pido que los investiguen.
Doña Joaquina secundada por don Rafael nos relatan que, en esos días, los militares nos hicieron firmar muchos papeles. Dijeron que nos iban a dar dinero y una casa cuando se resolviera lo de mi hijo. A más tardar en cinco años, pero primero teníamos que firmar, y así lo hicimos. Y es la fecha que no nos han entregado nada. Seguimos viviendo en una casa que no es nuestra. Apretados. No tenemos camas para todos. Yo y mi esposo dormimos en colchonetas.
Don Rafael alcanza a expresar que está sufriendo mucho por lo que está pasando. Se siente muy apenado con los padres de los 43 y con la normal. No sé qué hacer, ni qué decir. Tengo mucha pena. Sin atinar a comentar algo, sólo tendimos nuestras manos sobre su espalda. Su impotencia y su enojo nos contagiaron ante tantas tropelías. Le infundimos ánimo y le expresamos nuestra solidaridad. Su generosidad la saboreamos con unos panes bien calientitos. Satisfecho, nos dijo: acaban de salir del horno. Apenas hace tres días lo terminamos de hacer. Con el apoyo de mi hija, vamos a hornear nuestro pan, porque el que ahora vendemos, es de mis consuegros.
Doña Joaquina, amable y sencilla, mira al cielo para exigir que investiguen a los militares, porque tienen que probar lo que están diciendo. La cantidad de dinero que supuestamente les dio el Ejército, y que apareció desglosada en las pantallas de televisión, contrasta con su vida de campesinos pobres, que no cuentan con casa propia y que sólo tienen como patrimonio una parcela de riego y tres sillas de plástico para recibir a las visitas.
* Director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan
** Abogado de los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa

8/09/2017

Lucha contra la desaparición forzada: un grito de esperanza



Abel Barrera*
Guerrero, a pesar de la violencia que nos azota por los grupos de la delincuencia, los cuales cuentan con la complicidad de autoridades locales y corporaciones policiacas, es una fuente de inspiración en toda América Latina. Fue el primer estado en legislar sobre desaparición forzada, también en esta entidad sureña se formó una comisión de la verdad y actualmente la lucha de las madres y padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos se ha transformado en referente nacional que, en medio del dolor y el sufrimiento, son un grito de esperanza.
Guerrero representa también un estado donde prevalece un gobierno caciquil y en el que la presencia militar ha causado estragos, al grado de que las más de 700 desapariciones de 1970 son parte de las desapariciones actuales, porque todas son desapariciones continuadas y sólo dejarán de serlo cuando se dé con el paradero de los ausentes.
Con un lenguaje sencillo pero muy preciso y contundente, Ariel Dulitzky, ex miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, expresó que el paradigma militar impuesto en Guerrero no es para erradicar las desapariciones, lamentablemente el patrón crónico de la impunidad ha contribuido a que las desapariciones forzadas y los desplazamientos forzosos se incrementen en los municipios más violentos.
La corrupción acendrada y la falta de rendición de cuentas son factores que también contribuyen a la desaparición forzada, son técnicas de terror que buscan acallar a quienes levantan la voz y se empeñan en sepultar la verdad.
Frente a la estrategia de muerte de nuestros gobernantes, prevalece nuestra esperanza por la vida advirtió Blanca Martínez, directora del Centro Diocesano Fray Juan de Larios en el foro Contra el dolor y el miedo: un grito de esperanza, que organizó Tlachinollan en el marco de su 23 aniversario.
El incremento de las desapariciones y las desapariciones forzadas (en las que participan elementos del Estado) lacera e indigna a nuestro país. La estrategia de seguridad pública que privilegia la militarización de nuestro territorio hoy deriva en 32 mil personas desaparecidas, según los datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Rnped), aunque existe un subregistro que no permite conocer la realidad de este problema a escala nacional.
La presencia de familiares y colectivos de los estados de Sinaloa, Querétaro, Michoacán, Coahuila, Ciudad de México y de las diferentes regiones de Guerrero son una luz que nos guía en este sendero marcado por la violencia. Su lucha tenaz está marcando un nuevo rumbo en nuestro país por la forma en que las mismas familias se han colocado no sólo en el centro del debate, sino como las protagonistas del cambio, como el eje articulador de las luchas y las agendas centradas en las víctimas.
La sociedad mexicana debe unirse a la lucha por las personas desaparecidas en nuestro país, tenemos que poner un alto rotundo que obligue a parar este delito que día a día lastima a las familias afectando cada vez más a las y los jóvenes, es el llamado que hizo Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla desaparecido desde el 25 de agosto de 1974.
Al dolor de las decenas de familias se unieron las 43 madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa, quienes a casi tres años de la desaparición de sus hijos esperan que las autoridades federales cumplan con el cronograma de trabajo para el avance de las líneas de investigación planteadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En esta misma sintonía Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (Oacnudh), resalta la importancia de que el gobierno mexicano reconozca la dimensión de la problemática de la desaparición forzada como paso primario para su erradicación y solución.
Reitera que se deben desarrollar políticas de prevención; de investigar diligentemente la desaparición de personas para poner fin al patrón crónico de impunidad.
Es importante que se garantice el acceso efectivo a la justicia y se concreten todas las medidas necesarias para lograr una búsqueda efectiva que permita encontrara a las personas desaparecidas. Lo más importante para familiares y colectivos es la reafirmación del compromiso por parte de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos para seguir caminado juntos para la erradicación de personas desaparecidas.
Por su parte el Luis Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), fue muy enfático “al afirmar que no podemos hablar del respeto y la vigencia de los derechos humanos, en tanto no demos respuesta y solución al problema de las desapariciones en México. Emplazó a las autoridades a dar cumplimiento
en sus responsabilidades para que familiares y amigos de víctimas tengan conocimiento de lo sucedido. Se comprometió a contribuir en la búsqueda de la verdad, a la reparación de los derechos de víctimas.
Los testimonios y denuncias de las familias y colectivos es la fuerza que nos empuja para continuar en las batallas contra el dolor y el miedo, y para juntar las voces y las historias, porque los desaparecidos son nuestros desaparecidos, porque los desaparecidos son de todos. Porque esta lucha es la lucha por la vida, porque el clamor de México de vivos se los llevaron, vivos los queremos y vivos los encontraremos, es un aprendizaje luminoso que ha cruzado el umbral del dolor individual al dolor colectivo y de construir un proceso organizativo donde las mujeres son claves que no solamente han levantado la voz e increpado al poder, sino que son la fuerza del cambio, son el grito de nuestra esperanza.
*Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.